Durante el segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) concedió permisos y licencias sin garantizar que los proyectos energéticos aprobados cumplieran con proteger al medio ambiente y a las personas, y no contó con mecanismos para evitar que sus funcionarios incurrieran en actos de corrupción durante sus labores de vigilancia, inspección y supervisión del sector, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Afirmó que, en 2020, la ASEA —órgano desconcentrado de la Semarnat encargado de vigilar que los proyectos de electricidad e hidrocarburos cumplan con la normatividad ambiental— incurrió en una subregulación administrativa, lo que –según la ASF— podría conducir a la Agencia a no estar en posibilidad de evaluar proyectos con las características de la refinería de Dos Bocas, una de las obras de infraestructura prioritarias en este gobierno.
En el periodo que revisó la ASF, el titular de la ASEA ya era José Ángel Carrizales López, un ingeniero químico sin experiencia previa en la gestión del sector energético y quien, en su último cargo, se desempeñó como integrante de la Ayudantía de López Obrador, un grupo de civiles encargado de asistir al mandatario en sus giras, abriéndole paso entre la gente o recibiendo peticiones y obsequios de simpatizantes.
Desde la Ayudantía, López Obrador intentó colocar a Carrizales en Pemex, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), puestos para los que se requería de aprobación del Congreso. El último movimiento fue nombrarlo, en noviembre de 2019, como titular de la ASEA, una facultad exclusiva del presidente y que no requería del visto bueno del Legislativo.
“Se verificó que (la ASEA)”, indica el informe de la Auditoría, “no contó con disposiciones jurídicas como políticas, procedimientos, metodologías, guías actualizadas u otras disposiciones que garantizaran el proceso de evaluación para la salvaguarda de los recursos naturales y la eficaz regulación del sector hidrocarburos que le permitan reducir los riesgos relacionados con el impacto ambiental, los sistemas de administración de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental, así como las autorizaciones para la emisión de licencias, permisos y registros de (trámites)”.
Dichos trámites consisten en Manifestaciones de Impacto Ambiental, protocolos de respuesta a emergencias, registro de seguros, avisos de sitios contaminados, cambios de uso de suelo, gestión residuos peligrosos, avisos de pozos, auditoría ambiental, y cierre, desmantelamiento y abandono de instalaciones.
Al cumplir con la primera entrega de informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2020, la Auditoría indicó que, debido a la subregulación administrativa, la ASEA podría incurrir en el incumplimiento de sus funciones al evaluar la viabilidad de un proyecto como Dos Bocas.
“Se observó una subregulación en términos de los trámites requeridos para la realización de actividades en el sector hidrocarburos, lo que constituye riesgos de que, aún con la emisión de manuales para el desahogo de los trámites, la subregulación en materia del sector hidrocarburos podría incidir en la imposibilidad, por parte de la agencia, de valorar proyectos con características similares al de la Refinería de Dos Bocas, ya que los criterios jurídicos están orientados a la salvaguarda de los recursos naturales y no hacia la regulación eficiente del referido sector y el rigor metodológico requerido, lo que implica que la agencia no contribuya al cumplimiento de su objeto”, expone el informe.
La auditoría combinada de Cumplimiento y Desempeño 272-DS establece, además, que durante 2020 —el primer año de la gestión de Carrizales— la ASEA renunció al enfoque preventivo de riesgos en el sector hidrocarburos y se centró en acciones reactivas, lo que incumple su función de garantizar la protección del medio ambiente, las personas y las instalaciones.
“Se identificó que la agencia instrumenta un enfoque reactivo para atender los incidentes y accidentes del sector, y cuenta con mecanismos para informar a la agencia de su ocurrencia. Sin embargo, no se identificó algún instrumento que permita prevenir la ocurrencia de estos ni acreditó los mecanismos para compartir dichas experiencias. Al respecto, la agencia informó que se encuentra trabajando en un sistema que permita concentrar todas las experiencias y aprendizajes adquiridos con el resto de regulados; sin embargo, la agencia no acreditó contar con evidencia que soportara el desarrollo de dicho sistema ni con mecanismos de control adicionales que permitan prevenir la ocurrencia de los eventos”, cita la Auditoría.
La ASF alertó que la ASEA no implementó criterios y normativas para garantizar que, en el cumplimiento de sus funciones de supervisión, inspección y verificación a los entes regulados, sus agentes no incurrieran en actos de discrecionalidad y corrupción.
“La agencia no acreditó contar con algún instrumento para definir a los regulados sujetos de dichos actos (de supervisión), ni dispuso de criterios para seleccionar el tipo de instrumento que se debió aplicar, así como la adopción de criterios, metodologías y normativa que el supervisor deba utilizar en cada acto, que acredite, otorgue certidumbre jurídica y procedimental y mitigue el riesgo de discrecionalidad en la ejecución de los actos, lo que podría constituir riesgos en la gestión de las actividades de supervisión en cuanto a la validez, integridad y correcta aplicación en los procedimientos realizados por los inspectores, así como el cumplimiento del objeto del acto, que mitigue la ocurrencia de actos de corrupción, impunidad y actos contrarios a la integridad por parte del personal encargado de realizar el trabajo de campo”, advierte el informe.
La Auditoría también detectó deficiencias en materia de resguardo de evidencia documental, así como en la selección de perfiles para diversos puestos, capacitación y evaluación de desempeño.
“De persistir las deficiencias en los elementos de gobernanza y de control interno de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), se limitaría la eficacia y eficiencia de sus operaciones, así como la conformación de condiciones favorables para la discrecionalidad en la adopción de decisiones, la falta de certeza y transparencia de las operaciones, y la materialización de riesgos, lo que obstaculizaría la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector de hidrocarburos”, concluye el informe.
