FGR va por ficha roja contra Álvarez Puga y Gómez-Mont
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FGR va por ficha roja contra Álvarez Puga y Gómez-Mont; Segob ocultó contratos por 5 años

Un día antes de acabar el sexenio de EPN, Gobernación clasificó por cinco años los contratos implicados en el fraude. Desde hace más de una década el despacho se encuentra bajo investigación por múltiples denuncias.
Por Arturo Ángel y Zedryk Raziel
14 de septiembre, 2021
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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a la Interpol la emisión de dos órdenes de localización y captura internacionales (conocidas como fichas rojas) en contra del empresario y contador Víctor Manuel Álvarez Puga y de su esposa Inés Gómez-Mont, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) – que está a cargo del caso – cuenta con informes de inteligencia que apunta a que el matrimonio se encuentra fuera del país desde hace varios meses, por lo que se les considera prófugos de la justicia.

La solicitud a la Interpol (que permitirá el rastreo del contador y la presentadora de televisión en más de 140 países) se sustenta en una orden de aprehensión que la semana pasada otorgó un juez federal del estado de México en contra del matrimonio por delitos tipificados como graves y que ameritan prisión preventiva automática.

Lee: Así fue el presunto desvío de 3 mil mdp en Segob a empresas fantasma ligadas a Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

De acuerdo con autoridades ministeriales, la FGR argumentó ante el juez que la orden de arresto era necesaria para garantizar la presencia de Gómez-Mont y Álvarez Puga ante el juez dado que son personas con amplio poder económico y capacidad de movimiento. El juez validó dicha argumentación y consideró procedente esta alternativa en vez de otras como un citatorio voluntario a la audiencia inicial.

Son tres los delitos por los cuales se ha ordenado la captura del matrimonio: delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. De ser encontrados responsables luego del juicio penal correspondiente, los implicados podrían alcanzar una pena acumulada que va de los 20 a los 60 años de prisión.

La indagatoria, de la cual Animal Político reveló varios detalles en esta nota, fue resultado de una denuncia inicial presentada por la Procuraduría fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra del matrimonio y quienes resulten responsables por el presunto lavado de recursos públicos a través de casi mil 500 operaciones bancarias con empresas fantasma.

Ante la presunción de un esquema complejo y organizado para desplazar el dinero sustraído, la SEIDO atrajo la carpeta de investigación y presentó la acusación en contra del matrimonio. También se presentaron cargos en contra de otras personas cuyas identidades no se han revelado.

Entérate: “Nos estamos preparando para enfrentar este proceso”, dice Inés Gómez Mont

En caso de que Álvarez Puga y Gómez-Mont sean detenidos a través del cumplimiento de la ficha roja correspondiente, existe la posibilidad de que primero haya que solventar un proceso de extradición cuya duración dependerá del país en el que sean detenidos y el tratado que se haya firmado.

Otra alternativa es que los implicados se presenten voluntariamente ante el juez que ordenó su captura para que se realice la audiencia inicial. Penalistas consultados por este medio indicaron que también tienen la posibilidad de buscar una demanda de amparo, sin embargo, dado que los delitos que se le imputan al matrimonio son graves este difícilmente sería procedente.

Cabe señalar que ni la emisión de la ficha roja ni la orden de aprehensión son suficientes para probar que el matrimonio haya cometido un ilícito. Tampoco es garantía de que se inicie un juicio o proceso penal en su contra pues eso solo se definiría en la audiencia inicial a partir de los datos de prueba que presenten ambas partes.

Más de una década de indagatorias y denuncias

La indagatoria por los casi tres mil millones de pesos desviados desde la Secretaría de Gobernación hacia una red de empresas fachadas ligadas a Álvarez Puga y su esposa, no es la primera ni la única de las investigaciones ministeriales iniciadas en contra de dicho contador.

Desde hace más de una década la FGR (entonces PGR) ha iniciado averiguaciones previas e indagatorias por múltiples denuncias oficiales y anónimas que involucran al despacho Álvarez Puga & Asociados en mecanismos de posible defraudación fiscal, corrupción, enriquecimiento ilícito, entre otros. No obstante, hasta ahora no se le ha logrado procesar por ningún caso.

Por ejemplo, en 2010 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció ante el Ministerio Público y ante autoridades de Hacienda al referido despacho por haber impulsado un presunto fraude millonario a través de empresas outsourcing con las cuales múltiples patrones burlaron aportaciones laborales. El caso derivó incluso en auditorías por parte del SAT en oficinas del despacho de siete ciudades.

La PGR también ha recibido denuncias que apuntan a los Álvarez Puga como los responsables de implementar un modelo de facturación apócrifa a través de empresas que simulan operaciones simuladas. Se trata de un esquema que además de deriva en fraudes fiscales, ha sido utilizado para desviar recursos públicos como los registrados en Veracruz con el gobierno de Javier Duarte, o en Chihuahua y otras entidades con la denominada “Operación Safiro”.

Investigaciones periodísticas también han revelado los nexos de estas personas con presuntos hechos irregulares. En 2012, por ejemplo, el diario The New York Times publicó que detrás de la firma de asesoría fiscal y administrativa de los Álvarez Puga había una matriz de compañías fachada – constituidas en el papel pero que no operan en la realidad – que ponían al servicio de potenciales clientes con fines en muchos casos ilícitos.

Dicho modus operandi, que le permitió a Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga obtener ganancias millonarias, fue replicado por múltiples despachos en el país. Un ejemplo fue el despacho de contadores de López Gachuz gracias al cual fueron desviados más de 3 mil 600 millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.

De acuerdo con autoridades federales con pleno conocimiento del caso, a los Álvarez Puga se les considera como fundadores de estos esquemas de defraudación que han dejado incontables pérdidas al país y de los que se han servido tanto empresarios como políticos de diversos partidos. 

Opacidad de último minuto

Un día antes de que concluyera el sexenio peñista, la Secretaría de Gobernación –cuyo titular era Miguel Ángel Osorio Chong— reservó durante 5 años los contratos adjudicados a la empresa denominada Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., que es investigada por autoridades federales por su presunto involucramiento en delitos de desvío de recursos, lavado de dinero y evasión fiscal.

Dicha compañía está vinculada al abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y la actriz y conductora de TV Inés Gómez-Mont; la empresa es considerada por la Secretaría de Hacienda como “facturera” o “fantasma”, es decir, que emite comprobantes fiscales por bienes y servicios que, en realidad, no se llevaron a cabo.

La investigación está relacionada con la adjudicación fraudulenta de dos contratos en 2016 por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) –que dependía de la Segob– a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. para la supuesta adquisición de sistemas de inteligencia.

El órgano que administra las prisiones federales pagó 2 mil 950 millones de pesos al proveedor, el cual, con la ayuda de otras siete empresas fachada, dispersó los recursos mediante cientos de operaciones de lavado y los envió a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez-Mont, de acuerdo con la indagatoria federal a la que Animal Político tuvo acceso.

El 30 de noviembre de 2018, un día antes de que concluyera la administración de Enrique Peña Nieto, el Comité de Transparencia del OADPRS reservó en su totalidad y por un periodo de 5 años todos los contratos adjudicados a Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., incluidos los dos mediante los cuales se le pagaron casi 3 mil millones de pesos.

En la resolución OADPRS/CT/069/18, el Comité de Transparencia justificó la reserva de información absoluta alegando motivos de seguridad nacional, rehusándose a entregar siquiera una versión pública de los contratos que no contuviera datos sensibles. El órgano argumentó que los contratos contienen información sensible que se le tuvo que revelar al proveedor. 

“En ese sentido, al proporcionar la documentación que se solicita se estaría divulgando información de carácter sensible, que fue necesaria revelar al proveedor para llevar a cabo los servicios objeto de la contratación, tales como normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología y características y especificaciones de equipo útiles para la generación de inteligencia para la seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), así como la distribución, ubicación e instalación en zonas estratégicas de dichos bienes dentro del Centro. Asimismo, se darían a conocer los procedimientos y normas de seguridad que son necesarios llevar a cabo para tener control en el acceso, permanencia y salida de personas y de sus pertenencias, como son la revisión y registro en los Ceferesos, incluso en las áreas restringidas, así como las medidas que permiten mantener la seguridad, el orden y la disciplina en los mismos”, sostiene la resolución.

El Comité de Transparencia agregó que la difusión de los contratos podría revelar la identidad del personal de la empresa que participó en la instalación o supervisión de los servicios de inteligencia contratados, lo que facilitaría que fueran contactados y cooptados por la delincuencia organizada.

“Al hacer pública la información relativa a los servicios de inteligencia a realizarse, sus alcances, las fechas propuestas para su inicio y terminación, así como los datos específicos y técnicos de los equipos útiles para la generación de inteligencia, se podría prestar a que cayera en manos de organizaciones criminales, quienes al identificar al proveedor y entablar cualquier tipo de comunicación con sus representantes, tengan acceso a la información específica del proyecto y conozcan los puntos vulnerables en los sistemas tecnológicos de seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, potenciando con ello una amenaza a las instalaciones de los Centros Penitenciarios, mediante sabotajes, evasión o ataques que debiliten o anulen las acciones y pronta reacción del personal de custodia y seguridad penitenciaria del Cefereso, poniendo en peligro la vida e integridad física de las personas que se encuentran privadas de la libertad, de los visitantes y de los servidores públicos que se encuentran en los mismos, vulnerando con ello la Seguridad Pública y Nacional”, indica la resolución de reserva.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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