FGR va por ficha roja contra Álvarez Puga y Gómez-Mont
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FGR va por ficha roja contra Álvarez Puga y Gómez-Mont; Segob ocultó contratos por 5 años

Un día antes de acabar el sexenio de EPN, Gobernación clasificó por cinco años los contratos implicados en el fraude. Desde hace más de una década el despacho se encuentra bajo investigación por múltiples denuncias.
Por Arturo Ángel y Zedryk Raziel
14 de septiembre, 2021
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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a la Interpol la emisión de dos órdenes de localización y captura internacionales (conocidas como fichas rojas) en contra del empresario y contador Víctor Manuel Álvarez Puga y de su esposa Inés Gómez-Mont, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) – que está a cargo del caso – cuenta con informes de inteligencia que apunta a que el matrimonio se encuentra fuera del país desde hace varios meses, por lo que se les considera prófugos de la justicia.

La solicitud a la Interpol (que permitirá el rastreo del contador y la presentadora de televisión en más de 140 países) se sustenta en una orden de aprehensión que la semana pasada otorgó un juez federal del estado de México en contra del matrimonio por delitos tipificados como graves y que ameritan prisión preventiva automática.

Lee: Así fue el presunto desvío de 3 mil mdp en Segob a empresas fantasma ligadas a Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

De acuerdo con autoridades ministeriales, la FGR argumentó ante el juez que la orden de arresto era necesaria para garantizar la presencia de Gómez-Mont y Álvarez Puga ante el juez dado que son personas con amplio poder económico y capacidad de movimiento. El juez validó dicha argumentación y consideró procedente esta alternativa en vez de otras como un citatorio voluntario a la audiencia inicial.

Son tres los delitos por los cuales se ha ordenado la captura del matrimonio: delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. De ser encontrados responsables luego del juicio penal correspondiente, los implicados podrían alcanzar una pena acumulada que va de los 20 a los 60 años de prisión.

La indagatoria, de la cual Animal Político reveló varios detalles en esta nota, fue resultado de una denuncia inicial presentada por la Procuraduría fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra del matrimonio y quienes resulten responsables por el presunto lavado de recursos públicos a través de casi mil 500 operaciones bancarias con empresas fantasma.

Ante la presunción de un esquema complejo y organizado para desplazar el dinero sustraído, la SEIDO atrajo la carpeta de investigación y presentó la acusación en contra del matrimonio. También se presentaron cargos en contra de otras personas cuyas identidades no se han revelado.

Entérate: “Nos estamos preparando para enfrentar este proceso”, dice Inés Gómez Mont

En caso de que Álvarez Puga y Gómez-Mont sean detenidos a través del cumplimiento de la ficha roja correspondiente, existe la posibilidad de que primero haya que solventar un proceso de extradición cuya duración dependerá del país en el que sean detenidos y el tratado que se haya firmado.

Otra alternativa es que los implicados se presenten voluntariamente ante el juez que ordenó su captura para que se realice la audiencia inicial. Penalistas consultados por este medio indicaron que también tienen la posibilidad de buscar una demanda de amparo, sin embargo, dado que los delitos que se le imputan al matrimonio son graves este difícilmente sería procedente.

Cabe señalar que ni la emisión de la ficha roja ni la orden de aprehensión son suficientes para probar que el matrimonio haya cometido un ilícito. Tampoco es garantía de que se inicie un juicio o proceso penal en su contra pues eso solo se definiría en la audiencia inicial a partir de los datos de prueba que presenten ambas partes.

Más de una década de indagatorias y denuncias

La indagatoria por los casi tres mil millones de pesos desviados desde la Secretaría de Gobernación hacia una red de empresas fachadas ligadas a Álvarez Puga y su esposa, no es la primera ni la única de las investigaciones ministeriales iniciadas en contra de dicho contador.

Desde hace más de una década la FGR (entonces PGR) ha iniciado averiguaciones previas e indagatorias por múltiples denuncias oficiales y anónimas que involucran al despacho Álvarez Puga & Asociados en mecanismos de posible defraudación fiscal, corrupción, enriquecimiento ilícito, entre otros. No obstante, hasta ahora no se le ha logrado procesar por ningún caso.

Por ejemplo, en 2010 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció ante el Ministerio Público y ante autoridades de Hacienda al referido despacho por haber impulsado un presunto fraude millonario a través de empresas outsourcing con las cuales múltiples patrones burlaron aportaciones laborales. El caso derivó incluso en auditorías por parte del SAT en oficinas del despacho de siete ciudades.

La PGR también ha recibido denuncias que apuntan a los Álvarez Puga como los responsables de implementar un modelo de facturación apócrifa a través de empresas que simulan operaciones simuladas. Se trata de un esquema que además de deriva en fraudes fiscales, ha sido utilizado para desviar recursos públicos como los registrados en Veracruz con el gobierno de Javier Duarte, o en Chihuahua y otras entidades con la denominada “Operación Safiro”.

Investigaciones periodísticas también han revelado los nexos de estas personas con presuntos hechos irregulares. En 2012, por ejemplo, el diario The New York Times publicó que detrás de la firma de asesoría fiscal y administrativa de los Álvarez Puga había una matriz de compañías fachada – constituidas en el papel pero que no operan en la realidad – que ponían al servicio de potenciales clientes con fines en muchos casos ilícitos.

Dicho modus operandi, que le permitió a Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga obtener ganancias millonarias, fue replicado por múltiples despachos en el país. Un ejemplo fue el despacho de contadores de López Gachuz gracias al cual fueron desviados más de 3 mil 600 millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.

De acuerdo con autoridades federales con pleno conocimiento del caso, a los Álvarez Puga se les considera como fundadores de estos esquemas de defraudación que han dejado incontables pérdidas al país y de los que se han servido tanto empresarios como políticos de diversos partidos. 

Opacidad de último minuto

Un día antes de que concluyera el sexenio peñista, la Secretaría de Gobernación –cuyo titular era Miguel Ángel Osorio Chong— reservó durante 5 años los contratos adjudicados a la empresa denominada Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., que es investigada por autoridades federales por su presunto involucramiento en delitos de desvío de recursos, lavado de dinero y evasión fiscal.

Dicha compañía está vinculada al abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y la actriz y conductora de TV Inés Gómez-Mont; la empresa es considerada por la Secretaría de Hacienda como “facturera” o “fantasma”, es decir, que emite comprobantes fiscales por bienes y servicios que, en realidad, no se llevaron a cabo.

La investigación está relacionada con la adjudicación fraudulenta de dos contratos en 2016 por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) –que dependía de la Segob– a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. para la supuesta adquisición de sistemas de inteligencia.

El órgano que administra las prisiones federales pagó 2 mil 950 millones de pesos al proveedor, el cual, con la ayuda de otras siete empresas fachada, dispersó los recursos mediante cientos de operaciones de lavado y los envió a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez-Mont, de acuerdo con la indagatoria federal a la que Animal Político tuvo acceso.

El 30 de noviembre de 2018, un día antes de que concluyera la administración de Enrique Peña Nieto, el Comité de Transparencia del OADPRS reservó en su totalidad y por un periodo de 5 años todos los contratos adjudicados a Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., incluidos los dos mediante los cuales se le pagaron casi 3 mil millones de pesos.

En la resolución OADPRS/CT/069/18, el Comité de Transparencia justificó la reserva de información absoluta alegando motivos de seguridad nacional, rehusándose a entregar siquiera una versión pública de los contratos que no contuviera datos sensibles. El órgano argumentó que los contratos contienen información sensible que se le tuvo que revelar al proveedor. 

“En ese sentido, al proporcionar la documentación que se solicita se estaría divulgando información de carácter sensible, que fue necesaria revelar al proveedor para llevar a cabo los servicios objeto de la contratación, tales como normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología y características y especificaciones de equipo útiles para la generación de inteligencia para la seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), así como la distribución, ubicación e instalación en zonas estratégicas de dichos bienes dentro del Centro. Asimismo, se darían a conocer los procedimientos y normas de seguridad que son necesarios llevar a cabo para tener control en el acceso, permanencia y salida de personas y de sus pertenencias, como son la revisión y registro en los Ceferesos, incluso en las áreas restringidas, así como las medidas que permiten mantener la seguridad, el orden y la disciplina en los mismos”, sostiene la resolución.

El Comité de Transparencia agregó que la difusión de los contratos podría revelar la identidad del personal de la empresa que participó en la instalación o supervisión de los servicios de inteligencia contratados, lo que facilitaría que fueran contactados y cooptados por la delincuencia organizada.

“Al hacer pública la información relativa a los servicios de inteligencia a realizarse, sus alcances, las fechas propuestas para su inicio y terminación, así como los datos específicos y técnicos de los equipos útiles para la generación de inteligencia, se podría prestar a que cayera en manos de organizaciones criminales, quienes al identificar al proveedor y entablar cualquier tipo de comunicación con sus representantes, tengan acceso a la información específica del proyecto y conozcan los puntos vulnerables en los sistemas tecnológicos de seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, potenciando con ello una amenaza a las instalaciones de los Centros Penitenciarios, mediante sabotajes, evasión o ataques que debiliten o anulen las acciones y pronta reacción del personal de custodia y seguridad penitenciaria del Cefereso, poniendo en peligro la vida e integridad física de las personas que se encuentran privadas de la libertad, de los visitantes y de los servidores públicos que se encuentran en los mismos, vulnerando con ello la Seguridad Pública y Nacional”, indica la resolución de reserva.

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La historia de Wilder, el niño de 2 años que encontraron solo en una carretera en Veracruz

Autoridades migratorias encontraron al niño Wilder Ladino abandonado en una carretera del sureste, luego de escapar de un viaje en un camión en el que murió un joven.
6 de julio, 2021
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Al pequeño Wilder Ladino García lo encontraron abandonado y con el dorso desnudo, junto al cuerpo sin vida de un migrante, en una carretera del sureste de México.

Con tan solo 2 años de edad, salió a finales de junio con su padre, Isidro Ladino, desde un pequeño poblado en el municipio de Santa Rita, en el oeste de Honduras.

Ambos intentaban llegar a Estados Unidos. Pero en un punto del camino se separaron y el pequeño quedó acompañado de un grupo de migrantes desconocidos.

Autoridades mexicanas de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) lo encontraron el pasado 28 de junio, en una carretera cercana a Las Choapas, Veracruz, que usan los migrantes para llegar EE.UU.

Venía junto a un centenar de centroamericanos “en condición de hacinamiento” en la caja sin ventilación de un tráiler de mercancías.

Los migrantes “presentaban síntomas de deshidratación y asfixia” por el excesivo calor del vehículo, informó el INM en un comunicado.

“Lamentablemente, se localizó ahí el cuerpo de un joven sin vida, de alrededor de 25 años de edad”.

Desde Honduras, la madre de Wilder, Lorena García, lamenta la suerte de su esposo e hijo.

Wilder Ladino García con una asistente

Reuters
El INM puso a resguardo al pequeño Wilder Ladino.

Si bien se siente aliviada de que ambos estén a salvo, clama por ayuda para que ambos puedan llegar a Estados Unidos, pues volver a Santa Rita significa seguir condenados a la pobreza que los forzó a encaminarse hacia el norte.

“Que me ayudaran para que pasara mi niño con mi esposo para allá, juntos. Pero mi niño solo no. Si no se puede, que me regresen a mi niño de vuelta”, dice García entre sollozos a BBC Mundo.

Su partida de casa

Isidro Ladino se llevó a Wilder el pasado 25 de junio porque los migrantes habían escuchado rumores de que, a pesar del riesgo, acompañarse de un menor de edad les da más oportunidad de gestionar su paso hacia EE.UU.

“Hemos visto que mucha gente está pasando con niños”, dice Lorena García.

Partieron de una pequeña población en el municipio de Santa Rita, una región golpeada históricamente por la pobreza y la reciente destrucción que dejaron los huracanes Eta y Iota en 2020.

“Aquí no puede mantenerse uno. Cuando hay trabajo, Isidro gana unos 100 pesos (US$4,1). No trabajaba todos los días, solo cuando hallaba un trabajo”, cuenta la madre de Wilder y Nancy Abigail.

Map

El domingo 27 habían cruzado la frontera de Guatemala con México.

“Desde ese domingo ya no volví a tener contacto con él, hasta que me avisaron por parte del cónsul (de Honduras en México) que al niño lo habían encontrado solo”, cuenta García.

Aunque ha tenido oportunidad de hablar por teléfono con su esposo, aún no es claro por qué Ladino se separó del pequeño Wilder en territorio mexicano.

“No tengo ninguna noticia de cómo fue que él lo dejó ahí”, explica.

El infierno del tráiler

Lo que las autoridades mexicanas del INM han podido determinar es que el viaje de más de 100 migrantes en la caja de un tráiler se convirtió en una pesadilla por las pésimas condiciones en que viajaban.

“ informaron que horas antes, varios de sus compañeras y compañeros de viaje comenzaron a desvanecerse por la falta de aire y el calor“, dice el INM,

El sitio donde encontraron a Wilder Ladino

Reuters
Un migrante fue encontrado fallecido en el lugar donde estaba Wilder Ladino.

“Otros exigían a gritos y golpes -en las paredes del vehículo- que el chofer detuviera su marcha”, continúa.

“Después de un tiempo, el transporte paró y uno de los ‘polleros’ o supuestos ‘guías’ abrió una de las puertas, con lo que hombres y mujeres empezaron a brincar y correr por el pavimento y hacia la maleza”.

Ocho personas seguían en el lugar cuando fueron encontrados por las autoridades. Algunos migrantes estaban “sofocados” dentro de la caja del tráiler y otros “tendidos” afuera, donde el pequeño Wilder estaba parado junto a un joven de unos 25 años fallecido.

“Con el dorso desnudo, fue abandonado en el acotamiento, entre la barrera metálica, ropa suelta, mochilas y comida tirada. Ninguno de los adultos declaró ser familiar del menor“, según el INM.

García se enteró con una llamada del Consulado de Honduras que habían encontrado a su hijo. Pero fue hasta que lo vio en las noticias que se dio cuenta en las condiciones en las que estaba.

“Fue muy duro para mí”, se lamenta.

A salvo, pero separados

Hasta este martes, Lorena García no pudo saber que tanto su esposo como su hijo están a salvo.

“Me dijeron que Wilder está bien, pero como estuvo pasando por eso, tenían que llevarlo a ver a un terapista”, explica.

Wilder Ladino García con una asistente

Reuters
Lorena García dice que aun no sabe qué pasará con Wilder.

“Isidro me dijo que estaba Tuxtla Gutiérrez. Que estaba en migración. Como casi no le dejan hacer llamadas, no pudimos hablar más. Pero él estaba bien”, añade.

“La muchacha que tiene al niño me escribió el miércoles (30 de junio). Le he mandado mensajes, pero casi no me responden”.

El INM tiene como obligación repatriar a los migrantes a sus países, con apoyo de las autoridades nacionales de origen.

Aun así, García insiste en que necesitan ayuda para que su esposo llegue a Estados Unidos y encuentre trabajo.

“Ojalá que me ayudaran para que pasaran”.


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