Rosario fue asesinada horas después de hacer la última búsqueda de su hijo
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Rosario fue asesinada horas después de hacer la última búsqueda de su hijo

Al menos cinco familiares de desaparecidos perdieron la vida de forma violenta durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
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La víspera de su asesinato, María del Rosario Zavala Aguilar era muy optimista.

Aquella noche llamó a Joanna, la mayor de sus seis hijos, y le dijo que estaba muy cerca de encontrar a su hermano. Fue la última vez que hablaron. 

Yatziri Misael Cardona Aguilar tenía 16 años cuando un grupo de hombres armados lo secuestraron en su casa en León, Guanajuato, la víspera de las navidades de 2019. Desde entonces su madre no hacía otra cosa que buscarlo: imprimió cartelones, presionó a la fiscalía, se unió a un colectivo de búsqueda y se recorrió todo el estado preguntando a ver si alguien había visto a ese joven imberbe de cabeza rapada y ojos desafiantes. 

Después de una intensa tarde de rastreo, Rosario creyó estar más cerca de su objetivo. Llevaba varias horas recorriendo la colonia Coecillo cuando un joven le dijo que sabía dónde estaba Yatziri. El chico aseguró que lo había visto en un punto de venta de drogas pero no ofreció más detalles porque temía sufrir represalias. A pesar de que las explicaciones fueron escasas las expectativas se multiplicaron. Una pequeña pista, sin posibilidad de ser corroborada, bastó para que la madre llamase emocionada a su hija, convencida de que el reencuentro estaba cerca. 

No sobrevivió al anuncio. 

Horas después de aquella última búsqueda, dos jóvenes asesinaron a María del Rosario Zavala Aguilar en la puerta de su casa. Tocaron el timbre antes del amanecer y esperaron a que ella abriese. La acribillaron con seis balazos. Fue el 14 de octubre de 2020 en la misma vivienda en la que diez meses atrás Yatziri fue secuestrado. Tenía 45 años, estaba casada y dejaba seis hijos. Uno de ellos sigue desaparecido. 

Meses antes de ser tiroteada la mujer aseguraba no tener miedo. No se sentía objetivo de nadie ni decía necesitar protección. Si alguien la hostigaba eran las autoridades, que frecuentemente allanaban su vivienda en busca de drogas.

“En vez de investigarme a mí, ¿por qué no buscan a mi hijo?”, se quejaba.

La noche de su asesinato una patrulla de la Guardia Nacional se personó en la vivienda otra vez, diciendo que habían recibido una denuncia. Horas después no estaban allí cuando los sicarios mataron a la buscadora. 

El asesinato de María Rosario Zavala Aguilar fue la primera de una serie de muertes violentas sufridas por familiares de desaparecidos. Con ella son cinco los buscadores a los que arrebataron la vida durante el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El 19 de julio de 2019 fue asesinada Zenaida Pulido en Aquila, Michoacán. En 2020 fue Rosario. En 2021 se incrementó el número de víctimas: Javier Barajas, muerto a tiros en Salvatierra, Guanajuato, el 29 de mayo; Aranza Ramos, asesinada al interior de su casa en Guaymas, Sonora, el 17 de julio; y Nicanor Araiza, asesinado en Zacatecas el pasado 31 de julio

La familia de Rosario no quiso hacer público el asesinato durante meses. Tenían miedo. Ahora siguen sin protección pero decidieron dar a conocerla por si alguien tiene alguna pista que les lleve a encontrar a Yatziri. A su madre ya no se la van a devolver, pero sueñan con que les entreguen a su hermano. 

El secuestro de Yatziri

La vida de María Rosario Zavala Aguilar cambió para siempre el 23 de diciembre de 2019. La víspera, la familia había estado celebrando los 16 años de Yatziri. Su hermana Joanna le prometió que le compraría unas tenis y estaba previsto que aquel día fuesen a por ellas. Al día siguiente podría estrenarlas en la cena navideña. 

Nunca llegó a hacerlo. 

Pasadas las 2 de la tarde cinco hombres armados irrumpieron en la vivienda familiar encañonando a los que se encontraban en la planta baja. La casa tiene tres pisos y es una de las más altas de la colonia, situada en el extrarradio de León. Abajo hay una tienda de abarrotes desde la que se accede al salón principal, con un gran televisor, dos sofás y una pequeña cocina americana. Arriba, los dormitorios y una zona que se utiliza como almacén. Yatziri bajaba las escaleras cuando vio al primer tipo con pistola. 

“¡Denos el dinero hijos de su puta madre!”, gritó. Los hombres comenzaron a llevarse ropa que la familia vende en el tianguis, los celulares, la laptop de una de las hijas. En mitad de la confusión, uno de los asaltantes agarró a Yésica, hermana de Yatziri y embarazada, y amenazó con llevársela. En ese momento la habitación era un caos: gritos, amenazas, un tipo que perseguía a una de las chicas, niños aterrorizados. Y Yatziri, a mitad de ese horror, logró canjearse por su hermana. Así que se lo llevaron. “Es para que dejen de pegarle”, dijo a su tía antes de desaparecer del lugar. Su padre, desde el tercer piso, aventó varios ladrillos a la camioneta mientras que Rosario les gritaba desde abajo que le devolvieran a su hijo. Los hombres rafaguearon la fachada y marcharon a toda velocidad. 

Todo esto ocurrió a plena luz del día, en una colonia popular de León, una ciudad de casi millón 800 mil habitantes. 

A partir de ese momento comienza un calvario para Rosario Zavala. 

“Entraron unas personas armadas y de aquí se lo llevaron. Él no salió por propia voluntad, de aquí lo sacaron”, contó ella misma en una entrevista mantenida en agosto de 2020, tres meses antes de que la asesinaran. 

Altar a María del Rosario Zavala Aguilar y a su hijo, Yatziri Misael Cardona Zavala, en la vivienda en donde residian en León, Guanajuato el 17 de junio del 2021. Foto: Fred Ramos.

Rosario era una mujer fuerte y decían de ella que tenía un carácter difícil porque no se callaba ante nada. Tenía la cara ovalada y ojeras muy marcadas. En el brazo izquierdo llevaba tatuada una imagen de la Santa Muerte, de la que era devota. En el segundo piso de la vivienda hay instalado un altar con decenas de imágenes de figura popular de culto. Cada mes llegaban los fieles para encender una veladora o pedirle algún imposible. Por eso era conocida en toda la colonia. 

En febrero de 2012 Rosario tuvo un traspiés. Fue detenida con mariguana y cocaína para la venta y encarcelada durante un año. Aquel arresto le perseguirá toda la vida.

“Yo andé por malos pasos, ya se lo dije al de la investigación. Pero salí por buen camino y me puse a trabajar. Un error lo comete cualquiera y me está afectando con mi hijo”, dijo, en entrevista, en agosto de 2020. 

El estigma también le alcanzará en la búsqueda de su hijo. Parecía que los policías estuviesen más interesados en investigarla a ella que en dar con el paradero de Yatziri. Periódicamente, patrullas estatales o de la Guardia Nacional irrumpían en el domicilio para hacer un cateo. Lo mismo hacía la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato a través de agentes del Ministerio Público y de Agentes de Investigación Criminal que la estigmatizaban por su pasado.

La Plataforma por la Paz y la Justicia acompañó a Rosario a interponer una queja ante el Organismo local de derechos humanos que lo canalizó a la CNDH. Actualmente se desconoce el avance sobre este abuso de autoridad y allanamiento de la Guardia Nacional.

Joanna Cardona Zavala, 32, despacha a un cliente, en el negocio familiar, en su casa en casa en León, Guanajuato el 19 de junio del 2021. Foto: Fred Ramos

Joanna Cardona Zavala, 32, despacha a un cliente, en el negocio familiar, en su casa en casa en León, Guanajuato el 19 de junio del 2021. Foto: Fred Ramos

Su pasado era también una de las razones con las que los investigadores explican el secuestro de su hijo. La teoría era que se lo habían llevado para dar una lección a su madre. Que años después de que fuese encarcelada, alguien buscó de nuevo a Rosario Zavala para ofrecerle entrar de nuevo al negocio de la venta de droga. Ella lo rechazó y capturaron a su hijo como castigo.

Alguien declaró en Fiscalía que ella era “la Tía”, y que se habían llevado a su hijo por su negativa a vender droga. 

Su hija Joanna explica la razón del mote: “la llamaban la Tía, pero no por el hecho de vender droga, sino porque creía mucho en la Santa”. 

Fosas que el Estado negaba

Guanajuato es el estado más violento de México. En 2020 fueron asesinadas más de 5 mil personas de las 34 mil que perdieron la vida de forma violenta en todo el país. Esto supone una tasa de 73 homicidios por cada 100 mil personas, por encima de países como Honduras o El Salvador, que durante años fueron considerados algunos de los territorios más peligrosos del mundo. 

Esta violencia desmesurada se explica por la pugna entre el Cártel Santa Rosa de Lima, un grupo local dedicado originalmente al robo de combustible, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, la estructura con mayor crecimiento durante los últimos años. La detención de José Antonio Yepes Ortiz, ‘El Marro’, líder de Santa Rosa, en agosto de 2020, no frenó los asesinatos. Hay expertos como el analista David Saucedo que aseguran que esto se explica por la llegada del Cártel de Sinaloa para disputar el territorio.

Además de los asesinatos Guanajuato sufre el drama de las desapariciones. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) dice que más de 2 mil 500 guanajuatenses están sin localizar. En México son más de 90 mil. Sin embargo, en Guanajuato es un problema que las autoridades reconocen desde hace poco.

A finales de 2019, cuando Rosario ingresó a un colectivo de búsqueda, el fiscal del estado Carlos Zamarripa negaba que en su territorio hubiese desaparecidos o se hallasen fosas clandestinas. Esta versión oficial no se sostenía sobre el terreno, donde los grupos de familiares crecieron de forma desmesurada. En 2018 únicamente existían dos. Tres años después ya eran 12, desplegados en las principales ciudades de Guanajuato como León, Irapuato o Salvatierra. Desde finales de 2020 se multiplicaron los hallazgos de fosas. En noviembre, 76 cuerpos en un predio de Salvatierra. En diciembre, más de 100 bolsas con restos en una casa en las afueras de Acámbaro. Si no fuese por las buscadoras estos lugares no hubiesen visto nunca la luz. Si Rosario no hubiese sido asesinada, estaría con sus compañeras escarbando en la tierra para encontrar a sus seres queridos. 

Durante los diez meses que transcurrieron entre el secuestro de Yatziri y el asesinato, Rosario no dejó de buscar. Saber qué había ocurrido con su hijo se convirtió en su gran obsesión. 

María del Rosario Zavala Aguilar (centro) junto a su hermana y su esposo en su vivienda en León, Guanajuato, el 17 de julio del 2020. Foto: Fred Ramos

La última pista ofrecida por los investigadores es que el joven fue asesinado. “Nos dijeron que lo habían disuelto en ácido”, recordaba.

En Guanajuato son habituales las historias sobre secuestros perpetrados por el crimen organizado como forma de reclutamiento forzoso. Se llevan a adolescentes a los que obligan a vender droga o convertirse en sicarios. Si dejan de ser útiles, simplemente se deshacen de ellos. 

Eso es lo que la Fiscalía cree que hicieron con Yatziri.

La única prueba es una camiseta con manchas de cloro que se encontró en un centro de exterminio y que su familia cree que pertenecía a Yatziri. También se encontraron doce fragmentos de dentadura. Allí estaban secuestrados varios jóvenes que lograron salvar la vida gracias a la llegada de la policía. Uno de ellos dijo a la familia que lo tenían desnudo y preparado para disolver en ácido cuando los sicarios se emborracharon y olvidaron que iban a matarlo. Poco después fueron rescatados. Según la Fiscalía, Yatziri pudo pasar por aquel siniestro lugar pero en su carpeta de investigación no aparecen estas detenciones. Casi dos años después del secuestro no se han cotejado los restos de ADN de la playera o de los dientes con los de sus hermanos.

Animal Político consultó con la Fiscalía General de Guanajuato (FGE) y con la Comisión Estatal de Búsqueda, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. 

Para Raymundo Sandoval de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quien acompañó a Rosario en la búsqueda de Yatziri, este caso ejemplifica la triple victimización que sufren las familias: la desaparición, la estigmatización y el asesinato. Además, denuncia la impunidad y recuerda que existen sospechas sobre la colusión de la fiscalía con grupos criminales. 

También interpusieron una queja por la lentitud de las pesquisas y se reunieron con la secretaría de Gobernación, sin resultados. “Hay una especie de encubrimiento político a la fiscalía”, dijo Sandoval. 

Rosario siempre estuvo inconforme con los avances en la investigación. Por eso acudía a fiscalía continuamente para exigir resultados. Ella no estaba buscando culpables, solo quería saber qué ocurrió con su hijo. Esta es una declaración de principios habitual en quienes tienen familiares desaparecidos, casi una oferta a los criminales: ayuden a encontrar que nosotros olvidaremos quién fue el responsable. 

“A mi me entregan a mi hijo y retiro todo, pero que me digan dónde está”, afirmaba Rosario. 

En Fiscalía no encontró aliados. Durante los diez meses en los que buscó sin descanso siempre sintió el desdén de los investigadores. 

“Le dijeron cosas feas, sí nos trataron mal”, explica Raymundo Pérez, de 29 años, esposo de Joanna y yerno de Rosario. Él se hizo cargo de acudir a las diligencias porque en FGE se quejaron de la actitud de la madre. Pero el problema no era de modales sino de resultados. “Yo quería que se agilizaran las pruebas. Ellos se molestaban y querían que se les hiciera el trabajo a los investigadores. Nosotros no nos sentíamos conformes. ¿Cómo se sentirían si fuera un familiar suyo?”, se pregunta. 

Raymundo Pérez, 29, mira las camaras de la video vigilancia instaladas afuera de su casa al lado de su hija, quien mira la televisión, en su vivienda en León, Guanajuato, el 19 de junio del 2021. Foto: Fred Ramos

Raymundo Pérez, 29, mira las camaras de la video vigilancia instaladas afuera de su casa al lado de su hija, quien mira la televisión, en su vivienda en León, Guanajuato, el 19 de junio del 2021. Foto: Fred Ramos

La búsqueda es un proceso solitario y angustioso que las familias llevan a cabo con el único apoyo de otras víctimas. La intervención de las autoridades es limitada y el volumen de desaparecidos sobrepasa con mucho las capacidades de fiscalías y comisiones. Así que son las madres, los hermanos, las hijas, quienes se convierten en investigadores. Son ellas las que llegan las primeras a una fosa clandestina, las que se meten en las colonias más peligrosas tratando de dar una pista y las que se juegan la vida por encontrar a su ser querido.

Hay veces en las que estas pesquisas les llevan a la muerte. 

El asesinato de la buscadora 

La víspera de su asesinato, María del Rosario Zavala Aguilar era muy optimista.

Habían transcurrido diez meses del secuestro de su hijo pero ella no perdió la esperanza. Aquella tarde la pasó mostrando la foto de Yatziri a los jóvenes que encontraba en la colonia Coecillo, una zona del centro de León donde se ubica la central camionera y en la que existen diversos puntos de venta de droga. 

Horas después, dos pistoleros acabaron con su vida en su domicilio.

Pasaban algunos minutos de las 6 de la mañana cuando dos pistoleros tocaron el timbre. Quién sabe si fue por casualidad pero ella abrió la puerta. Recibió seis disparos y quedó tendida en el piso, entre las bolsas de papas y las cajas con botellas de agua, mientras los sicarios escaparon corriendo. Uno de sus hijos y su esposo llegaron tras escuchar las detonaciones. Ella todavía estaba viva, así que la metieron en un coche e intentaron llevarla al hospital. ¿Qué otra cosa podían hacer? 

Junto al lugar del ataque los homicidas dejaron una cartulina. Ahí quedó escrita la sentencia de muerte: acusaban a Rosario de “hablar demasiado”. 

Es posible que nunca sepamos a qué se refieren esas palabras. Tampoco importa demasiado. 

Aquel fue un golpe terrible para la familia. 

“Ella no tenía pelos en la lengua. Pero si a sus hijos les falta algo se quitaba las cosas de la boca, como cualquier madre”, dice Joanna, de 32 años, su hija mayor. Tras el asesinato ella se mudó al domicilio familiar con su esposo. Ahí, rodeada de recuerdos, trata de sacar adelante a los suyos. 

“Mi madre era una mujer muy valiente, que no se agachó a pesar de lo que le ocurrió a su hijo. Siguió adelante hasta que le quitaron su vida”, dice. 

Casi todos los domingos Joanna acude al panteón para recordar a Rosario.

Joanna Cardona Zavala, 32, platica con su pareja en su vivienda en León, Guanajuato, el 19 de junio del 2021. Foto: Fred Ramos

Joanna Cardona Zavala, 32, platica con su pareja en su vivienda en León, Guanajuato, el 19 de junio del 2021. Foto: Fred Ramos

Asegura que no ha movido la investigación. Que tiene miedo de que su familia sufra las consecuencias y que, en el fondo, su madre ya está muerta y nadie se la va a devolver. En México hay una impunidad de más del 90% según informes de México Evalúa. Si las familias no realizan pesquisas por su cuenta es posible que nunca se sepa quién apretó el gatillo. Así que la familia ha optado por la seguridad. También solicitaron medidas de protección a las autoridades estatales, pero apenas envían un coche de policía que da unos rondines antes de volver a marcharse. 

Lo que no quieren olvidar es la búsqueda de Yatziri. Desde el asesinato de Rosario la familia dejó de acudir a Fiscalía y abandonó los rastreos en colonias peligrosas mostrando su fotografía. Sin embargo, no pierden la esperanza de encontrarlo. 

“Vivimos un martirio, es algo muy feo. Se llevan a una persona, algo de ti y te quitan las perspectivas de verla viva”, dice Raymundo, que reconoce que muchas cosas cambiaron en la familia desde aquel secuestro. 

Joanna reconoce que habla de su hermano en pasado, como si el subconsciente le advirtiera de un fatal desenlace. “Quiero ser realista, a veces pienso que no va a volver y otras me levanto con ánimo de que sí regresará”, afirma.

En su última entrevista, Rosario Zavala aseguró que no había día que no llorase la desaparición de Yatziri. “Veo su foto, lloro y pido a mi padre Dios que me lo devuelvan”.

Tres meses después de aquella conversación, dos pistoleros la mataron antes de que pudiese cumplir su sueño de encontrar a su hijo. Aquel día estaba convencida de que pronto iba a dar con su paradero. 

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Nayib Bukele anuncia que aspirará a la reelección en El Salvador (aunque expertos dicen que lo prohíbe la Constitución)

El mandatario, que ganó las elecciones en 2019, hizo el anuncio en medio de señalamientos de que no cumpliría con la norma constitucional. Bukele se apoya en una resolución de la Corte Suprema de Justicia del año pasado para hacerlo.
16 de septiembre, 2022
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que será candidato a la presidencia en las elecciones de 2024, a pesar de que varios analistas del país señalan que la reelección inmediata está prohibida por la Constitución.

“Después de discutirlo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la presidencia de la República”, dijo Bukele durante una alocución con motivo de la conmemoración de la independencia de El Salvador.

Bukele, de 40 años, se convirtió en presidente de El Salvador en 2019.

Según señalan varios especialistas, la Constitución salvadoreña tiene al menos seis artículos que prohíben la reelección inmediata del presidente.

Sin embargo, en mayo de 2021, con la colaboración del Congreso -donde el partido de Bukele tiene la mayoría- el mandatario expulsó a cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la mayor autoridad judicial del país.

Unos meses después, dicha Sala, con mayoría de jueces aliados al mandatario, emitió una resolución que autorizaba la reelección inmediata.

En aquel fallo, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral permitir “que una persona que ejerza la Presidencia de El Salvador y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.

“Si se registra como candidato, se consumará un burdo fraude electoral”, señaló a través de Twitter el constitucionalista salvadoreño José Marinero.

“Sin frenos al poder político, el anuncio de la reelección es realmente una declaración: ‘Voy a permanecer en el poder porque quiero y porque puedo'”, agregó el analista.

Bukele, quien antes fue alcalde de la capital, San Salvador, ha sido duramente criticado por sus posturas que muchos consideran radicales, aunque él señala que goza del apoyo del pueblo basándose en encuestas como la de Cid Gallup, donde registra un 91% de popularidad.

Sin embargo, distintos gobiernos, entre ellos el de EE.UU., han criticado las medidas que ha tomado Bukele para obtener más poder dentro del país.

El año anterior, cuando intervino en la estructura judicial de El Salvador, el asesor de la Casa Blanca para asuntos occidentales, Juan González, comparó al presidente salvadoreño con el desaparecido líder venezolano Hugo Chávez.

“Al observar muchas de las acciones de Nayib Bukele, yo creo que están llevando a ese país en una dirección mucho más autoritaria que la que vimos a los inicios de los años de Hugo Chávez, y eso es preocupante”.

Qué dicen la Constitución y la nueva Corte Suprema

De acuerdo con Marinero, la constitución de El Salvador tiene al menos seis artículos donde queda explícita la prohibición de la reelección inmediata.

El más claro es el 154, que dice: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Los expertos también citan artículos como el 248, donde expresamente se prohíben enmiendas que obstaculicen la alternancia en el poder.

Marcha con afiche sobre Nayib Bukele

Getty Images
Bukele es acusado de tomar medidas radicales que afectan los derechos fundamentales de los habitantes de El Salvador.

“No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”, se puede leer en este apartado.

“Estas normas son una protección que busca evitar que los presidentes permanezcan en el poder más de un período o que esto derive en una dictadura”, le dijo Marinero al diario El Salvador.

Sin embargo, a pesar de la advertencia de expertos, los cinco nuevos magistrados ubicados en la sala constitucional emitieron en septiembre de 2021 una orden en la que permitían la reelección inmediata.

“Atar la voluntad del pueblo a un texto que respondía a necesidades, contextos o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años ya no es una interpretación de derechos, sino una restricción excesiva disfrazada de seguridad jurídica”, señaló la Corte en su resolución.

Este cuerpo judicial también permitió, en marzo pasado, la imposición de un estado de excepción que suspendió algunos derechos constitucionales y resultó en miles de arrestos en respuesta a un aumento en los asesinatos de pandillas.

“Estas decisiones también fueron fuertemente criticadas por una parte de la comunidad internacional, pero son precisamente esas decisiones las que finalmente nos han permitido seguridad; son esas decisiones que finalmente nos permitieron la paz”, dijo Bukele durante su alocución de este jueves para explicar las razones detrás de su nueva candidatura.


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