Los excoordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) se defendieron de las acusaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ante la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguraron que son “sorprendentes e infundadas”.
Afirmaron que el FCCyT no es una empresa privada como lo señaló la FGR, que todas sus cuentas han sido presentadas ante el Conacyt “en tiempo y forma” y que los resultados de sus programas tienen evaluaciones positivas.
La Fiscalía General de la República ha solicitado en dos ocasiones la aprehensión de 31 académicos, acusados por la actual dirección de Conacyt de tres delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
A través de una carta dirigida a la opinión en general, afirmada por José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrenit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña, hicieron una relatoría de los hechos.
Los investigadores aclarar que el Foro Consultivo no es un empresa privada sino que fue creado por mandato de ley en 2002, con el objetivo de que hubiera un espacio que albergara las opiniones de la comunidad científica, académica, tecnológica y el sector productivo y que participará en los órganos representativos del sistema como un ente autónomo.
Detalló que de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se establece que el Conacyt otorgará los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del FCCyT.
Mientras que el artículo 22 del Estatuto Orgánico del Consejo estableció que el Foro se constituiría en una asociación civil y que fue hasta el 11 de diciembre de 2019, cuando el estatus se modificó al ser publicado en el Diarios Oficial de la Federación.
Destacaron que, durante más de 18 años, el Foro Consultivo el funcionó como una asociación civil autónoma con financiamiento de Conacyt y que los productos generados durante su existencia pueden ser consultados en la página: https://foroconsultivo.org.mx
Los investigadores aseguran que la actual administración del Conacyt, a cargo de María Elena Álvarez Buylla, buscó desconocerla autonomía legal de este ente jurídico pese la claridad que se le otorga en la Ley de Ciencia y Tecnología.
Además de que, a partir de junio de 2019, el Conacyt incumplió la obligación establecida en el artículo 38 de dicha Ley y se negó a otorgar el financiamiento requerido para su funcionamiento.
Por lo que, dijeron, la mesa Directiva del FCCyT decidió promover un amparo y un juez de Distrito en materia administrativa dictó sentencia definitiva del juicio de amparo 1440/2019, “encontrando a la actual directora del Conacyt en violación e incumplimiento a la orden judicial concedida en la suspensión resultante de dicho juicio”.
“Este fallo fue recurrido por las autoridades de Conacyt y el asunto fue atraído por la Suprema Corte por su importancia y trascendencia”, destacaron.
Sin embargo, durante el litigio instaurado por el Fondo, el Consejo Nacional modificó la situación jurídica del FCCyT a través de diversas reformas al estatuto en específico la del día 11 de diciembre de 2019, por lo que “a partir de ese momento el Foro sería un órgano interno de consulta de Conacyt, sin personalidad jurídica ni patrimonio propios; señalaron un nuevo Secretario Técnico y dieron inicio a una operación de la Mesa Directiva al interior de Conacyt”.
Indicaron que, en consecuencia, la SCJN consideró en la sentencia dictada bajo el expediente número 76/2021 en fecha 24 de agosto de este año, sobreseer el juicio de amparo promovido por el FCCyT A.C.
“En la sentencia resulta relevante lo sostenido por el máximo tribunal del país en torno a la legalidad del funcionamiento del FCCyT, A.C. … en la que se señaló que existía una relación de colaboración entre el Conacyt y el FCCyT, A.C. hasta la modificación del estatuto de Conacyt en 2019, por lo que la actuación de los coordinadores, secretarios técnicos y personal del FCCyT, A.C. fue legal y conforme a las disposiciones vigentes en su momento”, precisaron.
Los investigadores señalaron que el Fondo Consultivo dejó de tener relación alguna con el Conacyt cuando dicha institución cambió su Estatuto Orgánico al final de 2019.
“Cada año el CONACyT emitió una Constancia de conclusión técnico y financiera favorable del uso de los recursos otorgados al FCCyT. Incluso, la actual administración, por medio de la directora adjunta de desarrollo científico, emitió constancia favorable del uso por parte de la asociación civil de los últimos recursos otorgados para 2018 y el primer semestre de 2019”, indicaron.
La Fiscalía General de la República solicitó, por segunda ocasión, la aprehensión de 31 científicos e investigadores, acusados por la actual dirección de Conacyt.
Pero un juez federal rechazó estas dos solicitudes de FGR bajo el argumento de que la acusación presentada carecía, desde el principio, de pruebas y argumentos que acreditaran de forma coherente la existencia de un supuesto entramado delictivo, ni que justificaran la necesidad de encarcelarlos en un penal de máxima seguridad.
Mientras que este jueves, a su llegada a un evento del gobierno de la Ciudad de México, titular del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, respondió: “no sé de qué me hablas” a las preguntas de reporteros sobre las denuncias presentadas contra 31 científicos y académicos.
Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los científicos e investigadores denunciados por Conacyt “se sienten perseguidos” porque ya no pueden mantener los “privilegios” que tenían en el régimen anterior.
