Economía dio a empresarios 650 mdp; no se sabe dónde quedó el dinero
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Economía entregó a organismos empresariales 650 mdp; no se sabe a dónde fue el dinero

El dinero fue entregado en el sexenio pasado mediante convenios sin licitaciones a intermediarios (y no directamente a los beneficiarios) como la Concamin. La ASF identificó más de 40 irregularidades en la asignación y ejercicio de los recursos.
Cuartoscuro
11 de agosto, 2021
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La Secretaría de Economía (SE) entregó el sexenio pasado más de 650 millones de pesos a confederaciones empresariales, supuestamente para apoyar a emprendedores y pymes, pero no se sabe dónde quedó ese dinero.

Los recursos se adjudicaron a través de 249 convenios firmados con dichos organismos, en los que no hubo licitaciones y se le entregaron a organismos como Concamin, Canaco y Canacintra. Solo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) hay cinco convenios –de los que Animal Político tiene copia–, que se firmaron a unas semanas de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

El dinero se pagó y en 2019 se entregaron los informes para justificar la inversión. Sin embargo, de la revisión de dichos documentos entregados por Concamin la actual administración de la Secretaría de Economía no ha encontrado pruebas de que el dinero realmente se haya usado en lo que se reportó. 

Una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) advierte que se usaron presuntas empresas fantasma para simular la realización de los servicios pagados con el Fondo Nacional del Emprendedor.

La Concamin confirmó a este medio que en su carácter de “organismo intermedio” recibió a finales de 2018 más de 70 millones de pesos como resultado de solicitudes y convenios que fueron firmados por un director general que ya no labora en el organismo, y sin el conocimiento de su actual presidente.

No obstante, a diferencia de lo planteado por la Secretaría de Economía, sus actuales dirigentes afirmaron que los servicios pactados se cumplieron conforme a las reglas de operación del fondo y se remitieron los entregables que lo prueban, aunque hasta la fecha no hayan recibido la respuesta oficial de la autoridad que valide que los recursos se aplicaron correctamente.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó más de 40 distintos tipos de irregularidades en la forma en como se entregaron, supervisaron, ejercieron y se intentaron comprobar los recursos para emprendedores asignados a intermediarios como Canaco o Canacintra entre 2015 y 2018, ocasionando con ello un fraude millonario al erario. Una situación propiciada por la negligencia de servidores públicos que estaban a cargo.

Estas irregularidades ocurrieron en el periodo en que la Secretaría de Economía fue encabezada por Ildefonso Guajardo, quien actualmente se encuentra bajo investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. El dinero fue canalizado a través de uno de sus órganos desconcentrados, denominado Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el cual fue extinto al arranque del actual sexenio por sospechas de gastos excesivos y posible corrupción.

“En términos generales, el Instituto Nacional del Emprendedor no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Se identificaron deficiencias de control en las actividades que desarrolló el INADEM para realizar el seguimiento de la comprobación del ejercicio y aplicación de los recursos de los proyectos que previamente fueron autorizados”, concluye la ASF.

El mecanismo: dinero a intermediarios

Con la finalidad de impulsar a los emprendedores y fortalecer el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en 2013 el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto creó el denominado Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía.

La función principal del INADEM era supervisar y vigilar la correcta operación del Fondo Nacional del Emprendedor a través del cual se buscaba financiar proyectos que apoyaran a personas y mipymes en temas como acceso al mercado y a cadenas de proveeduría y producción.

Pero en las reglas de operación de dicho fondo se estableció que los recursos no se asignarían directamente a los beneficiarios, sino que se canalizarían a través de “órganos intermedios” (entre ellos organismos empresariales) los cuales postularían proyectos que de cumplir con la normativa aplicable ameritarían la asignación directa de los recursos, sin necesidad de una licitación u otro concurso público.

De acuerdo con las auditorías de la ASF, estas reglas presentaban múltiples irregularidades. Por ejemplo: no se establecía la documentación mínima para acreditar el desarrollo de los proyectos aprobados y su correcta aplicación; no había un tabulador diseñado para la asignación de recursos de manera directa; ni había mecanismos adecuados para evitar duplicidad en los apoyos mas allá de una carta compromiso.

Los auditores también identificaron fallas en la plataforma electrónica diseñada para operar estos recursos, situación grave pues se trataba de la única vía para un correcto seguimiento de los proyectos. Ello sumado a diversas irregularidades mas en la estructura del propio INADEM.

En diciembre de 2018, apenas al asumir su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondría la extinción del INADEM bajo el argumento de que era mejor entregar de manera directa los apoyos a beneficiarios y evitar “intermediarios” que favorecían la burocracia y la corrupción.

En junio de 2019 y en una votación dividida el Senado avaló la desaparición del Instituto. El senador Rubén Rocha de Morena acusó que los gastos del INADEM sin comprobar rebasaban los 11 mil millones de pesos en ese momento.

Fantasmas y supuesta simulación

En los últimos meses del gobierno de Peña Nieto el INADEM autorizó varios proyectos con cargo al Fondo Nacional del Emprendedor a cambio de recursos que se siguieron entregando incluso a unos días de concluir el sexenio.

Entre ellos proyectos estaban cinco solicitados por Concamin y autorizados en los convenios números: CFNE-016/2018; CFNE-017/2018; CFNE-018/2018; CFNE-013/2018 y CFNE-035/2018. El objetivo era impulsar programas y acciones que promovieran la inversión, incorporación a cadenas de producción y oportunidades de emprendimiento en favor de 362 mypimes y 90 emprendedores de distintos ramos.

Las solicitudes para acceder a estos recursos fueron presentadas por Luis Hernando Cervera Mondragón en su calidad de Director General de Concamin. Los oficios prueban que no se notificó ni mandó copia de ello al presidente de dicha confederación (y jefe de Cervera), Francisco Cervantes. Se trata de una situación que de acuerdo con el organismo no es ilegal, pero sí resulta inusual.

Entre febrero y noviembre de 2019, la Concamin entregó a la Secretaría de Economía los informes para acreditar que los servicios se realizaron, sin embargo, hasta la fecha, la SE no ha validado que los recursos se aplicaron correctamente.

Dicha dependencia federal informó a Animal Político que la denominada Unidad de Desarrollo Productivo aún no cierra el procedimiento de seguimiento y comprobación de los recursos que fueron entregados y adelantó que emprenderá acciones legales en caso de que se confirmen irregularidades.

Sobre estos mismos convenios, la FGR inició una carpeta de investigación tras recibir denuncia promovida por un particular en la que se advierte que los servicios en realidad no se llevaron a cabo como estaban pactados, y que incluso se habrían utilizado presuntas empresas fachada o que no sabían que fueron beneficiadas en la ejecución de los mismos.

“Hubo simulación de actos, toda vez que las empresas que supuestamente recibieron los recursos no existen, simulando la entrega de recursos a empresas fantasma o bien tomaron datos de empresas legalmente constituidas (…) para justificar la aplicación de los recursos, y otras tantas fueron constituidas con el fin de ser utilizadas para justificar la transferencia de recursos a empresas por servicios que supuestamente ejecutaron”, indica la denuncia asentada en la carpeta de investigación.

Las irregularidades reportadas ante la FGR, y que ahora son objeto de investigación, varían dependiendo del convenio. En algunas se reporta que el dinero fue triangulado para regresar a otras cuentas de Concamin, mientras que en otro se advierte el uso de presuntas compañías fantasma para simular ser beneficiarias o para facturar pagos por servicios simulados.

Cuestionada sobre estas irregularidades denunciadas ante la FGR, la actual administración de la Secretaría de Economía reiteró a Animal Político que ellos no han avalado que se hayan cumplido correctamente los servicios, pues aún no concluye el proceso de comprobación de dicho gasto.

La Unidad de Desarrollo Productivo se encuentra en la disposición de colaborar con las autoridades de procuración de justicia a efecto de aportar la información y/o documentación que se solicite tendiente al esclarecimiento de los hechos denunciados”, dijo la dependencia.

Cabe señalar que el Director General de Control y Procedimientos de la referida Unidad de Desarrollo Productivo (responsable de la evaluación de los convenios mencionados) es Karlo Magno de Jesús Gómez Gasca, el mismo funcionario que los autorizó cuando se encontraba en el INADEM, en el puesto de Director General de Asuntos Jurídicos.

La Secretaría de Economía confirmó que existen otras observaciones por presuntos malos manejos del Fondo Nacional del Emprendedor como se detallará más adelante.

Proyectos sí se realizaron: Concamin

La Concamin confirmó que hasta la fecha no han recibido de la autoridad federal el documento oficial de aceptación de que los recursos que recibieron se aplicaron correctamente. Sin embargo, el organismo negó que hayan existido irregularidades y subrayaron que los proyectos se cumplieron.

“Los expedientes fueron debidamente integrados y entregados a la autoridad en tiempo y forma, sin retrasos y siguiendo siempre los lineamientos que en su momento marcó la propia autoridad. Hasta la fecha no hemos sido notificados de que exista alguna irregularidad y si ocurre podemos aclarar lo que se solicite”, dijo a este medio el organismo.

En una reunión realizada en sus instalaciones, funcionarios de Concamin explicaron que los convenios se signaron siguiendo las reglas de operación marcadas por el propio INADEM y que la confederación actuó como “órgano intermedio”, según lo establecido. En varios de los proyectos los recursos fueron transferidos posteriormente a cámaras empresariales que fueron los responsables de ejecutarlos.

La Concamin destacó que cada uno de los proyectos fue analizado y autorizado por el propio INADEM dependiente de Economía. Solo después de cumplir ese requisito es que se transfirieron los recursos. Como ya se dijo arriba, este medio verificó que dicho aval fue otorgado por el que fuera director Jurídico de dicho instituto, Karlo Magno de Jesús Gomez Gasca.

La confederación mostró a Animal Político ejemplos del tipo de entregables que se enviaron a las autoridades por cada uno de los proyectos. No obstante, indicaron que no se podían proporcionar copias de estos informes ni las razones sociales de las empresas beneficiadas debido a cláusulas de confidencialidad.

Entre esos documentos exhibidos se encuentran presentaciones de Power Point con fotografías de cursos de capacitación o eventos, listas de asistencia a los mismos, videos de personas que señalan haber sido beneficiados con algún equipo, informes de actividades, facturas de servicios llevados a cabo, etc.

Cuestionados sobe la posibilidad de que dichos entregables fueran fabricados para simular los servicios como se señala en la denuncia promovida ante la FGR o como se ha documentado en otros casos como los desvíos en Chiapas o en el caso de La Estafa Maestra, en la Concamin desestimaron esto debido al prestigio de las cámaras involucradas y a visitas de supervisión realizadas por las autoridades.

Omisiones, negligencia y corrupción

De acuerdo con la ASF, además de los casos ya referidos de la Concamin, existen otros 244 convenios firmados con organismos intermedios como la Concanaco, Canacintra, Coparmex y secretarías del ramo locales, por un monto que asciende a los 631 millones de pesos que hasta la fecha no se han podido solventar ni comprobar.

Las irregularidades en todos los casos son similares: van desde la falta de expedientes para acreditar la aplicación de dinero hasta la existencia de entregables que presentan anomalías que no permiten considerarlos suficientes para acreditar que los servicios se pactaron tal como se llevaron a cabo.

Por ejemplo, en el caso de 99 proyectos autorizados en 2018 los auditores identificaron que si bien hay facturas electrónicas (CFDI) que amparan la realización de servicios, en el sistema falta documentación que acredite específicamente que dichos servicios facturados se llevaron a cabo y, más importante aún, que se realizaron con motivo de los convenios firmados con el INADEM.

Otra constante identificada por la ASF es el retraso en la ejecución de proyectos o, en su defecto, que sí se reportaron a tiempo pero no conforme a los lineamientos establecidos. Hay casos como el de un operador contratado para dar una capacitación que carecía del recurso humano y material para ello y que, en cambio, subcontrató vía “outsourcing” a otras tres empresas sin que tampoco haya prueba fehaciente de eso.

Se trata de un abanico de irregularidades que de acuerdo con los auditores fueron propiciadas, en buena medida, por la negligencia de los servidores públicos de Economía a cargo de supervisarlos. Una situación que ocasionó que hoy no haya certeza de donde quedó el dinero.

La ASF también cuestionó que al igual que sucede en el caso de Concamin, en la mayoría de los proyectos la Secretaría de Economía no ha emitido la opinión técnica con la cual debe oficializar la existencia de anomalías en los servicios pactados.

“El ente fiscalizado, de acuerdo con sus atribuciones y obligaciones, no ha expresado su opinión respecto de la documentación justificativa y comprobatoria presentada por los beneficiarios, la que además es insuficiente para demostrar que los bienes y servicios adquiridos se implementaron para la ejecución de los proyectos”, señaló la ASF en el informe de resultados de la auditoría 431-DE.

Sobre estas irregularidades la Secretaria de Economía confirmó a Animal Político que, en efecto, existen observaciones pendientes de ser solventadas. Añadieron que han entregado información al respecto que se encuentra bajo análisis de los auditores.

Los proyectos correspondientes a cada uno de los convenios citados se encuentran en la etapa de seguimiento y comprobación, por lo que no se ha determinado en definitiva la comprobación de del correcto ejercicio de los recursos, las metas, entregables e impactos comprometidos”, indicó la dependencia.

Este medio también solicitó a la ASF un posicionamiento sobre el proceso de revisión de la información entregada por la SE, pero se indicó que no era posible dar a conocer ningún detalle. Autoridades federales indicaron que antes de que concluya el año se presentarán denuncias sobre estos hechos ante la FGR.

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Ayotzinapa: dónde están las figuras clave en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes

Ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, los mexicanos siguen exigiendo respuestas.
26 de septiembre, 2022
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La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.

Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña ciudad de Cocula, se dijo que un basurero fétido en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más relevantes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una Comisión de la Verdad creada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del caso, algunos de los actores clave han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general

El viernes 19 de agosto, el exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como procurador general del gobierno de Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Jesús Murillo Karam

Getty Images
Jesús Murillo Karam era el procurador general de México cuando desaparecieron los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones ante un juez el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que, si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora está procesado. Si bien no se ha anunciado una fecha para un posible juicio, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Tomas Zeron

Getty Images
Se cree que Tomás Zerón está en Israel.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, a los pocos días del crimen. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión acusados de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

José Luis Abarca

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Las autoridades anunciaron el arresto de José Luis Abarca en una conferencia de prensa en 2014.

El pasado 14 de septiembre, un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas para arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares todos vinculados al caso han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

Soldados mexicanos

Getty Images
Soldados mexicanos buscando a los estudiantes desaparecidos en 2014.

El Ejército

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el Ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a marinos mexicanos manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

Lee: Ayotzinapa: a ocho años, cinco nuevos arrestos, 21 órdenes de arresto canceladas, 121 absoluciones y ninguna sentencia


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