Personas con discapacidad inician batalla para vacunarse contra COVID
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Personas con discapacidad inician batalla legal para ser vacunadas contra COVID, ante inacción de Salud

Las familias y organizaciones civiles consideran que la Secretaría de Salud ha sido omisa, pues a estas alturas no cuenta con una estrategia clara para el registro y aplicación de la vacuna que considera a personas con discapacidad, de entre 18 y 39 años.
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Para Edwin Axel Cruz Reyes, ha sido casi un milagro evitar el virus que provoca COVID-19. A sus 20 años, sin movilidad y con 12 medicamentos al día —debido a la parálisis cerebral espástica con la que vive— ha evitado la enfermedad gracias al cuidado de su familia. 

Al principio del año, cuenta su madre, Nohemy Reyes, enfermaron por COVID ocho personas en su familia, y dos de ellas fallecieron; pese a las bajas defensas de Edwin, quien respira por traqueostomía, evitaron el contagio. 

El riesgo de padecer enfermedad grave si se contagia es alto, dice Nohemy, por lo que junto con al menos 50 familias de personas con discapacidad y personal del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) tramitaron una serie de amparos para que la Secretaría de Salud tome medidas urgentes y contemple a personas con discapacidad en la actual etapa de vacunación. 

“Nosotros podemos caminar, tocar, hablar, podemos decir qué nos duele, lo que sentimos, pero el COVID es tan  doloroso, que no quiero ni pensar que mi niño, que no habla y que tiene una discapacidad tan severa, pudiera sentir ese dolor”, lamenta Reyes, quien estando enferma por el virus pudo cuidar a Edwin sin contagiarlo.

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Las familias y organizaciones civiles consideran que la Secretaría de Salud ha sido omisa, pues a estas alturas no cuenta con una estrategia clara para el registro y aplicación de la vacuna que considera a personas con discapacidad, de entre 18 y 39 años. 

“Esto sigue perpetuando la carga desproporcionada que la misma SSA ha dejado caer en las personas con discapacidad y sus familias desde el inicio de la pandemia: al suspender, cancelar y posponer las citas médicas, estudios médicos y terapias que a más de 15 meses han deteriorado la ya precaria condición de salud de muchas personas con discapacidad, por lo que el día de hoy se desahogaron las primeras diligencias de las familias que han decidido exigir por la vía jurídica sus derechos”, expusieron las afectadas en un comunicado el pasado 14 de junio. 

Terminaron las conferencias y nunca se anunció la estrategia 

Aunque autoridades de Salud dijeron que se anunciaría una estrategia para este grupo de personas, nunca se implementó el registro accesible, y menos la vacunación. 

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo el pasado 8 de junio que estaban “próximos a anunciar” el registro accesible para personas con discapacidad en el portal mivacuna.salud.gob.mx; hasta este 15 de junio el sitio no ha tenido modificación alguna. 

Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, dijo que restaban por vacunar poco más de 4.4 millones de personas con discapacidad de los al menos 20 millones 800 mil que tiene registradas el Inegi.

“Tendríamos que hacer un análisis específico para saber qué tipos de discapacidades son con las que viven y entonces tenemos que hacer ajustes para eliminar barreras en materia de vacunación contra COVID”, dijo el funcionario en una de las últimas conferencias diarias hechas por la Secretaría de Salud. 

¿Qué busca el amparo y a quiénes beneficia? 

Si bien, organizaciones y familias buscan que un juez otorgue una suspensión de plano, para registrar y vacunar de forma inmediata a personas con discapacidad, también se lucha por establecer mecanismos y protocolos que ya no excluyan ni discriminen a este sector. 

“Esto es solo el inicio, deben existir condiciones del entorno de fácil acceso de las personas con discapacidad y de sus cuidadores primarios ( familiares o cuidadores) debemos buscar la eliminación de barreras sin distinción”, explica Yasmín Rosales Muñoz, abogada del área especializada en atención a personas con discapacidad de la Defensoría. 

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La acción legal busca la creación de un protocolo que se incluya en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID, y que reconozca que las personas con discapacidad viven con la más alta vulnerabilidad, junto con las personas mayores de 60 años. 

Además de un registro accesible, exige que se contemple la vacunación del cuidador primario, y que durante la estrategia se capacite y sensibilice al personal de salud que aplicará las vacunas, así como el seguimiento posterior a la inmunización. 

Rosales Muñoz detalla que aunque este amparo se inicia con un grupo pequeño de familias, busca beneficiar a todas las personas que viven con alguna discapacidad.

“Si no nos ven, no nos reconocen, este es un medio de defensa que va a beneficiar a personas con discapacidad y a sus cuidadores primarios, porque son un equipo, no se entienden por separado. Las autoridades deben ser muy conscientes de que no son números y nombres, son personas que necesitan que la sociedad deje de imponer barreras para el acceso a derechos”, sostiene en entrevista.

Ante la respuesta de la Secretaría de Salud, la abogada menciona que las negativas de las autoridades han sido una constante: “Obtener derechos para personas con discapacidad siempre es una pelea”. 

Atzin, Jesús, Karla y millones en espera

Atzin Delgado tiene 19 años y está acostumbrado a salir a caminar al menos una hora todos los días, pero desde que inició la pandemia tuvo que dejar de hacer caso a su endocrinóloga, quien recomendó este ejercicio por sus niveles de ácido úrico y colesterol.

Además de vivir con síndrome de Down, Atzin padece hipotiroidismo y vitiligo, por lo que la pandemia no solo lo ha inmovilizado sino que le provocó un retroceso en su desarrollo. 

“No salimos a la calle, no podemos practicar nada de educación vial, cruzar las calles, el que vea los semáforos. Ha habido un retroceso en sus habilidades motrices”, cuenta  Geraldina Coronel, abuela y tutora de Atzin.

La mujer, que también es cuidadora de su madre de 85 años, tuvo que hacerse cargo de ambos cuando el resto de la familia enfermó de COVID en junio de 2020. 

“Nuestro interés porque fuera de las primeras personas que se vacunara es que además de lo que el síndrome de Down conlleva, tiene predisposición a otros padecimientos”, explica. 

Para Jesús, la situación es similar, pues ha estado aislado hasta de su familia cuando la mayoría enfermaron por COVID. 

Su abuela y tutora, Blanca Herrera, relata que el joven que está por cumplir los 18 años presenta incluso un deterioro físico por falta de fisioterapia, la cual necesita por la parálisis cerebral severa con la que vive.

“Él no habla, no come por sí mismo, está acostado todo el tiempo, está completamente contracturado de que no ha recibido terapia alguna, con el miedo de que pueda pasarle algo, porque sus defensas son bajas… ha dejado de tener contacto con la gente, ha estado completamente aislado en una habitación, es desesperante para él”, cuenta su abuela, quien incluso perdió a su esposo por la enfermedad. 

“En verdad (las personas con discapacidad) son más vulnerables que muchos que tenemos 60 años y más, ellos son los primeros que debieron haber mencionado en la vacunación”, sostiene.

Para Karla Pérez Neri, quien también vive con parálisis cerebral, la pandemia tuvo también un efecto positivo, pues prefiere las clases a distancia y estar en casa con su familia. 

Sin embargo, pronto su madre, Liliana Neri, deberá volver al trabajo presencial y aunque ya fue vacunada, le preocupa que Karla, de 29 años, no reciba dosis alguna. 

“Aunque está bien alimentada y sana, por su misma condición sí tiene las defensas más bajas que cualquier persona. Yo ya voy a volver a trabajar y no tengo con quien dejarla”, cuenta su madre. 

Todos ellos están en espera de que los jueces concedan las suspensiones que les permitan acceder pronto a la vacuna contra COVID, o de que las autoridades de Salud decidan darles prioridad en la política de vacunación. 

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Los controvertidos planes de Reino Unido para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo

Algunos solicitantes de asilo que llegan en embarcaciones pequeñas serán enviados al país africano como parte de un programa de prueba de US$150 millones.
14 de abril, 2022
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Algunas personas que buscan asilo en Reino Unido serán trasladadas a Ruanda -a más de 6.500 km de distancia- para ser procesadas en el país africano, según los nuevos planes del gobierno británico.

El controvertido programa forma parte de las nuevas y severas medidas del gobierno para reducir el número de migrantes que llegan al país en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha.

La ministra del Interior, Priti Patel, se encuentra en la nación africana para firmar el acuerdo de US$150 millones que involucra probar el esquema con hombres solteros que llegan a Reino Unido y serán enviados a Ruanda.

En un discurso el jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó el programa diciendo que era necesario “para salvar innumerables vidas” y evitar que “los traficantes de personas” conviertan el océano en un “cementerio acuático”.

Indicó que bajo el nuevo esquema cualquier persona que llegue ilegalmente a Reino Unido podría ser “reubicada” en Ruanda.

“Esta política no tiene límites”, indicó. Y agregó que Ruanda ha aumentado su capacidad de acoger personas a decenas de miles en los últimos años.

“No podemos mantener un sistema ilegal paralelo”, dijo Johnson. “Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a las personas no lo es”.

Se sabe que el año pasado, 28.526 personas cruzaron el Canal en botes pequeños, comparado con 8.404 en 2020.

Un 600 cruzaron el Canal el miércoles y, según Johnson, la cifra podría alcanzar 1.000 al día en las próximas semanas.

La BBC vio el alojamiento en el que serán ubicados los solicitantes de asilo, que se cree que tiene espacio para unas 100 personas a la vez y para procesar hasta 500 al año.

“Impracticable y poco ético”

El nuevo programa ha sido extensamente criticado tanto por grupos humanitarios, que calificaron los planes de crueles, como por los partidos de oposición que dicen que será “”impracticable, poco ético, exorbitante e ineficaz”.

BBC

BBC

Los partidos de oposición también han dicho que el costo anual del plan completo sería mucho más alto que el pago inicial de US$150 millones y expresaron su preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda.

El editor de asuntos nacionales de la BBC, Mark Easton, informando desde Ruanda, explicó que el gobierno enfrenta obstáculos legales y costos sustanciales para lanzar el plan.

Los detalles precisos del plan aún no se han confirmado, pero dijo que el programa de prueba se limitaría en su mayoría a hombres solteros que las autoridades británicas consideran que son inadmisibles.

Según la propuesta, Ruanda asumiría la responsabilidad de las personas que hacen el viaje de más de 6.500 km, las sometería a un proceso de asilo y, al final de ese proceso, si tienen éxito, tendrán alojamiento a largo plazo en Ruanda.

El gobierno de Ruanda indicó que los migrantes tendrán “derecho a la protección total bajo la ley de Ruanda, igualdad de acceso al empleo e inscripción en los servicios de atención médica y social”.

El Ministerio del Interior del Reino Unido cree que la ley de asilo existente será suficiente para implementar el plan, pero quedan dudas sobre la legalidad del esquema.

Priti Patel en Ruanda

PA Media
La ministra del Interior, Priti Patel, (centro) llegó a Ruanda para firmar el acuerdo de US$150 millones.

También se han planteado dudas sobre el historial de derechos humanos del gobierno de Ruanda y su presidente, Paul Kagame.

Varios de sus críticos han muerto o han sido víctimas de intentos de asesinato, pero Ruanda siempre ha rechazado las sugerencias de que su gobierno ha estado involucrado.

También se han planteado preocupaciones sobre la condena por acusaciones de terrorismo de Paul Rusesabagina, quien fue representado en la película de Hollywood Hotel Ruanda por su papel en la salvación de más de 1.000 personas durante el genocidio en ese país en 1994.

El año pasado, el propio gobierno de Reino Unido expresó su preocupación en Naciones Unidas por las “continuas restricciones a los derechos civiles y políticos y la libertad de prensa” en Ruanda, y pidió investigaciones independientes sobre “acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y tortura”.


Un plan extremadamente controvertido

Análisis de Mark Easton, editor de asuntos nacionales, BBC

La asociación con Ruanda es la pieza central de una extensa campaña política más amplia para hacer frente a lo que ha sido una humillación para los ministros que prometieron que Brexit significaría poder controlar las fronteras de Reino Unido.

En cambio, un número récord de solicitantes de asilo ha estado apareciendo en embarcaciones frente a los acantilados blancos de Dover.

Este año se han visto 4.578 llegadas y parece que será un nuevo récord.

Sin embargo, es probable que enviar solicitantes de asilo a Ruanda resulte muy controvertido y legalmente complicado.

Los críticos apuntan al pobre historial de derechos humanos de Ruanda. El año pasado, el Reino Unido exigió en la ONU que se investigaran los presuntos asesinatos, desapariciones y torturas.

Los ministros tendrán que explicar por qué Ruanda es el lugar adecuado para confiar la protección de los derechos humanos de los solicitantes de asilo vulnerables que esperaban que Reino Unido los protegiera.


migrantes

Getty Images
Decenas de miles de migrantes podrían ser enviadas a Ruanda.

Activistas de derechos humanos destacan el impacto negativo en los derechos humanos de los refugiados, el costo del esquema y cuestionan si éste podrá lograr sus objetivos.

Enver Solomon, director ejecutivo del Refugee Council, dijo que la propuesta no aborda las razones por las que las personas desesperadas viajan a Reino Unido.

Amnistía Internacional Reino Unido describió el plan como una “idea sorprendentemente mal concebida” que desperdiciaría dinero público.

La secretaria de cultura del Partido Laborista de oposición, Lucy Powell, dijo que su partido aboga por “medidas aburridas” como restricciones a los traficantes de personas que promocionan negocios en internet.

El Partido Demócrata Liberal señaló que el gobierno estaba “cerrando la puerta” a los refugiados, mientras que Ian Blackford, del Partido Nacional Escocés, describió el plan como “absolutamente escalofriante”.

¿Es legal enviar solicitantes de asilo a Ruanda?

El gobierno británico quiere introducir nuevas leyes, bajo el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, para facilitar que el Reino Unido envíe refugiados a otro país para que se procese su solicitud de asilo.

Pero el país debe ser “seguro” y Reino Unido también firmó dos tratados internacionales clave que garantizan los derechos de los refugiados:

  • La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que protege a las personas de ser enviadas a un país donde se enfrentan a graves amenazas a la vida o la libertad.
  • El Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Entonces, si existe el riesgo de que una persona sea maltratada en Ruanda, no podría ser enviada allí.


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