“No sé de qué me hablas”. Esta fue la respuesta de la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a las preguntas de los periodistas sobre las denuncias presentadas contra 31 científicos y académicos para los que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó orden de aprehensión.

Un juez rechazó en dos ocasiones la captura de los exfuncionarios de Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT), una asociación civil pensada para ejercer como órgano consultivo y a la que el Conacyt acusa de operaciones ilícitas. Ahora la FGR quiere presentar una tercera solicitud para que los científicos sean detenidos y encarcelados, ya que les acusa, entre otros delitos, de delincuencia organizada.

“No sé de qué me hablas. Yo vine a apoyar el primer gobierno de la 4T no a acusar a nadie”, dijo Álvarez-Buylla. La investigación promovida por la FGR parte de una denuncia presentada por la propia Conacyt. De hecho, el primer escrito de los investigadores, al que tuvo acceso Animal Político, señala que “el 10 de julio de 2020 se presentó denuncia por escrito signada por Rosenda Cruz Vixtha, en su carácter de apoderada legal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la que hace del conocimiento hechos con apariencia de delito en contra de quien resulte responsable, por la comisión de conductas posiblemente delictivas en agravio del patrimonio de Conacyt”.

A pesar de ello, la directora de Conacyt dijo que su entidad “no está capacitada ni tenemos atribución”, para poner las denuncias. No llegó a terminar la frase ya que alguien de su equipo se la llevó hacia el acto que compartió con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Un total de 31 científicos y académicos están señalados por la FGR por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades. En su solicitud de arresto, los investigadores reclamaron que fueran encerrados en la cárcel de Almoloya, una prisión de máxima seguridad.

Los investigadores arman la acusación basada en una premisa: según la actual administración del Conacyt, los imputados participaron en un esquema para aprobar recursos que se destinaron al Foro Consultivo, asociación civil que según la acusación era financiada ilegalmente por parte del Conacyt con dinero que debió destinarse exclusivamente para desarrollar proyectos de investigación.