Marina tiene 3 denuncias por desaparición forzada en Guanajuato en 2018
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Marina acumula al menos tres denuncias por desaparición forzada en Guanajuato en 2018

La recomendación de la CNDH que acusa a Semar de desaparecer a un joven en Salamanca no es un hecho aislado. Hay al menos dos casos más en investigación.
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Sergio Banda Delgado tenía 25 años cuando fue capturado por elementos de la Marina en la colonia Purísima del Jardín en Irapuato, Guanajuato, el 9 de noviembre de 2018. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias sobre él. Pasaban algunos minutos de las 9 de la noche y se encontraba en una fiesta en la calle cuando irrumpieron los elementos navales y lo arrestaron junto a un amigo. El otro joven fue liberado tres horas después. Denunció haber sido interrogado sobre su consumo de drogas y torturado en un lugar desconocido. A Sergio, sin embargo, lo mantuvieron en custodia. Su madre, Cristina Delgado, no ha dejado de buscarlo. 

Dos días después de la desaparición, tras interponer una denuncia en Fiscalía, la mujer se dirigió a un grupo de marinos que se encontraba resguardando las instalaciones de una empresa. El oficial al mando le confirmó que se había producido un operativo y que hubo detenciones. Alegó que ellos acudieron a la zona para dar apoyo al Ejército y que fueron los militares los que resguardaron a los capturados. No ha tenido más información sobre el paradero de su hijo. “Nos dicen que si andan investigando, que mandan oficios, que es tardado”, dice, en entrevista con Animal Político.

El caso de Banda Delgado no es una excepción. Animal Político tuvo acceso a los expedientes de denuncia de tres jóvenes que fueron desaparecidos entre octubre y noviembre de 2018 y cuyos familiares señalan a la Marina como responsable. 

El primero es Christian Giovanny Martínez Juárez, desaparecido en Salamanca, Guanajuato, el 7 de octubre de 2018. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el jueves 5 de agosto la recomendación 43VG/2021 en la que señala a Semar y al gobierno estatal como responsables. Presentó capturas de videos en los que se observan dos pick up con la leyenda “Marina” y con hombres uniformados que capturan a un joven que trata de escapar. El relato de una testigo y los informes de la policía estatal corroboran la denuncia. A pesar de las evidencias, la Armada negó tener responsabilidad en los hechos y rechazó la recomendación. En la misma línea, el gobierno estatal también anunció que no aceptará el informe de la CNDH. 

El segundo desaparecido es Sergio Banda Delgado, a quien se busca desde el 9 de noviembre.

El tercero es Gabriel Mejía Estrada, cuya familia denunció que elementos de la Marina se lo llevaron el 25 de noviembre en Acámbaro. 

Ninguno ha sido localizado ni tampoco se han producido detenciones a pesar de que los señalamientos son claros contra funcionarios públicos. 

Estas desapariciones se registraron durante los primeros meses de un operativo especial de la Armada para reforzar la seguridad en Guanajuato. Los primeros elementos llegaron a finales de octubre al estado, trasladados desde la Ciudad de México, y se mantuvieron en la zona hasta octubre de 2019, cuando fueron reemplazados por la Guardia Nacional. Sus dos primeros destinos fueron Salamanca y Apaseo el Alto, aunque posteriormente se desplegaron en más territorio. Su misión era colaborar en el combate al huachicol, resguardar la refinería de Salamanca y encargarse de labores de seguridad pública en un momento en el que los homicidios se habían disparado en el Estado. 

Animal Político quiso conocer la versión de la Marina pero esta declinó hacer declaraciones. 

Hasta el momento, estas desapariciones no se han investigado como un único fenómeno sino que se tratan como hechos separados. Sin embargo, no se puede obviar el contexto de 2018, un año en el que se multiplicaron las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos contra la Marina. Entre febrero y junio, al menos 47 personas fueron desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La CNDH señaló a Semar en su recomendación 36VG/2020 y la FGR abrió 34 carpetas de investigación. Actualmente solo tres de estas han llegado a ser judicializadas y 30 elementos navales están en prisión acusados de la desaparición forzosa de cuatro personas. 

Debido a las denuncias recibidas por aquellos sucesos la Marina retiró a la mayoría de su personal de Nuevo Laredo. En junio, 257 elementos fueron enviados a la capital, donde se suponía que iban a ser investigadas. Las sospechas recaen sobre la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), un grupo de élite de la Marina encargado de los grandes operativos contra el crimen organizado. Al mando de aquella división estaba en aquel momento el almirante Marco Antonio Ortega Siu, que tras los hechos de Nuevo Laredo fue enviado a otro destino en la Ciudad de México. Alfredo Reyes Mondragón, jefe de la misión en Tamaulipas se encuentra actualmente preso ya que es uno de los 30 marinos acusados de desaparición forzosa.

Este dato es relevante ya que la Unidad de Operaciones Especiales también estuvo en Guanajuato a finales de 2018. Así queda reflejado en el Informe de Labores 2018-2019, en el que se menciona que el grupo de élite estuvo desplegado en el estado dentro de la estrategia desarrollada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el huachicol. El informe inicia a partir de diciembre de 2018 ya que es entonces cuando la actual administración accede al poder, aunque el despliegue había comenzado un mes antes. 

Por el momento es imposible determinar si los oficiales responsables de las desapariciones de Guanajuato estuvieron también en Nuevo Laredo. La CNDH no pudo identificar a los 10 uniformados que tuvieron participación en los hechos y Marina tampoco aportó información. 

Las familias tampoco tienen novedades desde que sucedieron los hechos. La recomendación de la CNDH es un primer paso, pero el hecho de que Semar y gobierno del Estado la hayan rechazado supone un jarro de agua fría. 

“La negativa a aceptar la recomendación por parte de la Semar argumentando presunción de inocencia tiene como consecuencia la impunidad para los agentes violadores de derechos humanos. Que el gobierno del estado haya anunciado que también la rechazará en la misma lógica lo que demuestra es la falta de compromiso del Gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo con los derechos humanos en Guanajuato y un nuevo encubrimiento a las FSPE de Álvar Cabeza de Vaca, cuyo Grupo Táctico Operativo ha sido denunciado penalmente por ejecuciones extrajudiciales y por abuso de autoridad”, dijo Raymundo Sandoval, investigador e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

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'Los talibanes no aceptan la justicia impartida por mujeres': la desesperada huida de una jueza afgana

Como otras mujeres que desempeñaron posiciones en el poder judicial afgano antes de que el Talibán tomara el poder en 2021, esta jueza temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.
17 de agosto, 2022
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Cuando desembarcó en Brasil con su familia, Sahar* sólo tenía una maleta con una o dos mudas de ropa.

La jueza salió de Afganistán a toda prisa el año pasado, huyendo de los talibanes y tuvo que dejar todo atrás.

Como muchas otras mujeres que ocuparon cargos en el poder judicial afgano antes de que el grupo fundamentalista tomara el poder en agosto de 2021, temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.

“Tuve que dejar atrás todo lo que construí en Afganistán: mi casa, mis posesiones y parte de mi familia”, le dijo la jueza a BBC News Brasil.

“Tenía una vida completa y lo perdí todo”.

En los últimos 20 años, 270 mujeres se han desempeñado como magistradas en Afganistán. Muchas de ellas lograron escapar con la ayuda de la Asociación Internacional de Juezas (IAWJ) y se refugiaron en varios países del mundo.

Brasil otorgó visas humanitarias a siete de estas juezas y a tres magistrados. Todos llegaron al país en octubre pasado y fueron recibidos por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB).

Pero alrededor de 90 juezas siguen atrapadas en su país, escondidas.

“Salir de allí”

En su relato, Sahar detalla los momentos de miedo y desesperación que precedieron a su huida de Afganistán.

La jueza y su familia tuvieron que dejar su hogar para esconderse en otro lugar después de que los talibanes tomaron el poder.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Getty Images
Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Con la caída del gobierno afgano, jueces de todo el país comenzaron a ser perseguidos por su participación en los juicios y condenas de miembros del grupo extremista durante el período de ocupación estadounidense.

Los talibanes incluso abrieron prisiones en todo el país, liberando a hombres que los magistrados habían encarcelado.

La vida de las mujeres también cambió drásticamente con el establecimiento del régimen. Se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el ministerio de la mujer y, en muchos casos, se impidió que las empleadas regresaran al trabajo.

“Grupos como los talibanes, Daesh (Estado Islámico) y otros no aceptan la justicia impartida por mujeres”, dice Sahar.

“La situación se volvió realmente desesperada cuando los talibanes comenzaron a registrar las casas de todos los jueces. Invadieron la Corte Suprema y obtuvieron acceso a todo tipo de información sobre nosotros, como fotos, direcciones y documentos”.

“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no podíamos quedarnos en Afganistán porque era demasiado peligroso”, dice.

La ayuda

La jueza inicialmente se refugió en la casa de los familiares.

“Estábamos encerrados sin poder salir. No podíamos volver a nuestro departamento ni sacar nuestras cosas porque los talibanes patrullaban nuestra cuadra”.

Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

AFP
Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

“Fue realmente difícil. No podía cocinar ni lavar ni hacer nada, solo pensaba en que tenía que salir de allí“.

Pasaron dos meses antes de que Sahar recibiera la noticia de que iba a ser rescatada y de que recibiría refugio en Brasil.

“Le informamos sobre nuestra situación a la IAWJ y ellos entraron en contacto con varios países en busca de ayuda y visas para nosotras, las juezas”.

“Cuando me tocó a mí, me dijeron que íbamos a Brasil”.

La magistrada se mudó con sus familiares más cercanos. Por razones de seguridad, no se revelaron los detalles de la operación que los sacó de Afganistán y los trajo a Brasil.

“Dijeron que no podíamos llevar muchas cosas con nosotros, porque todo tenía que ser discreto. Así que no trajimos casi nada, tal vez solo una o dos mudas de ropa”, le dijo Sahar a BBC News Brasil.

“Tengo que controlarme para no llorar cuando recuerdo el día que nos fuimos. Fue una gran desgracia para nosotros”.

“Teníamos una buena casa, un buen salario y nuestra familia en Afganistán y dejamos todo atrás. Fue una situación muy mala, apenas puedo describirla con palabras”.

Miedo por lo que queda atrás

En sus más de cuatro años como magistrada en Afganistán, Sahar estuvo involucrada principalmente en casos penales.

Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

Getty Images
Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

La jueza dice que está orgullosa de su trabajo, especialmente en casos relacionados con la seguridad y el bienestar de otras mujeres.

“Tiene que haber espacio para que las mujeres sean juezas, porque una mujer confía en la otra. Las mujeres que fueron a la corte pudieron abrirse más con nosotras”, cuenta.

Era muy feliz en mi trabajo. Desde pequeña soñaba con ser jueza y hacer justicia para las familias y los niños”.

Sahar dice que no le tocó juzgar ningún caso directamente relacionado con el Talibán, pero admite que pudo haber participado en juicios por delitos comunes cometidos por miembros del grupo.

“Procesé todo tipo de casos, como asesinato, secuestro, robo, corrupción, casos de familia”.

Debido a su trabajo, teme por la vida de algunos miembros de su familia que aún se encuentran en Afganistán.

“Tengo miedo porque tienen todo tipo de datos e información sobre nosotros. Podrían estar en peligro“, dice.

“Cuando salimos de Afganistán todos se mudaron y se escondieron en otros lugares”.

“Hablo con ellos a veces, pero no mucho porque creo que nuestros números pudiesen estar siendo interceptados”.

E incluso a millas de distancia de Afganistán, Sahar dice que todavía teme por lo que dejó atrás.

“A veces todavía tengo miedo, porque soy humana y pienso demasiado en las cosas”.

Vida en brasil

Sahar y los otros nueve magistrados que se refugiaron en Brasil recibieron visas humanitarias emitidas sobre la base de una ordenanza interministerial publicada en septiembre de 2021, por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública.

Entre jueces y familiares, 26 personas llegaron al país en octubre pasado.

“Todos llegaron a Brasil muy asustados, preocupados por la seguridad y sin hablar una palabra de portugués”, dice Renata Gil, presidenta de la Asociación de Magistrados Brasileños que coordinó la recepción de las familias.

Para que pudieran reiniciar sus vidas, todos recibieron alojamiento, alimentación y atención médica proporcionada por esa organización y sus socios.

Los magistrados y sus familias también están estudiando inglés y portugués y sus hijos han obtenido becas en escuelas locales.

“Todas las juezas que recibimos tienen profundas cicatrices por todo lo vivido y un gran dolor por lo perdido. Es un proceso de adaptación intenso”, indica Gil.

“Pienso en mi país”

Después de un período inicial viviendo en alojamientos militares, Sahar ahora vive con toda su familia en una propiedad alquilada.

Una vista de Kabul

BBC
Una vista de Kabul.

Fue empleada como asistente legal por un bufete de abogados, donde investiga casos relacionados con inmigración.

La jueza dice que, antes de mudarse a Brasil, sabía muy poco sobre el país. “No había oído mucho sobre la gente, la cultura o el idioma”, precisa.

Y aunque está muy agradecida por la cálida bienvenida y la ayuda que ha recibido, Sahar dice que no pasa un día sin pensar en volver a casa.

“Pienso en mi país, mi familia y mi antiguo trabajo todos los días. Afganistán es mi patria y la extraño cada día”.

“No puedo decir que estoy disfrutando mi tiempo en Brasil, porque esta situación no es nada fácil”, señala la jueza.

“Pero estamos muy agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido. La gente aquí es muy amable, al igual que el pueblo afgano”.

“Espero que todo salga bien para poder volver. Sé que la situación no es fácil, pero si Alá lo quiere, tal vez todo se resuelva pronto”.

*El nombre de la jueza ha sido cambiado para proteger su identidad y garantizar su seguridad y la de su familia.

Este artículo fue originalmente publicado en BBCBrasil


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