La candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dejó en garantía hipotecaria una casa con valor de 6 millones 822 mil 917 pesos luego de ser vinculada a proceso por el delito de cohecho en el caso conocido como “nómina secreta”.
Se trata de una medida cautelar impuesta por el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez el pasado 15 de marzo en la causa penal 2821/2020, en la que la alcaldesa con licencia es acusada de haber cobrado sobornos por 9 millones de pesos del exgobernador César Duarte entre 2014 y 2015, cuando ella era vicecoordinadora del PAN en el Congreso local.
Este viernes, Campos Galván asistió a una audiencia de cumplimiento de garantía económica, donde la candidata panista puso a disposición su casa ubicada en Residencial Bosques de San Francisco.
En la audiencia encabezada por la jueza Abigail Sosa Rivera, el contrato de garantía hipotecaria del inmueble se fijó por 1 millón de pesos.
El pasado 1 de abril, el juez Mendoza Rodríguez vinculó a proceso a Campos Galván y a otros dos exdiputados, María Ávila Serna, del PVEM, y Rodrigo de la Rosa, del PRI, por el delito de cohecho en consumación continuada, en perjuicio de las finanzas estatales.
La panista, conocida comúnmente como Maru Campos, es acusada en el caso de la “nómina secreta” de haber recibido sobornos junto con César Jáuregui -entonces coordinador del PAN en el Congreso local- a cambio de dar su apoyo en el Legislativo a los intereses del entonces gobernador Duarte, especialmente en la aprobación de las Cuentas Públicas y la adquisición de deuda.
La Fiscalía General del Estado asegura que la entonces legisladora cobró sobornos por dos vías: una, mediante la simulación de contratos de servicios públicos a favor de su hermano (por 1 millón 067 mil 200 pesos), y otra, mediante entregas mensuales en efectivo de parte de la Secretaría de Hacienda estatal por concepto de “apoyo” (9.3 millones de pesos).
Maru Campos enfrenta una segunda causa penal, la 3022/2020, en la que es investigada por presuntamente haber cobrado “moches” y favores a proveedores de su gobierno como alcaldesa de la capital chihuahuense.
En este caso, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción la señala de cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades.
La alcaldesa con licencia habría recibido de empresas contratistas del Ayuntamiento de Chihuahua pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018.
Además, en ese mismo periodo, habría utilizado una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar, mes con mes, gastos personales. La tarjeta fue usada en varias ciudades de México y de Estados Unidos, Italia y Francia; la suma de cargos atribuidos a la candidata panista ronda 1 millón de pesos.
