Instancias anticorrupción invertirán 4.6% del presupuesto en combatirla
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Senado de la República

De 76 mil mdp que recibirán instancias anticorrupción, solo 4.6% lo invertirán en combatirla

Del total del presupuesto para las 7 instituciones, hasta un 89% corresponde solo al Consejo de la Judicatura Federal, quien destinará únicamente el 2.3% a materia anticorrupción.
Senado de la República
11 de septiembre, 2021
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Las siete instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción proyectan, en total, disponen de un presupuesto de 76 mil 817 millones de pesos para el próximo 2022. Sin embargo, de esa bolsa de dinero, en realidad solo 3 mil 532 millones, es decir, apenas un 4.6%, estará realmente destinado a combatir la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder. 

Así consta en el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), publicado en el documento del Proyecto de Presupuesto 2022. Este Anexo se incluyó por primera vez en este 2021, y es una herramienta presupuestal que, a partir de la integración de cuatro ejes, permite que el dinero público destinado a un tema particular, en este caso corrupción, y en el que participan varios entes, pueda ser rastreado y así evaluar su eficacia. 

En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, las instituciones que enviaron información del destino que darán al dinero público fueron el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia y de acceso a la Información (INAI), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, la Comisión de Valores, y la Procuraduría Fiscal. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque también forma parte del grupo de siete instancias del Sistema Anticorrupción, no envió información.

En el desglose por instancia que ofrece el Anexo, puede apreciarse que, de los 68 mil 576 millones de pesos proyectados para el Consejo de la Judicatura Federal, este ente solo destinará 1 mil 576 millones, es decir, el 2.3% del total, al combate a la corrupción. 

El desglose es el siguiente: 986 millones van para el eje 1, combatir la corrupción y la impunidad; 546 millones al eje 2, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder; y 45 millones 538 al eje 4, involucrar a la sociedad y el sector privado. Para el eje 3, promover la mejora de la gestión pública, no destinará nada. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se encarga de sancionar la corrupción en el plano de lo administrativo, destinará únicamente 135 millones 219 mil pesos al eje 1 de combatir corrupción e impunidad, el 4.5% de los 2 mil 986 millones de presupuesto proyectado para 2022. 

El INAI destinará 46 millones, el 4.7% de los 982 millones que proyecta, a combate a la corrupción, la arbitrariedad y el abuso, promover la mejora de la gestión pública, y a involucrar a la sociedad. 

Los únicos tres organismos del Sistema Nacional Anticorrupción que destinarán la mayoría de su presupuesto a combatir la corrupción son la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el ente encargado de coordinar a los siete integrantes del Sistema, que invertirá el 100% de los 123 millones que proyecta para 2022 a estos cuatro ejes antes mencionados; la Fiscalía Especializada en Combate a Corrupción, que también destinará prácticamente los 174 millones 792 mil pesos a estos cuatro ejes; y la Secretaría de la Función Pública, que destinará el 79% de su presupuesto proyectado al combate a la corrupción.

Recortes en anticorrupción

En total, las siete instituciones del Sistema Anticorrupción tendrán 76 mil 817 millones de pesos, como ya se expuso. Esta cifra supone un ligero aumento del 3.9%, en términos reales, del presupuesto de 2021, y un 4% al alza en comparación con el monto ejercido en 2018, el último año de gobierno de Peña Nieto. 

Sin embargo, hay que tener presente que, del total de ese presupuesto para instituciones anticorrupción, hasta un 89% corresponde solo al Consejo de la Judicatura Federal, y que este organismo, como también se expuso, destinará únicamente el 2.3% a materia anticorrupción.

Por ello, Marco A. Fernández, investigador de México Evalúa que hizo un análisis del paquete económico destinado a anticorrupción, señaló en entrevista que el aumento global a las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción “es ficticio”, puesto que hay organismos clave que sí tendrán recortes y porque el dinero que destinarán a este rubro es solo una pequeña parte. 

Por ejemplo, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, que durante el sexenio pasado tuvo un papel muy importante en la revelación de casos de corrupción como La Estafa Maestra, o Las empresas fantasma de Veracruz, para este 2022 tiene proyectado un presupuesto de 2 mil 528 millones; un ligero recorte en términos reales del 0.3%, en comparación con el presupuesto aprobado este 2021. 

Ahora bien, si se compara lo proyectado para 2022 con el monto modificado al segundo semestre de este año, cuando se modificó el presupuesto de la Auditoría al alza (2 mil 967 millones), el recorte es aún mayor: 14.3%.

El investigador Marco A. Fernández explicó que en este caso hacer la comparativa con el monto modificado “es el dato que mejor refleja” la realidad presupuestal de las instancias, puesto que “incluye las reasignaciones autorizadas del gasto que no obtuvieron en el Presupuesto de Egresos original”.

En el caso de la Auditoría, no obstante, cabe precisar que es un organismo que depende de la Cámara de Diputados, por lo que el ajuste a la baja de su presupuesto no fue planteado por la Secretaría de Hacienda de López Obrador. La Auditoría, a través de la Cámara, es la que envía su propuesta de presupuesto a Hacienda, y esta la integra en el Proyecto para que, posteriormente, sean los diputados los que decidan si conservan esa propuesta, la reducen, o la aumentan. 

Lo mismo sucede con el INAI, que, al ser un órgano autónomo, es el que hace la solicitud de presupuesto para que los diputados la discutan. Para este 2022, el INAI pidió 982 millones 900 mil pesos; un ligero aumento del 4.9% en comparación con este año, aunque supone un recorte de hasta un 17.6% en términos reales frente a los 1 mil 192 millones que se ejercieron en 2018. 

La Secretaría de la Función Pública, uno de los ejes del actual gobierno de López Obrador para el combate a la corrupción administrativa al interior del Ejecutivo, proyecta 1 mil 446 millones, prácticamente lo mismo que en el presupuesto aprobado de este 2021. Aunque, de nuevo, si se compara con el monto modificado, hay un recorte del 2.3%, y un recorte mayor, del 30%, en comparación con lo ejercido en el último año de Peña Nieto, en 2018. 

Marco Fernández expuso que la Secretaría de la Función Pública, además del recorte global, también presenta ajustes de hasta un 40% en la partida destinada a la inhibición y sanción de las prácticas de corrupción, mientras que otras áreas, como la dedicada a implementar políticas de austeridad en el Gobierno, recibirán más dinero el próximo año. 

El presupuesto proyectado para la sanción administrativa de la corrupción, a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), no presenta prácticamente cambios: 2 mil 986 millones para este 2022, una variación de 0.8% al alza, aunque, de nuevo, comparado con los 3 mil 349 millones que se ejercieron en 2018, el recorte en términos reales es del 10.4%.

Mientras que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, proyecta un presupuesto para 2022 de 123 millones 200 mil pesos, un recorte en términos reales del 3.4% frente a este año, y del 4.9% en comparación con los ejercido en 2018. 

Por otra parte, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que depende de la Fiscalía General de la República, y que se dedica a la persecución penal, proyecta un presupuesto de 174 millones 792 mil pesos; un aumento del 36.8% en términos reales. 

Hasta el momento, es la única institución de las que integran el Sistema Nacional Anticorrupción que ha venido registrando aumentos progresivos de presupuesto desde 2019, aunque para el investigador Marco Fernández el dinero que se le destina está muy por debajo de lo que realmente requiere este organismo ante la enorme tarea que tiene por delante.  

“Su presupuesto es claramente insuficiente. Por eso tienen tan pocas personas para integrar las investigaciones, y también por eso, a la hora de judicializar, los casos se pierden porque no pueden hacer investigaciones sólidas que desarticulen redes de corrupción”, consideró el investigador. 

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Afganistán: qué ocurre ahora con la economía del país tras la llegada de los talibanes (y cuál puede ser el papel de China)

Ahora que los talibanes tienen de nuevo el control del país, ¿puede funcionar su sistema financiero?
18 de agosto, 2021
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La economía de Afganistán está “moldeada por la fragilidad y la dependencia de la ayuda internacional”.

Este es el problemático panorama económico que describió el Banco Mundial muchos meses antes de que los talibanes se hicieran otra vez con el control del país, algo que se concretó este fin de semana.

Y con la situación actual, las perspectivas económicas son mucho más precarias, con una nube de incertidumbre que se cierne sobre la asistencia financiera que le llega a este país.

Por una parte, Afganistán tiene recursos minerales, pero la crisis política ha impedido su explotación.

Entiende mejor: Afganistán: cómo surgió el Talibán y otras 5 preguntas clave sobre el grupo islamista

La dependencia económica es llamativa. En 2019, el Banco Mundial mostró que la ayuda para el desarrollo representaba el 22% del ingreso general nacional (que no es lo mismo que el PIB, pero sí muy parecido).

Esta es una cifra muy alta, pero es mucho menor que la de unos 10 años atrás, cuando llegaba al 49%.

Ahora esas ayudas están bajo un manto de duda. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Heike Maas, le dijo a las cadenas de su país que “no le vamos a dar otro centavo si los talibanes toman el control del país y reintroducen la ley sharia”.

Otros países que son proveedores de ayuda van a estar mirando la situación muy de cerca.

El mal de la corrupción

La fragilidad a la que se refiere el Banco Mundial se ilustra con los altos gastos en defensa y seguridad antes de que los talibanes retomaran el control: Afganistán dedica el 29% del PIB a estos gastos, una cifra muy superior al 3% promedio que tienen los países de bajos ingresos.

Además de la seguridad y los serios problemas de corrupción, detrás hay otro aspecto crítico persistente en Afganistán: la poca inversión extranjera que hay en el país.

De acuerdo con Naciones Unidas, en los últimos años no se han hecho anuncios sobre nuevas inversiones, por parte de capitales extranjeros iniciando nuevos negocios.

Desde 2014 solo se han contado cuatro inversiones de este tipo.

Pastor de ovejas en Afganistán.

Getty Images
Cerca del 60% del ingreso promedio de los hogares en Afganistán dependen de la agricultura y el campo.

Solo para comparar con dos países del sur de Asia con poblaciones parecidas, en Nepal el número de nuevos negocios con inversión extranjera es 10 veces superior al logrado por Afganistán, y Sri Lanka multiplica por unas 50 veces esa cifra en ese mismo período.

El Banco Mundial describe el sector privado afgano como “estrecho”. El empleo está concentrado en una producción agrícola limitada: el 60% de los ingresos de los hogares en Afganistán vienen de este rubro.

A esto se suma que en el país funciona una enorme economía informal e ilegal. Por ejemplo, hay minería ilegal y, por supuesto, la muy conocida producción de opio y su contrabando asociado.

El tráfico de drogas también es una fuente de financiamiento para los talibanes.

Riqueza mineral

Dicho todo esto, la economía afgana ha crecido desde la invasión en 2001.

Aunque las cifras económicas de Afganistán no son del todo confiables, lo que estas muestran, de acuerdo con el Banco Mundial, es un crecimiento promedio anual del 9% desde 2003 hasta 2013.

Después de ese año, los números del crecimiento caen un poco (que coinciden con la reducciòn de los niveles de ayuda) a un promedio de 2,5% desde 2015 hasta 2020.

Amapolas

EPA
El tráfico de drogas ha sido una importante fuente de ingresos para los talibanes.

Ahora, el país cuenta con abundantes recursos naturales y, en la medida en que mejore la seguridad y reduzca la corrupción, puede ser atractivo para los negocios internacionales.

Se pueden encontrar grandes cantidades disponibles de cobre, cobalto, carbón y hierro. También hay yacimientos de gas y petróleo.

Un material particular destaca sobre otros: el litio, que tiene una alta demanda para la producción de baterías para celulares y vehículos eléctricos.

Y va a ser fundamental para la industria automotriz en su transición hacia un modelo de “emisión cero” de gases contaminantes.

De vuelta en 2010, un general estadounidense le dijo al New York Times que el potencial minero de Afganistán era impresionante. Eso sí, como muchas salvedades.

El diario también reportó que el departamento de Defensa de EE.UU. había dicho en un informe que el país podía convertirse en la “Arabia Saudita del litio”.

Pero a pesar ello, este potencial no está ni cerca de ser explotado. Ni los afganos están cerca de percibir algún beneficio por ello.

Poderes extranjeros

Se han presentado muchos informes que revelan la voluntad de China de tomar parte. El gigante asiático parece tener mejores relaciones con los talibanes que las potencias occidentales, por lo que puede tener una ventaja si el nuevo régimen se mantiene en el poder.

Ahora, lo cierto es que las empresas chinas obtuvieron contratos para desarrollar operaciones de cobre y petróleo, pero no pasó mucho.

Es de esperar que China esté interesada. Las oportunidades están allí y los dos países comparten un corto segmento de frontera.

Pero cualquier empeño chino, ya sea oficial o empresarial, va a necesitar cierta certeza de que tendrá éxito.

Y los chinos se mostrarán reacios a comprometerse a menos que sientan que los problemas de seguridad y corrupción están lo suficientemente resueltos -o al menos, contenidos- como para permitirles extraer cantidades valiosas de estos productos de uso industrial.

Mineros en Afganistàn.

Getty Images
Afganistán posee un gran potencial de explotación de minerales.

Una pregunta clave para cualquier inversionista potencial, de China o de cualquier otro lugar, será si es probable que los talibanes serán más capaces de crear el tipo de entorno que necesita el negocio de lo que lo fue el anterior gobierno afgano.

Otro factor que puede afectar la economía es el empleo de las mujeres. En la última década, el porcentaje de la población femenina de más de 15 años con empleo ha aumentado drásticamente, aunque en 2019 era del 22%, todavía bajo los estándares internacionales.

Bajo control de los talibanes, es probable que este cambio se revierta, lo que podría dañar aún más las perspectivas económicas.

En el futuro inmediato, también existe una gran incertidumbre sobre la estabilidad financiera. En estos días se han visto largas filas de personas que intentan sacar su dinero de los bancos.

El Afghan Islamic Press, con sede en Pakistán, informó que un portavoz talibán ofreció garantías a los propietarios de bancos, cambistas, comerciantes y tenderos de que sus vidas y propiedades estarán protegidas.

Que incluso haya dudas sobre la seguridad física de los operadores financieros es impactante.

Necesitan tener confianza para que funcione el sistema financiero de Afganistán. Pero también se necesita que los clientes sientan que su dinero está seguro y eso seguramente no sucederá pronto.


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