Alejandro Baca: 10 años de desapariciones en la Monterrey-Nuevo Laredo
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Youtube PGR Atención a Víctimas

El caso de Alejandro Baca: 10 años de desapariciones e impunidad en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

Víctimas afirman que las desapariciones en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo “vienen de mucho tiempo atrás y continúan sin que nadie haga nada”.
Youtube PGR Atención a Víctimas
2 de agosto, 2021
Comparte

Sobre el escritorio que tiene en una pequeña oficina, la señora Lucía Baca deja con cuidado el marco plateado con la fotografía de sus hijos, y a continuación, como si fuera un ritual, se coloca en el chaleco blanco y con rayas rojas que viste un pin grande y redondo con la fotografía de Alejandro Alfonso Moreno Baca. 

“Él es el mayor de mis hijos, tenía 32 años cuando desapareció hace diez años, seis meses, y dos días”, dice con exactitud Lucía, mientras acaricia el rostro de su hijo estampado en el pin, un ingeniero en telecomunicaciones de IBM que desapareció a manos de Los Zetas cuando transitaba en su coche por la carretera de cuota Monterrey-Nuevo Laredo.

Te puede interesar: México llega a las 90 mil 34 personas desaparecidas

Hoy, esta carretera se ha vuelto ‘célebre’ en los medios de comunicación. Bautizada como la “carretera del terror”, o la “ruta de la impunidad”, esta vía de cuota que une la capital regiomontana con la frontera tamaulipeca que desemboca en Texas, Estados Unidos, cobró especial relevancia luego de que en mayo la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) publicó varios comunicados alertando a las autoridades de una oleada de desapariciones en ese tramo. 

A raíz de las alertas, poco después, el pasado 20 de julio, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció a Animal Político que existen, al menos, 70 expedientes por desapariciones en esa vía tan solo en año y medio, entre octubre de 2020 y julio de este año.   

“Pero esto no es nada nuevo”, advierte en entrevista Lucía Baca, al referirse que ya entre 2007 y octubre de 2011 fueron reportadas las desapariciones de al menos 16 personas al pasar por la caseta de cobro de Sabinas Hidalgo, en la Monterrey-Nuevo Laredo.

“Esa carretera es un terror que viene de mucho tiempo atrás”, hace hincapié. 

Foto: Especial

“El problema es que lo dejaron crecer y crecer, porque a las autoridades nunca les importó. Y eso, como víctimas, nos duele mucho más. Porque el asunto pasó por muchas manos, pero las desapariciones siguieron durante años y aún continúan sin que nadie haga nada”. 

Leticia Hidalgo, integrante del FUNDENL y madre Roy Rivera Hidalgo, desaparecido en San Pedro Garza, Nuevo León, explica en entrevista que su colectivo lleva registrados en esta carretera al menos 43 casos de desaparecidos con perfiles muy diversos: transportistas, choferes, profesionistas, ingenieros, o vigilantes de seguridad, como Luis Enrique Chalanga Macario, de 27 años, y otros tres compañeros; los últimos de una extensa lista de desaparecidos en este tramo.

Entre esos casos que acompaña el colectivo está precisamente el de Alejandro Moreno Baca, el cual sigue en la impunidad y sin que su familia tenga la certeza, con evidencias, de cuál fue su suerte la noche de aquel lejano 27 de enero cuando al pasar por el kilómetro 113+500 la señal de su celular se diluyó desapareciendo junto a él.   

“Las autoridades nunca emprendieron acciones concretas de búsqueda de Alejandro, y por eso nunca obtuvieron resultados y nunca lo encontraron”, resume el caso Leticia, que lo extrapola a los más de 40 que acompañan. 

“Lo que prevalece es la impunidad. En esa carretera se puede asaltar, robar y desaparecer a gente con total impunidad”, subraya la madre y activista, que denuncia que las autoridades tenían conocimiento de las desapariciones, pero no emitieron alertas para avisar a la población, a pesar de que las autoridades del país vecino, Estados Unidos, sí avisaron a sus ciudadanos para que evitaran esta carretera por su alto nivel de peligrosidad.

A raíz de los llamados de auxilio realizados por FUNDENL y otras organizaciones civiles de víctimas, parece que las autoridades mexicanas comenzaron a responder. Las Fiscalías de Nuevo León y de Tamaulipas anunciaron acuerdos de colaboración para investigar las desapariciones en este tramo carretero, mientras que la Guardia Nacional ha retomado los operativos de acompañamiento para proteger a quienes van hacia la frontera estadounidense y a quienes regresan con dirección a Monterrey. 

“Parece que ahora están empezando a moverse, aunque ponernos a un policía para que nos cuide cuando viajamos no soluciona nada, ni resuelve las desapariciones”, lamenta Leticia, que se pregunta: “¿Cuántas desapariciones pudieron haberse evitado si las autoridades nos hubieran hecho caso desde hace diez años? ¿Cuántas se habrían evitado si hubieran hecho caso a todas las denuncias que ellos mismos estaban recibiendo?”.

Sentada sobre un hoyo negro

La pesadilla comenzó con un viaje de placer, cuenta Lucía Baca, que está sentada detrás de un escritorio en una modesta oficina al sur de la Ciudad de México. 

Una pareja amiga de su hijo acababa de tener un bebé en Laredo, Texas, y Alejandro, a diferencia de otros de sus amigos que viajaron en avión para visitarlos, decidió hacer el recorrido desde la Ciudad de México a la ciudad texana en coche. Corría el año 2011. Plena Guerra contra el Narco en el sexenio de Felipe Calderón. Los noticieros hacía tiempo que abrían a diario con balaceras, colgados en puentes, y desapariciones.

“Mi esposo y yo le insistimos mucho para que no hiciera ese viaje. Pero, ya sabe, la juventud es terca…”, dice Lucía con la sonrisa agotada en su rostro. 

Alejandro llegó sin contratiempos a Monterrey. Allí estaba previsto que recogiera a otro amigo para viajar juntos el último pedazo de tramo. Pero el amigo no pudo viajar y el ingeniero decidió seguir solo el camino. A las ocho de la noche, las cámaras de vigilancia de la caseta de cobro que está en el kilómetro 100 de la Monterrey-Nuevo Laredo captan el paso de su coche. La imagen no es nítida por la oscuridad, pero las placas se alcanzan a ver. Después, el coche se perdió en la noche y no se ha vuelto a saber nada más del ingeniero más de una década después. 

Foto: Especial

Tras la desaparición, la señora Lucía Baca cuenta que ella y su esposo Alfonso Moreno tomaron un vuelo a Monterrey. Llegaron como a las cinco de la tarde. Pero en una ciudad extraña, no sabían a dónde dirigirse, ni con quién: “Es como si estuvieras sentada encima de un hoyo negro que te jala. No sabes qué hacer, ni a dónde ir a buscarlo. Yo solo lloraba y oraba”. 

Al día siguiente, el matrimonio se dirigió al último lugar donde la señal de GPS del ingeniero emitió su ubicación, en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Ahí solo encontraron una pequeña bahía con una pileta de agua. Fueron entonces a la base de la Policía Federal más cercana. Y ahí, subraya Lucía, fue cuando percibió el primer aviso de alerta de que su hijo fue levantado por el crimen organizado. 

“Con toda la frialdad del mundo, un policía federal me dijo: ‘ah, seguro que aparece dentro de un mes. Porque acá así le hacen: se los llevan y los desaparecen’”. 

En ese entonces, el matrimonio no entendía por qué el crimen organizado se llevaría a un ingeniero en telecomunicaciones. Pero, tal y como documentó Animal Político en octubre de 2012 en el especial ‘Esclavos del Narco’, tras la desaparición de Alejandro Moreno Baca fueron documentadas, al menos, otra decena de casos de profesionistas desaparecidos a manos del grupo Los Zetas. 

“El que desaparecieran personas capacitadas en telecomunicaciones no es algo casual ni accidental”, advirtió en aquel entonces Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República. “Cuando el Ejército y la Marina empezaron a descubrir antenas y sistemas muy sofisticados, estoy seguro de que esos especialistas desaparecidos fueron obligados a desarrollar esa infraestructura”. 

Tras la entrevista con la Policía Federal, donde reportaron la desaparición del carro, los padres de Alejandro Baca se dirigieron a Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a levantar la denuncia ante el ministerio público por desaparición. Ahí la misma población con la que platicaban de su caso les decían lo mismo que dijo el policía federal: “Aquí secuestran mucho, pero como al mes los regresan”.

Lucía y Alfonso se regresaron a la Ciudad de México, a esperar esa llamada que todo el mundo le decía que se produciría como al mes de la desaparición, para pedirles dinero por el rescate. 

Pero las semanas fueron pasando y los meses también. Y la llamada jamás se produjo. 

Entre monstruos y ángeles

Acudieron entonces a la Policía Federal en su sede de Iztapalapa, donde despachaba Luis Cárdenas Palomino, experto en el combate al secuestro y responsable de la desarticulación de más de una centena de bandas criminales, que fue detenido el pasado 5 de julio tras investigaciones oficiales en México y Estados Unidos que lo señalan de ser probable responsable de actos de tortura, lavado de dinero, corrupción, y narcotráfico. 

Cárdenas Palomino no intervino en el caso. En su lugar, envió a un comandante, explica Lucía Baca, que ante la insistencia de la familia por obtener resultados y respuestas cerró el caso diciéndoles: “Su hijo, muy probablemente, ya está muerto”.

Lucía nunca aceptó esta respuesta. No es que se niegue a aceptar la realidad, matiza, pero no puede aceptar que se le quiera dar carpetazo al caso de su hijo sin que la autoridad le muestre pruebas, evidencias científicas. Por eso, ella y su esposo empezaron a investigar por su cuenta ante la inacción de las autoridades de investigación, y comenzaron a preguntar a personas que vivían y trabajaban en los poblados de la zona próxima al lugar de la desaparición. 

Foto: Especial

“Entre policías y narcos, estamos rodeados de monstruos. Pero en el camino también nos encontramos con ángeles”, dice Lucía. 

Uno de esos ‘ángeles’ conocía a otros ‘ángeles’ que trabajaban repartiendo alimentos en los poblados. Ahí nadie pregunta a viva voz qué está sucediendo en el pueblo. Pero todos saben que, cuando se incrementan muchísimo los pedidos de comida, se debe a que las casas de seguridad del crimen organizado están llenas, y no a que aumentó súbitamente la natalidad del pueblo.

“La persona que nos ayudó preguntó por el caso de mi hijo a otros repartidores y uno le anotó en un papel el nombre de ‘Marcos’. Luego supimos que era el ‘Z’ que controlaba toda esa zona, y que le decía El Chabelo”, dice Lucía que, en efecto, se refiere a Marco Garza de León, integrante de Los Zetas que fue detenido por soldados del Ejército mexicano el pasado 16 de octubre de 2011.

Tras la caída de ‘El Chabelo’, llegó en su lugar Hilario Guadalupe Reyna Cuevas, alias El Vago, que también fue detenido en julio de 2012. 

“Fuimos a verlo a la cárcel. Queríamos ver si se apiadaba de nosotros y nos decía algo de mi hijo. Pero esa gente no tiene corazón. Nos mandó a decir que no tenía nada que platicar con nosotros, porque a él la ‘empresa’ lo protegía”. 

Después, vinieron los años de participar en la Caravana por la Paz del poeta y activista Javier Sicilia, y de los diálogos de Chapultepec, y de participar en todas las marchas y caravanas que surgieran, incluyendo la que se hizo por Estados Unidos, también con Sicilia al frente. 

Pero ninguna dio resultado. Así que, desesperados, Lucía y Alfonso decidieron en 2017 arriesgar más y meterse, literal, a la boca del lobo. 

“Sabíamos que El Chabelo es de un ejido que se llama San Carlos. Y con el pretexto de hacer una misa, queríamos dejar volantes entre la gente para que, anónimamente, nos pudieran luego decir algo o darnos una pista”. 

El ya fallecido padre Pedro Pantoja, sacerdote, activista, y defensor de los derechos humanos en territorios donde el crimen organizado ha impuesto históricamente su dominio en México, ofició la misa, mientras afuera de la pequeña iglesia del ejido se escuchaban detonaciones a modo de amenaza. 

“No pudimos dejar ni una manta, ni un volante, nada. Se lo dábamos a la gente y lo rechazaban. Todo el pueblo tenía mucho miedo”, explica Lucía. 

Lee más: Colectivos de familiares de personas desaparecidas han localizado 57 campos de exterminio en Tamaulipas

“Estoy narcotizada por tanto dolor”

El pasado martes 27 de julio se cumplieron diez años y medio de la desaparición de Alejandro Baca. Sentada aún frente a su pequeño escritorio, Lucía mira de soslayo la ficha de búsqueda con el retrato de su hijo, que está acompañada por unas grandes letras negras que dice ‘DESAPARECIDO’, y luego mira hacia el techo de la oficina. 

“A veces me digo: Dios mío, nunca voy a encontrar a Alejandro”. 

La mujer se deja caer sobre el respaldo de la silla. La narración de toda la odisea que emprendieron para hallar respuestas que condujeran a su hijo la ha dejado exhausta. 

“Yo ya estoy como narcotizada por tanto dolor -exhala un largo suspiro-. Creo que es un mecanismo interno para sobrevivir a tanto dolor, a tanto tiempo de incertidumbre”. 

Ahora, una década después, la mujer admite que ya no saben muy bien qué hacer, a quién recurrir. Han sido tantas autoridades, tantos gobiernos y presidentes, incluyendo al actual, que la han decepcionado, que la resignación comienza a ser la única salida para no enfermarse de coraje y de impotencia, y para seguir viviendo.  

“Es muy difícil mantener la esperanza después de tanto tiempo -dice con otra sonrisa agotada-. Ya muchas veces prefiero pensar que, si no nos alcanza a que sea en esta vida, nos encontraremos con mi hijo Alejandro en la que sigue”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
Comparte

La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

Map

Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=-PHL2BPXFX8

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.