FGR va por nueva orden de aprehensión contra científicos ante rechazo de juez
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FGR solicita por segunda ocasión órdenes de aprehensión contra científicos acusados por Conacyt tras rechazo de juez

La denuncia se basa en la asignación de 200 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, una asociación civil que ejercía como organismo autónomo de consulta y al que Conacyt dejó de financiar en 2019.
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Por Arturo Ángel y Alberto Pradilla
22 de septiembre, 2021
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La Fiscalía General de la República solicitó, por segunda ocasión, la aprehensión de 31 científicos e investigadores, acusados por la actual dirección de Conacyt de tres delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Un juez federal de control del Centro de Justicia Federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, ya había rechazado conceder las órdenes de aprehensión solicitadas la FGR el pasado 24 de agosto.

Pero este lunes la FGR decidió insistir.

La negativa del juez que recibió la solicitud se sustentaba en que faltaban elementos para sustentar los ilícitos que se pretende imputar a los académicos.

En ese contexto el juez le solicitó al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) perfeccionar el caso antes de hacer un nuevo intento. Es decir, que todavía no se ha desechado la acusación, lo que deja abierta la puerta a que la FGR solicite de nuevo las aprehensiones.

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Los delitos por delincuencia organizada y peculado que se pretende imputar a los académicos ameritan prisión preventiva automática, por lo que en caso de ser procesados en audiencia inicial los académicos tendrían que llevar el juicio recluidos en la cárcel.

Es decir, la FGR insistió que deben ser imputados por estos cargos, que llevarían a los 31 investigadores a un penal federal.

La denuncia presentada ante la FGR acusa a los académicos de haber encabezado comités a través de los cuales se autorizaron, entre 2013 y 2018, recursos públicos a una asociación civil con razón social Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C para realizar funciones que ya estaban a cargo del Conacyt. En total, sería un monto de unos 200 millones de pesos, que fue el presupuesto asignado durante el sexenio pasado al órgano autónomo consultivo.

Aún cuando el Foro Consultivo existe desde 2002 y desde entonces reciben financiamiento público, tal como marca la ley, la denuncia por un supuesto esquema ilegal de asignación de recursos se limita al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

La base de la acusación es que los científicos y académicos establecieron un “sistema para recibir fondos” por unas labores que ya hacía la propia Conacyt.

Un presupuesto de 200 millones de pesos durante el sexenio pasado, que los actuales directivos de Conacyt consideraban que se empleó “para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores, y para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros, presupuesto que excedió de lo necesario para el cumplimiento de sus funciones”, según un comunicado de prensa de 2019.

La respuesta del Foro, también de 2019, fue mostrar sus finanzas: “En el último año y medio se invirtió 0.36% en telefonía celular, por cierto en apoyo de las actividades, no de la operación; 0.67% en bocadillos, 7% en servicios generales, 18.92% en servicios personales para la administración y operación, y 70.7% en el desarrollo de proyectos”.

Lee: Caen 56% apoyos de Conacyt para investigación y becas en el extranjero con gobierno de AMLO

La disputa inició hace dos años, cuando la dirección de Conacyt, que encabeza Elena Álvarez Bullya, decidió cancelar el financiamiento al Foro, su propio órgano autónomo consultivo, tema que incluso ya fue abordado por la Suprema Corte. De aquella disputa se pasó a una denuncia ante la FGR y una petición de órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, aproximadamente 20 de los 31 investigadores denunciados (entre los que se encuentran académicos del CIDE, de la UAM, del Tec de Monterrey, entre otros) fueron visitados desde agosto por policías ministeriales de la FEDO (antes SEIDO) para verificar su domicilio y notificarles de la existencia de una indagatoria penal en su contra. No obstante, no se les pidió rendir ninguna declaración ni se les giraron citatorios.

Entre los señalados están Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt entre 2013 y 2018, Julia Tagüeña Parga, directora del Foro entre 2018 y 2020; Gabriela Dutrénit Bielous, profesora de la UAM Xochimilco; o Luis Mier y Terán Casanueva, exrector general de la UAM.

Los investigadores que ahora fueron denunciados encabezaron, en su momento, los denominados Comités Técnicos de Administración (CTA) del Conacyt a través de los cuales se aprobaban los proyectos que se asignaban a la referida asociación civil. Los recursos para financiar dichos proyectos provenían de dos programas denominados: Comité de Apoyos Institucionales (CAI) y Fondo Institucional del Conacyt (FOINS).

“Se argumenta que los recursos que se han dado al foro consultivo son ilegales y que no debieron ser otorgados, pues según la administración actual de Conacyt eran actividades que el propio Conacyt debió haber hecho sin la intervención de un tercero”, dijo una de las autoridades consultadas.

Sin embargo, los académicos han sostenido que esta asignación de los recursos no era discrecional. En cambio, se trataba de una obligación establecida en la Ley de Ciencia y Tecnología y que las decisiones se tomaban de forma colegiada tras una revisión cuidadosa de muchos proyectos. Cada uno de esos proyectos era previamente avalado a través de evaluaciones técnicas a cargo de al menos dos investigadores distintos que emitían un dictamen para determinar si era procedente o no.

Los recursos que se autorizaban no pasaban por las manos de los investigadores que integraban los CTA sino que bajaban directamente de las cuentas de los referidos fondos administradas por la Secretaría de Hacienda hacia las cuentas del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C.

“Esas autorizaciones existieron, pero se realizaron al amparo de la ley. No hay ningún origen ilícito de los recursos. El dinero se aprobó siguiendo los procedimientos adecuados. No es dinero que pasó por nuestras manos ni hay recursos escondidos en cuentas secretas personales o propiedades, ni riquezas inexplicables. Eso se puede verificar si lo indagan”, dijo uno de los académicos a este medio.

La denuncia presentada ante la FGR en contra de los académicos surge luego de un litigio jurídico que mantenía esta asociación civil en contra del Conacyt tras la decisión de este último de suspender el financiamiento al Foro bajo el argumento de que había duplicidad de funciones y de que era necesario eliminar intermediarios.

Animal Político quiso conocer la versión del Conacyt, sin que hubiera respuesta.

Lee: Juez ordena a Conacyt mantener apoyos a investigadores de universidades privadas

El caso llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a un amparo promovido por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C cuando dejó de recibir recursos. En la sentencia MI/SS/D/9941/2021 el máximo tribunal determinó no conceder el amparo, sin embargo, determinó que tampoco habían existido irregularidades en la asignación de recursos a esa asociación pues ello se realizó al amparo del marco legal que existía en aquel momento.

Aún así, la dirección de Conacyt decidió sostener la denuncia y la FGR pidió las órdenes de aprehensión.

Y a pesar de la negativa inicial de un juez, decidió volver a solicitarlas.

 

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Quiénes son los Tequileros, banda criminal a la que se le atribuye la masacre de 20 personas en Guerrero

Un grupo delictivo muy violento llevó a cabo una masacre en Guerrero. Las autoridades apuntan a los Tequileros, una banda que la mayor parte del tiempo ha pasado desapercibida.
8 de octubre, 2022
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Los Tequileros son un grupo muy local, pero que han llegado a ejercer mucha violencia.

Su influencia se limitaba a dos o tres municipios del estado de Guerrero, en la región de Tierra Caliente, donde se registra una alta producción y trasiego de drogas.

El pasado miércoles, una banda armada llevó a cabo una masacre a gran escala que llamó la atención más allá de México y las autoridades apuntan a los Tequileros como presuntos autores.

Los atacantes asesinaron con armas de grueso calibre al presidente municipal de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza, así como otros cinco funcionarios municipales y familiares y civiles que estaban reunidos en esa localidad.

También mataron al exalcalde Juan Mendoza, que era padre del actual presidente local. En total, 20 personas perdieron la vida, informó el jueves el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía.

“Ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como la Familia Michoacana, cuyas cabezas apodadas el Pez y el Fresa son los líderes criminales de esa región”, detalló el funcionario al adelantar los primeros indicios de la investigación.

foto de primer plano de Conrado Mendoza Almeda

Gobierno de San Miguel Totolapan
Conrado Mendoza fue asesinado en el ataque ocurrido el 6 de octubre.

La disputa entre los Tequileros y la Familia Michoacana viene desde hace una década, pero se ha dado fuera de la atención pública nacional, salvo cuando se han producido enfrentamientos como el del miércoles, le explica a BBC Mundo el experto en seguridad Víctor Sánchez.

“Como hay esa combinación de poca atención gubernamental y procesos de infiltración de las autoridades de larga data, se da una especie de bomba de tiempo. Al no incluir su acción en ciudades grandes, como Acapulco, no llaman tanto la atención de las autoridades o de los medios, salvo cuando se desborda el problema”, explica Sánchez.

El Tequilero

El nombre del grupo viene de su fundador, Raybel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero.

Desde la década de 2000, encabezó las acciones de tráfico de drogas en San Miguel Totolapan, el cual es un municipio con alta producción de opio, “uno de los de más alta producción en México”, describe Sánchez.

Raybel Jacobo "el Tequilero"

PGR
Se presume que Raybel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero, murió en 2018.

Se encuentra en la región de Tierra Caliente, la cual se extiende también al vecino estado de Michoacán, el cual históricamente ha sido dominado por el grupo la Familia Michoacana y grupos derivados, como los Caballeros Templarios.

En la década pasada, la lucha por el control de una región altamente productiva en sembradíos de marihuana y amapola llegó a las puertas de San Miguel Totolapan.

En esa disputa, el Tequilero presuntamente murió en 2018 tras un enfrentamiento. Hasta hoy se asume que Raybel Jacobo de Almonte falleció, pese a que su cuerpo nunca fue identificado.

“Es una organización que perdió algo de fuerza con el supuesto abatimiento de su líder, pero vemos que no desapareció, que siguió presente”, explica Sánchez.

“Pero por concentrar su fuerza en un solo municipio difícilmente llegan los medios de comunicación, salvo en estos casos en los que se ve un incremento de la violencia o situaciones de violencia paradigmática”.

Map

No obstante, los Tequileros han usado la violencia para realizar secuestros y extorsiones en San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y partes de Arcelia.

En la actualidad, hombres identificados por sus apodos, el Vago y la Mula, son quienes asumieron el liderazgo de los Tequileros.

En 2020, la Mula afirmó en un video que habían efectuado un pacto con el cartel Jalisco Nueva Generación, que rivaliza con la Familia Michoacana. Pero para Sánchez, solo es una alianza menor para traficar droga.

¿Por qué el ataque en su “territorio”?

Desde la década pasada había sospechas de que las autoridades en San Miguel Totolapan colaboraban con los Tequileros.

La reciente filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) da muestra de ello.

El informe confidencial de 2014 titulado “Presidentes municipales del estado de Guerrero con presuntos vínculos con el narcotráfico” identifica a Saúl Beltrán Orozco.

Denuncias obtenidas por la Sedena dicen que era “compadre” de Raybel Jacobo de Almonte, “dirigente del grupo delictivo a quien protege y proporciona información”.

Como ocurre en muchas localidades pequeñas del país, “hay una captura del aparato municipal para la obtención de rentas a través de la colocación de funcionario municipales”, explica Sánchez.

Varias personas en un cortejo fúnebre en San Miguel Totolapan

Getty Images
Una hipótesis del caso señala que el alcalde Conrado Mendoza creó un acuerdo con la Familia Michpacana.

El ataque del pasado miércoles contra Conrado Mendoza se dio cuando este presuntamente iba a sostener una reunión con José Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fresa, líder local de la Familia Michoacana.

El propio Hurtado Olascoaga publicó el jueves un video en el que señala que estaba por bajar de su vehículo para reunirse con Mendoza cuando se desató el ataque del que pudo huir.

El ataque, presume Sánchez, se da por “una especie de venganza por haber cambiado de bando”.

Como en otras regiones de México capturadas por grupos delictivos, en San Miguel Totolapan se combinan factores que favorecen a esas bandas: poco empleo o inversiones, pobreza y corrupción de autoridades.

Por eso Sánchez señala que crean “bombas de tiempo” que de tanto en tanto explotan.


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