Detienen en CDMX a empresario presuntamente ligado a César Duarte
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Detienen en CDMX a empresario presuntamente ligado a César Duarte

Se trata de Jaime 'N', quien entre 2010 y 2016 obtuvo contratos millonarios para proveer de leche y despensas al DIF de Chihuahua.
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1 de junio, 2021
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención del empresario Jaime ‘N’, quien presuntamente está involucrado con los actos de corrupción cometidos por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

Sin embargo, la orden de aprehensión cumplimentada en su contra es por su probable participación en el delito de fraude, cometido durante julio de 2018, en Cancún, Quintana Roo.

En un comunicado, la Fiscalía capitalina detalló que el empresario “habría sido obligado solidario o aval de una empresa que recibió un préstamo para realizar un proyecto que no se cumplió”, hecho que propició la investigación por fraude.

Luego de realizar la indagatoria correspondiente, elementos de la Policía de Investigación ubicaron a Jaime ‘N’ en la colonia Bosques de las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, lugar donde fue aprehendido.

Tras su detención, el empresario fue trasladado a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central. Posteriormente quedará en manos de la Fiscalía General de Quintana Roo para que responda por el delito antes señalado.

La relación con César Duarte

De acuerdo con información de autoridades capitalinas, Jaime ‘N’ tiene varias investigaciones en su contra.

En diversas ocasiones, el empresario ha sido cuestionado por el origen de sus ingresos y sus presuntos vínculos con el gobierno de Chihuahua entre 2010 y 2016, años en los que gobernó César Duarte, quien se encuentra detenido en Estados Unidos y enfrenta un proceso por asociación delictuosa y malversación de recursos públicos.

Desde hace tiempo, el gobierno de Chihuahua investiga a Jaime ‘N’ por  su posible participación en los actos de corrupción orquestados por el exgobernador.

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La relación entre ambos personajes habría comenzado desde hace poco más de 10 años. En 2010, César Duarte reconoció haber utilizado un avión del empresario durante su campaña.

Tiempo después, en junio de 2012, ya con Duarte como gobernador de Chihuahua, Jaime ‘N’ creó una empresa llamada ‘Prometeo Proyectos’, que entre 2013 y 2016 fue la principal proveedora del DIF estatal, principalmente de despensas y leche.

Por esos servicios, la empresa de Jaime ‘N’ obtuvo 14 contratos del gobierno estatal por un monto de 763 millones de pesos.

Las investigaciones realizadas por el gobierno de Chihuahua en el caso de César Duarte, apuntan a que la compra de leche fue uno de los esquemas utilizados para el desvío de recursos.

Cuando terminó la administración de César Duarte y que el gobierno fue asumido por Javier Corral, Jaime ‘N’ abandonó el estado de Chihuahua y se mudó a Oaxaca, donde entre 2017 y 2019 también consiguió diversos contratos para brindar servicios al DIF local.

Desde enero pasado, la extradición de César Duarte quedó en el aire luego de que la jueza del Distrito Sur de Florida finalizara la audiencia argumentando que debía analizar las evidencias a favor y en contra del exgobernador para resolver el caso.

Duarte es requerido en México por cargos de asociación delictuosa y malversación de recursos públicos.

El exgobernador fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida. Un tribunal denegó la petición de la defensa de conceder a Duarte la libertad bajo fianza.

En agosto del mismo año, el gobierno de EU presentó ante una corte federal de Miami una solicitud formal para autorizar la extradición a México del exgobernador de Chihuahua.

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'Solo sí es sí': por qué muchos agresores sexuales en España podrán salir de prisión antes de tiempo bajo una nueva ley

Un agujero legal en la nueva legislación sobre la libertad sexual en España ha abierto la puerta a la rebaja de la pena a personas ya condenadas por agresión sexual.
18 de noviembre, 2022
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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del “solo sí es sí”.

Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.

El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.

Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.

La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.

Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.

En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.

Perspectiva de género

Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo“, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

EPA
La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.

La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.

Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.

Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar “una alarma innecesaria y devastadora” entre las víctimas.

En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del “solo sí es sí”.

“Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla”, ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.

La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales “unificar” la doctrina al respecto.

Origen

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de “la manada“, que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.

Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.

Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.

La ley se conoce como de “solo sí es sí” por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.

La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.


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