El 21 de julio, José Eduardo Ravelo Echavarría, joven de 23 años, fue detenido, golpeado y violado por policías estatales en Mérida, Yucatán. Falleció el 3 de agosto.

Tras los hechos, elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado detuvieron a cuatro policías municipales de Mérida por su probable participación en el homicidio.

De acuerdo con el testimonio de la mamá de José Eduardo, Dora María Ravelo Echeverría, su hijo le contó que se lo llevaron por “parecer sospechoso”, aun cuando les aseguró que se encontraba ahí para una entrevista laboral.

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El funcionario aseguró que en las videograbaciones de la zona de ese 21 de julio se ve que el joven lanza un objeto a una persona de un sitio de taxis en el Centro Histórico de la ciudad, por lo cual fue denunciado y posteriormente arrestado.

“Los policías acuden en ese momento, abordan al joven, se dan cuenta del estado inconveniente en el cual se encontraba, deciden subirlo a la camioneta de la policía municipal en la parte de atrás”, indicó Barrera en entrevista en el programa Así las cosas.

“Una persona no puede ser detenida si no ha cometido un delito”, sentenció Olivares.

La activista comentó que en el informe ‘Falsas Sospechas’, publicado hace cuatro años por Amnistía Internacional, se documentaron una serie de casos de detenciones arbitrarias en el país, y se descubrió que los arrestos a personas que supuestamente están cometiendo un delito al momento de ser aprehendidas, en realidad no son una respuesta auténtica para enfrentar los delitos que se cometen en el país, más bien son utilizados por las autoridades de forma ilegal, principalmente contra aquellas personas que enfrentan situaciones históricas de discriminación.

De acuerdo con la versión de los hechos del alcalde de Mérida, una vez que José Eduardo estuvo en la cárcel no se le pudo tomar las huellas dactilares ni realizar el protocolo de ingreso, ya que tenía un comportamiento ‘sumamente agresivo’.

No obstante, el médico de la cárcel “verificó y certificó” que se encontraba en estado de intoxicación y que además no presentaba signos de tortura, ni señales de violación. El joven estuvo 24 horas ingresado en una celda y lo que captan las cámaras de seguridad de los separos es a José Eduardo “recuperando gradualmente su condición física”, según el alcalde.

No obstante al día siguiente, 22 de julio, fue liberado a las 11:00 horas sin haber declarado ante un juez porque “se consideró que ‘no estaba en condiciones de articular o verbalizar’, y se dirigió de vuelta al Palacio de Gobierno, en el centro histórico de la capital yucateca, de acuerdo con la versión oficial.

El alcalde asegura que a partir de ahí se le perdió el rastro y se conoció sobre él hasta dos días después, cuando la policía fue notificada sobre una denuncia por la detención del joven.

Amnistía pide respeto a autoridades 

Desde Amnistía Internacional, Olivares Ferreto invitó a que se ponga en el centro del diálogo a la familia de José Eduardo, y pidió a las autoridades que se respete el proceso de investigación, “que no se ventile la información que tienen o no, puede ser riesgoso para el proceso e irrespetuoso para la víctima”.

En Yucatán se han documentado casos de detenciones arbitrarias por cuestiones como el uso de cubrebocas, consumo de sustancias, o personas que tienen ciertos rasgos, particularmente personas indígenas, indicó Olivares.

“Hay un uso de la detención hacia un grupo de personas tradicionalmente discriminados, y eso es una violación a los derechos humanos”.

A través de un comunicado, asociaciones, colectivos y personas activistas defensoras de derechos humanos señalaron que hasta noviembre de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) documentó en dos años los casos de 22 fallecimientos de personas detenidas y en custodia de autoridades policíacas (municipal y estatal), los cuales oficialmente se atribuyen a diversas causas, entre ellas ‘el suicidio’ en cárceles municipales.

#JusticiaParaJoséEduardo

De acuerdo con el testimonio de Dora María, un día después de ser detenido, José Eduardo le marcó y le dijo que había sido golpeado y abusado sexualmente por agentes de la policía. Los uniformados habrían abusado sexualmente del joven en la patrulla y de nueva cuenta en los separos de la cárcel municipal.

El 24 de julio, Dora María se trasladó de Isla, Veracruz, a Mérida, para llevar a su hijo al hospital, donde le negaron la atención.

De acuerdo con el Diario de Yucatán y Quadratin, tras la negativa del Agustín O’Horán para atender a José Eduardo, acudieron ante la Fiscalía General de Yucatán para interponer una denuncia por tortura y violación, y por negligencia médica en contra del hospital.

El grave estado de salud del joven hizo que el médico legista ordenara de inmediato su traslado al mismo hospital donde en primera instancia había sido rechazado y ahí permaneció internado hasta que falleció el pasado 3 de agosto. La razón fue síndrome de obstrucción orgánica múltiple y politraumatismo.

Ante el nulo apoyo recibido por las autoridades ante el caso de su hijo, el pasado 6 de agosto Dora María se presentó con el féretro de su hijo a las afueras del palacio de gobierno de Yucatán, para reclamar justicia.

Después de la protesta de Dora María, el presidente municipal, Renán Barrera, aseguró que se estaba investigando el fallecimiento de José Eduardo, el cual señaló que fue cometido en ‘extrañas circunstancias’.

Con información de Así las Cosas.