Inés Gómez-Mont y Álvarez Puga compraron mansión que fue de Cher
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Inés Gómez-Mont y Álvarez Puga compraron mansión en Miami que perteneció a Cher

La mansión, ubicada en una exclusiva zona de Miami, fue adquirida por Gómez-Mont y Álvarez Puga a través de prestanombres. La compraron por 15.5 millones de dólares y la revendieron en 17 millones.
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15 de septiembre, 2021
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El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la presentadora de TV Inés Gómez-Mont, quienes son perseguidos por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de peculado, lavado de dinero y evasión fiscal, adquirieron la mansión en Miami Beach que perteneció a la cantante y actriz estadounidense Cher. 

La mansión está ubicada en el número 64 de La Gorce Circle, en la exclusiva comunidad de La Gorce Island, en Miami Beach, Florida. 

Animal Político encontró los documentos en registros públicos del estado de Florida que confirman que Álvarez Puga y Gómez-Mont adquirieron esa casa de 11 mil 460 pies cuadrados (equivalentes a 1 mil 064 metros cuadrados) a través de prestanombres, y fueron sus propietarios, cuando menos, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020.

El matrimonio compró la mansión a 15.5 millones de dólares y la revendió a 17 millones de dólares, un precio equivalente a unos 340 millones de pesos.

Ayer, el programa estadounidense de espectáculos por internet Chisme No Like analizó fotografías de la cuenta de Instagram de Gómez-Mont y halló coincidencias con imágenes de la que fuera la mansión de Cher. Este medio pudo establecer que se trata de la misma propiedad.

Cher, ganadora de numerosos premios de cine y música, incluido un Oscar a mejor actriz, fue dueña de la mansión de Miami Beach entre 1993 y 1996, año en que la vendió a 4.3 millones de dólares, según los registros de la propiedad de Miami.

La casa fue adquirida en diciembre de 2017 por la razón social LaGorce 64 LLC a un precio de 15.5 millones de dólares. Al tipo de cambio de la época, la propiedad costó alrededor de 294.5 millones de pesos.

Tres años después, en diciembre de 2020, dicha empresa revendió el inmueble a un precio 1.5 millones de dólares más caro: 17 millones de dólares, equivalentes a 340 millones de pesos al tipo de cambio de la época.

LaGorce 64 LLC –la compañía que fue propietaria de la mansión durante al menos tres años— tiene como administrador a Jonathan Choghi, quien, a su vez, administra la razón social VAP Jade Corp., que fue fundada por Álvarez Puga, y de la que éste fue presidente hasta 2019, de acuerdo con los registros corporativos del estado de Florida. De hecho, el nombre de VAP Corp. coincide con las siglas de “Víctor Álvarez Puga”.

En LaGorce 64 LLC también figura como representante Claudia Pretelt, amiga personal de Gómez Mont.

Tanto LaGorce 64 LLC como VAP Jade Corp. fueron disueltas este año y ya no tienen actividades mercantiles.

La mansión que perteneció a Cher, y posteriormente al matrimonio Álvarez Puga-Gómez-Mont, es de tres pisos y tiene seis habitaciones, ocho baños, una casa para invitados, gimnasio, bar, oficina, piscina, jardines, patios, estacionamiento y fuentes. La propiedad se construyó en 1953 y ha sido objeto de varias ampliaciones.

En diciembre de 2020, medios estadounidenses, entre ellos Los Angeles Times, dieron a conocer que la propiedad que alguna vez perteneció a Cher había sido vendida ese mes a un precio de 17 millones de dólares, pero no establecieron el vínculo con Álvarez Puga y Gómez-Mont.

El medio The Real Deal, especializado en bienes raíces, incluso habló de quién es el actual propietario de la mansión –un magnate hotelero–, pero no de sus anteriores inquilinos.

Riqueza patrimonial en Estados Unidos

La casa en Miami se suma a cuando menos otra propiedad de Álvarez Puga y Gómez-Mont en el país norteamericano.

De acuerdo con registros inmobiliarios de la ciudad de Nueva York, el abogado y empresario es propietario de un condominio en Manhattan ubicado en el 40 West de la calle 55th. Su inmueble –el 7C— presenta un adeudo de 15 mil 565 dólares en impuestos, según confirmó este medio.

La existencia de esta propiedad de Álvarez Puga ya había sido revelada por The New York Times en febrero de 2015, en un reportaje en el que se estableció que otros mexicanos habían comprado lujosos condominios en el mismo edificio, entre ellos los exgobernadores priistas José Murat y Fidel Herrera a través de sus familiares.

El pasado viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de

aprehensión contra Álvarez Puga y Gómez-Mont por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

La investigación está relacionada con la adjudicación fraudulenta de dos contratos en 2016

por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social

(OADPRS) –que dependía de la Secretaría de Gobernación– a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. para la supuesta adquisición de sistemas de inteligencia.

El órgano que administra las prisiones federales pagó 2 mil 950 millones de pesos al proveedor, el cual, con la ayuda de otras siete empresas fachada, dispersó los recursos mediante cientos de operaciones de lavado y los envió a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez-Mont, de acuerdo con la indagatoria federal a la que Animal Político tuvo acceso.

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
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7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

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1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

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Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

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Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

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106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

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Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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