El 28 de marzo de 2021 fue el día más contaminado en la historia del Valle de México. Un remolino de polvo —conocido como tolvanera— se unió al humo de industrias y vehículos, y a toda la polución que la actividad de más de 20 millones de personas produce en el aire que respiramos. La tradicional “nata” que envuelve Ciudad de México, esa especie de sombrero translúcido de compuestos tóxicos, se convirtió en una niebla ocre tan densa que daba la impresión de poder masticarse. El Ángel de la Independencia, el Zócalo o el Bosque de Chapultepec parecían rodeados por un filtro apocalíptico y desde cualquier punto de la capital era difícil avistar más allá de unas pocas cuadras. El sistema que mide la calidad del aire en Ciudad de México establece un parámetro en el que más de 100 puntos se considera un peligro para la salud. Aquel día, por primera vez desde que hay registros, se superaron los 661.

Los habitantes del Valle de México estamos acostumbrados al aire tóxico. Lo respiramos a diario. Entra en nuestros pulmones, los irrita y los inflama. Provoca tos, falta de aliento, sangrados en la nariz, irritación en los ojos. Si se acumula, puede ser causa de enfisema, bronquitis crónica o problemas cardíacos. Los estudios de calidad atmosférica nos recuerdan que casi todas las normas son rebasadas por la contaminación que inhalamos. Según el informe sobre la calidad del aire de 2018, el último publicado por el gobierno de Ciudad de México, se multiplicaron por siete las tasas de dióxido de azufre recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi se duplican los niveles de ozono y se rebasaron todas las normas nacionales e internacionales sobre la presencia de partículas PM10 y PM2.5. Estas partículas son como gotitas microscópicas, tan pequeñas que las defensas del cuerpo no son capaces de filtrarlas y que se aferran como garrapatas al interior de nuestro sistema respiratorio. Un estudio elaborado por Adolfo Hernández Moreno, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, calcula que entre 8,000 y 14,000 personas mueren cada año en la capital por la mala calidad del aire.

La central de Tula, que abrió en 1975, ha convertido su entorno en una de las zonas más contaminadas del mundo por dióxido de azufre. De acuerdo con Greenpeace, Tula ocupa el puesto 23 en la lista de los 50 puntos críticos por sus emisiones de este tipo de gases contaminantes —México es el quinto país que más polución envía a la atmósfera, solo superado por India, Rusia, China y Arabia Saudí.

Por eso, el día más contaminado en la historia de Ciudad de México para Lorenzo Herrán Hernández, un hombre de 64 años que tiene su casa y una pequeña tienda de verduras a menos de un kilómetro de la termoeléctrica, fue un día más. Él define los gases que respira como “esa lumbre que sale y que parece ceniza blanca”, que acaba por cubrir el coche que aparca en el exterior de su casa, los nopales que cultiva y la ropa que deja tendida en el patio. Herrán Hernández dice que cuando la planta comenzó a funcionar él vio una oportunidad de trabajo. Nadie se quejó entonces, porque esta es una zona humilde, dedicada a la agricultura, y la instalación de la termoeléctrica, que vino unida a una refinería de Pemex, suponía la creación de nuevos empleos. Nadie les explicó que Bominthzá, una comunidad de poco más de 3,000 habitantes, quedaría dentro del perímetro más afectado de una de las zonas con peor aire del mundo. Aunque hubiesen sabido que el aire que respiran se iba a convertir en veneno, dice Herrán Hernández, tampoco hubiesen protestado. “Esto es cosa del gobierno. ¿Qué íbamos a hacer?”, dice.

Desde su casa, una construcción de concreto de una planta, se observa el humo azul que brota de las chimeneas de la central y que atraviesa la zona en dirección a Ciudad de México. El viento y la orografía de la región hacen que los tóxicos realicen el trayecto hasta llegar a las alcaldías del norte de la megalópolis como si se deslizaran por un tobogán imaginario. Según Óscar Ocampo, investigador en temas de Energía del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), lo que llega de Tula supone el 56% de las partículas PM2.5 que se respiran en la megalópolis, el 43% de los óxidos de nitrógeno y el 75% del dióxido de azufre. Esto, a su juicio, explica un fenómeno sorprendente:  durante los momentos más duros del confinamiento por la pandemia de COVID-19 en Ciudad de México no se registró un descenso notable del número de emisiones a pesar de que sí se redujo drásticamente la movilidad.

La central de Tula emite cada año más de 130 mil toneladas de dióxido de azufre entre otros gases contaminantes, según un informe de SEMARNAT. Si guardásemos ese tóxico en contenedores de camión podríamos hacer una fila desde Ciudad de México hasta las proximidades de la propia termoeléctrica. Para albergar todos los gases se necesitarían 5,000 campos de futbol. Y esto ocurre mientras se viola la legislación. Por un lado, la quema de combustóleo duplica las emisiones de azufre permitidas por la norma NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 para zonas críticas, que es como se considera el área de Tula. El documento indica que no puede superarse el 2% de azufre enviado a la atmósfera, pero los estudios elaborados por organizaciones como Iniciativa Climática de México (ICM) constatan que se alcanza el 3.9%. Por otra, su permiso de operaciones solo está pensado para gas natural. Según una respuesta de transparencia obtenida por el mismo colectivo, la Comisión Reguladora de Energía solo autoriza el trabajo de la central con este combustible, más barato y limpio. La mayor parte de su operación, sin embargo, se alimenta con combustóleo, un residuo de la refinación del crudo. En 2019, según un estudio de ICM, la termoeléctrica quemó un 69% de combustóleo y solo un 31% de gas natural.

Las autoridades también han cuestionado a la termoeléctrica en los últimos años. En 2018, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) había anunciado una “alerta sanitaria”. Un año después, la contaminación en las inmediaciones de Tula llegó hasta tal punto que la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la declaró en emergencia ambiental. Su entonces titular, Víctor Toledo, aseguró que el lugar podía llegar a ser “inhabitable”. Poco después, dimitió.

“Nada más se hizo declaración, pero ahí quedó, solo en comentario”, dice Gerardo Castillo, pensionado de 69 años y representante del Comité de Participación Ciudadana en Defensa del Río Tula. Lleva toda su vida formando parte de la comunidad y palabras como “inhabitable” le ponen los pelos de punta. “Pensamos que vendría una posición del gobierno federal, pero desgraciadamente ahí se quedó”, dice.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), sin embargo, llegó a cerrar las plantas de tratamiento de la central por irregularidades en los permisos de agua residuales en 2018 e impuso una multa de casi cuatro millones de pesos. Ahora, investiga a la termoeléctrica por sus emisiones contaminantes, después de una denuncia presentada en agosto de 2020.

Pero la contaminación de Tula no es solo producto de su termoeléctrica. El municipio es el punto central de una tormenta perfecta que envenena el lugar por tierra, mar y aire. Al efecto de la planta y la refinería de Pemex se une el impacto de la zona industrial, que cuenta con cuatro cementeras, y los daños de la presa Endhó, convertida en el retrete de la Ciudad de México: aquí es donde la megalópolis expulsa buena parte de sus aguas negras. Sus inmediaciones parecen una playa en la que se desparraman los efectos de un naufragio: bolsas de plástico, zapatillas, mochilas infantiles. En el cielo, algunas aves acostumbradas a alimentarse de la inmundicia sobrevuelan la basura que se acumula. La polución, vista desde este lugar, es una cuestión de ida y vuelta. Ciudad México envía su basura a través del agua y Tula se la devuelve en forma de nube venenosa.

Combustóleo a pesar de todo

El gran problema medioambiental de la termoeléctrica de Tula es el combustóleo, y viene ligado a la actividad de la refinería de Pemex, ya que es un residuo que se genera al procesar el crudo. El sistema de refinado hace que se obtengan desde productos de alta calidad y más ligeros, como la gasolina diésel, a otros pesados, menos eficientes y más nocivos, como el combustóleo. Fuentes extraoficiales de Pemex explicaron que, diariamente, la refinería produce 250,000 barriles: 95 son de gasolina regular, 10 de gasolina premium, 60 de destilados intermedios y otros 100 de combustóleo. De estos, 40,000 alimentan a diario la central de Tula.

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Ante la generación de residuos hay pocas opciones disponibles: quemarlo, como se hace ahora, llevarlo a otro lugar o convertirlo en coque, otro material que se utiliza en procesos industriales y al que se le elimina el azufre en su procesado. Hasta el momento, México mantiene como prioridad la opción más contaminante. La Comisión Federal de Energía (CDE) argumenta que no hay suficiente gas natural para alimentar la planta porque en principio debería llegar desde Tucson, Texas, a través del gasoducto Tuxpan-Tula, pero el rechazo de una comunidad de Hidalgo al trazado mantiene paralizado el proyecto desde hace tres años.

La realidad es que el sistema actual basado en el combustóleo, con un contenido de azufre de casi el 4%, vulnera cualquier normativa mexicana e internacional. Un ejemplo: desde el 1 de enero de 2020 la Organización Marítima Internacional prohíbe a las embarcaciones utilizar combustible que incorpore más de un 0.5% de azufre. Tula cuadriplica la tasa permitida en alta mar.

“El combustóleo es nocivo porque su quema libera tres sustancias: partículas PM10, PM2.5 y dióxido de azufre. Estas obstruyen las vías respiratorias y las inflaman, además de generar lluvia ácida y provocar gases que aceleran el efecto invernadero”, dice Víctor Ramírez, miembro de Iniciativa Climática.

En el ser humano el impacto de estos contaminantes se mide a largo plazo y por acumulación. Según explica el doctor Horacio Riojas, del INSP, el principal efecto es la irritación de las vías respiratorias. Esto puede provocar males como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y agravamientos en personas enfermas o de edad avanzada. El problema es que nunca se ha estudiado cuál es el impacto real de la contaminación en la zona. “Todos estos contaminantes se han estudiado bastante durante los últimos 40 años. A largo plazo disminuyen la esperanza de vida y se vinculan a muertes evitables. Son muchos los riesgos para la salud”, dice Riojas.

En Tula, según datos de la Secretaría de Salud de Hidalgo, la tasa de neumonías y bronconeumonías es casi nueve veces mayor que la de la media del estado (776 casos por cada 100,000 habitantes frente a 87.8). Pero uno de los problemas para concienciar sobre estos riesgos es que es imposible encontrar un acta de defunción con causa de muerte: “mala calidad del aire”. No son cálculos matemáticos. Se trata de posibilidades. Del mismo modo que una persona puede fumar durante toda su vida sin llegar a enfermar, el aire envenenado puede acumularse en los pulmones sin causar males graves o ser el desencadenante de una enfermedad mortal. El doctor Riojas explica que la comunidad científica tiene establecido un 8% más de mortalidad por cada incremento de 10 puntos en las partículas PM10. Si alguien pasa mucho tiempo respirando estas partículas sus probabilidades de morir antes de lo que estaba previsto se incrementan.

La zona cero

Jerónima Serrano Ruiz, de 48 años, vive en la zona cero de la contaminación de Tula: Praderas de Llano, una pequeña comunidad de apenas 150 habitantes solo separada de la termoeléctrica por una carretera. Este es un lugar residencial en el que se observa una cierta abundancia por los empleos de la central en las casas con jardín rodeadas de muros. El desarrollo choca con el hecho de que aquí, según un estudio promovido por el Observatorio de la Calidad del Aire y desarrollado por Iniciativa Climática de México, la presencia de azufre en el ambiente duplica lo permitido por la norma. No solo se respira, se huele. “En la noche cae como ácido. Se oxidan hasta los carros y la ropa. Pusimos la lámina para los carros, para que no les caiga”, dice Serrano Ruiz. En el epicentro de la contaminación de Tula uno puede tomar el sol en una casa con piscina.

“Sí hay gente que dice que se enferma por la contaminación y se quejan, pero pues nadie hace nada”, dice Serrano Ruiz. Ella lleva siete años al frente de una tienda de material mecánico y la mayor parte de sus clientes son trabajadores de la refinería o de la termoeléctrica. Su queja, sin embargo, no es medioambiental. A eso ya se acostumbró. Lo que le molesta es que su hija estudió para poder emplearse en la central, pero nunca tuvo la opción. “Si no pagas o no tienes palanca no te contratan. De todos los que estudiaron con mi hija, ninguno entró. Solo llamaron a los que son hijos de los que ya están trabajando”, dice.

La termoeléctrica emplea a 800 personas y a eso hay que sumarle los eventuales que se contratan cuando hay que hacer obras y quienes laboran en la refinería. Su impacto en la zona es tal que hasta hay varias unidades habitacionales dedicadas en exclusiva a estos trabajadores. Además de los puestos directos, la llegada de empleados también mueve la economía en una zona agrícola donde lo normal es cobrar el salario mínimo, que no llega a los 3,000 pesos. Es la renta de departamentos, los restaurantes, la venta de alimentos. Dinero imprescindible en un estado como Hidalgo, donde cuatro de cada diez personas son pobres, según datos de la Coneval de 2018. Por eso es habitual que cuando uno pregunta en los municipios cercanos sobre la contaminación que genera la termoeléctrica se encuentre gestos de suspicacia y una respuesta tajante: si no hay industria no hay trabajo. La certeza de la necesidad convive con el relato sobre la lluvia ácida, el óxido y los olores se repite en todo el perímetro de la central. También la resignación ante algo que llega del gobierno, al que ven como un monstruo ajeno al que no deben contradecir.

La termoeléctrica de Tula está cerca de cumplir medio siglo, a pesar de que los expertos calculan que estas infraestructuras deberían tener una vida útil de unos 30 años. Aunque se han realizado algunas obras de mejora, varias organizaciones medioambientales consideran que ya está caducada. La CFE ha cerrado la información sobre la planta, argumentando que es “secreto industrial”. Un extrabajador ya jubilado, que habló a condición de anonimato, dijo que la maquinaria se compró con tecnología que ya era anticuada en ese momento y que la única explicación que existe para justificar la operación de la planta es que “tenemos combustóleo y hay que aprovecharlo”.

La reciente Ley de Industria Eléctrica ha supuesto también una garantía de que Tula seguirá operando. Antes, debido al costo marginal más elevado, las termoeléctricas que usan combustóleo eran las últimas en entrar al sistema. Sin embargo, la nueva normativa las prioriza respecto a generadores de energía que sean de propiedad privada. Más funcionamiento implica más combustóleo quemado, más azufre y partículas PM10 y PM2.5. Organizaciones ecologistas han reclamado que el combustóleo sea sustituido por gas natural, que sería una fuente de energía más limpia. Pero, seguiría pendiente el problema de qué hacer con el residuo que provoca el tratamiento del crudo.

No parece que esta sea una prioridad del gobierno federal, que en documentos internos reconoce que no piensa tocar la producción de combustóleo al menos hasta 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador acabe su mandato. Recientemente, el presidente se desplazó a Tula para anunciar su decisión de terminar la planta coquizadora, que podría servir para resolver en parte el problema de la contaminación por combustóleo. Pero esta es una promesa desde tiempos de Felipe Calderón.

Lorenzo Herrán Hernández, el hombre acostumbrado a la neblina que brota de las chimeneas y se convierte en rocío blanco sobre su coche, sus nopales y la ropa que tiende en el patio, reconoce que hubo un tiempo en el que hasta pensó en marcharse de la comunidad. Fue hace dos décadas, cuando llegaron unos camiones pidiendo la evacuación inmediata porque temían que alguno de los ductos con gasolina que atraviesan los alrededores pudiese explotar. Recuerda el susto y recoger lo poco que pudo a toda velocidad para salir corriendo. Al final siguió aquí con toda su familia, en su pequeña casa de concreto, al frente de la tienda de frutas y verduras. Su preocupación ahora es que el Ejército deje de hacerle cateos en casa. Hidalgo es el estado con mayor actividad de huachicol, el robo de combustible, y cuenta Herrán Hernández que los militares entraron tres veces en su casa en los últimos meses. Sobre lo invisible, ese veneno que respira cada día, dice que llegados los 60 años de algo hay que morir.

* Este reportaje forma parte de Colapso, un proyecto multiplataforma de Dromómanos en colaboración con diversos medios de comunicación, entre ellos Animal Político, para entender México desde el medioambiente, los recursos naturales y la emergencia climática.