La familia que está salvando a las tortugas del Golfo de México
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Cuartoscuro

La historia de la familia que está salvando a las tortugas del Golfo de México

Una familia de pescadores, que en los años 60 fue pionera en México en el cuidado de las tortugas marinas, ha seguido trabajando hasta hoy en la conservación de estos animales y ha ayudado a recuperar las arribadas de tortugas a las costas del Golfo de México.
Cuartoscuro
17 de abril, 2021
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Ricardo Yépez aprendió a “leer” las huellas de las personas y de las tortugas en la arena el día en que, con solo siete años, no pudo encontrar a su papá en la playa para entregarle su desayuno.

Marcelino Yépez, papá de Ricardo, recorría kilómetros de la costa norte de Veracruz (en el Golfo de México) a pie rescatando tortugas enredadas en atarrayas (redes), lastimadas, enfermas, y asegurando nidos, en un campamento que él mismo creó, para que no fueran saqueados.

“Don Marcelino es el que empezó a hacer actividades de protección, pero de manera individual, sin cuestión de lucro ni nada”, dijo Guillermo González Padilla, asesor del Centro Mexicano de la Tortuga”.

Leer más: Cientos de tortugas golfinas llegan a playas de Michoacán para desovar

La familia Yépez comenzó a salvar tortugas marinas en 1967 en El Raudal, un pequeño poblado de pescadores que se encuentra en el municipio de Nautla, entre el mar y la carretera costera que une el sur con el sureste del país.

Después de 54 años, su labor sigue vigente y la llegada de tortugas —tortuga verde (Chelonia mydas), laúd (Dermochelys coriacea), boba (Caretta caretta), carey (Eretmochelys imbricata) y golfina (Lepidochelys olivacea)— ha aumentado exponencialmente.

Esta es su historia.

Los secretos de las huellas

Ricardo Yépez nació un día en que su mamá, doña Librada Gerón, con el embarazo avanzado, intentaba liberar a una tortuga grande atrapada en una red. La jaló con fuerza y rompió la fuente.

“Ella jaló la tortuga con la panza grande”, contó Yépez, convencido de que “como en todas las tribus del mundo”, a él sus padres le pasaron “el chip” de lo que hacían.

Cuando la familia de doña Librada y don Marcelino comenzó con los recorridos por la playa eran tiempos en que el saqueo de tortugas y sus huevos era intenso, y no había leyes que las protegieran, por lo tanto, quien intentaba conservarlas lo hacía por cuenta propia. Y por riesgo propio.

Ricardo Yépez recuerda desde su casa de la comunidad de El Raudal, a unos metros del mar, los tiempos en que su padre fue quitándole horas a sus jornadas de trabajo en la pesca para dárselas al cuidado de las tortugas sin ninguna recompensa monetaria a cambio.

Cinco de las siete especies de tortuga que existen en el planeta llegaban ahí, prácticamente a su patio, y estaban siendo atacadas por cazadores furtivos sin ningún control.

Había que defenderlas. Para lograrlo, hacían recorridos diurnos y nocturnos para encontrarlas antes que los cazadores, hallar los nidos y llevar los huevos al campamento (que es su casa) para resguardarlos, esperar a que nazcan las tortugas y soltarlas en la playa de manera segura.

Fue así como a Ricardo Yépez le asignaron la labor de llevarle comida a su papá, ya entrada la mañana, cuando don Marcelino llevaba ya varias horas de recorrido. El día en que no pudo encontrarlo —contó— fue angustiante para él. Llegó de vuelta a su casa con el refrigerio intacto sabiendo que su papá andaba lejos, bajo el sol con un intenso calor y en ayunas.

Aquel día, camino de regreso a casa, don Marcelino Yépez descubrió las huellas de su hijo detrás de otras que no eran las suyas. El niño se había confundido.

Entonces sucedió un hito en la vida del hijo: “ mi papá me enseñó a estudiar las huellas en la playa”.

El refrigerio no le faltó nunca más a don Marcelino durante sus largas marchas por la playa y a Ricardo Yépez no se le volvió a perder su papá. Las huellitas del hijo siempre fueron quedando cerca o encima de las del padre.

Después supo asociar las huellas de otras personas, y eso le sirvió, por ejemplo, para saber quién les robó un día el robalo recién pescado. Luego aprendió a identificar los rastros de las tortugas.

“Si aprendí a diferenciar las huellas humanas y ponerle nombre, imagínate cuando mi papá me enseñó a leer las huellas de las tortugas”, dice Ricardo Yépez. “Una huella puede decirte el nombre de la especie, te indica si la tortuga viene enferma o no (por la forma de caminar)”, asegura, porque “la tortuga enferma arrastra la panza, los pasos son más cortos, dejan como una pincelada. Te das cuenta cuando la tortuga viene enferma, tiene un fibropapiloma, un tumor, o trae un pedazo de red atorada, o un anzuelo”, cuenta.

¿Por qué arriesgar la vida, papá?

La primera vivencia que Ricardo Yépez recuerda haber tenido con una tortuga fue el hallazgo de una huella gigantesca durante un recorrido con su padre. Don Marcelino, sorprendido, identificó que se trataba de un descubrimiento único.

El hombre se recostó sobre el rastro de la tortuga, que era más grande que él. Todo indicaba que se trataba de una tortuga Laúd (Dermochelys coriácea), la más grande de todas las tortugas marinas, que puede llegar a pesar más de 600 kilos y tener un caparazón de dos metros. Siguieron su rastro y ahí estaba:

“La vimos cavando. Se sentó mi papá, la contempló y lloró. Me dijo: ‘Esa tortuga es la que vi con tu abuelo’. Me toma la mano, me la pone encima de la tortuga, pone la de él encima de la mía. ‘No creo que en tu vida vuelvas a ver una tortuga Laúd’”.

A ese primer recuerdo de sus recorridos iniciales por la playa de El Raudal, le siguen otros, como haber sido testigo de derrames de petróleo, de naufragios, de ahogados, de basura y paquetes sospechosos que alguien perdió mar adentro.

Roxana Yépez, hermana de Ricardo, contó que la familia vivía en una vivienda sumamente humilde y que en ocasiones les costaba entender tanta dedicación de su padre a las tortugas. “Cuando eres niña no entiendes muchas cosas. Ver que hay tantas necesidades en casa y que tu papá se gasta el dinero en tortugas, no lo entiendes”.

Se preguntaban también ¿por qué don Marcelino se metía nadando al mar para liberar tortugas atrapadas en redes, haciendo enojar a los cazadores y arriesgándose a quedar atrapado también él y ahogarse?

“Es duro ver que quieren golpear a tu papá porque se metió a cortar una red que atrapó una tortuga”, dijo.

Ricardo Yépez también tiene recuerdos, como el hallazgo de la tortuga Laúd y las competencias con su padre para ver quién encontraba más rápido los nidos para resguardar los huevos.

“Él se agarraba a machetazos con los cazadores furtivos. Me tocó muchas veces que me dijera: ‘Escóndete’. Y de repente verlo sacar el machete, agarrarse a machetazos”, cuenta.

“¿Por qué te metes en tantos problemas por las tortugas, papá?”, pregunta Roxana Yépez, como si don Marcelino aún estuviera con vida.

El álbum y la carta que una niña entregó al presidente

Durante décadas, a partir de los 50, México fue omiso en el cuidado de las seis especies de tortugas que llegan a sus costas del Atlántico y del Pacífico. “En los 50 y 60 se empezó a explotar muchísimo a la tortuga. Se mataban tortugas adultas en el mar y se sacaban los huevos en la anidación, entonces no se completaban los ciclos”, contó Guillermo González Padilla, el asesor del Centro Mexicano de la Tortuga.

Esto, de acuerdo con el especialista, causó inquietud en la comunidad internacional que comenzó a ejercer presión sobre el gobierno mexicano para que regulara la explotación de las tortugas y sus nidos.

“Empieza a haber una presión de organismos internacionales para que México se sumara a los países que empezaron a proteger a las tortugas”, cuenta González Padilla.

Mientras la presión hacia México crecía a través de los canales diplomáticos, en casa de los Yépez se cocinaba algo más, un golpe de efecto que comenzó a planearse cuando se anunció que el presidente, Carlos Salinas de Gortari, iría a Veracruz (a 146 kilómetros de El Raudal) para inaugurar un acuario.

La familia se reunió para escribir a mano una carta. “La hicimos de puño y letra mi papá, yo y mis hermanos, todos juntos en la casa. Todos en un mismo proyecto. Fue en una hoja de papel de cuadros de un cuaderno”, recuerda Roxana. Don Marcelino, además, preparó un álbum de fotos del trabajo que los Yépez realizaban con las tortugas. La idea era entregarle ambas cosas en la mano al presidente de México.

El objetivo era que el gobierno mexicano emitiera un decreto que protegiera a las tortugas y la niña Roxana, que tenía siete años, sería la encargada de entregar la carta y el álbum cuando el presidente llegara al aeropuerto.

Llegó el día. Don Marcelino y su hija Roxana Yépez estaban tras una valla de protección por donde pasaría el presidente. La niña llevaba la carta doblada dentro del álbum de fotos.

“Había demasiada seguridad. Estábamos esperando con cientos de personas. Llega el avión y mi papá me carga y me pasa la valla de seguridad donde estaban todos los exgobernadores de Veracruz y Dante Delgado (quien era el gobernador en funciones)”, cuenta.

Un guardia de seguridad, narra Roxana Yépez, la regresó pero la misma gente que estaba ahí la ayudaron a cruzar nuevamente la valla. “Yo salí corriendo. Escucharon los gobernadores el escándalo, volteó Dante Delgado y me llamó. Me tomó de la mano”.

Entonces Roxana Yépez cumplió con la tarea que le había encargado su padre. “Yo tenía que llegar con el presidente, lo tenía que saludar, le tenía que decir lo de las tortugas: que en un pequeño municipio se estaban cuidando las tortugas marinas, animales que estaban extinguiéndose. Dante Delgado paró a los de seguridad porque iban tras de mí para sacarme de la valla”.

Finalmente, Roxana recuerda que Dante Delgado le dijo al presidente: te presento a una niña conservacionista. En ese momento, le entregó el álbum y la carta a Carlos Salinas de Gortari y le dijo: “por favor ayúdenos a cuidar las tortugas”.

El presidente escuchó el mensaje que la niña de siete años tenía para él y le respondió que tomaría una decisión al respecto.

Era 1990. Ese mismo año un decreto presidencial estableció el marco legal de protección de las tortugas marinas en México.

La familia Yépez sabe que en ese mismo año la presión internacional sobre México era fuerte, y que tal vez con o sin la entrega de la carta y el álbum, igual hubiera salido el decreto, “pero nos sentimos muy orgullosos de haberlo invitado a legislar en algo tan importante”, dice la hija de don Marcelino.

Cuando Roxana y Ricardo Yépez eran niños, encontraban dos nidos de tortugas al año en las playas de El Raudal. Actualmente se han registrado hasta 400 nidos por noche.

Las tortugas marinas en México están protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 en la cual se consideran como especies amenazadas.

Lee la historia completa en Mongabay Latinoamérica

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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