Aplican de manera forzosa polígrafo a trabajadores del Tribunal Electoral
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Aplican de manera forzosa polígrafo a trabajadores administrativos del Tribunal Electoral

Animal Político constató que, con base en presiones y amenazas, las pruebas poligráficas han sido aplicadas de manera forzosa (y no “voluntaria”) a empleados adscritos a otras direcciones administrativas, y que varios de ellos han dejado de laborar en la institución tras los exámenes, sin conocer los resultados.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
28 de julio, 2021
Comparte

Durante la gestión del magistrado José Luis Vargas Valdez como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), funcionarios de áreas administrativas y de seguridad han sido sometidos a pruebas de polígrafo, un tipo de examen que supuestamente permite detectar mentiras y cuyo uso institucional ha sido cuestionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Animal Político accedió a una solicitud de información que confirma que el Tribunal Electoral contrató este año a la empresa Grupo Alternativo en Confianza S.C. para aplicar las pruebas a los funcionarios.

Aunque el propio TEPJF aseguró que el polígrafo se aplica exclusivamente a trabajadores de la dirección de Protección Institucional con fines de evaluación, testimonios recabados dan cuenta de que hubo empleados puntualmente seleccionados para ser sometidos a los exámenes, especialmente cuando ha habido fugas de información de áreas administrativas. Este medio contactó a un extrabajador del TEPJF que laboró más de una década en una dirección administrativa de la Sala Superior y fue removido en mayo tras la realización de la prueba, de la que él nunca conoció el resultado.

“Yo nunca había visto que se aplicara la prueba del polígrafo al personal administrativo, jamás; no sé si sea alguna justificación para que nos pidan la renuncia y dejarnos sin empleo”, señala el extrabajador, quien pidió que se reservara su identidad por temor a que su denuncia obstaculice su búsqueda de un nuevo empleo.

“La parte delicada es que de un día a otro te quedas sin trabajo, te vas sin ninguna liquidación, y en esta situación en la que se encuentra el país, de COVID, de desempleo, de crisis, nos dejan vulnerables a muchas personas. Me afectó mucho, estoy buscando trabajo y no lo encuentro, yo tengo a cargo una familia que sostener; desde mayo no cobro, estoy en una situación difícil”.

En la solicitud de información 0310000015621, el TEPJF refirió que el contrato con Grupo Alternativo en Confianza S.C. está vigente desde abril de este año y hasta el 31 de diciembre; el importe del contrato es de mínimo 41 mil 760 pesos y máximo 194 mil 880 pesos. El costo unitario de cada prueba es de 2 mil 400 pesos.

Este medio envió una solicitud de réplica al Tribunal Electoral para conocer por qué se decidió implementar este tipo de examen en la institución, cuál es el criterio para enviar a un trabajador a la prueba y si el resultado es decisivo para que conserven su empleo.

En su respuesta, el órgano jurisdiccional precisó que, hasta el pasado 26 de julio, 13 funcionarios adscritos a la Dirección de Protección Institucional han sido sometidos al examen de polígrafo “de manera voluntaria y con pleno respeto a sus derechos humanos”. 

Defendió que dicha dirección está encargada de garantizar el funcionamiento de los sistemas de seguridad y vigilancia para la custodia y salvaguarda del personal y de los bienes de la institución, conforme el Reglamento interno del TEPJF.

El tribunal aseguró que esa área puede implementar “cualquier mecanismo” de control de confianza de los trabajadores adscritos a ella; agregó que no existe un criterio para enviar a un funcionario al examen, y que el resultado del mismo no condiciona la permanencia en el puesto de trabajo.

“En términos de las disposiciones transcritas, el instrumento de evaluación que señala lo implementó la Dirección General de Protección Institucional, en el marco y ejercicio de sus atribuciones, para que su personal cuente con óptimos niveles de confiabilidad. En el entendido que la normativa aplicable no prevé algún criterio para enviar a los trabajadores a las pruebas, ni establece que el resultado sea decisivo para conservar el empleo”, informó el TEPJF.

Sin embargo, Animal Político constató que, con base en presiones y amenazas, las pruebas poligráficas han sido aplicadas de manera forzosa —y no “voluntaria”— a empleados adscritos a otras direcciones administrativas (no solo a la de Protección Institucional), y que varios de ellos han dejado de laborar en la institución tras los exámenes, sin haber tenido la oportunidad de conocer los resultados de las pruebas.

“Me preguntaron si en mi familia había delincuentes”

El magistrado Vargas Valdez, quien fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 2007 a 2010, ha reforzado las medidas de seguridad y vigilancia en el Tribunal Electoral desde que asumió como presidente de la Sala Superior.

De hecho, el ahora director de Protección Institucional, Otoniel López Treviño, trabajó también varios años en el Cisen. Fue designado director de dicha área durante la presidencia de Felipe Fuentes y por recomendación del propio Vargas, de acuerdo con fuentes de la Sala Superior.

Vargas impulsó recientemente en la Comisión de Administración del TEPJF un proyecto para invertir 13 millones de pesos en cámaras de videovigilancia, y otro para arrendar 15 camionetas blindadas para uso de magistrados de Salas Regionales con una inversión de 12.7 millones de pesos. Los proyectos no fueron aprobados.

No es la primera vez que Vargas intenta erogar recursos públicos para la adquisición o alquiler de vehículos blindados. Animal Político dio a conocer el año pasado que el magistrado protagonizó un enfrentamiento con consejeros de la Judicatura Federal luego de que estos se opusieron a la compra de camionetas blindadas, y los responsabilizó si él o cualquier integrante de la Sala Superior sufría un atentado que pusiera en riesgo su vida.

Ahora que es presidente del TEPJF, Vargas impuso la aplicación de la prueba de polígrafo para indagar fugas de información, en lo que funcionarios del tribunal han calificado como una “cacería de brujas”.

Tras más de una década de servicio en la Sala Superior, Carlos (nombre ficticio) fue obligado a someterse al test, luego del cual fue removido de la institución.

“Hubo alguna fuga de información en ese entonces, fue a finales del año pasado, y al ser yo personal de confianza que tenía acceso a esa información, la Secretaría Administrativa me indicó que, por instrucciones del magistrado (Vargas), tenía yo que aplicarme la prueba del polígrafo, y me fui a hacer la prueba de inmediato”, relata el extrabajador en entrevista.

“Me dieron la ubicación de unas instalaciones de una empresa privada, Grupo Alternativo en Confianza. Dijeron que era algo muy rápido, que eran preguntas muy sencillas, y que en función de esas preguntas se determinaba si yo continuaba trabajando en el Tribunal Electoral. Me hacen el examen, yo no vi el resultado, no me lo quisieron proporcionar en esa empresa, incluso después quise ver si yo podía tener acceso a esa información, pero me dijeron que no, que era exclusivamente para el personal que la había requerido, no me dieron la información, nunca la vi; aparentemente no había salido tan bien en la prueba que me aplicaron del polígrafo”.

Carlos detalla que en el examen, que le aplicó una empleada de Grupo Alternativo de Confianza y que tuvo una hora de duración, le preguntaron si en su familia había delincuentes o personas que consumían drogas, lo que, cuenta, le pareció ofensivo.

“Me atendió una chica; primero sin ponerme el aparato me hizo algunas preguntas frente a frente, me preguntó que si mis familiares eran delincuentes, que si yo era delincuente, que si había drogas en mi familia, etcétera; una vez que pasó eso me pusieron el aparato y me empezaron a hacer preguntas meramente de trabajo, que si alguna vez había proporcionado información confidencial a otras personas, yo contesté obviamente que no, eran alrededor de 11 preguntas”, describe.

“Yo llevaba 11 años trabajando en la institución, nunca había tenido un problema así, de hecho, cuando me dijeron que fuera a hacer esa prueba, la verdad, me sentí ofendido, me dio mucho coraje, porque soy una persona institucional, ya llevaba tantos años trabajando ahí, fue por mis propios méritos, nunca he tenido ningún problema en mi trabajo, con nadie, me desempeñé en varias áreas, y en todas fueron por promociones, y ahora vienen y me piden la renuncia sin alguna justificación”.

Carlos sostiene que, en más de una década de trabajo en el TEPJF, nunca había visto que los trabajadores de áreas administrativas fueran sometidos a exámenes de polígrafo.

“Jamás se había aplicado (esa prueba); cuando yo ingresé al Tribunal Electoral estaba otra administración, no había visto jamás eso en los 11 años que llevaba trabajando ahí; sí me parece algo frustrante para nosotros, porque somos gente que nos dedicamos al trabajo y que estamos ahí por méritos propios, que de un momento a otro, no sé si cuestiones políticas o por un interés propio de algún magistrado, nos veamos perjudicados y nos quedemos sin trabajo”, lamenta.

El exempleado afirma que, tras hacer la prueba, le comunicaron que el magistrado Vargas requería su renuncia, misma que él decidió presentar “para evitar problemas”. Esto significa que Carlos no fue despedido conforme a la ley, pues pareció que él renunció voluntariamente a su trabajo.

Polígrafo viola derechos y dignidad de las personas: CNDH

El examen poligráfico es una prueba cuya confiabilidad ha sido cuestionada en el mundo y también en México.

En 2004, la CNDH emitió la Recomendación General No. 6 dirigida a gobernadores, procuradores generales de justicia, secretarios de estado y encargados de órganos de justicia militar, en la que señaló que la prueba poligráfica iba en aumento en procesos de selección y evaluación de servidores públicos, así como en investigaciones de responsabilidad administrativa y averiguaciones previas, sin que su uso tuviera reconocimiento en el sistema jurídico mexicano y sin que existiera regulación respecto de la manera en que el examen es practicado, el destino de sus resultados y el periodo en que la información debía ser resguardada.

La comisión argumentó que tanto la Oficina de Evaluación de Tecnología del Gobierno de Estados Unidos como la Academia Nacional de Ciencias de EUA han señalado que no se debe confiar en el examen poligráfico y en sus resultados para la detección de mentiras, pues presenta altos márgenes de error que afectan su validez.

“Por ello, ante la falta de regulación, tal como se ha demostrado a través de la experiencia, la aplicación del examen poligráfico y del uso de sus resultados, se ha dado en circunstancias que vulneran los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los individuos que se someten a este examen, así como a la integridad psíquica, a la intimidad y a la dignidad humana”, afirmó la CNDH en su recomendación.

“Llama la atención y preocupa a esta Comisión Nacional el hecho de que las personas sujetas a este examen, durante la práctica del mismo por parte del personal encargado de aplicarlo, son objeto de un procedimiento no previsto en la ley y que resulta contrario al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al someterlos a interrogatorios que buscan conocer aspectos de la vida íntima; es decir, se formulan preguntas referentes a su vida privada, incluso en el ámbito sexual; resalta también que los encargados de aplicar el examen poligráfico los intimidan con preguntas insidiosas y amenazantes, al extremo de que en algunos casos se les solicita autoinculparse o culpar a otras personas por la conducta que se investiga”.

La CNDH detectó casos de personas que, a fin de ingresar o conservar su trabajo en la función pública, fueron obligadas o presionadas para firmar un consentimiento de someterse al examen de polígrafo; también conoció de casos en los que los trabajadores eran obligados a renunciar con base en supuestos resultados negativos de la prueba, sin que dichos resultados se hicieran del conocimiento de las personas agraviadas.

La comisión advirtió que en la prueba poligráfica se hacen preguntas insidiosas y tendenciosas y bajo presión psicológica, y que los exámenes son aplicados por supuestos técnicos o profesionales que permanecen en el anonimato.

“La práctica del examen poligráfico resulta una agresión al derecho a la intimidad de las personas, y es inadmisible que dentro de un procedimiento administrativo de responsabilidad o de una averiguación previa, en un proceso de selección de personal o en una evaluación periódica a servidores públicos, deban renunciar a su derecho a la intimidad y permitir que terceros conozcan su vida intima. La posición de desventaja que ocupa el trabajador frente a su superior en un procedimiento administrativo, el solicitante de un empleo o el probable responsable, requiere, para que la renuncia a ese derecho opere, que la manifestación de voluntad sea libre, patente, específica e inequívoca”, expuso la CNDH.

“En efecto, la persona que se somete al examen poligráfico, ya sea en los procesos de selección, en evaluaciones periódicas, en investigaciones de responsabilidad administrativa o en averiguaciones previas, por lo general sufre de una presión psicológica derivada de amenazas tales como la pérdida del empleo u obtención de éste, interrogatorios prolongados, preguntas insidiosas, incluso sobre cuestiones relativas a su vida íntima, las que por sí mismas son formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona, y de su derecho a la dignidad humana”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Afganistán: qué ocurre ahora con la economía del país tras la llegada de los talibanes (y cuál puede ser el papel de China)

Ahora que los talibanes tienen de nuevo el control del país, ¿puede funcionar su sistema financiero?
18 de agosto, 2021
Comparte

La economía de Afganistán está “moldeada por la fragilidad y la dependencia de la ayuda internacional”.

Este es el problemático panorama económico que describió el Banco Mundial muchos meses antes de que los talibanes se hicieran otra vez con el control del país, algo que se concretó este fin de semana.

Y con la situación actual, las perspectivas económicas son mucho más precarias, con una nube de incertidumbre que se cierne sobre la asistencia financiera que le llega a este país.

Por una parte, Afganistán tiene recursos minerales, pero la crisis política ha impedido su explotación.

Entiende mejor: Afganistán: cómo surgió el Talibán y otras 5 preguntas clave sobre el grupo islamista

La dependencia económica es llamativa. En 2019, el Banco Mundial mostró que la ayuda para el desarrollo representaba el 22% del ingreso general nacional (que no es lo mismo que el PIB, pero sí muy parecido).

Esta es una cifra muy alta, pero es mucho menor que la de unos 10 años atrás, cuando llegaba al 49%.

Ahora esas ayudas están bajo un manto de duda. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Heike Maas, le dijo a las cadenas de su país que “no le vamos a dar otro centavo si los talibanes toman el control del país y reintroducen la ley sharia”.

Otros países que son proveedores de ayuda van a estar mirando la situación muy de cerca.

El mal de la corrupción

La fragilidad a la que se refiere el Banco Mundial se ilustra con los altos gastos en defensa y seguridad antes de que los talibanes retomaran el control: Afganistán dedica el 29% del PIB a estos gastos, una cifra muy superior al 3% promedio que tienen los países de bajos ingresos.

Además de la seguridad y los serios problemas de corrupción, detrás hay otro aspecto crítico persistente en Afganistán: la poca inversión extranjera que hay en el país.

De acuerdo con Naciones Unidas, en los últimos años no se han hecho anuncios sobre nuevas inversiones, por parte de capitales extranjeros iniciando nuevos negocios.

Desde 2014 solo se han contado cuatro inversiones de este tipo.

Pastor de ovejas en Afganistán.

Getty Images
Cerca del 60% del ingreso promedio de los hogares en Afganistán dependen de la agricultura y el campo.

Solo para comparar con dos países del sur de Asia con poblaciones parecidas, en Nepal el número de nuevos negocios con inversión extranjera es 10 veces superior al logrado por Afganistán, y Sri Lanka multiplica por unas 50 veces esa cifra en ese mismo período.

El Banco Mundial describe el sector privado afgano como “estrecho”. El empleo está concentrado en una producción agrícola limitada: el 60% de los ingresos de los hogares en Afganistán vienen de este rubro.

A esto se suma que en el país funciona una enorme economía informal e ilegal. Por ejemplo, hay minería ilegal y, por supuesto, la muy conocida producción de opio y su contrabando asociado.

El tráfico de drogas también es una fuente de financiamiento para los talibanes.

Riqueza mineral

Dicho todo esto, la economía afgana ha crecido desde la invasión en 2001.

Aunque las cifras económicas de Afganistán no son del todo confiables, lo que estas muestran, de acuerdo con el Banco Mundial, es un crecimiento promedio anual del 9% desde 2003 hasta 2013.

Después de ese año, los números del crecimiento caen un poco (que coinciden con la reducciòn de los niveles de ayuda) a un promedio de 2,5% desde 2015 hasta 2020.

Amapolas

EPA
El tráfico de drogas ha sido una importante fuente de ingresos para los talibanes.

Ahora, el país cuenta con abundantes recursos naturales y, en la medida en que mejore la seguridad y reduzca la corrupción, puede ser atractivo para los negocios internacionales.

Se pueden encontrar grandes cantidades disponibles de cobre, cobalto, carbón y hierro. También hay yacimientos de gas y petróleo.

Un material particular destaca sobre otros: el litio, que tiene una alta demanda para la producción de baterías para celulares y vehículos eléctricos.

Y va a ser fundamental para la industria automotriz en su transición hacia un modelo de “emisión cero” de gases contaminantes.

De vuelta en 2010, un general estadounidense le dijo al New York Times que el potencial minero de Afganistán era impresionante. Eso sí, como muchas salvedades.

El diario también reportó que el departamento de Defensa de EE.UU. había dicho en un informe que el país podía convertirse en la “Arabia Saudita del litio”.

Pero a pesar ello, este potencial no está ni cerca de ser explotado. Ni los afganos están cerca de percibir algún beneficio por ello.

Poderes extranjeros

Se han presentado muchos informes que revelan la voluntad de China de tomar parte. El gigante asiático parece tener mejores relaciones con los talibanes que las potencias occidentales, por lo que puede tener una ventaja si el nuevo régimen se mantiene en el poder.

Ahora, lo cierto es que las empresas chinas obtuvieron contratos para desarrollar operaciones de cobre y petróleo, pero no pasó mucho.

Es de esperar que China esté interesada. Las oportunidades están allí y los dos países comparten un corto segmento de frontera.

Pero cualquier empeño chino, ya sea oficial o empresarial, va a necesitar cierta certeza de que tendrá éxito.

Y los chinos se mostrarán reacios a comprometerse a menos que sientan que los problemas de seguridad y corrupción están lo suficientemente resueltos -o al menos, contenidos- como para permitirles extraer cantidades valiosas de estos productos de uso industrial.

Mineros en Afganistàn.

Getty Images
Afganistán posee un gran potencial de explotación de minerales.

Una pregunta clave para cualquier inversionista potencial, de China o de cualquier otro lugar, será si es probable que los talibanes serán más capaces de crear el tipo de entorno que necesita el negocio de lo que lo fue el anterior gobierno afgano.

Otro factor que puede afectar la economía es el empleo de las mujeres. En la última década, el porcentaje de la población femenina de más de 15 años con empleo ha aumentado drásticamente, aunque en 2019 era del 22%, todavía bajo los estándares internacionales.

Bajo control de los talibanes, es probable que este cambio se revierta, lo que podría dañar aún más las perspectivas económicas.

En el futuro inmediato, también existe una gran incertidumbre sobre la estabilidad financiera. En estos días se han visto largas filas de personas que intentan sacar su dinero de los bancos.

El Afghan Islamic Press, con sede en Pakistán, informó que un portavoz talibán ofreció garantías a los propietarios de bancos, cambistas, comerciantes y tenderos de que sus vidas y propiedades estarán protegidas.

Que incluso haya dudas sobre la seguridad física de los operadores financieros es impactante.

Necesitan tener confianza para que funcione el sistema financiero de Afganistán. Pero también se necesita que los clientes sientan que su dinero está seguro y eso seguramente no sucederá pronto.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Ukb6MjvW83Q

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.