CDMX tendrá 50 puntos de denuncia y desplegará 18 mil policías para elecciones
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Archivo Cuartoscuro

CDMX desplegará 18 mil policías el próximo domingo; identifican 4 puntos rojos por coacción de voto

La jefa de Gobierno de la CDMX aseguró que su administración no participará en las elecciones del próximo 6 de junio más que para 'garantizar que la jornada electoral se lleve en paz'.
Archivo Cuartoscuro
3 de junio, 2021
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Para las elecciones del próximo 6 de junio, el gobierno de la Ciudad de México implementará un operativo especial, a través de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía capitalina para garantizar la seguridad y paz de la jornada electoral’. 

En videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se desplegarán 18 mil 856 elementos de la SSC-CDMX, a lo largo de las 16 alcaldías. 

Desde las 5:30 horas del domingo, los elementos estarán presentes en la jornada electoral, que se llevará a cabo en 7 mil 465 puntos de la Ciudad de México, donde habrá 13 mil 175 mesas de casillas.

Dichos puntos estarán conformados por: mil 754 escuelas públicas, 582 espacios públicos, 4 mil 534 domicilios particulares; además de 24 juntas distritales federales, 33 juntas locales del Instituto Electoral, así como los edificios sede y administrativos de ambos institutos.

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Además, se instalará un puesto de mando, donde el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, tendrá acceso a las cámaras que permiten tener visión de la mayoría de las casillas, con el fin de garantizar ‘la tranquilidad y paz en la toma de decisiones’, aseguró el propio funcionario.

La base operativa se instalará en el C5 para coadyuvar al puesto de mando que se ubica en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (C2), y se estará en coordinación con los institutos electorales y locales para movilizar elementos a donde sea necesario.

Adicionalmente, el gobierno capitalino vigilará el cumplimiento de la Ley Seca, que será publicada por los gobiernos de las 16 alcaldías en la Gaceta Oficial, de acuerdo al artículo 300 de la Ley de Procedimientos Electorales.

Atención especial en puntos de riesgo

Por su parte, la Fiscalía General de la Ciudad de México indicó que su operativo consistirá en tres ejes: 1. Reacción inmediata ante posibles incidentes, 2. Inhibir la comisión de delitos electorales y 3. Atención adecuada a ciudadanos y actores políticos que lo requieran.

Para ello, la dependencia contará con 50 módulos de atención, en los que se podrán denunciar delitos electorales.

Relacionado a esto: Edomex desplegará más de 12 mil policías durante elecciones para evitar delitos contra candidatos y ciudadanos

Estos módulos estarán distribuidos en toda la ciudad, en las agencias de los Ministerios Públicos y serán atendidos por personas especializado que laborará en dos turnos.

También, la Policía de Investigación (PDI) comisionará a 2 mil 500 detectives para la jornada electoral y 450 peritos que se encargarán de las bases en las alcaldías.

La PDI y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales se coordinarán para el despliegue de unidades móviles del Ministerio Público y de patrullaje. En estas acciones participarán 673 patrullas y 893 agentes.

Cualquier delito o acto irregular puede reportarse a la línea directa de la Fiscalía: 800 133 72 33.

En tanto, el vocero de la FGJ-CDMX, Ulises Lara, dio a conocer las zonas identificadas como conflictivas para esta jornada electoral. Se trata de: la zona alta de la Magdalena Contreras, los límites entre Álvaro Obregón  y Cuajimalpa, la zona de Culhuacán de Coyoacán y Cuautepec, en Gustavo A. Madero.

“En estas zonas se han generado niveles distintos de violencia, podemos imaginar que se pueden generar temas de coacción del voto (…) ya se han integrado también células especiales que estarán presentes en el sitio con anticipación”, indicó el vocero.

La Fiscal Especializada en la Atención de Delitos Electorales, Alma Elena Sarayth de León, agregó que a la fecha se han atendido 251 denuncias relacionadas con la compra de votos, violencia política en razón de género y el condicionamiento de bienes y servicios públicos a cambio de votos.

Para finalizar, la fiscal general de la CDMX, Ernestina Godoy, recordó algunos de los actos considerados como delitos electorales:

  • Ejercer presión o amenaza para votar o abstenerse de votar por un candidato o partido.
  • Amenazar con suspender beneficios de programas sociales.
  • Solicitar u ordenar evidencia en el sentido del voto.
  • Votar más de una vez en una misma elección.
  • Ofrecer paga u otra recompensa a cambio del voto.
  • Hacerse pasar por funcionario de casilla.
  • Obstaculizar o interferir en el desarrollo de votaciones, el escrutinio o el computo o en el adecuado ejercicio de los funcionarios electorales.

Aquellas personas que cometan alguno de estos delitos pueden hacerse acreedora a multas que van desde los 4 mil hasta los 9 mil pesos, o una condena de hasta 6 años de prisión, ya que la acusación puede configurarse como intimidación o alteración del orden y obstaculización al libre ejercicio del desarrollo del voto.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el operativo de seguridad coordinado entre la SSC-CDMX y la Fiscalía capitalina garantizará que la jornada electoral “se lleve en paz”.

Por su parte, el secretario de gobierno destacó que todo el proceso electoral en la capital ha transcurrido de manera tranquila, y que son excepciones las que se han reportado de inconformidad, hasta llegar a la Fiscalía de Delitos Electorales.

“Los cierres de campaña se reportaron con saldo blanco durante estos tres días que se llevaron a cabo, eso es significativo de que que hay una apuesta por parte de la ciudadanía y por parte de los actores, a que en la Ciudad de México transcurra con tranquilidad y en paz, con ese entusiasmo característico de los capitalinos”, refirió Suárez del Real.

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5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
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Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


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