El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) expresó un “total rechazo” a “la ola concertada de desinformación en medios y redes sociales”, en alusión a las “órdenes de aprehensión en contra de científicos”.
“Esta andanada en los medios tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica”, expresó el consejo a través de un comunicado emitido el pasado 22 de septiembre.
Explicó que en 2019 mantuvo un proceso de diálogo con el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C., el cual supuestamente exigía al Consejo recursos anuales por 50 millones de pesos, por lo que al apegarse a los principios de austeridad republicana y ofrecer un monto menor, fue rechazado por la asociación civil.
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El Conacyt informó que el FCCyT en cambio interpuso un recurso de amparo y “judicializó el caso”. En el comunicado agrega que fue durante el proceso judicial y defensa del consejo que se evidenciaron posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor de la asociación, desde distintos fideicomisos del mismo Conacyt.
Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt procedió a presentar una denuncia de hechos – sin señalar a persona alguna, defendió – ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control.
“Es preciso señalar que, ante cualquier presunto acto indebido en agravio del erario y posible daño patrimonial, es obligación jurídica y ética del Conacyt el hacerlo de conocimiento de las autoridades competentes, tanto administrativas como penales”, precisó el consejo.
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Son las autoridades correspondientes quienes cuentan con las atribuciones para investigar y dar el seguimiento jurídico que corresponda. De tal forma que el Conacyt se desprendió de cualquier responsabilidad o atribución respecto a las acciones que emprendan estas instancias.
“Reiteramos que en el Conacyt estamos comprometidos y empeñados en apoyar a nuestros colegas, a las y los estudiantes de posgrado, para coordinar el desarrollo humanístico, científico y tecnológico, en beneficio del país y de todas y todos los mexicanos”.
En tanto, el Centro de Investigación y docencia Económicas (CIDE) hizo un llamado para evitar que la “información mediática cree confusión y peor aún polarice a la comunidad científica mexicana”.
En un comunicado, firmado por José Antonio Romero Tellaeche, director del CIDE, expresó que privilegiará en todo momento el principio de presunción de inocencia y defenderá todos los derechos de sus miembros mientras no se emita una sentencia.
Reconoció la obligación de toda instancia de gobierno de asegurar que los recursos públicos dedicados a la ciencia y la tecnología sean ejercidos de manera eficiente, austera, transparente y que se otorguen de manera directa, “sin conflicto de intereses, ni intermediarios”.
En días pasados, científicos mexicanos pidieron al gobierno federal detener la persecución contra integrantes de su comunidad que tienen posturas ideológicas y políticas contrarias a la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Los científicos publicaron su petición en el portal Change.org. Entre los motivos que expusieron como parte de esa persecución está la presentación de una denuncia contra integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. por supuestamente haber recibido recursos ilegales de parte de las autoridades del Conacyt durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.
La denuncia, interpuesta por la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), María Elena Álvarez-Buylla Roces, involucraría a 31 científicos.
Ante esto, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, por segunda ocasión desde agosto, la aprehensión de 31 científicos e investigadores, acusados por la actual dirección de Conacyt de tres delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
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Los delitos por delincuencia organizada y peculado que se pretende imputar a los académicos ameritan prisión preventiva automática, por lo que en caso de ser procesados en audiencia inicial los académicos tendrían que llevar el juicio recluidos en la cárcel.
Al respecto, en la conferencia matutina del pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será un juez quien resuelva el caso de los 31 científicos mexicanos, pero aseguró que “el que nada debe, nada teme”.
