Universidades del Bienestar, con planteles inconclusos y despidos
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Universidades del Bienestar operan con planteles inconclusos y despidos de maestros

A casi tres años del lanzamiento de las Universidades del Bienestar, y que según el gobierno federal, son 100 sedes, no todas cuentan con un plantel, como la de Zacapu, Michocán, que tiene una matrícula de 900 alumnos y han tenido que tomar clases hasta en el piso.
Cuartoscuro
12 de agosto, 2021
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Para llegar a Jopala, en la Sierra Norte de Puebla, primero hay que llegar al municipio de Xicotepec y luego emprender ruta por caminos sinuosos durante cinco horas. Quien quisiera cursar estudios de nivel superior tenía que salir de la comunidad, por eso un plantel de la Universidad del Bienestar significaba una oportunidad para los menos de 10 mil habitantes del poblado. 

A la única carrera en el plantel, Ingeniería en gestión integral del agua se inscribieron 70 jóvenes en 2019, pero para atenderlos solo hay un maestro que imparte todas las materias, un administrativo y un coordinador de plantel. Pero este último fue despedido, lo que dejó a la Universidad sin enlace con el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar, explica Roberto Arán, quien ocupaba el cargo. 

Leer más | Las Universidades del Bienestar aún sin planteles, certificación, ni claridad en el gasto: Coneval

Ese despido se suma al de otros maestros de universidades de Michoacán y la Ciudad de México que, según los afectados fue de manera injustificada, pues cumplen con la preparación académica y con más de una década de experiencia como docentes, pero que reclamaban mejoras en sus condiciones laborales y operativas, sobre todo porque se trata de un gobierno de izquierda que incluso derogó el outsourcing para las empresas, por lo que esperaban un trato justo. 

Por eso, dicen, la represalia por sus reclamos fueron los despidos, que ha derivado en que algunos planteles estén operando con hasta con la mitad de plantilla docente en pleno periodo de cursos de inducción y a unas semanas del inicio del ciclo escolar, acusan los maestros entrevistados. 

A esto se suma que a casi tres años del lanzamiento de las Universidades del Bienestar, y que según el gobierno federal, son 100 sedes, no todas cuentan con un plantel, como la de Zacapu, Michoacán, que tiene una matrícula de 900 alumnos y han tenido que tomar clases hasta en el piso. 

“Muchos creímos en el proyecto, porque reivindicaba la educación en México, pero fuimos despedidos sin ninguna explicación”, comenta Roberto Arán, excoordinador del plantel de Jopala. 

Sin embargo, Raquel Sosa, coordinadora de las universidades, incluso no considera esto como despidos porque ni siquiera hubo contratos. Los profesores firman convenios semestrales que no significan una contratación, pues pueden o no ser renovados y, en este caso, no lo fueron debido a que no acreditaron las evaluaciones sobre los perfiles requeridos, afirma. 

“No engañamos a nadie, les decimos cuáles son nuestras condiciones desde el primer día. No ofrecimos una plaza, no creamos esas expectativas. Esta es la forma de ejercicio de los recursos (los convenios) pero no hay ningún engaño, y es una condición para nosotros porque de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Hacendaria no son espacios que sean regularizables (como plazas). Aquí no hay incertidumbre”, dice Sosa en entrevista con Animal Político.  

Patricia Estrada, doctora en Educación con 20 años de docente y que también fue despedida del plantel Zacapu, en Michoacán, junto con otros 14 maestros, lo que dejó a la institución con 50% de la plantilla, dice sentirse “en la indefensión porque de la noche a la mañana nos quedamos sin trabajo y los alumnos están desesperados tomando clases con maestros de otras materias cubriendo nuestras áreas de conocimiento”. 

En tanto, en la universidad de Xochimilco fueron despedidos 5 de 12 profesores, los que eran más críticos de sus condiciones laborales, afirma Silvia Arévalo. Tras el abrupto cese los maestros que quedaron deben impartir las materias que quedaron vacantes aunque no sean expertos en ellas lo que “tendrá un impacto en la calidad de la educación que están ofreciendo a los alumnos. Si no se corrige todo esto se va a venir abajo el proyecto”, dice la profesora. 

Según Raquel Sosa, a la primera convocatoria de docentes en 2019 llegaron 36 mil solicitudes y aunque niega que su proceso de selección hubiese tenido errores, la no renovación de los convenios obedece a que “cada vez somos más rigurosos en los procesos de evaluación”, pero las universidades tendrán 1,250 maestros este año, una cifra superior a los 815 del arranque, insiste. 

Sin embargo, los maestros mostraron la evaluación oficial hecha a profesores de la universidad de Xochimilco en mayo de 2021 y donde los despedidos acreditaban que “la formación profesional y experiencia de los docentes cubre los requerimientos de la mayor parte de la carrera”, por lo que se mantendrían danto 35 horas de clase, advertía el documento. 

La Universidad financiada por morenistas 

La Universidad del Bienestar campus Xochimilco en la Ciudad de México, en realidad era el plantel José Santos Valdés una de las 9 universidades financiadas desde 2015 por diputados y senadores de Morena, el partido  fundado por el presidente López Obrador.

Operaban aún sin que todas contaran con el reconocimiento de validez oficial de estudios, pero tras la decisión de crear 100 universidades en el gobierno del presidente López Obrador, dichas universidades formaron parte de la estrategia federal. 

La Universidad de Xochimilco que imparte la licenciatura en Formación Docente en Educación Básica opera en un inmueble rentado, en el mismo que antes pagaba Morena. Esto significa, en primera instancia, que parte del presupuesto público se dedica al pago del inmueble, explica el maestro José Carlos Flores. 

Además existen “graves contradicciones entre el proyecto educativo y el pedagógico”, agrega José Carlos Flores. “Los estudiantes deben pasar por un curso de recuperación de conocimientos de bachillerato, pero a raíz de los despidos de maestros se está pidiendo a los mismos estudiantes que lo impartan. Está produciendo más precariedad dentro del proyecto”. 

Y tras un año con estudiantes tomando clases los planes y programas de estudios no estaban aterrizados. “Apenas en julio de 2020 estaban mandando los planes y programas y aún con notas al margen, pero quienes le dimos sentido y lógica fuimos los especialistas de diferentes campos”, explica José Carlos.

La universidad privada  

La universidad de Zacapu, Michoacán, donde se imparten cuatro carreras, arrancó en las instalaciones de una universidad privada que supuestamente había donado el plantel para el proyecto presidencial. Sin embargo, después de desencuentros administrativos, la dueña desistió del acuerdo y los alumnos y maestros tuvieron que tomar clase donde se pudiera. 

Así lo explica Patricia Estrada quien fue docente del plantel desde 2019. Tuvieron que impartir clase en un inmueble que les prestó el ayuntamiento y equiparon con sillas de uno de los padres de familia que tenía negocio de alquiler de sillas y mesas para fiestas. Pero cuando las necesitó “los chicos tomaron clase en el suelo”, relata.  

Situación que fue superada debido a la suspensión de clases presenciales y en ese tiempo avanzó la construcción de aulas en Zacapu, pero que aún no están terminadas, advierten los docentes quienes mostraron fotografías del lugar. 

Raquel Sosa sostiene que 100 planteles ya están construidos en su primera etapa, mientras que 45 más están en proceso. Esto significa que los primeros ya tienen 4 aulas, sanitarios, oficina y auditorio para atender a al menos 320 alumnos y dependerá la demanda la construcción de más aulas. 

Aunque el proyecto de universidades cumplirá tres años de arranque, Sosa reconoce que no se han construido tan rápido porque se trata de “procesos de construcción comunitaria y no son hechas por empresas. Seguro que la velocidad de las empresas y la de las comunidades son distintas. Son procesos cuidados, pero más lentos. Además es un esquema que se va construyendo por etapas para llegar hasta 2 mil estudiantes”.

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'Los talibanes no aceptan la justicia impartida por mujeres': la desesperada huida de una jueza afgana

Como otras mujeres que desempeñaron posiciones en el poder judicial afgano antes de que el Talibán tomara el poder en 2021, esta jueza temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.
17 de agosto, 2022
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Cuando desembarcó en Brasil con su familia, Sahar* sólo tenía una maleta con una o dos mudas de ropa.

La jueza salió de Afganistán a toda prisa el año pasado, huyendo de los talibanes y tuvo que dejar todo atrás.

Como muchas otras mujeres que ocuparon cargos en el poder judicial afgano antes de que el grupo fundamentalista tomara el poder en agosto de 2021, temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.

“Tuve que dejar atrás todo lo que construí en Afganistán: mi casa, mis posesiones y parte de mi familia”, le dijo la jueza a BBC News Brasil.

“Tenía una vida completa y lo perdí todo”.

En los últimos 20 años, 270 mujeres se han desempeñado como magistradas en Afganistán. Muchas de ellas lograron escapar con la ayuda de la Asociación Internacional de Juezas (IAWJ) y se refugiaron en varios países del mundo.

Brasil otorgó visas humanitarias a siete de estas juezas y a tres magistrados. Todos llegaron al país en octubre pasado y fueron recibidos por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB).

Pero alrededor de 90 juezas siguen atrapadas en su país, escondidas.

“Salir de allí”

En su relato, Sahar detalla los momentos de miedo y desesperación que precedieron a su huida de Afganistán.

La jueza y su familia tuvieron que dejar su hogar para esconderse en otro lugar después de que los talibanes tomaron el poder.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Getty Images
Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Con la caída del gobierno afgano, jueces de todo el país comenzaron a ser perseguidos por su participación en los juicios y condenas de miembros del grupo extremista durante el período de ocupación estadounidense.

Los talibanes incluso abrieron prisiones en todo el país, liberando a hombres que los magistrados habían encarcelado.

La vida de las mujeres también cambió drásticamente con el establecimiento del régimen. Se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el ministerio de la mujer y, en muchos casos, se impidió que las empleadas regresaran al trabajo.

“Grupos como los talibanes, Daesh (Estado Islámico) y otros no aceptan la justicia impartida por mujeres”, dice Sahar.

“La situación se volvió realmente desesperada cuando los talibanes comenzaron a registrar las casas de todos los jueces. Invadieron la Corte Suprema y obtuvieron acceso a todo tipo de información sobre nosotros, como fotos, direcciones y documentos”.

“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no podíamos quedarnos en Afganistán porque era demasiado peligroso”, dice.

La ayuda

La jueza inicialmente se refugió en la casa de los familiares.

“Estábamos encerrados sin poder salir. No podíamos volver a nuestro departamento ni sacar nuestras cosas porque los talibanes patrullaban nuestra cuadra”.

Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

AFP
Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

“Fue realmente difícil. No podía cocinar ni lavar ni hacer nada, solo pensaba en que tenía que salir de allí“.

Pasaron dos meses antes de que Sahar recibiera la noticia de que iba a ser rescatada y de que recibiría refugio en Brasil.

“Le informamos sobre nuestra situación a la IAWJ y ellos entraron en contacto con varios países en busca de ayuda y visas para nosotras, las juezas”.

“Cuando me tocó a mí, me dijeron que íbamos a Brasil”.

La magistrada se mudó con sus familiares más cercanos. Por razones de seguridad, no se revelaron los detalles de la operación que los sacó de Afganistán y los trajo a Brasil.

“Dijeron que no podíamos llevar muchas cosas con nosotros, porque todo tenía que ser discreto. Así que no trajimos casi nada, tal vez solo una o dos mudas de ropa”, le dijo Sahar a BBC News Brasil.

“Tengo que controlarme para no llorar cuando recuerdo el día que nos fuimos. Fue una gran desgracia para nosotros”.

“Teníamos una buena casa, un buen salario y nuestra familia en Afganistán y dejamos todo atrás. Fue una situación muy mala, apenas puedo describirla con palabras”.

Miedo por lo que queda atrás

En sus más de cuatro años como magistrada en Afganistán, Sahar estuvo involucrada principalmente en casos penales.

Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

Getty Images
Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

La jueza dice que está orgullosa de su trabajo, especialmente en casos relacionados con la seguridad y el bienestar de otras mujeres.

“Tiene que haber espacio para que las mujeres sean juezas, porque una mujer confía en la otra. Las mujeres que fueron a la corte pudieron abrirse más con nosotras”, cuenta.

Era muy feliz en mi trabajo. Desde pequeña soñaba con ser jueza y hacer justicia para las familias y los niños”.

Sahar dice que no le tocó juzgar ningún caso directamente relacionado con el Talibán, pero admite que pudo haber participado en juicios por delitos comunes cometidos por miembros del grupo.

“Procesé todo tipo de casos, como asesinato, secuestro, robo, corrupción, casos de familia”.

Debido a su trabajo, teme por la vida de algunos miembros de su familia que aún se encuentran en Afganistán.

“Tengo miedo porque tienen todo tipo de datos e información sobre nosotros. Podrían estar en peligro“, dice.

“Cuando salimos de Afganistán todos se mudaron y se escondieron en otros lugares”.

“Hablo con ellos a veces, pero no mucho porque creo que nuestros números pudiesen estar siendo interceptados”.

E incluso a millas de distancia de Afganistán, Sahar dice que todavía teme por lo que dejó atrás.

“A veces todavía tengo miedo, porque soy humana y pienso demasiado en las cosas”.

Vida en brasil

Sahar y los otros nueve magistrados que se refugiaron en Brasil recibieron visas humanitarias emitidas sobre la base de una ordenanza interministerial publicada en septiembre de 2021, por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública.

Entre jueces y familiares, 26 personas llegaron al país en octubre pasado.

“Todos llegaron a Brasil muy asustados, preocupados por la seguridad y sin hablar una palabra de portugués”, dice Renata Gil, presidenta de la Asociación de Magistrados Brasileños que coordinó la recepción de las familias.

Para que pudieran reiniciar sus vidas, todos recibieron alojamiento, alimentación y atención médica proporcionada por esa organización y sus socios.

Los magistrados y sus familias también están estudiando inglés y portugués y sus hijos han obtenido becas en escuelas locales.

“Todas las juezas que recibimos tienen profundas cicatrices por todo lo vivido y un gran dolor por lo perdido. Es un proceso de adaptación intenso”, indica Gil.

“Pienso en mi país”

Después de un período inicial viviendo en alojamientos militares, Sahar ahora vive con toda su familia en una propiedad alquilada.

Una vista de Kabul

BBC
Una vista de Kabul.

Fue empleada como asistente legal por un bufete de abogados, donde investiga casos relacionados con inmigración.

La jueza dice que, antes de mudarse a Brasil, sabía muy poco sobre el país. “No había oído mucho sobre la gente, la cultura o el idioma”, precisa.

Y aunque está muy agradecida por la cálida bienvenida y la ayuda que ha recibido, Sahar dice que no pasa un día sin pensar en volver a casa.

“Pienso en mi país, mi familia y mi antiguo trabajo todos los días. Afganistán es mi patria y la extraño cada día”.

“No puedo decir que estoy disfrutando mi tiempo en Brasil, porque esta situación no es nada fácil”, señala la jueza.

“Pero estamos muy agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido. La gente aquí es muy amable, al igual que el pueblo afgano”.

“Espero que todo salga bien para poder volver. Sé que la situación no es fácil, pero si Alá lo quiere, tal vez todo se resuelva pronto”.

*El nombre de la jueza ha sido cambiado para proteger su identidad y garantizar su seguridad y la de su familia.

Este artículo fue originalmente publicado en BBCBrasil


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