El abogado Gabriel Regino, en representación de 15 exfuncionarios públicos que trabajaron en la construcción de la Línea 12 -entre ellos Enrique Horcasitas- acusaron que la investigación sobre el colapso de un tramo del viaducto elevado de la Línea 12 el pasado 3 de mayo está siendo manipulada tanto por autoridades locales como por la empresa DNV que fue contratada para llevar a cabo un dictamen independiente para conocer las causas del accidente que cobró la vida de 26 personas.
En conferencia de prensa, el litigante informó que esta mañana presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la fiscal del caso de la L12, María de la Luz Alcántar; contra la gerente del área de análisis de riesgo DNV, Milagro Trinidad González; y contra la empresa DNV México.
De acuerdo con lo que argumentó, en menos de 24 horas después al accidente, ya se había informado que DNV -una firma noruega- se contrataría para que llevara a cabo un dictamen sobre las causas que originaron el colapso de una parte del viaducto elevado de la línea dorada y se le había permitido el acceso a la zona cero para que comenzaran su trabajo. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron a tener evidencia de la zona como muestras de acero y concreto a las cuales, según el abogado, no tendrían que haber accedido por tratarse de una firma particular que hace un dictamen independiente y que no colabora con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.
“Cómo es que una empresa privada contratada por Protección Civil tiene una cadena de custodia oficial, ¿quién se las dio?”, cuestionó el abogado, “’¿Quién autorizó que una empresa particular entrara, tuviera acceso a indicios y además a una cadena de custodia que la propia DNV reconoce?”
Y es que en días pasados la firma presentó una denuncia por la violación de la cadena de custodia de muestras que había mandado a analizar a Estados Unidos y cuando las tuvieron de vuelta advirtieron que la cadena de custodia se había roto.
“La Fiscalía de la Ciudad de México contrató a un notario público, comisionó a agentes de la policía de investigación para que les entregara los elementos de acero. Ahí firmaron la cadena de custodia y los mandaron a Estados Unidos, no a una autoridad”, subrayó Regino.
Incluso, se advirtió que la cadena de custodia se había roto -cuando las muestras regresaron- en las oficinas de DNV México, no en la Fiscalía.
“Estamos ante el gran riesgo de la nulidad (de la investigación). DNV dirige las investigaciones forenses, manipula indicios”, recalcó.
La denuncia que se presentó esta mañana es por el delito de corrupción en la procuración de justicia, en primera instancia contra la fiscal que está encargada de la investigación sobre el colapso de una parte de la Línea 12 por haber proporcionado información e indicios a personas y figuras que no son parte de este proceso, en este caso DNV.
Y es que, aunque la propia Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el peritaje que la firma lleva a cabo es independiente y no tiene ninguna vinculación con la investigación que la Fiscalía lleva a cabo, lo cierto, insistió el litigante, es que desde el primer momento han trabajado juntas.
“Estamos denunciando la actuación conjunta de una servidora pública con los particulares y estamos invocando criterios aplicables de esto, es decir, no necesariamente una persona particular no deja de cometer conjuntamente con un servidor público un delito de esa naturaleza”, explicó Regino.
“Esta ilegal intromisión de la empresa DNV ya puso en riesgo completamente la seguridad e integridad de la investigación (…) vamos a hacer que la FGR le exija a DNV que justifique, explique y acredite por qué tuvo acceso a una escena del crimen y recibió ilegalmente indicios”.
Paralelamente se informó que se presentará una denuncia en contra de DNV Noruega por no contar con un código de ética interno que deje claro las limitantes y caminos a seguir cuando sus filiales son contratadas por algún gobierno.
Además, una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la manipulación de la investigación, violación de la autonomía de la Fiscalía y ausencia en la imparcialidad de la investigación.
“En esta queja estamos señalando como principal autoridad a la Fiscalía de la Ciudad de México por haber dejado de lado el principio de imparcialidad que deben tener todas las investigaciones. ¿En qué momento viola la Fiscalía el principio de imparcialidad?, en el momento que le entrega evidencias a un particular sin estar facultada para ello, de lo cual se puede inferir inmediatamente la manipulación de esa investigación con fines o intereses diversos al conocimiento de la verdad”, concluyó el abogado.
Esta denuncia ante la FGR se suma a la presentada el 17 de agosto en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina en contra de la secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, por haber excedido sus atribuciones al haber contratado a la empresa DNV para que hiciera un dictamen forense que diera a conocer qué ocasionó el colapso de una parte del viaducto elevado de la línea dorada.
Como lo informó Animal Político, en esa denuncia se acusa, además, que la empresa DNV no cuenta con experiencia en la realización de peritajes forenses.
“No es una empresa de investigación forense, lo no es, es una empresa marítima”, insistió hoy Regino.
A un mes de presentada esta primera denuncia el abogado aseguró que no ha habido ningún avance de la misma.
