Para regreso a clases, escuelas piden que papás limpien salones a diario
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Cuartoscuro Archivo

Para regreso a clases, escuelas piden que papás limpien salones a diario

Padres de familia entrevistados por Animal Político explicaron que también se les ha anticipado que deberán cooperar económicamente para reemplazar mobiliario y hacer reparaciones.
Cuartoscuro Archivo
Por Dalila Sarabia
27 de agosto, 2021
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La cuenta regresiva para el regreso presencial a clases está en su etapa final y las sorpresas para los padres de familia -quienes aún dudan en enviar a sus hijos al colegio- aún no terminan.

Durante las juntas virtuales que han tenido esta semana para conocer las condiciones en las que se propone el regreso presencial, no solo les han solicitado recursos para reemplazar mobiliario y hacer reparaciones varias en los colegios, sino que además es requisito que se organicen y acudan a limpiar y lavar salones a diario.

Por ejemplo, en la escuela primaria Plutarco Elías Calles, en la alcaldía de Iztacalco, se solicitó que a la hora de entrada dos papás voluntarios estuvieran diario recibiendo a los niños para tomarles la temperatura y darles gel.

“Además nos pidieron que al final del día un papá fuera a hacer exhaustivamente la limpieza para que al otro día los salones estuvieran en óptimas condiciones”, compartió una madre de familia.

Para que se pueda llevar a cabo esta limpieza, los papás de los niños que sí regresarán de forma presencial a la escuela deberán hacer listas para que ellos vayan cubriendo esta labor, una situación que, subrayó la madre de familia, desincentivó la posibilidad de que muchos de los padres decidieran que sus hijos volvieran a la escuela.

Lee: CDMX desplegará a más de 8 mil policías para vigilar el regreso a clases

Una situación similar se presentó en la primaria Laos, en la alcaldía de Benito Juárez. En una junta virtual, las autoridades del plantel compartieron a los padres de familia las condiciones y protocolos con los que contaban para el regreso a clases presenciales; sin embargo, relató una madre de familia, la información que recibió fue tan desesperanzadora que ella y su esposo decidieron no enviar a su hija al colegio.

“A nivel escuela no hay una estructura de qué es lo que van a hacer, o sea, yo pregunté cómo se iba a garantizar la higiene de los salones porque es un solo conserje en la escuela y lo que nos comentaron es que en ese sentido nosotros teníamos que garantizar cuadrillas de limpieza para ir a hacer el aseo de los salones”, compartió la madre de familia.

“Evidentemente todos los que trabajamos pusimos el grito en el cielo porque no nos da la vida”.

Padres de familia entrevistados por Animal Político explicaron que también se les ha anticipado que deberán cooperar económicamente para reemplazar vidrios, instalaciones hidráulicas y eléctricas, impermeabilizar e, incluso, comparar gises, alcohol gel y líquido para fumigar.

Todo esto a pesar de que el martes pasado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que desde el inicio de su administración se han invertido 2 mil 190 millones de pesos en la rehabilitación, reconstrucción y reforzamiento de mil 826 planteles públicos.

Además de que se destinaron 662 millones adicionales en el programa Mejor Escuela. La Escuela es Nuestra para el mantenimiento menor de 2 mil 696 escuelas públicas.

“Uno de los puntos más importantes como papás es que los baños estén funcionando de manera correcta porque se deben estar lavando las manos constantemente y no, o sea, ahorita están viendo la manera de cómo arreglarlos porque en unos no sirven los lavabos y e otros no sirven los excusados”, señaló una de las madres de familia.

“El director ahorita está viendo si él paga todo y luego se hace la división para que todos cooperemos”.

Según lo que dijo Sheinbaum, solo 44 planteles de la CDMX no están en condiciones de volver a clases porque aún se continúan haciendo reparaciones.

Se quedan en casa

Ante esta situación los padres de familia han decidido no llevar a sus hijos a la escuela presencial, aunque esto implique que se retrasen porque, acusaron, tampoco se cuenta con un plan que contemple que el ciclo escolar 2021-2022 se tome de forma híbrida.

En la primaria Laos, en Benito Juárez, explicó una de las madres de familia, no habrá ninguna opción para que su hija tome clases en casa, pues ellos ya decidieron que todo será presencial.

El colegio les envió unas guías que deberán responder, pero sin apoyo de ningún docente porque ellos deberán estar en la escuela, aunque acuda un solo niño.

“Lo que el director nos dijo que si aceptamos guía nos vamos solo con guía, entonces lo que decidimos con el papá de mi hija es que vamos a tener que complementar con clases particulares”, expuso.

En la primaria Plutarco Elías Calles, en la alcaldía de Iztacalco, el plan que presentaron las autoridades escolares es que cada salón, que comúnmente tiene 29 alumnos, solo recibiría 8 alumnos de lunes a jueves y el viernes se atendería a los niños con rezago.

Lee: ‘¿Dónde nos incluyen a nosotros?’: maestros indígenas denuncian discriminación institucional en plan de retorno a clases

Y aunque el modelo podría resultar atractivo porque se garantizaría la sana distancia entre los alumnos, el 93% de los padres de familia tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a las clases presenciales.

Los padres de familia señalaron que no vale la pena exponer a sus hijos para que vayan solo un día a la escuela por lo que se pronunciaron por el modelo virtual; sin embargo, éste fue rechazado porque los docentes estarán en el salón de clases, aunque solo haya un alumno.

 

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

Getty Images
Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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