Liliana lleva un año en prisión acusada sin pruebas de matar a su hija
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Fiscalía de Coahuila

Liliana fue torturada y acusada de matar a su hija; lleva un año en prisión pese a irregularidades

Liliana, de 19 años, fue torturada y presionada a rendir una declaración autoincriminatoria y absolutoria a favor Sergio Mitre, su expareja y exjugador de Saraperos de Saltillo, acusado del feminicidio de su hija Inés.
Fiscalía de Coahuila
28 de septiembre, 2021
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Liliana, de 19 años, cumplió en agosto 12 meses en prisión, se le acusa de asesinar a su propia hija Inés, de casi dos años; sin embargo, su proceso judicial ha estado lleno de irregularidades y se le ha negado su derecho a la presunción de inocencia. 

El 12 de junio de 2020, la pequeña Inés fue llevada a un hospital de Coahuila con varias lesiones e indicios de violencia que más tarde provocaron su muerte.

De acuerdo con los resultados de la necropsia practicada por la fiscalía del estado, Inés murió por un golpe contuso en la espalda (similar a un golpe hecho con un puño), provocando un shock hipovolémico que desangró su arteria renal.

La Fiscalía de Coahuila presentó una acusación señalando como presuntos responsables a Liliana y a Sergio Mitre, su entonces pareja sentimental, por el feminicidio de Inés. 

Sin embargo, durante su detención, Liliana fue incomunicada, interrogada sin presencia de su defensa legal, hostigada, sometida a múltiples métodos de tortura y presionada a rendir una declaración autoincriminatoria y absolutoria en favor Sergio Mitre, exjugador de Saraperos de Saltillo. 

En estos meses, la defensa de Liliana ha presentado diversas pruebas científicas de peritas y peritos especialistas que demuestran su inocencia. Además, un grupo de expertas forenses internacionales realizaron un proceso de exhumación de los restos humanos de Inés, arrojando pruebas que demuestran su inocencia, pero la fiscalía las ignora y continúa inculpando a Liliana.

De acuerdo con NKUC Consultoría (Encauce) en colaboración con Círculo de Análisis Jurídico, Consultoría D5, INCIDE FEME y Red de Abogadas Violeta que han seguido su caso, Liliana ha sido revictimizada desde su detención, nunca pudo llevar el duelo de su hija y durante su proceso nunca ha sido reconocida como víctima de violencia por parte de su expareja. 

El expitcher de los Saraperos tiene un historial de violencia que ha sido invisibilizado por las autoridades. 

Investigación sin perspectiva de género 

Desde un inicio, las investigaciones han carecido de perspectiva de género y se ha ignorado la edad de Liliana, el contexto de violencia en el que vivían a manos de Sergio Mitre, 20 años mayor que ella y quien cuenta con antecedentes de violencia de género, sentencias en su contra y aún procesos abiertos por este delito en los Estados Unidos contra su exesposa. 

En 2019, por ejemplo, Sergio Mitre fue detenido en un hotel de Saltillo tras golpear a su pareja Jazmín “N” en rostro y cuerpo, dejándole múltiples fracturas y signos de estrangulamiento. Uno de los videos de vigilancia difundidos por varios medios de comunicación muestran cómo la mujer intenta huir, pero él la alcanza para regresarla a la habitación de forma violenta. En ese entonces libró la cárcel tras pagar 20 mil pesos de fianza. 

A pesar de que la Unidad de Medidas Cautelares confirmó que no se han cumplido las condiciones pactadas por este caso, no se ha reiniciado una investigación en su contra.

Para Anel Pineda, abogada especialista en justicia de género, no voltear a ver este contexto provoca que la fiscalía no contemple hipótesis o líneas de investigación que lleven a indagar qué pasó y de dónde vienen los golpes que presentaba Inés, de tan solo 1 año 11 meses.  

Lee: Suprema Corte: No más criminalización a quien decida abortar

“Si la fiscalía hubiera volteado a ver todo este contexto hubiera notado que Sergio tiene una suspensión condicional por violencia de género que estaba incumpliendo cuando casi asesina a su pareja; pudo haber sido sancionado antes de que llegará a Inés y a Liliana”, indica. 

Fiscalía y defensa de Mitre buscan inculparla 

Aunque Mitre está en prisión a la espera de su juicio oral por el feminicidio de Inés, durante todo el proceso, tanto la defensa del expelotero como la fiscalía del estado se han enfocado en inculpar a Liliana, “provocando un linchamiento mediático en su contra, al ser exhibida y condenada públicamente sin que su juicio legal haya empezado aún”, filtrando reportes de su carpeta de investigación y favoreciendo a la figura pública y famosa del beisbolista. 

Según el Ministerio Público, la menor tenía por lo menos 10 lesiones antiguas como hematomas en los ojos, lesiones en la barbilla, hematomas en caderas, piernas, además de escoriaciones (cortadas). Planteó que Liliana también tuvo responsabilidad junto con el expitcher, de la muerte de Inés.

Según una publicación de Zócalo, un peritaje solicitado por la defensa de Sergio Mitre para cotejar las huellas de los golpes indicaba que estas no coincidían con la del pelotero, pero sí con las de Inés. La fiscalía también busca hacer suya esta versión, sin embargo, hasta ahora no hay evidencia científica de esto y ningún peritaje oficial lo ha confirmado. 

Durante una de las audiencias de vinculación a proceso en contra de Sergio Mitre, los abogados de la defensa presentaron un video donde Liliana declara a favor del beisbolista, pero esta fue realizada sin presencia de la defensa de Liliana, “por presión de los abogados y del mismo Sergio Mitre, quienes en colaboración con un perito médico legista particular que colabora en la defensa de Sergio, manipularon a Liliana y aprovecharon su vulnerabilidad tras su tortura y tras el feminicidio de su hija”, señalan las organizaciones. 

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NKUC Consultoría (Encauce) en colaboración con Círculo de Análisis Jurídico, Consultoría D5, INCIDE FEME y Red de Abogadas Violeta señalan que Liliana ha sido víctima de violencia institucional por parte de la Fiscalía de Coahuila y de la Comisión de Derechos Humanos del estado, quienes ha demostrado pasividad en la investigación por los actos de tortura denunciados por parte de la defensa, desde inicios del 2021.

La unidad de investigación de delitos cometidos por servidores públicos y el propio fiscal del estado, Gerardo Márquez Guevara, tienen conocimiento de la tortura que sufrió Liliana y no han tomado acciones al respecto. De hecho, los servidores públicos involucradas en la tortura siguen activos.

“Derecho penal misógino y machista” 

“El aparato que supuestamente existe para procurar la justicia, ha mostrado su lado más machista y se volcó en su contra con el fin de inculparla porque es más fácil eso que verdaderamente llegar a la justicia”, señalan las organizaciones. 

El caso de Liliana, indican, emite un mensaje muy claro a la sociedad: “Deja ver que por la ineptitud, perversión y desinterés de una institución de justicia una víctima puede ser torturada e inculpada y que la vida de las mujeres sigue sin importarles”. 

Además, deja ver la impunidad y desinterés por parte de las autoridades para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. 

“En especial, la fiscalía del estado de Coahuila muestra que no le interesa llegar a la verdad, sino solo aumentar el número de personas encarceladas y tener resultados rápidos, pero no efectivos y que garanticen los derechos de las víctimas”, destacan las organizaciones. 

El pasado 15 de junio se llevó a cabo la audiencia intermedia de Liliana y, a pesar de que la defensa solicitó el sobreseimiento, exponiendo que no existen pruebas contundentes que la culpen de la muerte de su hija Inés, la fiscalía desestimó las pruebas. 

Las pruebas, de acuerdo con las organizaciones, han sido desechadas bajo argumentos de prejuicio de género y por una investigación sesgada.  

Para Cristina Reyes, abogada feminista, la fiscalía debe reconocer públicamente que hubo violencia institucional de género, que la revictimizó, la señaló como culpable, la criminalizó con prejuicios de “mala madre”, y desde el inicio ha habido irregularidades. 

 “Si no existe un reconocimiento no puede haber un compromiso real de cambiar las prácticas dentro de la fiscalía”, dice durante una mesa de análisis sobre su caso.

Las organizaciones aseguran que “el derecho penal es misógino y machista y lo ha reforzado una vez más con lo que está pasando con Liliana”. 

La audiencia de su juicio oral, programada para el pasado 6 de septiembre, se postergó hasta el próximo 29 de septiembre. La defensa solicita la libertad de Liliana, que sea reconocida como inocente y víctima; la reparación del daño, y que se castigue al responsable de la muerte de Inés.

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Rusia y Ucrania: qué se considera un crimen de guerra y puede ser Putin procesado por sus acciones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de atacar civiles y cometer "crímenes de guerra", algo que está investigando la Corte Penal Internacional.
11 de marzo, 2022
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Ciudades ucranianas como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

En la última de ellas se produjo el bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un “crimen de guerra”.

No fue la primera vez que Zelensky lanzó esa acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Járkiv, que causaron la muerte de civiles.

Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.

No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.

Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia.

¿Qué es un crimen de guerra?

Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre.

En algunos casos, también se utilizan los estatutos de órganos como las cortes penales internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Los Convenios de Ginebra son varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra.

Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los civiles en las zonas de conflicto.

Los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluida Rusia.

Firma de los Convenios de Ginebra

Getty Images
Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949.

La definición de crímenes de guerra de la Cuarta Convención de Ginebra incluye:

  • El homicidio intencional.
  • La tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.
  • Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
  • La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
  • Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
  • Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.
  • La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.
  • La toma de rehenes.

El Estatuto de Roma de 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra:

  • Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.
  • Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.
  • Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

Además, establece que ciertos tipos de edificios, como hospitales o aquellos dedicados a la religión o la educación, no pueden ser atacados intencionalmente.

También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos.

¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra?

La CPI se creó en 1998 bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional.

Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Los Estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un “tribunal de último recurso”.

El tribunal no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas.

Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos.

Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India.

Sala de la Corte Penal Internacional

Getty Images
La Corte Penal Internacional decidió investigar si ha habido crímenes de guerra en Ucrania.

¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes?

Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables.

Los Juicios de Núremberg entre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de diez líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde siete comandantes japoneses fueron ahorcados.

Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores.

En 2012, el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años.

Thomas Lubanga

Getty Images
Thomas Lubanga fue condenado por reclutar a niños soldados en la guerra del Congo

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia.

El tribunal encontró a Radovan Karadzic, un exlíder serbobosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las fuerzas serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos.

Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio.

¿De qué se ha acusado a Rusia?

El bombardeo del miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol causó indignación internacional.

“¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?”, cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev.

Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está “horrorizado” ante el ataque.

“En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra”, agregó la organización.

Moscú también está acusada de utilizar bombas de racimo en otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas.

Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo.

Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ojtirka.

Las bombas de vacío son un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado.

No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas u hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.

Un comercio en la ciudad ucraniana de Járkiv

Getty Images
La ciudad ucraniana de Járkiv ha sido atacada por las fuerzas militares rusas

El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado bombas de racimo y de vacío. Ha descartado las acusaciones como “noticias falsas”.

El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, dijo: “Los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión”.

¿Puede Putin ser procesado?

Es mucho más fácil responsabilizar de un crimen de guerra a un soldado que lo ha cometido que a los líderes que le ordenaron disparar.

Pero la CPI también puede iniciar un proceso por la ofensa de “librar una guerra agresiva”.

Ese es un crimen por invasión o conflicto injustificado, que va más allá de una justificable acción militar en defensa propia.

Un cartel con la cara de Vladimir Putin y la palabra "Asesino" pegado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago Chile

EPA
Este cartel colgado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago, Chile, deja claro lo que algunos piensan sobre Vladimir Putin.

Curiosamente, esa tipificación se originó en Núremberg, después de que el juez enviado por Moscú convenció a los aliados de que los líderes nazis deberían enfrentar la justicia por “crímenes contra la paz”.

Pero este es el problema: el profesor y magistrado británico Philippe Sands, un experto en ley internacional de University College London, dice que la CPI no podría procesar a los líderes rusos por esa ofensa porque dicho país no es signatario del tribunal.

En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedirle a la CPI que investigue esa ofensa. Pero, una vez más, Rusia podría usar su veto como uno de los cinco miembros permanentes del consejo.


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