Sin agua ni garantías: maestros alistan regreso a clases en comunidades
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Cuartoscuro

Entre la incertidumbre y la falta de agua: maestros preparan en comunidades indígenas el regreso a clases

A maestros de comunidades indígenas les genera inquietud volver a las aulas, ante falta de recursos y de garantías de seguridad para ellos y sus alumnos.
Cuartoscuro
20 de agosto, 2021
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En el Estado de México el retorno presencial a clases será “voluntario, escalonado y tomando todas las medidas sanitarias preventivas”. Así lo informó el pasado 12 de agosto el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo. 

Sin embargo, para Don Roberto, un maestro indígena mazahua de 65 años que da clases bilingües en una primaria, el retorno no está tan claro como se asegura en el discurso. De hecho, a menos de dos semanas de la vuelta a las clases presenciales, Roberto dice que aún existe una gran confusión tanto en los padres como en los maestros.

“Estamos ante un gran problema”, plantea en entrevista. “Que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno no se ponen de acuerdo”.

“Un día nos dicen que es obligatorio que volvamos a dar las clases, y al día siguiente se retractan y el presidente (López Obrador) dice que ya no, que es voluntario para alumnos y también para los maestros. Y pues ya no sabemos a quién creer”. 

Por eso, el maestro dice que se encuentra ante una disyuntiva: ¿tiene que ir o no a dar clases presenciales? 

De no ser obligatorio, admite que aún no sabe qué decisión tomar. No es una cuestión de no querer trabajar, puntualiza. Al contrario, en lo que va de pandemia ha tenido que redoblar esfuerzos y poner dinero de su bolsa para viajar todas las semanas por las comunidades serranas a entregar a los padres de familia hojas con tareas para sus alumnos, y luego pasar a recogerlas. Incluso, ante la imposibilidad de que muchos niños sigan las clases por televisión, en alguna ocasión ha prestado dinero para que los padres puedan recargar saldo al celular, la única vía de comunicación en rancherías a más de tres mil metros de altura donde no hay acceso a internet. 

Pero volver a las aulas le genera inquietud. “Claro que tengo miedo de regresar”, admite presto. “Tengo ya las dos vacunas de Astra Zeneca, aunque eso no es garantía de nada. No estoy fuera de peligro. Y menos, con 65 años. Así que tengo que reflexionar muy bien mi decisión”. 

Por el momento, ya lleva varios días trabajando junto con otros docentes para informar a los padres de los requisitos de inscripción de los niños, de las cuotas escolares voluntarias, y de cómo se llevará a cabo la limpieza de la escuela, que tras un año y medio en el abandono se encuentra muy deteriorada y llena de maleza. 

Precisamente, el tema de la escuela y su infraestructura es otro de los grandes desafíos que plantea la vuelta a clases presenciales. 

“No hay condiciones para regresar, se carece de muchas cosas”, recalca Don Roberto, que explica que, hasta el momento, las autoridades educativas se limitaron a enviarles una garrafa de 10 litros de gel antibacterial y unas franelas para limpiar los escritorios. No hay rastro de los ventiladores que les prometieron para evitar la saturación del ambiente en los salones que ocuparán 25 alumnos. 

Por no haber, dice Don Roberto, no hay ni agua potable en los sanitarios de la escuela, ni en las fuentes para que los niños puedan lavarse las manos, la regla número uno para tratar de combatir al virus y los contagios. Una situación, no obstante, que no es única en esta primaria del maestro indígena.

Animal Político publicó un reportaje sobre la vuelta a clases presenciales en escuelas de la zona montañosa de Veracruz. En entrevista, docentes de una telesecundaria en el municipio de Paso del Macho contaron que tenían que pedir ayuda a los padres para que acarrearan agua en botes y cubetas para los baños. Mientras que otra maestra de un kínder de una localidad en la zona centro del estado vive una situación muy similar en una escuela “donde hay días que cae algo de agua, otros un hilito, y otros nada”.

Por otra parte, el maestro mazahua plantea que la decisión del gobierno mexiquense de dejar abierta la posibilidad de que el regreso a clases sea voluntario y escalonado, es decir, que puede ser un regreso virtual, presencial, o híbrido, también va a generar otro gran reto: que haya una educación a diferentes velocidades. 

“Eso puede generar diferentes niveles y desigualdad entre los niños que vayan a las clases presenciales, y los que no, que tendrán que seguir las clases mediante material didáctico en copias o por medio de WhatsApp”, explica Don Roberto. 

“Necesitamos garantías”

En Michoacán, el gobierno del estado ya anunció que, por el momento, solo regresarán a las clases los estudiantes de los niveles medio superior y superior. “Hoy no hay condiciones para que los niños y niñas regresen”, indicó el pasado 9 de agosto Silvano Aureoles, el gobernador michoacano, quien detalló que hay 500 personas internadas en los hospitales de Pátzcuaro, Zacapu, Morelia, y Lázaro Cárdenas, ante el avance la tercera ola de COVID y de la variante Delta, que es más contagiosa. 

Martha es maestra de preescolar en un kínder en una comunidad serrana de Lázaro Cárdenas. En entrevista, explica que, aunque aún los niños no regresarán a las clases presenciales, los docentes ya tienen la instrucción de “ir preparando a los padres” para ese eventual regreso, por lo que ya están realizando con ellos los primeros recorridos por las instalaciones de las escuelas y las primeras pláticas presenciales.

“Cuando llegue el momento de volver a clase, creo que los primeros meses van a ser para reeducar a las familias y a los niños sobre qué es el virus y los cuidados que hay que tener para evitar los contagios”, expone la maestra. 

“Porque un gran problema que tenemos acá -añade- es que muchos de esos niños son hijos de padres que no creen en el virus, y que no toman precauciones. Y por eso una de nuestras primeras tareas será tener que acostumbrar a los menores a que usen el cubrebocas todo el tiempo, y a que sigan los protocolos de sanidad, para que así no haya brotes en las escuelas”. 

Ahora bien, plantea a colación Martha, otra preocupación que asegura que comparten muchos docentes es qué hacer en caso de que, en efecto, se desate un brote o un contagio de COVID en las escuelas. 

Sobre esto, el pasado martes 17 de agosto, la SEP presentó una guía operativa para aplicar en este ciclo escolar 2021-2022 nueve medidas generales en todas las escuelas del país. Entre esas medidas están privilegiar los “espacios abiertos” en las aulas; instalar “filtros sanitarios” en casa y en el salón de clases para detectar síntomas en los menores; y la creación de un Consejo Técnico Escolar que resolverá “las situaciones y casos no previstos”.

Unos días antes, el 12 de agosto, la SEP también anunció que se aplicará un protocolo sanitario que incluye 10 puntos para garantizar un regreso “responsable, coordinado y cauto”, entre los que están el lavado de manos con agua y jabón, mantener la sana distancia, y la inscripción a los cursos de apoyo socioemocional ‘Retorno Seguro’. 

Pero Martha opina que esta nueva guía no les genera certeza.  

“Por ejemplo, si un niño se contagia en la escuela y enferma grave, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Qué procede en un caso así? ¿Quién asume los costos de la atención médica? ¿Dónde se le haría la prueba en caso de que la familia no pueda pagar un laboratorio?”, cuestiona. 

“Nos parece que todavía no hay un lineamiento que dé respuestas a todas estas dudas”. Se responde la maestra. “Y eso nos genera mucho miedo e incertidumbre tanto a padres como a los maestros. Necesitamos más garantías de que la salud de los niños se va a salvaguardar”, añade Martha, que se muestra de acuerdo con la postura del gobierno de la entidad de retrasar un poco más las clases presenciales de los menores, aunque matiza que está consciente de que también hay otra cara en la moneda. 

La otra cara de la moneda: el rezago

“Desde mi privilegio, claro que prefiero que sigan las clases virtuales. Pero afrontando la realidad, soy consciente de que sería bueno volver a las aulas. Es un riesgo, sí. Pero la educación a distancia es muy complicada y es evidente que existe mucho rezago en los niños. Yo lo veo en mis propios hijos”, concede Martha, que también apunta que, especialmente en las zonas más marginadas, no hay que perder de vista que las escuelas juegan un papel muy importante en la comunidad que va más allá de la educación. 

“Son también el lugar donde muchos niños tienen la oportunidad de comer al menos una vez al día”, explica. “Y también el lugar donde muchas madres y padres pueden dejar a sus hijos mientras ellos salen a trabajar o a tratar de buscar trabajo. Por eso, entiendo que hay muchas familias desesperadas por enviar ya a sus hijos a las clases presenciales”. 

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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