El accidente del pasado 2 de julio en las inmediaciones de la plataforma KU-Charly, en el Golfo de México, de donde se extrae más de un tercio del petróleo que produce el país, dio la vuelta al mundo: un derrame de gas tras la fractura de un ducto 80 metros bajo el mar ocasionó un espectacular “ojo de fuego”.
Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal más grande del país, reportó que la fractura del ducto fue producto de una tormenta eléctrica intensa y que hidrocarburo, al migrar hacia la superficie marina, se incendió debido a las descargas eléctricas que cayeron en el mar. El incendio consumió todo el gas y la fuga fue reparada al sellarse con nitrógeno, señala el comunicado. La empresa aseguró, además, que ya está bajo control el incidente y el gobierno mexicano descartó algún daño permanente a los ecosistemas al haberse liquidado la totalidad del gas en unas cinco horas.
Sin embargo, científicos y ambientalistas aseguran que, por tratarse de una zona restringida por el gobierno mexicano, no han tenido acceso al lugar, por lo que no han podido corroborar que efectivamente no haya habido daños. Además, expertos apuntan a que determinar los impactos de un accidente como este en el mar es particularmente difícil debido a la dispersión de los contaminantes.
#Campeche El "ojo de fuego" se ubicó a 400 metros de la plataforma Ku-Charly, perteneciente al Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap
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— El Universal Estados (@Univ_Estados) July 2, 2021
En ese sentido, el investigador Héctor Reyes Bonilla, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), señala que es muy complicado tener certeza de las afectaciones a los ecosistemas, debido a que “los arrecifes están muy lejos; para cuando uno llega a ver qué pasó, el océano ya mezcló y diluyó todo”, dice. El experto sostiene que, por ejemplo, “los accidentes del Ixtoc (1979) o del Deepwater Horizon (2010), en el mismo Golfo de México, fueron miles de veces mayores, y aun así costó trabajo encontrar afectaciones ecológicas a largo plazo”.
Lo que sí se sabe es que el evento generó una masiva emisión de contaminantes a la atmósfera. “Los datos de Copernicus (una plataforma virtual de observación a partir de imágenes satelitales utilizada por investigadores) indican una elevación monstruosa de NO2 [dióxido de nitrógeno] que se extendió hacia todos los estados costeros de esa región del país”, agrega Reyes Bonilla, lo que, según el experto, representa un serio problema de salud pública que se invisibiliza al tener efectos crónicos y no agudos.
Unas 25 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al gobierno que investigue y sancione los hechos que dieron lugar al incendio y que se elabore un estudio detallado de los impactos, así como un plan de reparación del daño.
“El valor de los arrecifes en la Sonda de Campeche, donde ocurrió el accidente, es muy grande, conecta a otros arrecifes del golfo y del mar Caribe, por eso hay que hacer evaluaciones y revisar el efecto de los posibles impactos”, dice Lorenzo Álvarez Filip, investigador de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La opacidad de la información
La doctora en derecho ambiental por la Universidad de Guadalajara, Carla Aceves Ávila, señaló que “llama la atención el escaso rigor técnico con que se ha tratado esta emergencia, y el evidente desaseo al evitar dar una explicación general de lo ocurrido”. Además, agrega que “la ambigüedad que se ha observado en las muy escasas declaraciones de las autoridades responsables evidencia una gran opacidad y hermetismo incompatibles con la transparencia y rendición de cuentas”.
Pero la falta de información preocupa a la comunidad científica y a los ambientalistas no solo respecto del accidente el pasado 2 de julio, sino sobre la posible frecuencia con que pueden estar ocurriendo incidentes “menores” con un alto potencial de daños crónicos para las poblaciones de más de 5 mil especies marinas que habitan el área.
El investigador Lorenzo Álvarez Filip recuerda que en octubre de 2019 se registró otro incidente, “menos espectacular, que no llenó los periódicos, pero que a diferencia de éste último, fue derrame de petróleo crudo y esos miles de litros afectaron al Cayo Arcas”, dice. “Petróleos Mexicanos demoró cinco meses en reconocerlo públicamente”, asegura el experto. “El punto es que esto fue muy impresionante y dio la vuelta al mundo, pero el estrés crónico de incidentes menores puede ser más dañino, menos espectacular, pero a la larga hacer más daño y es de lo que no hay información puntual”, añade.
“Es evidente el riesgo que las instalaciones petroleras y su escaso mantenimiento implican para el medio ambiente y para la seguridad de las personas”, difundió Greenpeace México. Sin embargo, de acuerdo a un informe elaborado por la organización civil Cartocracia, dedicada a promover la transparencia y el acceso público a la información socioambiental georreferenciada, “en México no se realizan mediciones directas de emisiones en el sector de hidrocarburos, no se tiene un sistema de inspección y vigilancia eficiente, y no se puede constatar que las instalaciones del sector se encuentren en un estado adecuado”.
Por lo mismo, Álvarez destaca la relevancia de que Pemex no solo permita la total transparencia sobre esta clase de incidentes, sino que informe a la sociedad sobre los recursos que destina al mantenimiento de su infraestructura. Álvarez coincide con Reyes Bonilla en que “debe haber monitoreo sistemático, estratégico y abierto”, aunque agrega que “posiblemente haya datos, pero no necesariamente se abren al público, y eso debe ser fundamental”.
Organizaciones exigen el cumplimiento de los compromisos
El activista Rodrigo Navarro, miembro de la Fundación Ocean Futures Society, presidida por Jean-Michel Cousteau, asegura que mantener una apuesta fuerte por los combustibles fósiles y buscarlos cada vez más en lo profundo del mar, traerá consecuencias negativas al patrimonio natural del país. “Cada vez es más común hacer exploraciones de petróleo en ductos muy profundos […] el problema es que al ser tan profundos, cualquier mal tiempo, que ahora también son más comunes, puede ocasionar daños en la infraestructura y fugas con altísima probabilidad de incendiarse”, dice Navarro.
Y no solo eso, agrega el experto, sino que la posibilidad de que se derramen miles de litros de crudo produciría “la muerte de toda la cadena alimenticia en muchos kilómetros cuadrados a la redonda”, asegura.
Por otra parte, el activista repara en que “la exploración petrolera en mar profundo es un sinsentido en esta época en que se trata de no vivir de los combustibles fósiles”. Sobre todo en un país que en 2019 se ubicaba en el cuarto nivel mundial en emisiones de dióxido de azufre, según un análisis de Greenpeace realizado a partir de datos rastreados por la NASA.
El pasado 5 de julio, 25 organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de México, encabezadas por la Alianza Mexicana contra el Fracking, señalaron en un comunicado conjunto a la opinión pública que el complejo Ku-Maloob-Zaap, donde ocurrió el accidente, aporta alrededor de 40% de los 1,68 millones de barriles diarios de crudo que produce Pemex.
Las organizaciones señalaron que, de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, cada barril de petróleo extraído emite cerca de 235.7 kilogramos de dióxido de carbono (CO2), “por lo que este complejo emite cada día 158 390 toneladas de CO2 a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global”. De hecho, en 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero de la petrolera aumentaron 12.5%, según un reporte de la misma paraestatal.
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