FGR rearmará acusación contra académicos de Conacyt
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FGR tendrá que rearmar acusación contra académicos de Conacyt

Prevé realizar imputaciones por delitos distintos a los planteados originalmente. El caso contra Álvarez-Buylla, denunciada por desacato, está a cargo del subprocurador Juan Ramos, mano derecha de Gertz.
Cuartoscuro
29 de septiembre, 2021
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La Fiscalía General de la República (FGR) decidió no apelar la decisión del juez federal Gregorio Salazar Hernández de no conceder las 31 órdenes de aprehensión que había solicitado en contra de académicos denunciados por el Conacyt, Sin embargo, mantiene abierta la indagatoria en su contra y podría proceder de nuevo en cualquier momento.

El pasado 27 de septiembre se venció el plazo de tres días hábiles con el que contaba la FGR para presentar la apelación sin que ello ocurriera. Esto significa que la decisión del juez de no conceder las órdenes solicitadas en esta ocasión queda firme y es definitiva.

Autoridades de la FGR confirmaron a Animal Político que se optó por no presentar la apelación, pero aclararon que eso no significa que el caso esté cerrado. Por el contrario, continuará en integración la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) para, en su momento, volver a pedir órdenes de arresto.

La apelación que la Fiscalía decidió no presentar hubiera enviado el caso sin ningún cambio a manos de un magistrado federal para que este lo revisara y decidiera si ratificaba la negativa de conceder las órdenes de arresto del juez Salazar Hernández, o si lo modificaba y las otorgaba.

Leer más | Juez le responde a la FGR: el caso Conacyt no tiene pruebas ni coherencia; no hay delitos

Sin embargo, ante las críticas hechas por el juez el cual encontró problemas tanto de fondo como de forma en el resumen de la acusación presentada por los fiscales, la Fiscalía optó por revisar el expediente y continuar perfeccionándolo para, a la postre, hacer otro intento.

Autoridades judiciales explicaron que no existe ningún plazo límite para que el Ministerio Público resuelva si cierra o no el caso, pues es su facultad constitucional ejercer la acción penal cuando así lo considere. No obstante, cualquier solicitud que se presente nuevamente ante este mismo juez u otro será revisada tal como ya ocurrió en los primeros intentos.

Prevén modificar lista de delitos

En sus dos primeros intentos la FGR solicitó al juez federal que ordenara la aprehensión de los 31 académicos por cuatro delitos: delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y peculado. Además, intentó que los implicados fueran recluidos en el penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Sin embargo, los jueces encontraron múltiples fallas, desde la falta de argumentos con los cuales se pretendía detener con órdenes de arresto a los científicos (en vez de citatorios voluntarios) para recluirlos en un penal de este tipo, hasta la inexistencia de delitos que perseguir en el caso.

En ese contexto, y ante la hipótesis que la FGR mantiene de que hubo malos manejos por más de 200 millones de pesos, se está revisando la carpeta de investigación y se prevé realizar cambios importantes con miras a proceder de nuevo en contra de los supuestos implicados.

En una entrevista concedida al periodista Joaquín López Dóriga, el fiscal especializado en Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera Bernal, adelantó que, si bien se pretende solicitar de nuevo las órdenes de captura, es posible que se intente por delitos distintos a los requeridos inicialmente. También se evaluará si se solicita en contra de una lista más reducida de académicos.

La finalidad, explicó el funcionario ministerial, es tratar de solventar el cúmulo de observaciones que el juez federal planteó para negar las órdenes de captura.

“Se está revalorando todo lo que hay en el expediente, y teniendo en cuenta las estipulaciones que hizo el juez en su decisión, y más bien, lo que resulte como producto de este análisis, y lo que determine hacia dónde se va a dirigir la acción institucional”, señaló el fiscal Higuera.

Hasta ahora la Fiscalía no ha esclarecido qué delitos intentaría imputar a los académicos que considere probables responsables, aunque en el comunicado que la FGR difundió la semana pasada dijo que se trataba de un caso de “delitos patrimoniales”. Dichos ilícitos son los que se definen en el ámbito del derecho penal como aquellos que afectan el patrimonio, y entre ellos figura, por ejemplo, los robos, los fraudes, diversas estafas, entre otros.

No obstante, por el momento las indagatorias del caso continúan a cargo de la Especializada en Delincuencia Organizada, que antes se conocía como la SEIDO.

Caso contra Álvarez-Buylla en seguimiento

Respecto a la carpeta de investigación que la FGR inició en contra de la actual titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, por una denuncia de desacato presentada por el juez federal Gabriel Regis López, autoridades federales indicaron que el caso continúa en integración, pero hasta ahora no se ha tomado una determinación.

De acuerdo con lo informado por medios de comunicación a principios de esta semana, se trata de un caso relacionado con la asignación de recursos al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., en el que laboraron varios de los académicos que fueron denunciados por el propio Conacyt.

Desde el año pasado el juez Regis López había concedido una suspensión en favor del denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. –como parte de un juicio de amparo– que obligaba al Conacyt a continuar dotándole de recursos a esta asociación civil. Sin embargo, la administración de Álvarez-Buylla no atendió dicha petición.

En ese contexto el juez presentó la denuncia penal en octubre del año pasado, lo que dio paso a la apertura de la indagatoria. De acuerdo con las autoridades consultadas, el Ministerio Público aún continúa recabando elementos para determinar si existe o no un delito que perseguir.

La investigación de este caso en específico está a cargo de la oficina del subprocurador Juan Ramos, considerado mano derecha del fiscal Alejandro Gertz Manero.

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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