SEP suspende programas para crear protocolos contra abuso en escuelas
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La SEP suspende programas para crear protocolos que atiendan abuso y acoso sexual en escuelas

La campaña para aplicar protocolos para atender y prevenir el abuso sexual en escuelas quedó en suspenso primero por la pandemia y luego porque la SEP canceló su presupuesto.
Cuartoscuro
Por Nurit Martínez
11 de junio, 2021
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La campaña para aplicar protocolos para prevenir y atender los miles de casos de abuso y acoso sexual en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria públicas y privadas en el país quedó en suspenso primero por la pandemia de Covid-19 y luego porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló el presupuesto para el programa de convivencia escolar.

La estrategia, a la fecha suspendida, también tenía como propósito prevenir el ciberacoso sexual infantil, el sexting y cualquier tipo de violencia en redes sociales o en el uso de internet, así como el bullying y contra la violencia de género.

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El programa contaba con varias acciones que iban desde colocar un buzón escolar de denuncia del abuso sexual, hasta que el personal adulto utilice baños diferentes a los de los alumnos, al considerarse un lugar de riesgo para los niños. Las medidas incluían realizar un diagnóstico de la infraestructura escolar para identificar otras zonas de riesgo como bodegas, espacios cerrados o lo que queda bajo llave sin supervisión y finalmente crear mecanismos de vigilancia permanente en cada plantel.

La Secretaría de Educación Pública no respondió al requerimiento de información de cuándo se planea retomar este plan para crear protocolos contra el abuso en escuelas.

En su Informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) a partir de los casos litigados en 18 escuelas, señala que las agresiones organizadas por maestros, directivos y personal de intendencia o administrativos tiene patrones delictivos orientados a la explotación sexual infantil.

En el estudio, que aborda casos en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca, un centenar de niños relataron que los abusos se perpetraron en los baños, las oficinas de la dirección, patios o salones.

Los protocolos, hasta ahora suspendidos, buscaban identificar esas zonas de riesgo.

El plan también abordaba que directivos y maestros estarían obligados a levantar actas de hechos, notificar a padres de familia y autoridades educativas, e incluso llegar hasta el ministerio público y darle seguimiento para no incurrir en responsabilidades.

En un listado de 25 acciones preventivas también se incluyó que los maestros tendrían que dirigirse con respeto, evitar apodos o sobrenombres de cualquier tipo, más aún los de connotación sexual, así como evitar “palabras con contenido sexual, lascivos o de enamoramiento”.

En todo momento se deben “evitar insinuaciones, miradas lascivas” que atenten contra la dignidad y la libertad sexual”, no acariciarlos, rozarlos, pegarles, “tocarles los senos, las piernas, darles masajes, saludos de beso, entre otras, que impliquen acciones dolosas con sentido lascivo”. Ello incluye invitarlos a salir o relacionarse fuera de la escuela bajo cualquier pretexto.

Como el protocolo se desarrolló previo a la pandemia se prohibía que tuvieran contacto con los niños y adolescentes en sus celulares o en el Facebook u otras redes sociales, así como entablar comunicación a través de esos medios.

La estrategia sugerida por el grupo de expertos convocados por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna)  junto con autoridades estatales de educación para echar a andar los protocolos en agosto de 2020 quedó suspendida debido a que no se iniciaron clases presenciales en las escuelas por la emergencia sanitaria.

La implementación debía ocurrir a través de trípticos, videos, periódicos murales, sesiones informativas o conferencias con expertos para niños, padres de familia y trabajadores. Lo único que se ha hecho, a la fecha, son algunas sesiones informativas virtuales, pero sólo en 98 mil de los más de 230 mil planteles públicos y privados.

Un programa a medias y sin recursos

En el Programa Nacional de Convivencia Escolar, creado en 2016, la Secretaría de Educación Pública impulsó la creación de protocolos de atención a la violencia en las escuelas, a partir de diversas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Un año después, en al menos diez entidades el protocolo fue publicado en las gacetas o periódicos oficiales y en el resto de las entidades del país, incluida la Ciudad de México, el protocolo de actuación quedó solo a nivel de lineamiento o herramienta de actuación.

En algunas entidades se desarrolló una primera versión general para prevenir y atender la violencia en la escuela, orientado más al acoso al interior de las aulas, pero en la administración pasada se incluyó una “Guía de observación de apoyo para identificar indicadores de riesgo de abuso sexual infantil”.

El documento se presentó ante los secretarios de educación y se entregó a las 32 entidades, en cada una de ellas se adicionaron directorios y acciones para fortalecer la prevención y la denuncia.

Esa fue la primera vez que la SEP especificó en un documento las acciones para abordar el tema e incluso estableció como ruta de denuncia notificar a las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes. Se elaboraron materiales gráficos y se desarrollaron talleres para docentes de educación básica, pero sólo se trabajó con 17 millones de los más de 25 millones que existen en el país.

En los últimos cuatro años, este programa de convivencia, en donde se desarrollaban las acciones con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) para arrancar con los protocolos, vio disminuido su presupuesto hasta desaparecer. Tuvo asignados 350 millones de pesos en 2016, luego 223 millones de pesos en 2020, y en este 2021 no tuvo recursos etiquetados.

David Calderón, de Mexicanos Primero, dijo que avanzar en la integración de acciones más específicas ha sido difícil en el último año por el cambio de funcionarios en la SEP, en el mismo Sipinna, la emergencia sanitaria de Covid-19 y el recorte presupuestal.

Los estados y protocolos contra el abuso

Las secretarías de educación de los estados tardaron hasta tres años para armonizar los protocolos propuestos desde SEP y Sipinna en las entidades. En Coahuila, Jalisco, Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Chiapas y Zacatecas el protocolo fue adoptado como ley o acuerdo secretarial, de manera que fue difundido en las gacetas o periódicos oficiales.

En el resto de las entidades del país el documento que presentó la SEP se tradujo en un lineamiento más para el trabajo de las escuelas.

En algunas entidades como Chihuahua existen antecedentes legales como la Ley de Seguridad Escolar del 31 de julio de 2004, a la que ahora sólo se le adiciona el protocolo y la guía. Lo mismo ocurrió con San Luis Potosí en donde se incorporó a la ley de prevención y seguridad escolar.

En Chiapas, el protocolo fue agregado como parte del plan estatal de educación en la presente administración, mientras que en Zacatecas el documento se tomó como base para generar un protocolo de actuación acasos de abuso y acoso sexual que atienda la violencia contra las mujeres.

Las escuelas que están inscritas en el programa de convivencia mantienen aún actividades de asesoría y capacitación a maestros en el actual ciclo escolar, dado que son parte del padrón de planteles que recibió hasta diez mil pesos por tener un proyecto para promover la convivencia escolar.

Durante la etapa de capacitación de docentes al inicio del ciclo escolar 2020-2021, en medio de la pandemia, los directores, maestros, supervisores y asesores pedagógico recibieron capacitación, o aún lo hacen hasta hace unos días, para conocer a detalle el protocolo, la guía y el procedimiento para un acta de denuncia de hechos.

En una de esas sesiones una de las capacitadoras le advirtió en la sesión de Consejo Técnico: “es más peligroso matizar que informar de manera clara a los padres de familia y a las autoridades cómo sucedió el abuso”.

Pero para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el protocolo que se desconoce en la mayoría de las escuelas de educación básica, “busca criminalizar a los maestros, los pone en alto riesgo y les asigna labores para las cuales no estamos capacitados, como de abogados, psicólogos o médicos”, dijo Francisco Bravo, dirigente sindical.

Explicó que en el caso del abuso sexual que ocurre en los domicilios por parte de familiares o conocidos, los maestros están obligados incluso a presentar la denuncia ante el ministerio público si los niños llegan y les cuentan lo ocurrido.

“Pero hemos sabido de casos en la Ciudad de México en donde los maestros, los directores han sido agredidos por los abusadores, una vez que se enteraron de la denuncia. Muchas veces las familias no creen lo que los niños dicen, entonces las mamás niegan el hecho y somos los maestros lo que quedamos expuestos”.

En el caso del abuso sexual en las escuelas, agregó, es claro, si alguien comente un delito de esa naturaleza, “tenemos que actuar en cuanto eso ocurra y estamos de acuerdo, sólo que nosotros no debemos ser responsables ante el ministerio público”, indicó el dirigente sindical.

El protocolo que cada entidad ajusta contiene además de su presentación, la exposición de objetivos y un marco conceptual, incluye acciones de Prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato.

En esas adaptaciones al documento por entidad se observa que Veracruz, al publicar el protocolo en septiembre de 2019 definió que los casos abuso sexual en las escuelas ocurren en diferentes formas, además del abuso sexual, como violación, estrupo, acoso sexual, hostigamiento, pederastia, corrupción y pornografía, conceptos que define el Código estatal en Materia Penal.

Otro como Yucatán fortalecieron la guía con las aportaciones de la fiscalía estatal, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la Comisión de Derechos Humanos del estado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Unidad de Clínica e Investigación Victimológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Secretaría de las Mujeres.

Lee más: Explotación sexual infantil: patrones que se han identificado en escuelas de México

Sindicato a la defensa

Lorenzo Gómez Morín, exsubsecretario de Educación Básica, aseguró que “es preocupante que hasta ahora no tengamos una política articulada para atender este que es un tema que va más allá de la escuela, que está relacionado con una política pública sobre el cuidado de la infancia”.

Hasta ahora, agregó, ha sido difícil dimensionar el problema en el país porque o no se denuncia y si se logra hacer no hay mecanismos para fincar responsabilidades de la dimensión de las agresiones. De los casos que se denuncian es poco probable que tengan un seguimiento por parte de la autoridad.

Refirió que para el diseño de una política se requiere establecer qué hacer frente a los procedimientos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en particular, como instancia de defensa de los maestros. “Es un problema real, presente. A mí me tocó enfrentarlo, los maestros, agresores, son defendidos por el sindicato”.

Explicó que más allá de los protocolos y guías que impulsa la SEP “se requiere de la acción, de la voluntad política para que no sean pocos los casos que concluyen en un castigo” a los agresores.

En 2010 se publicó el “Procedimiento para cesar al personal de la secretaría que acosó y abusó sexualmente de los alumnos: legislación, evidencia y recomendaciones para el cambio”, una investigación del ITAM. Ahí se identificó que los errores más comunes para levantar un acta administrativa eran: errores en la realización de la notificación del acta administrativa, falta de precisión o inconsistencias de la testimoniales vertidas por los testigos de cargo, la existencia de un testigo único, la inclusión de testimonios de oídas y el auxilio indebido a los testigos de cargo al rendir sus declaraciones.

“Entre los errores típicos podemos contar el no anotar con precisión la hora y el lugar del levantamiento, o bien, cometer errores al escribir el nombre del trabajador o su representante sindical”.

El estudio que se hizo entre 1998 a 2008 a partir de 229 actas por abuso sexual y 337 por acoso sexual reveló que 44.10% de las actas de abuso sexual y 48.65% de las de acoso sexual derivaron en una demanda, esto es, en un juicio de autorización de cese ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

En 20.96% de las actas de abuso fueron declaradas improcedentes, lo cual significa que no procede sanción alguna debido a errores en el levantamiento del acta, o bien, debido a que la evidencia presentada no respalda la comisión de la conducta presuntamente cometida.

Otro 10.92% fueron devueltas a la autoridad que las levantó por contener errores y sólo 2.18% de las actas de abuso terminaron en un dictamen de sanción con “una suspensión sin goce de sueldo por cierto número de días, y en menor medida, un cambio de adscripción”.

Ese estudio, el único de su tipo, señala que la duración promedio de un juicio de autorización de cese fue de 3.43 años.

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Coronavirus: el extraordinario caso del hombre que dio positivo 43 veces a COVID

Dave Smith es uno de los pocos pacientes que permaneció cerca de 300 días con el virus SARS-CoV-2 activo dentro de su cuerpo y vivió para contarlo.
19 de julio, 2021
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En marzo de 2020, Dave Smith, un instructor de manejo británico de 72 años, se contagió de covid-19.

Reino Unido estaba en ese momento atravesando la primera ola de la pandemia y Smith tenía una serie de afecciones de salud preexistentes —había sido diagnosticado con leucemia y tratado exitosamente con quimioterapia en 2019— que lo hacían particularmente vulnerable ante el virus.

La mayoría de las personas infectadas con SARS-CoV-2, incluso aquellas que sufren la llamada covid-19 de larga duración, eliminan el virus de su cuerpo en un promedio de 10 días.

En el caso de Smith, en cambio, este se quedó en estado activo dentro de su cuerpo por más de 290 días.

“Las conté. Fueron 43 veces“, le dice Smith a la BBC, rememorando la cantidad de pruebas PCR que dieron positivo.

“Rezaba todo el tiempo pidiendo que la próxima fuera negativa, pero nunca lo era”.

Los médicos confirmaron que no se trataba de una reinfección sino de una infección persistente tras secuenciar el virus en el laboratorio.

Dave Smith y su esposa Lyn

BBC
Smith conversó con su esposa para dejar las cosas en orden, pues no creía que se recuperaría.

Los cerca de 10 meses que Smith pasó enfermo —que incluyeron siete internaciones hospitalarias— fueron una agonía para él: sus niveles de energía eran mínimos, y necesitaba ayuda para casi todo.

“En un momento dado estuve tosiendo cinco horas sin parar. Desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche. No puedes imaginar el agotamiento que genera esto en tu cuerpo”, dice el paciente, que perdió 60 kilos en el transcurso de su enfermedad.

El de Smith es uno de los casos de infección activa por covid-19 más prolongados que se haya registrado hasta el momento en el mundo.

Infección persistente vs. covid de larga duración

El caso de Smith es extremadamente poco común, sobre todo por la cantidad de tiempo que le llevó eliminar el virus, pero es algo que puede ocurrir en personas inmunocomprometidas.

Así se lo explica a BBC Mundo Andrew Davidson, profesor de virología de la Escuela de Medicina Celular y Molecular de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, y parte del equipo que investigó el caso de Smith.

“Normalmente tu sistema inmune se deshace del virus produciendo anticuerpos que se le unen, impidiéndole así que infecte a las células, y también con linfocitos T, que destruyen a las células infectadas con el virus y otros mecanismos”, dice.

Pero como el sistema inmunitario de Smith estaba debilitado, no podía combatirlo.

Esto puede ocurrir no solo con el SARS-CoV-2 sino también con muchos otras virus que pueden quedar dentro del cuerpo de forma permanente.

Mujer enferma

Getty Images
En la covid de larga duración los síntomas continúan pese a que el virus fue eliminado, mientras en una infección persistente sigue presente y activo.

“Algunos virus causan una infección persistente y una vez que te has infectado es muy poco probable que te liberes del virus”, explica Davidson, y da como ejemplo el virus del VIH que se queda dentro del cuerpo, en estado latente.

“Puedes tratarlo con antivirales que suprimen al virus, pero no lo eliminas”, agrega.

El virólogo aclara que la covid-19 de larga duración y la infección de covid persistente son dos cosas diferentes: mientras que en la primera ciertos síntomas como el cansancio o la dificultad para respirar subsisten pese a que el virus ya fue eliminado, en la segunda el virus está presente y activo.

Una hipótesis que está siendo investigada en el caso de la covid de larga duración es la posibilidad de que el virus siga estando dentro del paciente, escondido dentro de algún órgano, y por eso no es detectable.

Hasta el momento esto no ha sido confirmado y esta forma de enfermedad sigue siendo un enigma para los médicos.

El tratamiento de Trump

Smith logró finalmente superar la enfermedad con un cóctel de fármacos antivirales de la farmacéutica estadounidense Regeneron que contienen dos anticuerpos monoclonales (casirivimab y imdevimab).

El tratamiento —el mismo que recibió el expresidente de Estados Unidos Donald Trump— no está aprobado en Reino Unido, pero le fue suministrado a Smith por razones humanitarias, dada la particularidad de su caso.

Después de 45 días de recibir la medicación, la PCR dio por primera vez un resultado negativo.

Expresidente de EE.UU. Donald Trump

Getty Images
Smith fue medicado con los mismos fármacos que se utilizaron para tratar a Trump.

“Fue como haber recibido una nueva vida”, recuerda Smith, quien confiesa que estaba “listo para abandonar la pelea” y que había conversado con su esposa Lyn para “dejar los asuntos en orden”, pensando en que no sobreviviría.

Sus médicos creen que fueron los fármacos lo que permitió curar la enfermedad, aunque estiman que existe una posibilidad mínima de que el paciente estuviera a punto de mejorar por sí mismo y lo que sucedió fuera una coincidencia, más que una relación causa consecuencia.

“La única manera de probarlo es con un ensayo clínico adecuado”, señala Davidson.

Peligros de una infección persistente

Más allá de las implicancias personales de sufrir una infección persistente, la situación crea un riesgo epidemiológico a nivel de la comunidad.

En primer lugar, un paciente con una infección activa es potencialmente contagioso, aunque es difícil saber en qué grado en comparación con una persona que tiene una infección adquirida recientemente.

En el caso de Smith, este no pudo pasar el virus a otras personas ya que, por su debilidad, en la mayor parte del tiempo no salió de casa.

“Pero esto nos hace preguntarnos si no puede haber gente (con una infección persistente) dentro de la comunidad expulsando y propagando el virus”, señala Davidson.

PCR

Getty Images
Con cada prueba positiva, Smith iba perdiendo las esperanzas de recuperarse.

Por otro lado, mientras el virus continúe activo dentro de una persona, seguirá evolucionando y cambiando.

“Sabemos que en este caso cambió rápidamente y algunos de estos cambios fueron encontrados también en las variantes preocupantes”, explica el virólogo.

“El virus tiene la posibilidad de probar todo tipo de mutaciones y ver qué puede hacer, y puede evolucionar para volverse más transmisible”, agrega.

Ahora, fuera de peligro, Smith vive cada día agradecido, como si fuera un regalo.


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