La mitad no obtiene beca por discapacidad; servidores deciden
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Jesús Santamaría

Becas por discapacidad: la mitad no logra obtenerla; servidores de la nación deciden

En México hay casi 21 millones de personas con discapacidad, pero el programa solo tiene como meta llegar a un millón, es decir, apenas 16% de ellas.
Jesús Santamaría
Por Manu Ureste y Data Cívica
23 de septiembre, 2021
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A los cinco años, los padres de Carolina comenzaron a notar que su hija no volteaba cuando le hablaban o la llamaban por su nombre, ni se sobresaltaba con los ruidos fuertes, ni pronunciaba palabras sencillas para su edad.

La llevaron con un especialista y tras unos estudios les confirmaron la sospecha: Carolina nació sorda. Una discapacidad a la que, años después, se le sumó un quiste en el cerebro que le dejó crisis convulsivas y una pérdida progresiva de la visión que ahora, a sus 45 años, la obligan a usar unos lentes especiales.

A pesar de las dificultades, Carolina Flores, natural del municipio de García, en Nuevo León, logró abrirse camino en el mercado inmobiliario como asesora de ventas autónoma. Y las cosas, explica en entrevista mediante mensajes de texto, no le estaban yendo mal, hasta que en 2020, con la pandemia de COVID-19, el trabajo, las ventas, y los ingresos, se hundieron.

“En todo el año solo vendí una casa”, asegura.

Para paliar la falta de ingresos y de seguro social, trató de acceder a la beca de 2 mil 700 pesos mensuales que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece a personas con discapacidad permanente.

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Un día, narra Carolina, un joven tocó a su puerta. Era un integrante de los Servidores de la Nación, el equipo que se encarga, entre otras funciones, de elaborar los censos de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Bienestar. El joven preguntó por un niño de seis años con discapacidad, que vive en su misma calle, para inscribirlo en la beca. Y Carolina aprovechó la ocasión para explicarle que ella también quería aplicar.

Pero el encuentro con el voluntario fue un desastre, dice la mujer.

“Era un muchacho que no sabía nada de cómo tratar a personas sordas. Me gritaba, aunque no tenía caso que lo hiciera, porque no puedo escucharlo. No tenía conocimiento, ni capacitación, ni tampoco empatía”, lamenta Carolina, que al final optó por acudir con un acompañante que hablara por ella a la oficina de Bienestar más cercana, en Guadalupe, Nuevo León, a una hora en carro.

Allí las cosas tampoco fueron fáciles: los funcionarios le informaron que para conseguir la beca tenía que entregar una larga lista de documentos, entre ellos, un certificado médico, un comprobante de discapacidad, y una audiometría.

Pero ni entregando todo eso, le advirtieron, podría optar a la ayuda.

“No me la dieron porque tengo 45 años, y porque, según ellos, vivo en una colonia bien, que no es pobre. Pero yo me pregunto: ¿qué importa donde viva y mi edad si necesito esa ayuda? Para mí eso es discriminación”.

Como respuesta, Carolina dice que los funcionarios le explicaron que hay mucha demanda por recibir la beca, y que éstas se están priorizando entre niños, niñas, adolescentes y menores de 30 años, y entre personas de 30 hasta 64 que vivan en municipios indígenas, afromexicanos, y personas de 30 a 67 que habiten en municipios de altos índices de pobreza, diferentes a los que son indígenas.

Carolina recurrió entonces a una organización civil que integra a unas 45 personas sordas en su comunidad, muchos de los cuales están actualmente sin trabajo. Quería probar si en grupo era más fácil acceder a la ayuda. Ahí se encontró con que no era la única en esa situación.

“Nadie en mi comunidad ha logrado ese apoyo, que para mí es una mentira”, critica la regiomontana. “Porque no es una beca para todos. No es universal —recalca—. Es un programa hecho a medida para beneficiar solo a los que les conviene al Gobierno”.

6 millones con discapacidad, becas solo para 1

Entre 2019 y lo que va de 2021, la Secretaría de Bienestar del gobierno de López Obrador ha gastado 36 mil 800 millones de pesos en beneficiar con becas bimestrales a la población con discapacidad en México, de los que algo más de 10 mil millones se ejercieron solo en el primer semestre de este 2021.

Sin embargo, en estos casi tres años de operación, el alcance de la beca ha sido realmente corto. Y lo ha sido desde el planteamiento mismo del programa, que, en efecto, no es universal: en el país hay casi 21 millones de personas que tienen alguna discapacidad, de las cuales, 6 millones 179 mil personas tienen discapacidad permanente, según datos del censo de población 2020 del INEGI. El programa, en cambio, tiene como meta llegar a 1 millón de beneficiarios; es decir, apenas a un 16% de ese universo.

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Por ello, tal y como explicaron los funcionarios de Bienestar a Carolina Flores, el programa da prioridad a los tres sectores de población: niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años, y personas de 30 y hasta un día antes de cumplir 65, que habiten en municipios y localidades indígenas o afromexicanas, o en municipios con alto o muy alto grado de marginación.

La organización civil Data Cívica, en un análisis para este reportaje, calculó con datos del INEGI y del Instituto de Población Indígena (INPI) que con esta priorización que hace Bienestar, el universo a atender se reduce a 1 millón 925 mil personas que son niños, niñas, jóvenes hasta 29, personas indígenas o afromexicanas, y adultos que viven en municipios con altos niveles de marginación.

Pero esta cifra implica dos cosas: que más de 4 millones 250 mil personas con discapacidad se quedan fuera del rango para poder optar a la ayuda; y que el grado de cobertura, teniendo en cuenta solo a esos casi 2 millones que sí cumplirían los requisitos, sigue siendo bajo: en 2019, el primer año de operación de la beca, fueron beneficiadas 837 mil personas, el 43% de la población objetivo. Es decir, que 1 de cada 2 personas que cumplían con los requisitos no la obtuvieron.

En cuanto a cómo se distribuyeron las becas, Animal Político solicitó por transparencia las bases del padrón de beneficiarios 2019, y comprobó que la mayoría de los conceptos, como la edad, localidad, o el tipo de discapacidad, están testados; es decir, vienen tachados y no se pueden analizar.

Con la poca información pública disponible, Data Cívica comparó los casi 2 millones de personas que, según datos del INEGI y del INPI, podrían ser candidatos a recibir la beca, contra los 837 mil que la recibieron. Como resultado, obtuvo que el reparto de las becas fue proporcional. Esto es, aunque tuvo un alcance corto, la beca se repartió más en los municipios donde hay identificadas más personas con discapacidad y que cumplen los requisitos de las Reglas de Operación, y priorizó los municipios indígenas y con altos índices de marginación por encima del resto.

No obstante, también encontró que hay 205 municipios con una cobertura de becas mayor al 100% de la población identificada como potencial. Es decir, en esos lugares hubo más becas que personas identificadas con discapacidad.

Ambigüedad de criterios y discrecionalidad

Aleyda Flores tiene 45 años y desde hace ocho padece ceguera. En entrevista, la mujer natural de Durango explica que lleva dos años intentando conseguir la beca, luego de que escuchó en spots de radio que el Gobierno de López Obrador la estaba ofreciendo. No vive en situación de pobreza extrema, matiza, pero la ceguera le ha dejado múltiples gastos que, aunados a los de un hijo estudiante que no trabaja, la llevó a acercarse a una oficina de Bienestar a solicitar la ayuda.

“La discapacidad es muy cara. Hay muchas cosas que tienes que poner de tu bolsillo, como los medicamentos que no te da el seguro, el transporte, etcétera. En estos tiempos, es un lujo tener discapacidad. Es carísimo”, plantea.

Pero, como en el caso de Carolina, en la oficina de Bienestar también le informaron que, por su edad, y porque no vive en una zona de alta marginación, ni indígena, no era candidata.

“Me sentí discriminada”, coincide con Carolina. “¿Cuál es el motivo por el que no estaría recibiendo el apoyo? No lo entiendo. Se supone que con esa ayuda están buscando la igualdad. Pero, con esta forma de clasificar a quién sí y a quién no, nos están tratando de manera desigual”.

No obstante, meses después, Aleyda asegura que una pareja de conocidos, que también son ciegos y que tienen su misma edad, sí accedieron a la beca. Por ello, regresó a insistir a la oficina de Bienestar, donde esta vez le dijeron que tendría que esperar a que un Servidor de la Nación fuera a su casa para evaluar su caso.

Pero, hasta la fecha, la mujer dice que no la han visitado. 

Precisamente, la intervención de los Servidores de la Nación en el proceso de selección de los beneficiarios es uno de los puntos que más polémica genera. De acuerdo con lo que se establece en las Reglas de Operación del programa, hay una serie de documentos que la persona con discapacidad debe entregar para aspirar a la beca. Uno de ellos, es que debe presentar un certificado de discapacidad elaborado por alguna institución pública de salud.

Sin embargo, en las mismas reglas se deja una puerta abierta para quienes no lo presenten: si la discapacidad “es notoria o evidente con la sola apreciación de los sentidos”, a entender del Servidor de la Nación que hace la visita y evalúa el caso, entonces el certificado no será necesario.

Félix Frías tiene discapacidad visual y es integrante de la organización Empoderamiento de Personas con Discapacidad. En entrevista, señala que esa excepción es una puerta abierta a la “ambigüedad de criterios” y “a la discrecionalidad”.

“Se está dejando a consideración de un Servidor de la Nación, que no tiene formación médica, decidir si una discapacidad es evidente”, apunta. “Pero muchas veces la discapacidad no es visible y se requiere de una evaluación más profunda. Te hablo, por ejemplo, de una discapacidad psicosocial, una discapacidad mental”.

“Por eso —apunta ahora Candelaria Salinas, de la misma organización civil—, estamos detectando casos en los que gente que usa lentes por vista cansada, sí están recibiendo el apoyo. Y a personas con ceguera no se la dan, porque quedó a criterio de un Servidor de la Nación”.

Sobre este punto, Candelaria recuerda que, precisamente, una de las recomendaciones que hizo en un informe en 2020 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a este programa consiste en que Bienestar firmara convenios con instituciones de salud pública para “llevar a cabo brigadas de visitas domiciliarias a la población preseleccionada y así confirmar si presenta discapacidad permanente”. Cosa que aún no ha sucedido.

“Están metiendo a gente al programa a conveniencia —asegura tajante Candelaria—. ¿Tú usas lentes? Pues te meto a la beca. ¿Tú usas bastón? Pues te pongo que es discapacidad permanente. Y así van haciendo una clientela”.

Con otra solicitud de información, Animal Político preguntó a la Secretaría de Bienestar cuántas personas de las 837 mil que recibieron la beca en 2019 presentaron un certificado médico, y cuántas fueron incluidas en el programa a consideración de un Servidor de la Nación. En su respuesta, la dependencia dijo que en el formato de registro este criterio no existe, por lo que desconoce el dato. Mientras que información como qué tipo de discapacidad tienen las personas beneficiadas, fueron testados por considerarlos datos personales.

Recurren al amparo para conseguir la beca

Marisol Flores tiene 40 años y es la mamá de Iñaki, un niño de diez años que nació con hidrocefalia —exceso de líquido en el cerebro— y que desarrolló una epilepsia resistente a los fármacos.

Ella, su hijo, es uno de los 837 mil casos de personas con discapacidad que sí le concedieron la beca. Aunque no fue nada fácil. 

Marisol cuenta que, tras recibir la visita de un Servidor de la Nación en su domicilio, y luego de entregar la documentación, le dijeron que en breve se comunicarían con ella. Pero pasaron casi dos años hasta que, en octubre de 2020, le mandaron un mensaje de texto diciéndole que su hijo había sido aceptado, y el 21 de diciembre le entregaron un sobre con una tarjeta de Bienestar.

Pero aun había un detalle: tenía que esperar a que un funcionario de Bienestar pasara de nuevo por su domicilio a entregarle un talón de pago, y ya con eso, ir a la sucursal del Banco Bienestar más cercano para activar la tarjeta. De nuevo, pasaron los meses: de diciembre de 2020 hasta mayo de 2021, casi medio año más. Y la tarjeta seguía inactiva, a pesar de las múltiples llamadas de Marisol a la dependencia para que le dieran una explicación del retraso.

En entrevista, la mujer cuenta que ya daban por perdida la ayuda, hasta que, por medio de Margarita Garfias, madre de Carlos, un joven de 17 años con discapacidad múltiple, y coordinadora de la organización Familias y Retos Extraordinarios, se enteró de que el Instituto Federal de la Defensoría Pública ofrece acompañamiento gratis para conseguir la beca mediante la vía del amparo.

“Yo no tenía ni idea de que se podía ejercer una acción legal para conseguir la beca”, admite Marisol. “Luego me di cuenta de que hay muchas personas en mi misma situación, de que sí les dieron el registro, pero nunca les llegó el dinero”.

Finalmente, el 24 de julio de este año, tras casi tres años de solicitarla, su hijo Iñaki ya dispone del apoyo económico.

Yasmín Rosales Muñoz es una de las asesoras legales especializada en atención a personas con discapacidad que trabaja para el Instituto Federal de la Defensoría Pública; un ente público del Consejo de la Judicatura Federal que, a partir de 2019, creó un área dedicada especialmente a la defensa gratuita de los derechos de las personas con discapacidad en México.

En entrevista, la abogada explica que, desde que se lanzó en 2019 la beca Bienestar para personas con discapacidad, han acompañado múltiples casos como el de Marisol y su hijo Iñaki, mediante la interposición de juicios de amparo con los que buscan que, por mandato de un juez, la Secretaría de Bienestar les otorgue el apoyo económico.

“Hemos tenido una gran demanda”, recalca la abogada, que, solo en la Ciudad de México, ha llevado 40 casos, “de los cuales, el 80% son de personas con discapacidad que no han podido acceder a la beca”, y el resto, personas que se la aprobaron, pero no le depositaban el dinero, como le sucedió a Marisol.

Y la fila de amparos, plantea Rosales, continúa creciendo. Especialmente, luego de que, en mayo de 2020, a iniciativa del presidente López Obrador se reformó la Constitución Mexicana para elevar la beca a personas con discapacidad al rango de derecho constitucional.

Sobre esto, la abogada explica que, aunque las Reglas de Operación de la beca establece tres sectores prioritarios, al elevarse la beca a rango constitucional, toda persona con discapacidad permanente podría aplicar para recibirla.

“Bienestar señala como prioritarios a ciertos grupos, como niños y niñas, o personas indígenas, o personas que vivan en zonas de alta marginalidad, y esto está generando que se les niegue la beca a muchas otras personas, por ejemplo, que tengan más de 30 años”, expone.

“No obstante, la negativa es contraria a la Constitución. Así que podemos impugnar por la vía del amparo y podemos obtener de un juez la suspensión por discapacidad porque la Constitución no excluye. Es decir, las Reglas de Operación hablan de un rango de priorización, pero nunca de exclusión. Y nosotros, como defensores públicos, podemos hacer valer ese derecho a la igualdad”.

—Es decir —se la planteó a la abogada en la entrevista-, técnicamente, las más de 6 millones de personas con discapacidad que, según el INEGI, hay en el país, ¿podrían solicitar la beca?

—Por supuesto —respondió—. Y los invitamos a que lo hagan. Que hagan valer sus derechos. Porque son derechos, no son un regalo -recalcó Yasmín Rosales, que detalló que la Defensoría Pública tiene asesores jurídicos especializados en la materia en los 32 estados de la República, a los que se le puede contactar mediante el teléfono ‘Defensatel’ (800 22 42 426), o mediante el correo [email protected].

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Ucrania: qué son y cómo funcionan los drones kamikaze (y qué papel están jugando en la guerra)

Se cree que Moscú comenzó a usar estos mortíferos drones en septiembre en ataques contra la región de Járkiv.
18 de octubre, 2022
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Rusia lanzó una nueva ola de ataques con drones en el centro de la capital, Kyiv, en un nuevo impulso de la campaña de Moscú contra la infraestructura de Ucrania.

Según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, en el ataque usó los llamados drones kamikaze de fabricación iraní.

No es la primera vez que Rusia usa estos drones, llamados Shahed-136.

En septiembre el ejército ucraniano informó de varios ataques “devastadores” en la región de Járkiv con estas mismas armas.

Los Shahed-136, que Rusia llama Geranium-2, son sólo una clase de los miles de drones que ambas partes están usando en la guerra para detectar posiciones enemigas, lanzar misiles y disparar directamente la artillería.

Qué son los drones kamikaze

Los drones Shahed-136 están operativos desde el 2021 y fueron desarrollados por la empresa estatal iraní HESA.

Fueron diseñados esencialmente para neutralizar objetivos terrestres desde la distancia y su diseño les permite evadir las defensas aéreas.

Antes de ser utilizados por el ejército ruso en Ucrania, se les vio por primera vez desplegados activamente en áreas controladas por los hutiés en Yemen.

Aunque Irán no ha confirmado oficialmente haber enviado los Shahed-136 a Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dijo que Moscú había comprado 2.400.

Se les describe como drones “kamikaze” o “suicidas”, pero los expertos afirman que es mejor definirlos como pequeños misiles de crucero.

Forman parte de las llamadas municiones “loitering” o merodeadoras, que vuelan pasivamente sobre el área objetivo y atacan solo cuando encuentran el blanco.

Pero la táctica de ataque de los drones kamikaze, como lo indica su nombre coloquial, es explotar y destruirse sobre el blanco enemigo para causar máximo daño.

El alcalde Klitschko compartió en Telegram una foto de lo que dijo eran fragmentos de un dron kamikaze.

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El alcalde Klitschko compartió en Telegram una foto de lo que dijo eran fragmentos de un dron kamikaze.

Cómo funcionan

Los drones tienen unos 2.500 km de alcance por lo que pueden ejecutar ataques a larga distancia.

Llevan un pequeño motor de hélices en la parte trasera del fuselaje y su aerodinámica emplea el formato de ala delta.

Miden 3,5 metros de largo, una envergadura de 2,5 metros y pesan casi 200 kilogramos.

En el extremo delantero llevan una ojiva explosiva y el sistema de guiado funciona a través de un sensor óptico.

Pero tienen una capacidad destructiva relativamente limitada ya que sólo pueden llevar una carga útil de 50 kilos.

Los drones son lanzados desde plataformas que emplean un sistema de cohetes para impulsarlos en las primeras fases de vuelo.

La plataforma de despegue puede colocarse tanto en vehículos militares como civiles y cada lanzador puede albergar hasta cinco drones a la vez.

“Vuelan bajo y puedes enviarlos en oleadas. Estos enjambres de drones son mucho más difíciles de contrarrestar con defensas aéreas”, le dijo a la BBC el experto militar Justin Crump.

El Shahed-136 también es relativamente barato, con un costo de alrededor de US$20.000.

BBC

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Justin Bronk, especialista en poder aéreo del Royal United Services Institute (Rusi), un centro de estudios basado en Londres, le dijo al diario The Guardian que los drones “son difíciles de interceptar de forma consistente”.

El experto explica que estos drones tienen una velocidad aerodinámica lenta, comparados con los misiles de crucero, lo que significa que las defensas aéreas siempre tendrán una oportunidad para interceptarlos.

“En última instancia, ofrecen una forma para que Rusia cause más bajas civiles y militares en Ucrania, pero no cambiará el rumbo de la guerra”, indica el analista.

Los equipos de defensa aérea ucranianos alrededor de Kyiv han estado utilizando misiles antiaéreos para intentar derribarlos.

A principios de octubre, las fuerzas armadas de Ucrania dijeron que estaban interceptando el 60% de todos los drones Shahed-136 entrantes.

¿Ucrania también ha utilizado drones kamikaze?

Ucrania también tiene drones kamikaze, incluido el modelo Switchblade fabricado por Estados Unidos.

Recientemente ha realizado ataques con estos drones contra una base militar rusa en Saky, en el oeste de Crimea, contra una base aérea cerca de Sebastopol y contra barcos rusos en el puerto de Sebastopol.

La doctora Marina Miron, investigadora de estudios de defensa del King’s College de Londres, le dijo a la BBC: “Si observas las explosiones en los ataques, son bastante pequeñas”.

“Sospecho que se trata de drones kamikaze caseros, a los que se les han atado explosivos”.

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¿Qué otros drones tienen Ucrania y Rusia?

El principal dron militar de Ucrania es el Bayraktar TB2 de fabricación turca. Tiene aproximadamente el tamaño de un avión pequeño, lleva cámaras a bordo y puede armarse con bombas guiadas por láser.

Al comienzo de la guerra, Ucrania tenía una flota de “menos de 50” de estos, dice el doctor Jack Watling del grupo de expertos del Royal United Services Institute.

Rusia también usa el Orlan-10 “más pequeño y básico”, que tiene cámaras y puede transportar bombas pequeñas.

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