FGR va por ficha roja contra Álvarez Puga y Gómez-Mont
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FGR va por ficha roja contra Álvarez Puga y Gómez-Mont; Segob ocultó contratos por 5 años

Un día antes de acabar el sexenio de EPN, Gobernación clasificó por cinco años los contratos implicados en el fraude. Desde hace más de una década el despacho se encuentra bajo investigación por múltiples denuncias.
Por Arturo Ángel y Zedryk Raziel
14 de septiembre, 2021
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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a la Interpol la emisión de dos órdenes de localización y captura internacionales (conocidas como fichas rojas) en contra del empresario y contador Víctor Manuel Álvarez Puga y de su esposa Inés Gómez-Mont, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) – que está a cargo del caso – cuenta con informes de inteligencia que apunta a que el matrimonio se encuentra fuera del país desde hace varios meses, por lo que se les considera prófugos de la justicia.

La solicitud a la Interpol (que permitirá el rastreo del contador y la presentadora de televisión en más de 140 países) se sustenta en una orden de aprehensión que la semana pasada otorgó un juez federal del estado de México en contra del matrimonio por delitos tipificados como graves y que ameritan prisión preventiva automática.

Lee: Así fue el presunto desvío de 3 mil mdp en Segob a empresas fantasma ligadas a Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

De acuerdo con autoridades ministeriales, la FGR argumentó ante el juez que la orden de arresto era necesaria para garantizar la presencia de Gómez-Mont y Álvarez Puga ante el juez dado que son personas con amplio poder económico y capacidad de movimiento. El juez validó dicha argumentación y consideró procedente esta alternativa en vez de otras como un citatorio voluntario a la audiencia inicial.

Son tres los delitos por los cuales se ha ordenado la captura del matrimonio: delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. De ser encontrados responsables luego del juicio penal correspondiente, los implicados podrían alcanzar una pena acumulada que va de los 20 a los 60 años de prisión.

La indagatoria, de la cual Animal Político reveló varios detalles en esta nota, fue resultado de una denuncia inicial presentada por la Procuraduría fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra del matrimonio y quienes resulten responsables por el presunto lavado de recursos públicos a través de casi mil 500 operaciones bancarias con empresas fantasma.

Ante la presunción de un esquema complejo y organizado para desplazar el dinero sustraído, la SEIDO atrajo la carpeta de investigación y presentó la acusación en contra del matrimonio. También se presentaron cargos en contra de otras personas cuyas identidades no se han revelado.

Entérate: “Nos estamos preparando para enfrentar este proceso”, dice Inés Gómez Mont

En caso de que Álvarez Puga y Gómez-Mont sean detenidos a través del cumplimiento de la ficha roja correspondiente, existe la posibilidad de que primero haya que solventar un proceso de extradición cuya duración dependerá del país en el que sean detenidos y el tratado que se haya firmado.

Otra alternativa es que los implicados se presenten voluntariamente ante el juez que ordenó su captura para que se realice la audiencia inicial. Penalistas consultados por este medio indicaron que también tienen la posibilidad de buscar una demanda de amparo, sin embargo, dado que los delitos que se le imputan al matrimonio son graves este difícilmente sería procedente.

Cabe señalar que ni la emisión de la ficha roja ni la orden de aprehensión son suficientes para probar que el matrimonio haya cometido un ilícito. Tampoco es garantía de que se inicie un juicio o proceso penal en su contra pues eso solo se definiría en la audiencia inicial a partir de los datos de prueba que presenten ambas partes.

Más de una década de indagatorias y denuncias

La indagatoria por los casi tres mil millones de pesos desviados desde la Secretaría de Gobernación hacia una red de empresas fachadas ligadas a Álvarez Puga y su esposa, no es la primera ni la única de las investigaciones ministeriales iniciadas en contra de dicho contador.

Desde hace más de una década la FGR (entonces PGR) ha iniciado averiguaciones previas e indagatorias por múltiples denuncias oficiales y anónimas que involucran al despacho Álvarez Puga & Asociados en mecanismos de posible defraudación fiscal, corrupción, enriquecimiento ilícito, entre otros. No obstante, hasta ahora no se le ha logrado procesar por ningún caso.

Por ejemplo, en 2010 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció ante el Ministerio Público y ante autoridades de Hacienda al referido despacho por haber impulsado un presunto fraude millonario a través de empresas outsourcing con las cuales múltiples patrones burlaron aportaciones laborales. El caso derivó incluso en auditorías por parte del SAT en oficinas del despacho de siete ciudades.

La PGR también ha recibido denuncias que apuntan a los Álvarez Puga como los responsables de implementar un modelo de facturación apócrifa a través de empresas que simulan operaciones simuladas. Se trata de un esquema que además de deriva en fraudes fiscales, ha sido utilizado para desviar recursos públicos como los registrados en Veracruz con el gobierno de Javier Duarte, o en Chihuahua y otras entidades con la denominada “Operación Safiro”.

Investigaciones periodísticas también han revelado los nexos de estas personas con presuntos hechos irregulares. En 2012, por ejemplo, el diario The New York Times publicó que detrás de la firma de asesoría fiscal y administrativa de los Álvarez Puga había una matriz de compañías fachada – constituidas en el papel pero que no operan en la realidad – que ponían al servicio de potenciales clientes con fines en muchos casos ilícitos.

Dicho modus operandi, que le permitió a Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga obtener ganancias millonarias, fue replicado por múltiples despachos en el país. Un ejemplo fue el despacho de contadores de López Gachuz gracias al cual fueron desviados más de 3 mil 600 millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.

De acuerdo con autoridades federales con pleno conocimiento del caso, a los Álvarez Puga se les considera como fundadores de estos esquemas de defraudación que han dejado incontables pérdidas al país y de los que se han servido tanto empresarios como políticos de diversos partidos. 

Opacidad de último minuto

Un día antes de que concluyera el sexenio peñista, la Secretaría de Gobernación –cuyo titular era Miguel Ángel Osorio Chong— reservó durante 5 años los contratos adjudicados a la empresa denominada Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., que es investigada por autoridades federales por su presunto involucramiento en delitos de desvío de recursos, lavado de dinero y evasión fiscal.

Dicha compañía está vinculada al abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y la actriz y conductora de TV Inés Gómez-Mont; la empresa es considerada por la Secretaría de Hacienda como “facturera” o “fantasma”, es decir, que emite comprobantes fiscales por bienes y servicios que, en realidad, no se llevaron a cabo.

La investigación está relacionada con la adjudicación fraudulenta de dos contratos en 2016 por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) –que dependía de la Segob– a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. para la supuesta adquisición de sistemas de inteligencia.

El órgano que administra las prisiones federales pagó 2 mil 950 millones de pesos al proveedor, el cual, con la ayuda de otras siete empresas fachada, dispersó los recursos mediante cientos de operaciones de lavado y los envió a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez-Mont, de acuerdo con la indagatoria federal a la que Animal Político tuvo acceso.

El 30 de noviembre de 2018, un día antes de que concluyera la administración de Enrique Peña Nieto, el Comité de Transparencia del OADPRS reservó en su totalidad y por un periodo de 5 años todos los contratos adjudicados a Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., incluidos los dos mediante los cuales se le pagaron casi 3 mil millones de pesos.

En la resolución OADPRS/CT/069/18, el Comité de Transparencia justificó la reserva de información absoluta alegando motivos de seguridad nacional, rehusándose a entregar siquiera una versión pública de los contratos que no contuviera datos sensibles. El órgano argumentó que los contratos contienen información sensible que se le tuvo que revelar al proveedor. 

“En ese sentido, al proporcionar la documentación que se solicita se estaría divulgando información de carácter sensible, que fue necesaria revelar al proveedor para llevar a cabo los servicios objeto de la contratación, tales como normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología y características y especificaciones de equipo útiles para la generación de inteligencia para la seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), así como la distribución, ubicación e instalación en zonas estratégicas de dichos bienes dentro del Centro. Asimismo, se darían a conocer los procedimientos y normas de seguridad que son necesarios llevar a cabo para tener control en el acceso, permanencia y salida de personas y de sus pertenencias, como son la revisión y registro en los Ceferesos, incluso en las áreas restringidas, así como las medidas que permiten mantener la seguridad, el orden y la disciplina en los mismos”, sostiene la resolución.

El Comité de Transparencia agregó que la difusión de los contratos podría revelar la identidad del personal de la empresa que participó en la instalación o supervisión de los servicios de inteligencia contratados, lo que facilitaría que fueran contactados y cooptados por la delincuencia organizada.

“Al hacer pública la información relativa a los servicios de inteligencia a realizarse, sus alcances, las fechas propuestas para su inicio y terminación, así como los datos específicos y técnicos de los equipos útiles para la generación de inteligencia, se podría prestar a que cayera en manos de organizaciones criminales, quienes al identificar al proveedor y entablar cualquier tipo de comunicación con sus representantes, tengan acceso a la información específica del proyecto y conozcan los puntos vulnerables en los sistemas tecnológicos de seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, potenciando con ello una amenaza a las instalaciones de los Centros Penitenciarios, mediante sabotajes, evasión o ataques que debiliten o anulen las acciones y pronta reacción del personal de custodia y seguridad penitenciaria del Cefereso, poniendo en peligro la vida e integridad física de las personas que se encuentran privadas de la libertad, de los visitantes y de los servidores públicos que se encuentran en los mismos, vulnerando con ello la Seguridad Pública y Nacional”, indica la resolución de reserva.

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Atentados del 11S: la icónica foto de la "dust lady" cubierta de polvo tras los ataques a las Torres Gemelas

Marcy Border fue fotografiada cuando logró refugiarse en un edificio cercano a las torres. Te contamos su historia.
11 de septiembre, 2021
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En agosto de 2015 fallecía a consecuencia de un cáncer Marcy Borders, recordada como la “dust lady” (dama del polvo) y cuya fotografía se convirtió en una de las más icónicas de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre de 2001.

Fue fotografiada cuando logró refugiarse en un edificio cercano a las torres.

Tenía su rostro y todo su cuerpo cubierto por el polvo que envolvió la Zona Cero después de que los edificios se vinieron abajo.

Dieciocho años después de los atentados, recordamos la historia detrás de esta emblemática imagen.

La fotografía

El 11 de septiembre de 2001, Borders recién cumplía su primer mes de trabajo en el Bank of America, cuyas oficinas se encontraban en el piso 81 de la Torre Norte del World Trade Center.

Lady Dust

Getty Images
En 2002 Marcy Borders posó con el fotógrafo que tomó su imagen cubierta por el polvo en la Zona Cero.

“El edificio comenzó a temblar y balancearse. Yo perdí todo el control. Luché a mi manera por salir de ese lugar”, dijo Borders al diario Daily Mail en 2011.

Desafiando las instrucciones de su jefe de que no debían salir, huyó por las escaleras y se refugió en el vestíbulo de un edificio cercano. Allí su imagen fue capturada por el fotógrafo Stan Honda.

El autor de la instantánea recordó aquel momento en una publicación de Facebook en el décimo aniversario de los ataques.

“Una mujer entró completamente cubierta de polvo gris. Se notaba que estaba muy bien vestida para el trabajo y por un segundo se detuvo en el lobby. Pude hacer una toma de ella antes de que un agente de policía comenzara a dirigir a la gente hacia las escaleras”, escribió Honda en 2011.

Borders, nacida en Nueva Jersey, no se dio cuenta que había sido fotografiada hasta que su madre vio la imagen al día siguiente y se puso en contacto con Stan Honda.

Complicaciones

Ataques del 11 de septiembre de 2001

Getty Images
Miles de personas que se encontraban en la Zona Cero el 11-S fueron diagnosticadas con cáncer en años posteriores,

En los años posteriores a los ataques, Borders sufrió cuadros de depresión severa y adicción a las drogas. Incluso perdió la custodia de sus dos hijos.

“No trabajé en casi 10 años y en 2011 era un completo desastre”, le dijo a The New York Post en ese entonces. “Cada vez que veía un avión me entraba el pánico”.

Sin embargo, después de una temporada en rehabilitación, logró desintoxicarse y recuperó la custodia de sus hijos.

En noviembre de 2014 se conoció que padecía de cáncer de estómago.

Borders afirmó que su mal fue el resultado de lo que vivió en 2001. “Definitivamente lo creo porque no tenía ninguna enfermedad”, dijo al diario estadounidense New Jersey Journal.

“Yo no tengo la presión arterial alta, ni el colesterol alto, ni diabetes”.

Miles de personas que se encontraban en la Zona Cero el 11-S fueron diagnosticadas con cáncer en años posteriores, particularmente los rescatistas que trabajaron en los escombros de los edificios en los días y semanas posteriores a los atentados.

Eso llevó a la creación de un fondo compensatorio durante el gobierno de Barack Obama.

Smoke from the burning World Trade Center towers fills up the downtown Manhattan skyline

Getty Images
Muchas personas sufrieron las consecuencias físicas y psicológicas de los ataques del 11S.

Fallecimiento

En entrevistas en los años que siguieron al ataque, Borders culpó de su cáncer al polvo y las sustancias contaminantes que aspiró mientras escapaba del World Trade Center.

Tras su fallecimiento en 2015, Juan Borders, primo de Marcy, la llamó “heroína” y aseguró que “sucumbió a las enfermedades que cargó en su cuerpo desde el 11-S”.

“Además de la pérdida de tantos amigos, compañeros de trabajo y colegas durante y después de ese trágico día, los dolores del pasado han encontrado una manera de resurgir”, dijo.

Noelle, hija de Marcy Borders, le dijo al diario estadounidense New York Post que su madre “peleó una batalla increíble”.

“Ella no sólo es la ‘dust lady’, es mi heroína y vivirá para siempre a través de mí”, concluyó.

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