Indagatoria señala a Samuel García por posible lavado de dinero
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Indagatoria señala a Samuel García por depósitos de empresa fantasma y posible lavado de dinero

Investigaciones federales y bancarias reportan irregularidades financieras de Samuel García y su círculo familiar cercano. Ésto ya fue notificado a las áreas de fiscalización del INE.
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23 de abril, 2021
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Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García Sepúlveda, hoy candidato al gobierno de Nuevo León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya fue avisado y turnó la información a su área de fiscalización para verificar si detrás de estos movimientos de recursos existe algún financiamiento electoral ilegal, ya que en las transferencias detectadas hay depósitos a cuentas de Movimiento Ciudadano.

Entre las operaciones investigadas están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma; otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero; consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito, y diversos retiros por varios millones en efectivo.

Entérate: Esposa, padre y suegro de Samuel García, implicados en posible evasión y operaciones sospechosas por 180 mdp

Las investigaciones federales en curso, que podría dar paso a la presentación de denuncias penales en los próximos meses, se extienden también al primer círculo del candidato a gobernador, entre ellos su esposa, su suegro y su padre, a quienes se les han identificado transacciones millonarias no reportadas a la Hacienda Pública, por lo que se indaga su probable responsabilidad en presuntos delitos como evasión fiscal. 

Consultado sobre esta información por Animal Político, Samuel García respondió que está dispuesto a aclarar cualquier tema que la autoridad solicite. Dijo que desconoce que exista una investigación en su contra y que durante más de 30 años ni él ni su padre han tenido problemas con la justicia.

“Pagos fantasma” y el dinero triangulado

Según datos de la indagatoria oficial, a los que Animal Político tuvo acceso, se han identificado irregularidades y operaciones vinculadas directamente con Samuel García. Algunas de ellas han generado que los bancos emitan alertas a la autoridad hacendaria ante el riesgo de blanqueo de recursos.

Una de las más graves está relacionada con dos transferencias bancarias vía SPEI por 26 millones 153 mil 457 pesos, que el senador con licencia de Movimiento Ciudadano recibió en julio y agosto de 2012 desde las cuentas de una empresa con razón social Grupo Renok SA de CV.

Dicha compañía es una empresa fantasma. En 2015 el SAT concluyó de forma definitiva que se trataba de una firma que simuló las operaciones que factura y la incluyó en su lista pública de empresas fachada. 

Esto provocó que áreas antilavado del sistema financiero emitieran dos alertas por operaciones inusuales relacionadas con las cuentas de Grupo Renok SA de CV. 

Otro foco de alerta está relacionado con la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles SA de CV, de la que Samuel García posee el 35% de las acciones según la indagatoria. Los otros accionistas de esta empresa son tres firmas distintas: García Mascorro Abogados Firma Jurídica Fiscal SC; Firma contable y Fiscal Contadores y Financieros SC; y Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC.

Dichas firmas tienen como socio y apoderado al padre de García Sepúlveda: Samuel Orlando García Mascorro. El hoy candidato al gobierno de Nuevo León también es socio de Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC.

La investigación encontró una presunta triangulación de recursos entre dichas empresas. Se identificaron, en total, 171 millones 650 mil pesos enviados desde las referidas firmas hacia la empresa SAGA a través de 56 operaciones bancarias entre 2016 y 2019.

Las autoridades investigan si la empresa SAGA, que además fue constituida con un capital inicial superior a los 106 millones de pesos, es una compañía que solo funciona como concentradora de recursos para luego dispersarlos, pues no reporta actividades u operaciones comerciales que justifiquen por qué recibe los referidos pagos.

Desde esta empresa, por ejemplo, se identificaron retiros en efectivos por 17 millones 500 mil pesos entre 2018 y 2020.

Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, una de las accionistas de SAGA que ha transferido más de 80 millones de pesos, también está señalada en el sistema bancario por presuntas operaciones inusuales. Esta empresa también ha recibido transferencias de otra compañía con razón social Fiuset Service SA de CV, sobre la que también pesan tres alertas en el sistema financiero generadas en 2020 y 2021 por operaciones irregulares.

Compras millonarias y pagos a MC

La indagatoria también revela que de abril de 2019 a marzo de 2020, Samuel García hizo compras y pagos por más de 18 millones de pesos con dos tarjetas de crédito American Express.

Una de ellas es una tarjeta a su nombre con la que se registraron pagos por 6.35 millones de pesos. Otra es una tarjeta a nombre de su empresa Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, pero de la que el propio senador es el beneficiario, y donde los movimientos fueron de 11.88 millones de pesos.

También se identificó que en mayo y junio de 2018 el hoy candidato realizó tres transferencias bancarias por 4 millones 650 mil pesos a Movimiento Ciudadano por el concepto “aportación” al partido.

La investigación a su círculo familiar

La indagatoria de autoridades federales y bancarias también alcanza al círculo familiar de Samuel García Sepúlveda.

Por ejemplo, se ha identificado que su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, recibió entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, un total de 60 transferencias bancarias vía SPEI por 1 millón 371 mil pesos. Esto desde la cuenta de una empresa que también tiene alertas por operaciones irregulares en el sistema bancario.

A su vez, entre 2018 y 2019, registra cuatro depósitos en su cuenta por 1 millón 114 mil pesos. Ello sumado a consumos con su tarjeta de crédito American Express por casi tres millones de pesos entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.

Si bien las transferencias y compras no son ilegales, las autoridades identificaron que pese a estos movimientos y gastos, Rodríguez Cantú no registra declaraciones anuales de impuestos.

Por otro lado, las indagatorias muestran que Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, padre de Mariana y suegro de Samuel García, recibió entre 2016 y 2019 depósitos por 6 millones 201 mil 823 pesos de dos empresas reportadas en el sistema financiera por operaciones inusuales: XCW Logistics SA de CV y Servicios y Asesorías Zulamak SA de CV.

Además, la empresa Asesorías Zulamak se encuentra incluida en la lista de presuntas compañías que simulan operaciones. Es decir, es otra posible empresa fantasma.

Y en el caso de Samuel García Mascorro, padre de Samuel García, se identificó la falta de declaraciones fiscales anuales de 2016 a 2019.

Es guerra sucia; puedo explicar todo: García

Animal Político buscó a Samuel García y le solicitó un posicionamiento sobre esta información, los depósitos recibidos y el origen de los recursos.

El senador con licencia envió una carta de cuatro párrafos en la que no dio detalles. Sostuvo que durante 30 años ni él ni su padre han tenido problemas con la justicia y que si las autoridades lo citan puede dar explicaciones. 

Añadió que no es la primera vez que se le cuestiona sobre investigaciones que él desconoce, y atribuyó esta situación a una “guerra sucia” emprendida por el candidato del PRI, Adrián de la Garza, con fines electorales.

“Lo único que puedo decir es que, por supuesto, estoy dispuesto a dar explicaciones a cualquier autoridad que lo solicite de manera formal, pero eso no va a pasar porque todo esto es solo guerra sucia que sale del búnker del PRI”, dijo García en su escrito.

Lee más: Falso, candidato priista por Nuevo León no “bajó los secuestros a 0” cuando fue procurador

El origen del dinero…

En diversas ocasiones García Sepúlveda ha señalado que sus ingresos provienen de sus actividades empresariales y de su rol como socio director de las firmas ya señaladas. Ha dicho que “no necesita” de su salario como servidor público porque ya tiene los recursos que necesita para que él y su familia vivan bien.

El hoy candidato al gobierno de Nuevo León ha declarado que el mismo se ha autodonado dinero a su campaña, como lo hizo cuando fue candidato a diputado y senador, pues su partido es pequeño y no cuenta con los recursos de partidos más grandes, para hacer campaña. 

Existen señalamientos públicos sobre el origen presuntamente ilegal de los recursos de García y su familia, y su supuesta relación con empresas factureras o fantasma. Por ejemplo, el actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón lo acusó de ser “uno de los principales factureros del país… algo que todos en el estado saben”.

Por su parte Adrián de la Garza, candidato al gobierno de Nuevo León por el PRI, insistió en una conferencia de prensa sobre los supuestos nexos de la familia de García Sepúlveda con el crimen organizado. Recordó, por ejemplo, que el primo hermano de su padre Gilberto García Mena alias “El June”, es un operador importante del Cártel del Golfo, situación por la cual está preso desde hace casi dos décadas.

Acusó también que una persona de nombre Enrique González Palomares, supuesto empleado de la referida empresa de Samuel García, Firma Jurídica Fiscal SCA, realizó recientemente depósitos a cuentas bancarias de la familia de “El June”, aunque no dio mayores detalles.

FGR cerró caso por enriquecimiento en su contra

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró en julio de 2020 una carpeta de investigación que había iniciado hace dos años en contra del senador Samuel García Sepúlveda por posible enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción. Esto tras determinar que no había indicios para presumir la comisión de algún delito.

De acuerdo con fuentes federales, dicha indagatoria se había iniciado a partir de una denuncia relacionada con la adquisición de varias propiedades en los últimos años. Sin embargo, los fiscales concluyeron que esas inversiones se realizaron en su mayor antes de que García fuera senador, y tampoco se encontraron otros datos.

La Fiscalía determinó que algunos de los posibles delitos podrían incluso estar prescritos. La misma FGR iniciará otra carpeta de investigación por hechos similares, luego de que el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León presentó una denuncia penal relacionada con la adquisición de propiedades de García Sepúlveda.

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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