Vives bajo el terror: penales en CDMX usan tortura para castigo y control
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Vives bajo el terror: penales en la CDMX usan la tortura como forma de castigo y control

La tortura se incrementa dentro de las cárceles de la CDMX, en tres años las recomendaciones suben 43%.
Por Dalila Sarabia
6 de abril, 2021
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Apenas puso un pie fuera de la camioneta que lo transportaba, los golpes empezaron. Era el 2014 y Raúl volvía a la cárcel, esta vez por homicidio.

“Cuando tu ingresas siempre te reciben”, dice desde un reclusorio de la CDMX, “entonces a mi me empiezan a golpear y más cuando ven el delito por el que yo vengo”.

Aunque sabía que eso pasaría, nunca imaginó que la tortura a la que sería sometido -a veces física, a veces psicológica- se prolongaría por horas, días y semanas.

Un par de meses después Raúl fue trasladado a otro centro penitenciario en donde la historia se repitió. Insultos, golpes, sometimiento. “Estás hincado y de reojo alcanzas a ver que están pasando técnicos penitenciarios, secretarias, secretarios, trabajadores sociales y nadie hace nada”, cuenta en entrevista con Animal Político.

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Agrega que les ponen toallas en la cabeza y les dan vuelta como si tratasen de asfixiarlos, los desnudan, los rapan. “Y todavía tienes la esperanza que sólo sea la bienvenida, y dices, ‘bueno, si es la bienvenida vamos a tratar de aguantar’, y no, esa bienvenida se va acrecentando durante toda la noche hasta que ves que es tortura tras tortura”.

El mínimo retraso al levantarse o saludar era motivo suficiente para que a su celda entrara toda la seguridad -cinco o seis custodios- y lo comenzaran a golpear a él o a otros de los presos.

“Te metían al baño, te pateaban. Su mañita de ponerte la toalla y quererte enrollar y pegarte contra la taza y contra el muro. Vivías bajo un terror desquiciante”.

Su testimonio no es un caso aislado. 

En la Ciudad de México, explica Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, la tortura es una práctica persistente que en los centros penitenciarios se utiliza como una forma de castigo y control.

De acuerdo con datos de la propia Comisión, entre 1994 y el 2020 la Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la Ciudad —dependiente de la Secretaría de Gobierno capitalina— ha recibido 26 recomendaciones por tortura, aunque el 42% llegaron en apenas los últimos tres años.

Y si bien es cierto que son la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las dependencias que encabezan el número de recomendaciones por casos de tortura desde que éstas comenzaron a emitirse en la capital del país hace casi tres décadas, en los últimos años el Sistema Penitenciario de la CDMX se ha posicionado como una de las áreas del gobierno de la Ciudad en la que los casos aumentan más al pasar de tres entre 2010 y 2017 a once en los últimos años. 

“(La tortura) tiene muchas cosas en términos de cultura de control, sobre todo cuando estás hablando en los Centros Penitenciarios y es ahí donde hay que seguir trabajando muchísimo”, reconoció Ramírez.

En la Recomendación 05/2020 que emitió el año pasado la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX al Sistema Penitenciario, por ejemplo, se documenta tortura contra nueve víctimas directas y dos indirectas; y se concluye que se trata de una práctica cotidiana, recurrente y utilizada de forma sistemática como forma de intimidación, castigo y maltrato por parte de personal de seguridad y custodia para imponerse como figura de autoridad.

“La mayoría de los abusos por parte de la autoridad no se denuncian o las víctimas terminan desistiendo de sus denuncias por nuevas violaciones a su derecho a la integridad como amenazas y malos tratos, esto principalmente porque las denuncias no son investigadas ni los responsables sancionados”, alerta la Comisión en esa recomendación.

Víctor Alonso del Pozo, abogado en el Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) llama la atención al hecho de que la tortura ya no sólo sea una práctica reiterada y persistente que se presenta en la detención arbitraría por parte de las autoridades con el fin de extraer confesiones o para fabricar culpables, sino que una vez que estas personas llegan a los centros penitenciarios, la historia se repite una y otra vez sin que haya salida.

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“Sin duda eso resulta una situación particularmente preocupante sobretodo por el tema de la documentación porque las autoridades suelen intentar que la tortura no deje marcas físicas para que cuando se hagan los estudios que se hacen por protocolo, no arrojen ese tipo de resultados o al menos para desvirtuar la versión de la víctima en caso de que denuncie”, expone el abogado.

Héctor, de 33 años, ha tenido cuatro ingresos al reclusorio: dos veces por robo a transeúnte, una vez por robo a transporte y la última por robo a casa habitación. Hace tres meses salió del Reclusorio Norte.

En entrevista, el joven recuerda las golpizas que recibía permanentemente por parte de los custodios de este centro penitenciario pues en su ingreso se negó a entregarles los tenis que llevaba puestos.

“No se los quise dar y me empezaron a pegar con las botas en las nalgas. Me acomodaron unos patadones exactamente en medio de las nalgas que la verdad no me podía ni sentar (…) lloraba para ir al baño”, recuerda el joven.

“Cuando llegas (al reclusorio) te llevan al centro médico para supuestamente checar que estás bien y que no estás golpeado, pero ellos (los custodios) no son tontos porque saben dónde pegarte”. 

Luego de concluir el proceso de ingreso al reclusorio, esos custodios lo “recomendaron” con otros guardias quienes se encargaron de golpearlo por días.

“Eran más de cinco custodios, me metían a un cuartito, creo que era su baño de ellos (sic) y ahí me empezaron a golpear. Me tiraron, me empezaron a pisar la cabeza, me daban puñetazos en la espalda, en la cabeza, con el puño cerrado, ora sí que unos buenos putazos en las costillas porque saben dónde golpear… la verdad si me golpearon culero, fue algo que no se le desearía a nadie”, asegura el joven.

Tortura constante y pocas acciones 

La tortura en los centros penitenciarios no se limita a lo que pasa dentro de estos espacios físicos, sino que también se practica cuando a las personas privadas de su libertad se les traslada a otros reclusorios.

Víctor Alonso del Pozo de la CMDPDH explica que esta situación se presenta no sólo para alejarlos de sus familias o de sus defensas, —lo cual en sí mismo ya representa una violación a sus derechos humanos—, sino que el trayecto y arribo al nuevo reclusorio se convierte en otra oportunidad para torturarles.

“Esta situación de tortura en los traslados ya se ha vuelto tan común que las propias personas que están privadas de su libertad han decidido simplemente ya no volver al centro penitenciario más cercano a su domicilio en donde les podría ver su familia y podrían tener contacto más seguido con su defensa técnica porque saben que puede ser que no la libren”, asegura.

En esa recomendación 05/2020 se documenta el caso de la “víctima 9” que estaba privada de su libertad en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVASEP II) y que el 19 de julio de 2019 fue trasladado al módulo Diamante del Centro Varonil en Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con lo documentado por la Comisión de Derechos Humanos, a su ingreso al llamado Diamante, la víctima fue certificada sin lesiones, sin embargo, minutos después, dos comandantes y otras personas de seguridad y custodia le ordenaron que se quitara la ropa y se colocara de frente a la pared recargando la frente y las palmas de las manos en posición de revisión.

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En esta posición permaneció 30 minutos “durante los cuales recibió patadas y rodillazos en rodillas, muslos, piernas y espalda; en varias ocasiones cayó al piso por el dolor y el adormecimiento de las piernas y los custodios lo levantaron para continuar golpeándolo. También le propinaron golpes con el puño cerrado en la cabeza y nuca, patadas y puñetazos en las costillas del lado izquierdo y patadas en los testículos mientras le decía que él le había pagado a un comandante de apellido Chivardi personal de custodia adscrito al CEPASEP II. Posteriormente fue ubicado en una estancia, aislado y sin ropa, lo que le impidió dormir por el frío”, cita el documento de esa Recomendación. 

Las 26 Recomendaciones por tortura que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos capitalina al Sistema Penitenciario de la CDMX señalan a 143 víctimas, y hasta noviembre pasado seguía pendiente la reparación del daño a 113 de ellas.

La presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez, explicó en entrevista que entre las acciones que se han emprendido derivado de estas Recomendaciones se encuentra la integración de la Unidad de Reacción Inmediata que sustituyó al “Grupo Táctico Tiburón” y que tiene como objetivo controlar motines en los reclusorios; se elaboró un programa de capacitación en Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario y se presentó el Protocolo y Procedimiento para el Uso de la Fuerza.

Consultados sobre a cuántos trabajadores se ha dado de baja a raíz de las investigaciones por tortura en sus centros, el Sistema Penitenciario respondió que “no le corresponde establecer sanciones como la destitución o inhabilitación de servidores públicos”.

Añadió que en cuanto se inician las investigaciones por casos de tortura se adoptan medidas cautelares de carácter administrativo para “salvaguardar a las víctimas” como el cambio de adscripción o amonestaciones personales; y que cada año se capacita a mil 650 elementos de seguridad para evitar la tortura. 

Para la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, el no atacar la impunidad en los casos de tortura deja como consecuencia un ciclo de violencia que no ha podido romperse en el ámbito penitenciario de la Ciudad de México.

Falta de capacitación, herramientas, sensibilidad, creatividad e inteligencia institucional por parte del personal de seguridad y custodia para responder a situaciones cotidianas de violencia con las personas privadas de libertad, son las causas principales que han permitido que esta práctica prevalezca en el Sistema Penitenciario de la CDMX, según la Comisión. Es “un hábito de conducta en los servidores públicos” en los penales, concluye la recomendación 05/2020.

En la capital del país, a pesar de haber transitado a un cambio de sistema de justicia, de tener una Constitución de la CDMX y de que se concretó el cambio de Procuraduría a Fiscalía, lamentó el abogado Víctor Alonso del Pozo, no se ve que las autoridades se tomen en serio el hecho de que la práctica de la tortura en la Ciudad es sistemática y generalizada.

“Creo que lo que sería muy importante es que si el actual gobierno de la Ciudad de México se toma en serio su propia consigna de “Ciudad de Derechos” y es cierto lo que ha dicho el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), en más de una ocasión, de que en México ya no se tortura, pues que se tomen en serio su rol como garantes de derechos y que empiecen a tomar acciones contundentes no solamente para prevenir y erradicar la tortura, sino para particularmente hacerle frente desde una perspectiva de justicia transicional a los crímenes que se han cometido en las últimas dos décadas de tortura en la CDMX”.

Con ello, no sólo se podría dar una solución a las personas que están injustamente privadas de su libertad, sino que también daría una reparación del daño a las víctimas y a sus familiares y así pudieran encontrar una solución institucional en donde hasta ahora lo único que han encontrado son trabas y revictimización.

“Es un infierno”

Hace un año Salvador salió del Reclusorio Sur luego de cumplir una condena de ocho años por robo de auto.

“Es vivir en un infierno”, sostiene al preguntarle sobre la tortura a la que fue sometido durante este tiempo, “no puedes hacer nada ahí sin sufrir las consecuencias”.

Basta “mirar feo” a algún custodio, tropezarse con él o no caerle bien, para que lleven a los internos a dormitorios conocidos como “de castigo” en donde autoridades e internos torturan a las personas, cuenta. 

“Aislamiento total por 15 días, te violan; te tienen a dieta, o sea, te tienen con un vaso de agua al día, no te dan tu comida; todos los días te golpean, te extorsionan (…), hay espirales donde calientan la comida —las parrillas— te sientan ahí al rojo vivo cuando no cooperas, te tienen amarrado de ‘a pescadito’ cinco, seis días; te ponen una playera en la cara y te echan agua, no dejan que te bañes, te mantienen mojado las 24 horas encuerado, te latiguean, te cortan, te queman… todas las torturas que haya escuchado o que se pueda imaginar las vives dentro de un castigo”, explica Salvador en entrevista con Animal Político.

“Te tienen de cuclillas en una bardita, en dos tabiques, y si te caes te golpean. Son cosas que son muy denigrantes para la persona tanto mentales como física porque te desgastan de las dos formas”.

Quienes están privados de su libertad saben que bajar a un castigo es ir al infierno, entonces, agrega el joven de 36 años, muchos internos deben pagar varios miles de pesos a los custodios para que no los lleven a esos espacios. 

“El que no tiene (dinero) ya se chingó, ya se amoló, porque la va a vivir”, narra Salvador.

Las personas privadas de su libertad son sujetos de derechos que están bajo la custodia del Estado y por ende el Estado es responsable de cualquier cosa que les pase, subraya María Sirvent Bravo, directora ejecutiva Documenta AC.

“Los custodios se tienen que dar cuenta que las personas que están privadas de su libertad están bajo su custodia y que ellos son responsables de toda la integridad y vida de estas personas. Tenemos que quitar estos estigmas de que son personas que cometieron un delito y por eso pueden ser merecedoras de algún maltrato”, sentencia.

Para María Sirvent, los cursos de capacitación ya no son suficientes si no van acompañados con otro tipo de acciones.

“Sí, tenemos que capacitar y sensibilizar más en que los propios custodios conozcan ciertas prácticas que hacen y que son tortura y que a lo mejor ellos no lo saben (…) explicar en ese contexto penitenciario qué puede ser tortura, eso sería uno, y otro es cómo trabajamos en cambiar las prácticas diarias, en que esos conocimientos de que si la tortura está bien o mal se traduzca en que su práctica cambie”, dijo.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, consideró que además de los cursos y capacitaciones que se dan a los servidores públicos de todos los niveles, se requiere poner un freno a la impunidad que existe, de lo contario difícilmente se logrará erradicar la tortura.

“Se están adecuando los protocolos, se está accediendo a capacitación, pero requiere también un cambio más de percepción y cultura (…) de no permitir la impunidad. Si están fallando los custodios, o algún custodio en ese ejercicio, tendría que haber básicamente un mensaje más fuerte de cero tolerancia al tipo de prácticas y eso creo que nos ayudaría a avanzar muchísimo más rápido en su erradicación”.

Entre lo legal y lo moral

Un mecanismo que se podría aplicar para ayudar a erradicar la tortura en la CDMX sería reformar la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos local a fin de lograr que las recomendaciones que emita el organismo sean vinculantes, planteó el maestro Alejandro Serrano Pastor, académico investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Y es que en el artículo 12 de dicho ordenamiento se especifica que las recomendaciones que emitan los titulares de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX serán autónomas y no vinculantes.

“Tenemos que implementar mecanismos más estrictos, tenemos que implementar una profesionalización más exacta, más objetiva del servidor público, de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX para hacer el equilibrio, para ser el fiel de la balanza respecto de lo que está pasando y respecto de aquello que debe ser vigilado y sancionado, porque si no tenemos esa capacidad de tener un organismo que vigile, que sancione y que tenga recomendaciones de carácter vinculatorio con el Estado, con las instituciones del Estado, pues sin duda que no existe ese equilibrio y por lo tanto, como dicen, le dan rienda suelta o manga ancha al actuar del servidor público que tiene la fuerza”.

Entrevistado por separado, el diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, afirmó que en los últimos años desde el legislativo local se ha trabajado para darle mayores atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, por lo que consideró que hacer vinculantes las recomendaciones no ayudaría a erradicar la tortura en la Ciudad además de que restaría calidad moral a la propia Comisión entendiendo que para denunciar violaciones a derechos humanos se cuenta con dos caminos: la ruta jurisdiccional y la ruta no jurisdiccional que se hace a través de la Comisión.

“Da una mayor calidad moral a la Comisión de Derechos Humanos donde nadie cuestiona su independencia, porque por otro lado el sistema judicial finalmente es una autoridad que forma parte del Estado y por lo tanto siempre puede quedar la sospecha de cuál fue la incidencia política de cualquier caso, en cambio, la Comisión es presidida por una persona que proviene de la ciudadanía con una trayectoria desde el activismo, desde la sociedad civil organizada”, expuso Villanueva.

Ante el creciente número de recomendaciones por tortura en el Sistema Penitenciario de la CDMX, el legislador dijo que la sobrepoblación de estos espacios, así como la persistente corrupción que hay en ellos son las causas principales de que la atención que reciben los internos no sea acorde y que el ejercicio de sus derechos sea limitado.

Dado que las resientes reformas a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos da la atribución al Congreso local de llamar a comparecer a las autoridades que de forma sistemática han violado los derechos humanos de las personas, el diputado no descartó convocar a las autoridades del Sistema Penitenciario para abordar este tema.

“A mi me parece que el Sistema Penitenciario es esta institución que requiere una transformación de fondo y que esta transformación debe sobrepasar cualquier administración gubernamental, es decir, tenemos que buscar que el funcionamiento del sistema penitenciario garantice los derechos de las personas privadas de su libertad”, señaló.

Mientras esos mecanismos para erradicar la tortura se discuten, aprueban y, sobre todo, se aplican en las prisiones de la Ciudad de México, Raúl sabe que ni él ni los demás prisioneros tienen a quién acercarse y pedir ayuda, porque son las propias autoridades, desde los custodios hasta los directores, quienes los torturan y les niegan cualquier apoyo.

Raúl siente cómo cada día es más posible que su vida termine dentro del reclusorio porque, aunque ya ha cumplido seis años privado de su libertad, de acuerdo con la condena que le dieron, aún debe cumplir más de 100 años más.

Y acepta que no hay día que no tema por su vida.

“Sí, sí temo por mi vida, sí temo por mi integrad, así como la mayoría teme, por eso no pueden hacer nada porque las máximas autoridades son las más corrompidas y al momento que pides ayuda las autoridades se encargan que te lleguen las consecuencias de esos actos”.

 

Este texto ha sido elaborado con  el acompañamiento de Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C. y el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Animal Político y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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Encuentran restos de 215 niños en una fosa común dentro de una escuela en Canadá

La fosa común fue hallada durante una inspección de una antigua escuela residencial para jóvenes indígenas.
29 de mayo, 2021
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Una fosa común con los restos de 215 niños fue hallada en un internado creado para integrar a miembros de la comunidad indígena de Canadá.

Se trata de antiguos estudiantes de la Kamloops Indian Residential School en Columbia Británica, en el oeste de Canadá, que cerró en 1978.

El hallazgo fue anunciado por la jefa de la comunidad aborigen Tk’emlups te Secwepemc.

El primer ministro Justin Trudeau calificó el hallazgo como un “doloroso recordatorio” de un “capítulo vergonzoso de la historia de nuestro país”.

Los dirigentes de la comunidad se encuentran trabajando con especialistas en museos y la oficina forense para establecer las causas y el momento exacto de las muertes, que actualmente se desconocen.

Rosanne Casimir, jefa de la comunidad en la ciudad de Kamloops en Columbia Británica, afirmó que el hallazgo preliminar ponía en evidencia una pérdida impensable que nunca fue documentada por los administradores de la escuela.

Estas escuelas de Canadá funcionaban como internados obligatorios administrados por el gobierno y las autoridades religiosas durante los siglos XIX y XX con el objetivo de integrar por la fuerza a los jóvenes indígenas.

Justin Trudeau

Getty Images
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lamentó el hallazgo en el antiguo internado.

El internado Kamloops era el más grande de todo este sistema, que se conoció con el nombre de Sistema Escolar de Residencias Indígenas.

Inaugurado bajo la administración católica en 1890, llegó a contar con hasta 500 estudiantes cuando alcanzó su punto máximo en la década de 1950.

El gobierno central asumió la administración de la escuela en 1969, utilizándola como residencia para estudiantes locales hasta 1978, cuando fue cerrada.

¿Qué se sabe de los restos?

Según los voceros de Tk’emlups te Secwepemc, los restos fueron encontrados con la ayuda de un georradar durante una inspección de la escuela.

“Hasta donde sabemos, las muertes de estos niños nunca fueron documentadas”, aseguró Casimir. “Algunos de ellos tenían apenas 3 años”.

“Buscamos una manera de confirmar los hechos con el más profundo respeto y amor por esos niños perdidos y sus familias, entendiendo que Tk’emlups te Secwepemc es el lugar de descanso final para estos menores”.

Kamloops Indian Residential School, British Columbia

Reuters
El análisis de los restos aún continúa.

También señalaron que se habían acercado a las comunidades cuyos niños habían asistido a esta escuela.

Y afirmaron que esperan obtener resultados preliminares a mediados de junio.

La directora forense de la Columbia Británica, Lisa Lapointe, le explicó a la emisora ​​canadiense CBC que se encuentran “en las primeras etapas del proceso de recopilación de información”.

Reacciones

Las reacciones han sido de conmoción, dolor y arrepentimiento.

“Las noticias sobre los restos que se encontraron en la antigua escuela residencial de Kamloops me rompen el corazón“, escribió Trudeau en un tuit.

https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1398325696431263745

La ministra de Relaciones Indígenas de Canadá, Carolyn Bennett, dijo que las escuelas residenciales eran parte de una política colonial “vergonzosa” y que el gobierno estaba comprometido a “conmemorar a esas almas inocentes perdidas”.

Por su parte, Terry Teegee, el jefe regional de la Asamblea de Naciones Originarias, calificó el hallazgo de esos cuerpos como un “trabajo urgente” que “refresca el dolor y la pérdida” de las comunidades de la región.

Esos puntos de vista fueron compartidos por otros grupos indígenas, incluida la Autoridad de Salud de las Naciones Originarias (FNHA, por sus siglas en inglés).

“Lamentablemente, esta situación no es una sorpresa e ilustra los impactos dañinos y duraderos que el sistema escolar residencial continúa teniendo en las personas de las naciones originarias, sus familias y comunidades”, señaló su director ejecutivo, Richard Jock, en un comunicado.

¿Qué eran las escuelas residenciales?

Desde aproximadamente 1863 hasta 1998, más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias e inscritos en estas escuelas.

A menudo, a los niños no se les permitía hablar su idioma ni practicar su cultura, y muchos eran maltratados y abusados.

Una comisión lanzada en 2008 para documentar los impactos de este sistema arrojó que un gran número de niños indígenas nunca regresó a sus comunidades de origen.

El histórico informe Verdad y Reconciliación, publicado en 2015, determinó que la política equivalía a un “genocidio cultural”.

En 2008, el gobierno canadiense se disculpó formalmente por el sistema.

El Proyecto Niños Desaparecidos documenta las muertes y los lugares de entierro de los niños que murieron mientras asistían a estas escuelas. Hasta la fecha, se han identificado más de 4.100 menores, según explica.


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