En pandemia aumentó 77% la población sin acceso a servicios de salud
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En pandemia aumentó 77% la población sin acceso a servicios de salud; sobre todo los más pobres

Mientras en 2018 hubo 20 millones de personas que no estaban afiliadas a un sistema de salud, para 2020 la cifra ascendió a 35 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Cuartoscuro
6 de agosto, 2021
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En 2017, Vilma Ruth Saavedra, de 52 años, tenía fuertes dolores de cabeza, mareos y cansancio. Trabajaba como cuidadora en un asilo privado y no tenía seguridad social. Aunque acudía a centros de salud de su comunidad en Oaxaca, no le daban un diagnóstico preciso. 

Se afilió al Seguro Popular para buscar más opciones médicas porque los dolores eran tan intensos que incluso le impidieron seguir trabajando. Fue así como la canalizaron al Hospital Regional de Especialidades de Oaxaca, y de ahí, la enviaron al Hospital de Cardiología Ignacio Chávez. 

El caso era de urgencia, tenía un tumor en el corazón y fue recibida inmediatamente. En tres meses tuvo 17 operaciones, con procesos tan complicados que los médicos le daban esperanza de vida de 1%, pero lo resistió todo. 

El costo de su estancia en el hospital ascendió a un millón 500 mil pesos y la familia debía pagar 150 mil. El Seguro Popular funcionaba como una póliza de seguro de gastos médicos, donde el hospital absorbía todos los gastos de un tratamiento y después se le rembolsaba con recursos públicos y el paciente, dependiendo sus posibilidades, también pagaba una parte. 

En su caso, solo por la colocación de un marcapasos eran 45 mil pesos, pero después de demostrar su situación socioeconómica, incluso sin trabajo, al final pagó 80 mil pesos, que logró juntar gracias a la cooperación de toda la familia. 

El Seguro Popular desapareció pero, dada la gravedad de su padecimiento, aún tiene seguimiento en el Hospital de Cardiología, aunque los chequeos cotidianos los hace con un cardiólogo particular gracias a la cooperación de sus hijos. También gasta 1,500 pesos mensuales en medicamentos genéricos. 

Leer más | Salud fortalece al INSABI, le darían en 2021 casi 1000% más para medicinas y personal de salud

Su situación, al quedarse sin afiliación a algún servicio de salud, es similar a lo que han pasado millones de personas en los últimos dos años, pues en plena pandemia de COVID aumentó en 77% el número de personas que carecieron del acceso a servicios médicos. 

Mientras en 2018 hubo 20 millones de personas que no estaban afiliadas a un sistema de salud, para 2020 la cifra ascendió a 35 millones de personas, de acuerdo con las estimaciones de pobreza multidimensional 2018-2010 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).   

En este periodo desapareció el Seguro Popular, una estrategia de afiliación a servicios de salud creada en 2003 y que operó hasta 2019 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sería sustituido por Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con el que aseguraría acceso a servicios de salud para todos los mexicanos, es decir, cobertura universal. 

El reporte del Coneval demostró que dicha decisión tuvo impacto, pues al analizar a las instituciones que proveen servicios de salud, la reducción de la población afiliada al Seguro Popular o que reportó tener derecho a los servicios del INSABI en zonas rurales fue de 20.4 puntos porcentuales al pasar de 69.3% a 48.9% de la población. En contraste, en las zonas urbanas pasó de 33.3% a 20.3% de la población, lo que representó una reducción de 13 puntos porcentuales. 

“Entre los factores que explican la diferencia en el incremento, por ámbito de residencia, se encuentra el grado de dependencia al Seguro Popular, en 2018: de las personas con acceso a los servicios de salud en las zonas rurales, 8 de cada 10 personas contaban únicamente con Seguro Popular; en contraste, en las zonas urbanas donde esta proporción fue de 4 de cada 10. De esta manera, la población rural se encontraba en una posición más vulnerable ante la desaparición del Seguro Popular”, refiere el informe.

Respecto a la afiliación al IMSS por medio de la prestación laboral, se observa que el porcentaje de la población ocupada sin acceso directo a servicios de salud pasó de 64.5% a 63.7%, entre 2018 y 2020, “lo que indica que la población ocupada sin acceso directo a los servicios de salud no contribuyó al aumento de la carencia por acceso a los servicios de salud en este periodo”. En tanto, en el resto de instituciones de salud como Pemex, ISSSTE, no hubo variaciones. 

Esto demuestra que se están “exacerbando las desigualdades de salud preexistentes en el país y es más grave que haya ocurrido justamente en la pandemia”, explica Juan Pablo Gutiérrez, académico del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, de la Facultad de Medicina de la UNAM en entrevista con Animal Político

Hasta 2018, el Seguro Popular había afiliado a 42% de la población y aunque en el decreto de creación del INSABI se estableció que los beneficiarios continuarían en la nueva institución, no fue así, pues para 2020 el INSABI registró una afiliación de 26.9%, una disminución de 16 puntos porcentuales. 

Si bien el Seguro Popular fue criticado durante los tres sexenios en que operó, debido a la deficiente calidad de los servicios, la promesa incumplida de cobertura universal, la existencia de actos de corrupción y hospitales a medio construir, la estrategia significaba una posibilidad de conseguir algún servicio de salud, como en el caso de Vilma y de otras personas que pudieron enfrentar padecimientos como cáncer, que de otra manera hubiese sido incosteable para ellas.  

La universalidad que no ha llegado

La disminución de afiliación es “una gravísima caída”, afirma Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, sobre todo porque la reforma en salud de este sexenio que prometió universalidad, en realidad “lo que produjo fue carencia”. Si lo prometido con el INSABI se hubiera cumplido “este indicador estaría en cero”, o sea, nadie tendría carencia de acceso a servicios de salud.

El gran reto, explica, es encontrar la forma de realmente alcanzar la cobertura universal “y no solo por discurso”, sino como un derecho humano, porque en este momento ningún hospital recibe a todas las personas y no porque no quieran, sino porque no tienen suficientes doctores, camas, medicinas. Por eso, la universalidad debe pasar por incrementos presupuestales, explica Gómez Hermosillo. 

La carencia de acceso a servicios de salud ocurrió en todo el país, pero las entidades con mayor aumento fueron Oaxaca, que pasó de 16.3% personas sin afiliación a un sistema de salud en 2018 a 36.9% en 2020; Guerrero, que pasó de 13.8% a 33.5%; y Chiapas (17.6% a 37.1%), mientras que las entidades que mostraron el menor aumento fueron Chihuahua (11.3% a 17.1%); Sinaloa (13.2% a 19.6%);  y Baja California Sur (10.7% a 17.4%).  

Al analizar los datos por residencia, quienes viven en ámbito rural también fueron los más afectados, ya que el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 13.7% a 30.5% entre 2018 y 2020; mientras que en el ámbito urbano pasó de 17.0% a 27.4% en el mismo periodo.

Esto nos coloca en niveles de acceso de 2008, toda vez que esta carencia era una de las que “llevaba comportamiento a la baja entre todas las carencias”, aunque en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un freno en la afiliación, llegar a estos niveles en 2020 “es extremadamente inquietante” porque lo que mide este indicador es la percepción de seguridad social, y la gente dejó de ver esto como un derecho, explica Gutiérrez, académico de la UNAM. 

Por otro lado, si bien se identifica una mayor reducción en la población afiliada al Seguro Popular o que reportó tener derecho al INSABI en las zonas rurales, además del reconocimiento al acceso a los servicios de salud, existen diferencias de accesibilidad a estos servicios entre la población rural y la urbana. Por ejemplo, 16.3% de la población rural le tomó dos o más horas trasladarse a un hospital en 2020; mientras que esto ocurrió solo para el 3.2% de la población urbana.

El informe también reveló que en 2020 hubo un incremento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza en México, en comparación con 2018, con lo que aumentó del 41.9% al 43.9% el total de la población en esta condición.

Mientras que hace tres años había 51.9 millones de personas en pobreza, el año pasado sumaron 55.7 millones, señaló el Coneval en el informe de las Estimaciones de Pobreza Multidimensional 2018 y 2020.

El porcentaje de población en situación de pobreza extrema también aumentó de 7% a 8.5%, lo cual significó un aumento de 8.7 a 10.8 millones de personas en dos años; o sea, 2.1 millones más.

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¿A qué se han comprometido los países de América Latina en la cumbre sobre cambio climático?

Acabar con la deforestación y depender menos del metano y del carbón fueron algunas de las propuestas de la COP26 en Escocia, pero ¿qué países de la región firmaron los acuerdos al respecto?
10 de noviembre, 2021
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El cambio climático se está intensificando y ahora amenaza todos los aspectos de la vida humana.

De no controlarse, la humanidad se enfrenta a sequías cada vez más graves y un mayor aumento del nivel del mar, lo que conllevaría a la extinción masiva de especies: sería una catástrofe.

También aumentaría la frecuencia de inundaciones, olas de calor, huracanes e incendios forestales.

Para controlarlo, líderes de todo el mundo se encuentran reunidos desde el 1 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Reino Unido, donde se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26.

La cumbre ya ha rendido frutos y generado varios acuerdos, pero no todos los países asistentes los respaldan.

Aquí te ofrecemos un resumen de los compromisos más importantes que se han logrado y de los países que se adhirieron, con un foco en América Latina.

Acabar con la deforestación para 2030

Más de 130 líderes mundiales prometieron la semana pasada ponerle fin y revertir la deforestación para 2030. Fue el primer gran acuerdo logrado en la cumbre climática COP26.

Brasil, donde grandes partes de la selva amazónica ya han sido taladas, fue uno de los signatarios. Canadá, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia también respaldaron la iniciativa.

Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Getty Images
Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Dentro de los países latinoamericanos que firmaron este acuerdo se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana y Uruguay.

Para lograr la meta se utilizarán alrededor de US$19.200 millones de fondos públicos y privados.

Simon Lewis, experto en clima y bosques de la University College London, le dijo a la BBC que es una buena noticia que tantos países se comprometan a ponerle fin a la deforestación y que se cuente con una “financiación significativa para seguir adelante en ese viaje”.

Pero recordó que el mundo “ha estado aquí antes”, haciendo alusión a una declaración voluntaria similar que fue firmada por 40 países en 2014 en Nueva York y que “no logró frenar la deforestación en absoluto”.

Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido y anfitrión de cumbre mundial en Glasgow, calificó de “histórico” este nuevo compromiso firmado por más de 130 países.

La tala de árboles contribuye al cambio climático porque agota los bosques que absorben grandes cantidades de CO2.

Menos metano

El metano es uno de los gases de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático y es responsable de un tercio del calentamiento actual de la Tierra.

Metano.

Getty Images
Argentina, Chile y México son tres de los más de diez países latinoamericanos que se comprometieron a reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030.

Decenas de países se han sumado a una iniciativa liderada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) que busca reducir las emisiones de este gas en al menos un 30% para 2030, en comparación con los niveles de 2020.

En el marco de la COP26 casi 100 países suplementarios se sumaron al compromiso.

La lista ahora incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

China, Rusia e India, tres de los principales emisores de metano en el mundo, se abstuvieron de adherirse al plan.

Alrededor del 40% de las emisiones de metano provienen de fuentes naturales como los humedales, pero la mayor parte ahora proviene de una variedad de actividades humanas, que van desde la agricultura, como la producción de ganado y arroz, hasta el uso de gas natural y los vertederos de basura.

Desde 2008 ha habido un gran aumento en las emisiones de metano, que algunos investigadores vinculan al auge de la fracturación hidráulica en algunas partes de EE.UU.

Carbón

Más de 40 países se comprometieron a acelerar la transición energética y reducir el uso del carbón, el mayor contribuyente al cambio climático.

El compromiso incluye poner fin a todas las inversiones que consideren abrir nuevas centrales eléctricas que utilicen carbón, además de impulsar el desarrollo de “energías limpias“.

Planta de carbón en China.

Getty Images
Alrededor del 37% de la electricidad mundial se produjo con carbón en 2019.

Los firmantes estipulan eliminar gradualmente el uso de este contaminante hacia la década de 2030 para las principales economías y la década de 2040 para las naciones más pobres.

“El fin del carbón está a la vista”, aseguró el ministro británico de Energía y Negocios, Kwasi Kwarteng.

“El mundo se está moviendo en la dirección correcta, está listo para sellar el destino del carbón y abrazar los beneficios ambientales y económicos de construir un futuro impulsado por la energía limpia”, añadió.

Grandes consumidores de carbón como Alemania, Canadá, Chile, Corea del Sur, Polonia, Ucrania y Vietnam respaldaron el acuerdo.

Docenas de organizaciones también lo hicieron y varios de los bancos más importantes del mundo acordaron dejar de financiar la industria del carbón.

No obstante, Australia, India, China y EE.UU., cuatro de los más dependientes del carbón en el mundo, no lo firmaron.

Además de Chile, Ecuador ha sido el único país de América Latina que se ha adherido.

Para Juan Pablo Osornio, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP26, esta declaración “aún está muy por debajo” de lo que el mundo necesita.

“A pesar del titular brillante, da a los países un enorme margen de maniobra para elegir su propia fecha de eliminación”, precisó.

Zona ecológica libre de pesca

Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica acordaron el segundo día de la cumbre un convenio para crear una zona ecológica libre de pesca en sus aguas en el océano Pacífico.

El llamado Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR) tendrá una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados y conectará a las islas Galápagos en Ecuador, la isla Malpelo en Colombia y las de Cocos y Coiba, situadas en aguas territoriales de Costa Rica y Panamá.

Corredor Marino

CMAR
El Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental es una de las áreas de conservación de vida marina más grande del planeta.

“Vamos a proteger ecosistemas como Galápagos y las islas Cocos, que se encuentran entre los más valiosos del mundo”, dijo el presidente de Costa Rica, Álvaro Quesada, durante la firma del acuerdo.

La iniciativa tiene como principal objetivo resguardar las especies migratorias que transitan anualmente por la zona y que no se vean afectadas por la pesca comercial.

Con 500.000 kilómetros cuadrados, el corredor será “la reserva marina más grande en Occidente”, de acuerdo con el gobierno colombiano.

Al darse a conocer el pacto, el primer ministro británico, Boris Johnson, describió el esfuerzo como una “iniciativa audaz, ambiciosa y crucial para los esfuerzos de conservación en esta hermosa región”.


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