Corte suma 10 recursos sin resolver contra militarización en seguridad
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Corte acumula 10 recursos sin resolver contra militarización de la seguridad pública

Uno de los recursos presentados lleva cinco años sin respuesta y la mayoría de uno a dos años sin que los ministros hayan adoptado una resolución. Análisis de una ONG denuncia un retraso inusual en los procedimientos que no es casualidad.
Cuartoscuro
13 de julio, 2021
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acumula sin resolver 10 acciones, amparos y controversias promovidas por la CNDH y diversos gobiernos y organizaciones en contra de leyes y acciones que han acrecentado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en los últimos años. Algunos de esos recursos llevan de dos hasta cinco años atorados.

La falta de resolución por parte de la Corte ha impedido aclarar si la permanencia de los militares en las calles haciendo labores de policías es violatoria o no de la Constitución. Es una indefinición que los especialistas consideran grave ante la posibilidad de una nueva reforma que incorpore a la Guardia Nacional al Ejército.

El retraso es anómalo e inusual según un análisis realizado por la organización Intersecta, la cual promedió los tiempos que le ha llevado al máximo tribunal atender miles de recursos similares en los últimos 25 años. Más que una casualidad pareciera ser una acción premeditada, indica su análisis.

“Los tiempos que la Corte se ha tomado para decidir estos aspectos tan relevantes se salen de cualquier parámetro. Es totalmente anormal el tiempo que les ha llevado y nos preocupa porque lo que está en juego todos los días aquí son vidas” dije Estefanía Vela, directora de Intersecta.

De acuerdo con datos oficiales de la propia SCJN obtenidos a través de una solicitud de transparencia, de los 10 recursos presentados contra la militarización de la seguridad que no se han resuelto, cuatro son acciones de inconstitucionalidad, cuatro son controversias constitucionales, y dos son amparos en revisión.

Las que llevan más tiempo sin respuesta son las acciones de inconstitucionalidad promovidas en su totalidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La primera de ellas data de hace más de cinco años: fue presentada el 15 de junio de 2016 en contra de la ampliación del fuero militar para elementos de las Fuerzas Armadas permanente que participan en acciones de seguridad.

Las otras tres fueron presentadas desde el 26 de junio de 2019, hace más de dos años, en contra de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Registro Nacional de Detenciones, y la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. En estos casos la CNDH reclama aspectos como la excepción que se hizo a los elementos del Ejército para registrar detenciones de civiles, o su intervención en la conformación y control de la Guardia.

Los ministros a los que fueron turnados estas acciones y cuyos proyectos no han sido presentados ante el pleno para su debate y votación son Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Norma Piña Hernández

Una acción de inconstitucionalidad es un recurso que pueden presentar algunos poderes y órganos autónomos cuando consideran que una ley o alguna parte de ella viola arteramente disposiciones y derechos constitucionales. Su efecto, de resultar procedente, es la eliminación automática de las leyes o artículos que se hayan impugnado.

Sin embargo, para que una acción de constitucionalidad prospere se requiere una votación de 8 de los 11 ministros del pleno de la Corte a favor de esta.

Los otros pendientes

Las controversias constitucionales son otro tipo de recurso que contempla la ley para impugnar una norma y pueden ser presentadas por cualquier gobierno o poder federal o local. La diferencia con la acción de inconstitucionalidad es que quien la promueve no alega una violación constitucional en abstracto, sino una violación específica a las funciones que son de su competencia.

Como ya se dijo, hay cuatro controversias presentadas ante la Corte relacionadas con la militarización de la seguridad y todas suman más de un año sin ningún debate en el pleno y menos resolución. 

La primera controversia se presentó el 27 de mayo de 2020 por el gobierno municipal de Colima y fue admitida por la Corte a trámite con el número 85/2020; el 11 de junio de ese mismo año llegó la segunda por parte del gobierno de Michoacán y fue admitida con registro 87/2020; la tercera se presentó el 22 de junio por la Cámara de Diputados con el registro 90/2020; y la cuarta un día después por el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, con registro 91/2020.

Todas las controversias presentadas son en contra del denominado Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Es un documento que organizaciones y expertos han apodado como el “acuerdo militarista”.

Lo que se reclama en los recursos es que dicho acuerdo, que debería regular y limitar la opción de usar al Ejército en tareas de seguridad durante un plazo máximo de cinco años que vence en 2024, en realidad perpetúa su utilización en las calles sin mayores controles, sin estar subordinadas claramente a una autoridad civil, e invadiendo funciones que le competen en realidad a las policías locales. Situación que además va en contra de diversas convenciones internacionales.

La ministra Margarita Ríos Farjat es la responsable de elaborar los proyectos relacionados con estas cuatro controversias constitucionales.

Finalmente, la SCJN también tiene pendientes de resolución dos amparos en revisión promovidos por la organización Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD). El primero de ellos fue presentado en contra de la Ley de la Guardia Nacional bajo el argumento de que no garantizaba la conformación de una fuerza civil.

Dicho amparo fue negado por el juez que lo revisó con el argumento de que frenar el desarrollo de la Guardia Nacional dejaría al país sin una fuerza nacional de seguridad. MUCD presentó una impugnación y el tribunal colegiado que recibió el caso decidió que debido a la trascendencia del asunto este debía ser resuelto por la Corte. 

En el otro caso MUCD sí ganó en primera instancia un amparo promovido en contra del referido “acuerdo militarista”, luego de que el Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa considerara que el acuerdo no ponía límites adecuados a la participación del Ejército en tareas de seguridad, situación violatoria de la Constitución.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal –en representación del presidente– impugnó esa determinación y el tribunal que la recibió la turnó a la Corte. En este caso corresponde al ministro Franco Salas la presentación ante el pleno del proyecto de resolución.

Un retraso inusual… ¿y político?

De acuerdo con un análisis publicado por la organización Intersecta, el tiempo que ha tomado la Corte para resolver las acciones promovidas en contra de la militarización de la seguridad pública ha sido excesivamente largo e inusual, situación que podría ser resultado de una intención deliberada por alargar estos casos.

Para llegar a esa conclusión Intersecta analizó todo el historial de miles de acciones y controversias constitucionales que la Corte ha recibido desde 1997 hasta abril de 2021. Se estudiaron los tiempos promedios que ha tomado cada asunto separándolos incluso por temas, y se proyectaron los tiempos promedio de respuesta.

El mayor retraso se encuentra en el tema de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH, las cuales acumulan de dos a cinco años sin respuesta, cuando el promedio para resolver este tipo de recursos es poco más de nueve meses, es decir, 282 días.

Para dimensionar este retraso: de las más de dos mil acciones de inconstitucionalidad que ha recibido y atendido históricamente la Corte, solo el 0.4% de ella han tomado más tiempo que el que ya acumulan las promovidas en contra de las leyes secundarias de la reforma a la Guardia Nacional.

En tanto, las controversias constitucionales también toman en promedio 352 días de resolución, es decir, poco menos de un año. Ese el caso de todos los recursos promovidos contra la militarización dicho promedio se superó desde junio sin que hasta la fecha haya alguna respuesta.

De acuerdo con el análisis de la organización es prácticamente imposible que los retrasos que se han presentado en todos los recursos que abordan el tema de la militarización de la seguridad sean resultado del “azar” o de la “casualidad”. Ello ya que, en promedio, los casos que se alargan solo son uno entre cada 100.

“La Corte tiene el poder de decidir cuando se resuelve un tema. La importancia de ver lo que ha sucedido antes es que nos permite afirmar que los tiempos que están tomando ahora son anormales dado. Nos parece que se está haciendo algún tipo de cálculo político y por eso es importante reiterar la importancia de que se respete la Constitución”, dice Estefanía Vela.

Urgente que Corte decida: expertos

Organizaciones civiles y especialistas en temas de seguridad consideran urgente que la SCJN agilice el trámite de los recursos promovidos relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, sobre todo ante la posibilidad de que la Guardia Nacional sea incorporada al Ejército como ha sugerido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el marco del foro “La Suprema Corte frente a la militarización” los expertos subrayaron que no adoptar una posición frente al creciente intervencionismo militar en la seguridad pública es una situación que impide explorar otras alternativas. Ello además del riesgo constante de violaciones a derechos humanos y a tratados internacionales que esta situación conlleva.

El investigador Luis Daniel Vázquez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dijo, por ejemplo, que mientras se ha apostado por un “acuerdo militarista” que extiende sin mayores limitantes y controles la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, se ha abandonado el diseño de una ruta de regreso de los militares a sus cuarteles así como el fortalecimiento de las policías.

“Estamos haciendo uso de las fuerzas militares como si fueran el último recurso y como si fueran incorruptibles y eso es falso. Los militares también se corrompen. Pero si esta es nuestra última frontera y no estamos construyendo los mecanismos civiles que nos permitan seguir avanzando en materia de seguridad pues este último recurso también se nos puede caer. El gran desafío en México es construir paz, pero en ningún sentido la paz se construye con militares en las calles” dice Vázquez.

El investigador recordó que quedan poco más de 900 días para que concluya el plazo de cinco años en que las fuerzas armadas pueden colaborar en temas de seguridad situación que exige comenzar a trabajar un plan de construcción de paz en lugar de una extensión de una estrategia que hasta ahora ha sido fallida.

Cristina Reyes, especialista de la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD), recordó que un juez de primera instancia ya reconoció que la presencia de los militares en las calles tal como está ahora viola la Constitución, pues no hay ni los controles civiles ni la fiscalización adecuada que exigen las convenciones internacionales que México está obligado a respetar. De ahí que el retraso de la Corte para resolver las impugnaciones sea tan delicado.

“Cada día que pasa sin que la Corte se pronuncie al respecto es un día más en que se violan los Derechos Humanos. Así de claro”, concluye Reyes.

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Por qué la transmisión de COVID entre quienes se han vacunado tres veces no causa alarma

La rápida propagación de la variante ómicron que ocurre particularmente entre poblaciones altamente vacunadas está creando dudas sobre la protección que pueden ofrecer las vacunas. No obstante, la inoculación sigue siendo la mejor opción contra covid.
8 de enero, 2022
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Cuando la variante ómicron surgió por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2021, hubo gran alarma ante la propagación exponencial de la infección. Esa fenomenal velocidad de propagación sobrepasa lo que hemos observado en variantes anteriores.

La tendencia se ha visto replicada en otras partes del mundo, incluyendo Reino Unido donde el número de infecciones se vio doblada cada dos días a comienzos de diciembre. Lo que aumentó la preocupación fue que esta rápida propagación estaba ocurriendo entre una población altamente vacunada (y por ende, en teoría, altamente inmune). ¿Estaría fallando la protección que nos daba la vacuna?

A simple vista, parecía que las vacunas no estaban funcionando. Pero eso depende de cómo se define la protección de una vacuna. Primero, ¿protege la vacuna contra la infección?

Actualmente hay amplia evidencia que muestra que las vacunas no son muy efectivas para evitar la infección de personas vacunadas o que propaguen la infección.

Eso estuvo gráficamente ilustrado por el evento súper propagador que tomó lugar en las Islas Feroe donde 21 de 33 trabajadores de la salud que estaban triple vacunados y asistieron una reunión privada se contagiaron de ómicron. Además, sucedió a pesar del hecho que varios se habían hecho una prueba PCR o de antígeno 36 horas antes del evento.

Algunos -especialmente los antivacuna- podrían tomar esto como prueba de que las vacunas no funcionan. Sin embargo, eso no es inesperado. Aún contra otras variantes, como delta, se sabe que las vacunas no ofrecen “inmunidad esterilizadora”, o sea, una prevención total de la infección.

Nadie ha afirmado que las vacunas de covid ofrecen inmunidad esterilizadora y que puede ser una meta alcanzable. En el mejor de los caos, ofrecen protección débil contra la infección. No obstante, esta protección débil podría ayudar a ralentizar la propagación de la infección.

La función de la tercera dosis

Lo que sí hacen las vacunas es proveer una protección excelente de otro tipo. Hasta ahora, las vacunas han demostrado que son muy buenas para prevenir la enfermedad severa. Esta protección es igualmente importante, si no más, porque mantienen a la mayoría de las personas infectadas lejos de los hospitales y de la muerte.

Contra la variante delta, la protección de las vacunas contra la enfermedad severa y muerte por covid fue más de 90% con relativamente poco decaimiento de protección a lo largo de por lo menos cinco meses después de dos dosis.

Cuando se descubrió ómicron por primera vez, hubo preocupación de que las mutaciones que produciría podrían permitirle eludir la protección de las vacunas. En efecto, los datos sugieren que dos dosis de las vacunas Pfizer o AstraZeneca ofrecían protección limitada contra ómicron.

Una anciana se prepara para recibir la cuarta dosis de la vacuna contra covid en Israel, 6 de enero de 2022

Getty Images
Es especialmente importante tener completamente vacunados a los más vulnerables.

Felizmente, esta protección de la vacuna fue restablecida rápidamente por la dosis de refuerzo, y por eso está la urgencia de “reforzar” a la población.

Esto es especialmente importante para lo que son más vulnerables, como los ancianos, que, comparados con la población en general, para empezar corren riesgos más altos de contraer covid severa. Una persona de 80 años de edad tiene un riesgo 300 veces más alto de contraer covid severa comparada a una adulta menor de 40 años.

También es vital no olvidar que mientras ómicron puede ser menos severa para los vacunados, sigue siendo una infección peligrosa para los no vacunados.

El hecho que la inmunidad esterilizadora contra covid no exista actualmente probablemente pone en duda si la “inmunidad de rebaño” pondrá fin a la pandemia.

Lo que se cree aquí es que si suficiente gente adquiere inmunidad y esta inmunidad bloquea la transmisión, el virus se irá muriendo pues habrá menos y menos gente que infectar.

Sistemas de salud bajo presión

Sin embargo, como lo ha demostrado ómicron, las reinfecciones pueden ocurrir aún entre las poblaciones altamente vacunadas como las de Reino Unido e Israel. Se informa que ómicron tiene una tasa más alta de reinfección que otras variantes, y cinco veces más comparada con delta.

Aunque las infecciones de ómicron parecen ser menos severas, su mayor riesgo de contagio significa que más personas se están infectando. Es más, Reino Unido está registrando sus niveles más altos de infección en los últimos dos años.

Dos enfermeras en Francia cuidan de una paciente con covid, 5 de enero de 2022

Getty Images
El gran número de pacientes con una enfermedad menos severa todavía puede ejercer mucha presión sobre los ya menguados servicios de salud.

Mientras que estos no se están traduciendo en niveles más altos de ingreso a la unidades de cuidado intensivo, el gran número de pacientes con una enfermedad menos severa todavía puede ejercer mucha presión sobre los ya menguados servicios de salud.

Además de eso, los más altos niveles de enfermedad entre el personal y más el que tiene que aislarse debido a la infección añaden más presión al sistema de cuidados de la salud.

Este problema no está limitado sólo al cuidado de salud sino a lo ancho y largo de la sociedad en general donde las altas cifras de infección pueden causar alteraciones significativas.

De manera que las vacunas no son la única solución. Otras medidas de protección, como las mascarillas, más pruebas y mejor ventilación, juegan un papel importante.

Las semanas venideras auguran ser un desafío a medida que la gente regresa al trabajo y las escuelas después de las vacaciones, lo que podría conducir a más infecciones.

Mejor que hace un año

Médico se prepara para aplicar una vacuna

Getty Images
Aún cuando la situación quede bajo control y la enfermedad sea más predecible, se requerirán inmunizaciones anuales, tal como se hace con la influenza.

Pero no todo el panorama es pesimista, y la situación actual es ciertamente mejor que hace un año. En muchos países de altos ingresos que tienen amplia cobertura de inmunización, la pandemia está gradualmente haciendo la transición hacia una situación endémica.

En ese momento, el virus todavía estará presente, pero la enfermedad será más predecible. Habrá niveles altos de la población con inmunidad ya sea por vacunación o infección natural que significarán menos hospitalizaciones y muertes relacionadas a la covid.

Se requerirán inmunizaciones anuales contra covid, particularmente de los más vulnerables, para mantener una protección de inmunidad para ellos. Pero todavía no hemos llegado a eso.

Los virus mutan todo el tiempo y probablemente otras variantes de covid surgirán en el futuro que puedan evadir la inmunidad y causar reinfecciones, como pasa con los coronavirus humanos comunes y la gripe de la influenza.

Aunque por suerte ómicron parece ser menos severa, permanece el riesgo del surgimiento de más variantes que puedan incluir una más severa. Las vacunas siguen siendo la mejor opción contra estas.

*Andrew Lee es profesor de Salud Pública de la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Su artículo original fue publicado en The Conversation cuya versión en inglés puedes leer aquí


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