La mitad no obtiene beca por discapacidad; servidores deciden
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Jesús Santamaría

Becas por discapacidad: la mitad no logra obtenerla; servidores de la nación deciden

En México hay casi 21 millones de personas con discapacidad, pero el programa solo tiene como meta llegar a un millón, es decir, apenas 16% de ellas.
Jesús Santamaría
Por Manu Ureste y Data Cívica
23 de septiembre, 2021
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A los cinco años, los padres de Carolina comenzaron a notar que su hija no volteaba cuando le hablaban o la llamaban por su nombre, ni se sobresaltaba con los ruidos fuertes, ni pronunciaba palabras sencillas para su edad.

La llevaron con un especialista y tras unos estudios les confirmaron la sospecha: Carolina nació sorda. Una discapacidad a la que, años después, se le sumó un quiste en el cerebro que le dejó crisis convulsivas y una pérdida progresiva de la visión que ahora, a sus 45 años, la obligan a usar unos lentes especiales.

A pesar de las dificultades, Carolina Flores, natural del municipio de García, en Nuevo León, logró abrirse camino en el mercado inmobiliario como asesora de ventas autónoma. Y las cosas, explica en entrevista mediante mensajes de texto, no le estaban yendo mal, hasta que en 2020, con la pandemia de COVID-19, el trabajo, las ventas, y los ingresos, se hundieron.

“En todo el año solo vendí una casa”, asegura.

Para paliar la falta de ingresos y de seguro social, trató de acceder a la beca de 2 mil 700 pesos mensuales que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece a personas con discapacidad permanente.

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Un día, narra Carolina, un joven tocó a su puerta. Era un integrante de los Servidores de la Nación, el equipo que se encarga, entre otras funciones, de elaborar los censos de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Bienestar. El joven preguntó por un niño de seis años con discapacidad, que vive en su misma calle, para inscribirlo en la beca. Y Carolina aprovechó la ocasión para explicarle que ella también quería aplicar.

Pero el encuentro con el voluntario fue un desastre, dice la mujer.

“Era un muchacho que no sabía nada de cómo tratar a personas sordas. Me gritaba, aunque no tenía caso que lo hiciera, porque no puedo escucharlo. No tenía conocimiento, ni capacitación, ni tampoco empatía”, lamenta Carolina, que al final optó por acudir con un acompañante que hablara por ella a la oficina de Bienestar más cercana, en Guadalupe, Nuevo León, a una hora en carro.

Allí las cosas tampoco fueron fáciles: los funcionarios le informaron que para conseguir la beca tenía que entregar una larga lista de documentos, entre ellos, un certificado médico, un comprobante de discapacidad, y una audiometría.

Pero ni entregando todo eso, le advirtieron, podría optar a la ayuda.

“No me la dieron porque tengo 45 años, y porque, según ellos, vivo en una colonia bien, que no es pobre. Pero yo me pregunto: ¿qué importa donde viva y mi edad si necesito esa ayuda? Para mí eso es discriminación”.

Como respuesta, Carolina dice que los funcionarios le explicaron que hay mucha demanda por recibir la beca, y que éstas se están priorizando entre niños, niñas, adolescentes y menores de 30 años, y entre personas de 30 hasta 64 que vivan en municipios indígenas, afromexicanos, y personas de 30 a 67 que habiten en municipios de altos índices de pobreza, diferentes a los que son indígenas.

Carolina recurrió entonces a una organización civil que integra a unas 45 personas sordas en su comunidad, muchos de los cuales están actualmente sin trabajo. Quería probar si en grupo era más fácil acceder a la ayuda. Ahí se encontró con que no era la única en esa situación.

“Nadie en mi comunidad ha logrado ese apoyo, que para mí es una mentira”, critica la regiomontana. “Porque no es una beca para todos. No es universal —recalca—. Es un programa hecho a medida para beneficiar solo a los que les conviene al Gobierno”.

6 millones con discapacidad, becas solo para 1

Entre 2019 y lo que va de 2021, la Secretaría de Bienestar del gobierno de López Obrador ha gastado 36 mil 800 millones de pesos en beneficiar con becas bimestrales a la población con discapacidad en México, de los que algo más de 10 mil millones se ejercieron solo en el primer semestre de este 2021.

Sin embargo, en estos casi tres años de operación, el alcance de la beca ha sido realmente corto. Y lo ha sido desde el planteamiento mismo del programa, que, en efecto, no es universal: en el país hay casi 21 millones de personas que tienen alguna discapacidad, de las cuales, 6 millones 179 mil personas tienen discapacidad permanente, según datos del censo de población 2020 del INEGI. El programa, en cambio, tiene como meta llegar a 1 millón de beneficiarios; es decir, apenas a un 16% de ese universo.

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Por ello, tal y como explicaron los funcionarios de Bienestar a Carolina Flores, el programa da prioridad a los tres sectores de población: niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años, y personas de 30 y hasta un día antes de cumplir 65, que habiten en municipios y localidades indígenas o afromexicanas, o en municipios con alto o muy alto grado de marginación.

La organización civil Data Cívica, en un análisis para este reportaje, calculó con datos del INEGI y del Instituto de Población Indígena (INPI) que con esta priorización que hace Bienestar, el universo a atender se reduce a 1 millón 925 mil personas que son niños, niñas, jóvenes hasta 29, personas indígenas o afromexicanas, y adultos que viven en municipios con altos niveles de marginación.

Pero esta cifra implica dos cosas: que más de 4 millones 250 mil personas con discapacidad se quedan fuera del rango para poder optar a la ayuda; y que el grado de cobertura, teniendo en cuenta solo a esos casi 2 millones que sí cumplirían los requisitos, sigue siendo bajo: en 2019, el primer año de operación de la beca, fueron beneficiadas 837 mil personas, el 43% de la población objetivo. Es decir, que 1 de cada 2 personas que cumplían con los requisitos no la obtuvieron.

En cuanto a cómo se distribuyeron las becas, Animal Político solicitó por transparencia las bases del padrón de beneficiarios 2019, y comprobó que la mayoría de los conceptos, como la edad, localidad, o el tipo de discapacidad, están testados; es decir, vienen tachados y no se pueden analizar.

Con la poca información pública disponible, Data Cívica comparó los casi 2 millones de personas que, según datos del INEGI y del INPI, podrían ser candidatos a recibir la beca, contra los 837 mil que la recibieron. Como resultado, obtuvo que el reparto de las becas fue proporcional. Esto es, aunque tuvo un alcance corto, la beca se repartió más en los municipios donde hay identificadas más personas con discapacidad y que cumplen los requisitos de las Reglas de Operación, y priorizó los municipios indígenas y con altos índices de marginación por encima del resto.

No obstante, también encontró que hay 205 municipios con una cobertura de becas mayor al 100% de la población identificada como potencial. Es decir, en esos lugares hubo más becas que personas identificadas con discapacidad.

Ambigüedad de criterios y discrecionalidad

Aleyda Flores tiene 45 años y desde hace ocho padece ceguera. En entrevista, la mujer natural de Durango explica que lleva dos años intentando conseguir la beca, luego de que escuchó en spots de radio que el Gobierno de López Obrador la estaba ofreciendo. No vive en situación de pobreza extrema, matiza, pero la ceguera le ha dejado múltiples gastos que, aunados a los de un hijo estudiante que no trabaja, la llevó a acercarse a una oficina de Bienestar a solicitar la ayuda.

“La discapacidad es muy cara. Hay muchas cosas que tienes que poner de tu bolsillo, como los medicamentos que no te da el seguro, el transporte, etcétera. En estos tiempos, es un lujo tener discapacidad. Es carísimo”, plantea.

Pero, como en el caso de Carolina, en la oficina de Bienestar también le informaron que, por su edad, y porque no vive en una zona de alta marginación, ni indígena, no era candidata.

“Me sentí discriminada”, coincide con Carolina. “¿Cuál es el motivo por el que no estaría recibiendo el apoyo? No lo entiendo. Se supone que con esa ayuda están buscando la igualdad. Pero, con esta forma de clasificar a quién sí y a quién no, nos están tratando de manera desigual”.

No obstante, meses después, Aleyda asegura que una pareja de conocidos, que también son ciegos y que tienen su misma edad, sí accedieron a la beca. Por ello, regresó a insistir a la oficina de Bienestar, donde esta vez le dijeron que tendría que esperar a que un Servidor de la Nación fuera a su casa para evaluar su caso.

Pero, hasta la fecha, la mujer dice que no la han visitado. 

Precisamente, la intervención de los Servidores de la Nación en el proceso de selección de los beneficiarios es uno de los puntos que más polémica genera. De acuerdo con lo que se establece en las Reglas de Operación del programa, hay una serie de documentos que la persona con discapacidad debe entregar para aspirar a la beca. Uno de ellos, es que debe presentar un certificado de discapacidad elaborado por alguna institución pública de salud.

Sin embargo, en las mismas reglas se deja una puerta abierta para quienes no lo presenten: si la discapacidad “es notoria o evidente con la sola apreciación de los sentidos”, a entender del Servidor de la Nación que hace la visita y evalúa el caso, entonces el certificado no será necesario.

Félix Frías tiene discapacidad visual y es integrante de la organización Empoderamiento de Personas con Discapacidad. En entrevista, señala que esa excepción es una puerta abierta a la “ambigüedad de criterios” y “a la discrecionalidad”.

“Se está dejando a consideración de un Servidor de la Nación, que no tiene formación médica, decidir si una discapacidad es evidente”, apunta. “Pero muchas veces la discapacidad no es visible y se requiere de una evaluación más profunda. Te hablo, por ejemplo, de una discapacidad psicosocial, una discapacidad mental”.

“Por eso —apunta ahora Candelaria Salinas, de la misma organización civil—, estamos detectando casos en los que gente que usa lentes por vista cansada, sí están recibiendo el apoyo. Y a personas con ceguera no se la dan, porque quedó a criterio de un Servidor de la Nación”.

Sobre este punto, Candelaria recuerda que, precisamente, una de las recomendaciones que hizo en un informe en 2020 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a este programa consiste en que Bienestar firmara convenios con instituciones de salud pública para “llevar a cabo brigadas de visitas domiciliarias a la población preseleccionada y así confirmar si presenta discapacidad permanente”. Cosa que aún no ha sucedido.

“Están metiendo a gente al programa a conveniencia —asegura tajante Candelaria—. ¿Tú usas lentes? Pues te meto a la beca. ¿Tú usas bastón? Pues te pongo que es discapacidad permanente. Y así van haciendo una clientela”.

Con otra solicitud de información, Animal Político preguntó a la Secretaría de Bienestar cuántas personas de las 837 mil que recibieron la beca en 2019 presentaron un certificado médico, y cuántas fueron incluidas en el programa a consideración de un Servidor de la Nación. En su respuesta, la dependencia dijo que en el formato de registro este criterio no existe, por lo que desconoce el dato. Mientras que información como qué tipo de discapacidad tienen las personas beneficiadas, fueron testados por considerarlos datos personales.

Recurren al amparo para conseguir la beca

Marisol Flores tiene 40 años y es la mamá de Iñaki, un niño de diez años que nació con hidrocefalia —exceso de líquido en el cerebro— y que desarrolló una epilepsia resistente a los fármacos.

Ella, su hijo, es uno de los 837 mil casos de personas con discapacidad que sí le concedieron la beca. Aunque no fue nada fácil. 

Marisol cuenta que, tras recibir la visita de un Servidor de la Nación en su domicilio, y luego de entregar la documentación, le dijeron que en breve se comunicarían con ella. Pero pasaron casi dos años hasta que, en octubre de 2020, le mandaron un mensaje de texto diciéndole que su hijo había sido aceptado, y el 21 de diciembre le entregaron un sobre con una tarjeta de Bienestar.

Pero aun había un detalle: tenía que esperar a que un funcionario de Bienestar pasara de nuevo por su domicilio a entregarle un talón de pago, y ya con eso, ir a la sucursal del Banco Bienestar más cercano para activar la tarjeta. De nuevo, pasaron los meses: de diciembre de 2020 hasta mayo de 2021, casi medio año más. Y la tarjeta seguía inactiva, a pesar de las múltiples llamadas de Marisol a la dependencia para que le dieran una explicación del retraso.

En entrevista, la mujer cuenta que ya daban por perdida la ayuda, hasta que, por medio de Margarita Garfias, madre de Carlos, un joven de 17 años con discapacidad múltiple, y coordinadora de la organización Familias y Retos Extraordinarios, se enteró de que el Instituto Federal de la Defensoría Pública ofrece acompañamiento gratis para conseguir la beca mediante la vía del amparo.

“Yo no tenía ni idea de que se podía ejercer una acción legal para conseguir la beca”, admite Marisol. “Luego me di cuenta de que hay muchas personas en mi misma situación, de que sí les dieron el registro, pero nunca les llegó el dinero”.

Finalmente, el 24 de julio de este año, tras casi tres años de solicitarla, su hijo Iñaki ya dispone del apoyo económico.

Yasmín Rosales Muñoz es una de las asesoras legales especializada en atención a personas con discapacidad que trabaja para el Instituto Federal de la Defensoría Pública; un ente público del Consejo de la Judicatura Federal que, a partir de 2019, creó un área dedicada especialmente a la defensa gratuita de los derechos de las personas con discapacidad en México.

En entrevista, la abogada explica que, desde que se lanzó en 2019 la beca Bienestar para personas con discapacidad, han acompañado múltiples casos como el de Marisol y su hijo Iñaki, mediante la interposición de juicios de amparo con los que buscan que, por mandato de un juez, la Secretaría de Bienestar les otorgue el apoyo económico.

“Hemos tenido una gran demanda”, recalca la abogada, que, solo en la Ciudad de México, ha llevado 40 casos, “de los cuales, el 80% son de personas con discapacidad que no han podido acceder a la beca”, y el resto, personas que se la aprobaron, pero no le depositaban el dinero, como le sucedió a Marisol.

Y la fila de amparos, plantea Rosales, continúa creciendo. Especialmente, luego de que, en mayo de 2020, a iniciativa del presidente López Obrador se reformó la Constitución Mexicana para elevar la beca a personas con discapacidad al rango de derecho constitucional.

Sobre esto, la abogada explica que, aunque las Reglas de Operación de la beca establece tres sectores prioritarios, al elevarse la beca a rango constitucional, toda persona con discapacidad permanente podría aplicar para recibirla.

“Bienestar señala como prioritarios a ciertos grupos, como niños y niñas, o personas indígenas, o personas que vivan en zonas de alta marginalidad, y esto está generando que se les niegue la beca a muchas otras personas, por ejemplo, que tengan más de 30 años”, expone.

“No obstante, la negativa es contraria a la Constitución. Así que podemos impugnar por la vía del amparo y podemos obtener de un juez la suspensión por discapacidad porque la Constitución no excluye. Es decir, las Reglas de Operación hablan de un rango de priorización, pero nunca de exclusión. Y nosotros, como defensores públicos, podemos hacer valer ese derecho a la igualdad”.

—Es decir —se la planteó a la abogada en la entrevista-, técnicamente, las más de 6 millones de personas con discapacidad que, según el INEGI, hay en el país, ¿podrían solicitar la beca?

—Por supuesto —respondió—. Y los invitamos a que lo hagan. Que hagan valer sus derechos. Porque son derechos, no son un regalo -recalcó Yasmín Rosales, que detalló que la Defensoría Pública tiene asesores jurídicos especializados en la materia en los 32 estados de la República, a los que se le puede contactar mediante el teléfono ‘Defensatel’ (800 22 42 426), o mediante el correo [email protected].

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Trabajo híbrido: 'Las mujeres se ven mucho más afectadas que los hombres'

Muchas empresas evalúan las alternativas para que el personal vuelva a la oficina de una manera presencial. Una de ellas es el trabajo híbrido. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para las mujeres?
12 de noviembre, 2021
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Conectividad, reuniones virtuales, trabajo remoto, etc.

Durante la pandemia de la Covid-19 adoptamos muchas palabras relacionadas a la nueva manera de trabajar.

Al mismo tiempo, en estos más de 18 meses, muchos empleos se automatizaron y hubo un replanteamiento de prioridades que hizo que varios negocios se transformaran y otros dejaran de existir.

Y las mujeres fueron las más perjudicadas.

Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo en 2020 más de 13 millones de mujeres perdieron sus empleos en América Latina debido a la pandemia.

Mientras que otro informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revela que la tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46% en 2020, mientras que la de los hombres estuvo en 69% (en 2019 alcanzaron un 52% y un 73,6%, respectivamente).

Un comercio en la Ciudad de Buenos Aires con la leyenda "cierre definitivo".

Getty Images

Al tiempo que observan la curva de contagios de covid y la vacunación en el mundo, muchas empresas analizan las posibilidades para volver a una cierta “normalidad” laboral.

En esta etapa surgió una nueva palabra: el trabajo híbrido.

No existe un consenso sobre su definición, pero podría ser algo como “estar en la oficina tres días a la semana, y en casao donde quierasotros dos días. Creo que eso es lo que generalmente se entiende por trabajo híbrido. Pero depende mucho del negocio”, dice Claudia Goldin, profesora de Economía de la Universidad de Harvard.

Fernanda Hurtado, gerente general de Fundación Generación Empresarial de Chile y especialista en gestión de empresas, coincide con esto último.

“Al trabajo híbrido lo veo con una definición bastante localista. Las regulaciones van a tender a ser un poco más abiertas para que cada empresa u organización pueda dar sus marcos y quizás lineamientos respecto a lo que ellos entienden como trabajo híbrido”, le dice a BBC Mundo.

Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas del trabajo híbrido? ¿Y cómo afecta a las mujeres esta nueva modalidad laboral?

“Apretón de manos por Zoom”

Mujer frente a una pantalla de computadora ofreciendo su mano.

Getty Images

La implementación de cualquier tipo de sistema de trabajo trae ventajas y desventajas.

Pero sobre todo abre nuevas posibilidades que tal vez antes eran impensables.

“En el entorno anterior, lo que yo llamo BCE (Before Covid Era – en español “era antes del covid), siempre existía el caso de alguien que cerraba un trato en Pekín y tenía que viajar, o debía participar en un conjunto de reuniones con clientes en Sao Paulo y tenía que estar ahí”, ejemplifica la profesora Goldin.

Según la experta, si esas son las demandas de un empleo, entonces aquellos que son padres y que tienen responsabilidades de cuidados no pueden participar porque no pueden viajar cada semana.

Pero “si todas estas cosas se pueden hacer de forma remota, si el apretón de manos se puede hacer por Zoom, entonces esto abre nuevas posibilidades para quienes son padres“, afirma.

“Quien tiene las tareas de cuidado en casa es generalmente la mujer y, si no tiene niños pequeños, a menudo tiene padres a su cargo”, le dice a BBC Mundo la especialista en el rol de la mujer y brecha de género en la fuerza laboral.

Mujer con una niña dando una explicación mientras trabaja de manera remota.

Getty Images

“Entonces, el sector de cuidados, que es el no remunerado, tiene una restricción, y lo que llamamos trabajo híbrido, que es en realidad un trabajo remoto, amplía las posibilidades. Aunque no necesariamente todo sume”, dice Goldin.

Problemas estructurales

Antes de enumerar las potenciales dificultades de las mujeres con respecto al trabajo híbrido, es importante destacar algunos puntos relacionados a las estructuras laborales y familiares.

Muchos de los empleos que se perdieron en América Latina durante la pandemia están ligados al comercio, los servicios, alimentación y turismo.

“Todas estas áreas son altamente intensivas en contratación femenina. Entonces muchas mujeres, por una razón estructural del mercado laboral y de la pandemia, se quedaron sin trabajo”, analiza Fernanda Hurtado.

Y también hay que sumarle una razón de estructura familiar.

Durante la pandemia, muchos países suspendieron las clases presenciales en las escuelas. Eso hizo que el cuidado de los niños, que en la mayoría de los casos recae sobre las mujeres, se acrecentara y las obligara a salir del mercado laboral.

"En el trabajo híbrido, las mujeres se ven mucho más afectadas que los hombres porque en el fondo el trabajo doméstico y el cuidado aún no se han solucionado"", Source: Fernanda Hurtado, Source description: Gerente general de Fundación Generación Empresarial de Chile, Image:

Otro de los cambios que trajo la pandemia fue la aceleración de los procesos de transformación digital y de automatización, especialmente en el área del comercio.

“Entonces muchas mujeres ya no encuentran el empleo que tenían antes porque se automatizó”, describe Hurtado.

“No es tan fácil encontrar empleo. Y también es muy difícil encontrar el empleo que se tenía antes en las mismas condiciones”, añade la especialista.

El trabajo híbrido y las mujeres

Si bien este esquema de trabajo híbrido podría ser un aparente beneficio para muchas mujeres encargadas de las tareas del cuidado tanto de niños como de adultos mayores, especialistas advierten que este trabajo flexible puede terminar perjudicándolas.

“El trabajo híbrido implica movilidad. ¿Qué tan cerca estás de tu trabajo? ¿Cuánto tiempo te resta de lo que tú tenías que seguir haciendo en tu casa? En estas condiciones, las mujeres se ven mucho más afectadas que los hombres, porque en el fondo el trabajo doméstico y el cuidado aún no se han solucionado”, detalla Hurtado.

Reunión en Zoom con una participante en una pantalla y el resto de un equipo reunido en una mesa.

Getty Images

Estar en la casa y a cargo del cuidado de los niños, de asistirlos en la educación remota, atender a adultos mayores y hacer tareas domésticas porque aún no se restableció la normalidad en el trabajo de limpieza en casas particulares, además de cumplir con un empleo remoto, puede ser agotador.

“Esto amplifica la carga no sólo laboral sino que personal. Y la eficiencia y efectividad laboral se ven sumamente afectadas”, detalla Hurtado.

“Toda esta dificultad tiene que ver con una estructura y con un patrón cultural tremendamente potente”, añade.

“Un gueto”

Por las razones de cuidado antes mencionadas, las mujeres suelen elegir trabajar desde la casa si el empleador lo ofrece.

Según una reciente encuesta de la compañía de medios Skimm especializada en el sector femenino realizada entre 1.600 mujeres millennials que trabajan en Estados Unidos, el 65% dijo tener un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal con el empleo remoto, valorando el ahorro de tiempo en el viaje al trabajo y los momentos con la familia.

Sin embargo, dos tercios de ellas también creen que están perdiendo oportunidades al no estar en la oficina, donde pueden discutir sus metas y desarrollo profesional.

“Las mujeres desproporcionadamente desean hacer algunos de los trabajos de forma remota, y los hombres o mujeres sin hijos o aquellos que tienen unos 50 años no”, describe la profesora de Harvard.

“Esto podría ser una desventaja para la madre joven que no está en el lugar de trabajo al mismo tiempo . Me refiero a que podría darse el caso de que en este mundo híbrido pudiéramos crear un gueto con el ‘trabajo desde casa'”, opina.

"En este mundo laboral híbrido se puede terminar creando un gueto con quienes hacen el 'trabajo desde casa'"", Source: Claudia Goldin, Source description: Profesora de Economía de la Universidad de Harvard., Image:

“Y si se crea un gueto, entonces podría ser que al final de una reunión ella presione el botón de salir del Zoom y se desconecte, pero todos los demás sigan allí, presentes en el lugar. Y ella se quedó fuera” de posibles conversaciones extras tras la reunión.

Esto “podría perjudicarla”, advierte Goldin.

Por otro lado, la profesora destaca que el trabajo híbrido podría ser una buena oportunidad para aquellas mujeres que ocupan altos cargos empresariales, pero que no pueden viajar en caso de acuerdos comerciales con clientes en el extranjero ya que con las nuevas comunicaciones ellas pueden ser incluidas en esas reuniones.

“Pero creo que todavía no estamos en ese punto. Aún tenemos un sector de la salud que nos está diciendo qué hacer y luego tenemos a los jefes que lo interpretan y todavía están tratando de resolver” las medidas a tomar, entre ellas el trabajo híbrido.


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