La panista María Eugenia Campos Galván se convirtió en la máxima autoridad del Ejecutivo de Chihuahua ya sin acusaciones penales de corrupción en su contra.
Conocida como Maru Campos, la exdiputada y exalcaldesa de Chihuahua transitó la campaña a la gubernatura del estado vinculada a proceso por el delito de cohecho.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua la había acusado de recibir sobornos del exgobernador priista César Duarte por más de 9 millones de pesos cuando ella era vicecoordinadora del PAN en el Congreso Estatal; según la FGE, los pagos tenían la finalidad de asegurar su voto a favor de iniciativas presupuestales del entonces mandatario y de dictámenes de fiscalización de la Cuenta Pública, en el caso conocido como “Nómina Secreta”, que fue judicializado en la causa penal 2821/2020.
Pero ayer, justo un día antes de la fecha de su toma de protesta como gobernadora constitucional, el Poder Judicial del estado decidió exonerarla de ese cargo, aduciendo que el Ministerio Público no acreditó que los presuntos sobornos hubieran comprometido las votaciones legislativas de la exdiputada panista para favorecer a Duarte.
Además, hace una semana, la Fiscalía Anticorrupción —un órgano independiente de la FGE— se retractó de presentar cargos contra Campos Galván en otro caso en el que la gobernadora electa era acusada de presunto uso ilegal de atribuciones y cohecho.
Así, en un cierre de pinza entre el Poder Judicial y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Maru Campos asumirá como gobernadora ya sin los señalamientos de corrupción que arrastró desde hace 10 meses.
Revocan vinculación a proceso
Ayer, en una audiencia de apelación en la ciudad de Chihuahua que duró alrededor de una hora, el magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda ordenó revocar la vinculación a proceso impuesta el pasado 1 de abril a Campos Galván y Rodrigo de la Rosa, excoordinador de la bancada del PRI en la 64 Legislatura, donde coincidió con la hoy gobernadora electa. Ninguno de ambos políticos estuvo presente en la audiencia.
El juzgador sostuvo que, al margen se que los exdiputados hubieran recibido los supuestos pagos, difícilmente sus votaciones individuales hubieran podido determinar el curso de aprobación de leyes y dictámenes de fiscalización, pues el Congreso toma decisiones colegiadas.
Agregó que, además, Campos Galvían ni siquiera era la coordinadora de su bancada (era vicecoordinadora), amén de que no existen testigos que hayan visto o presenciado el supuesto pago de sobornos.
“(Para acreditar el delito de cohecho) debe determinarse la naturaleza de los actos a los que el servidor público supuestamente se comprometió a realizar, en este sentido, no bastan las referencias genéricas en el sentido de apoyar las iniciativas del exgobernador, votar en un determinado sentido o incluso abstenerse, toda vez que la aprobación de las iniciativas, decretos, y en general el trabajo legislativo, es una facultad de un poder soberano del Estado, colegiado además, y desde luego no cabe entender que, con sus votos, aisladamente considerados, pudieran haberse producido las decisiones legislativas que supuestamente favorecieron al exgobernador. El emitir un voto a favor o en contra, o abstenerse a votar una determinada iniciativa, no indica otra cosa más que el cumplimiento o el ejercicio de una facultad, un deber o una obligación que corresponde a cada uno de los diputados (…) y de ninguna manera el cumplimiento de un compromiso en términos ilegales o ilícitos”, sostuvo el juzgador.
El magistrado Carrasco Borunda ordenó el levantamiento inmediato de las medidas cautelares impuestas a los acusados; a Maru Campos se le debe devolver su pasaporte y los derechos sobre una casa de 6.8 mdp que dejó en garantía.
En el caso de la “nómina secreta”, Campos Galván fue acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber recibido sobornos por al menos 9 millones de pesos entre 2014 y 2016 de parte del entonces mandatario priista César Duarte, quien hoy está preso en Estados Unidos por un desfalco millonario al erario estatal y por asociación delictuosa.
La acusación sostenía que los presuntos pagos se efectuaron cuando Maru Campos era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, entre 2014 y 2015, y se extendieron a lo largo de 2016, cuando fue candidata a la alcaldía de Chihuahua para su primer mandato en ese cargo.
El pasado 1 de abril, Campos Galván fue vinculada a proceso por el delito de cohecho, luego de que el juez Samuel Uriel Mendoza acreditó que las pruebas presentadas por la FGE —principalmente copias notariadas de los recibos mediante los cuales se efectuaron las transferencias— eran fidedignas.
Según la acusación de la Fiscalía estatal, los sobornos pagados a Maru Campos también habrían beneficiado a quien fungía como coordinador de la bancada del PAN, César Jáuregui. Pero no eran los únicos destinatarios en la “nómina secreta” del exgobernador de Chihuahua.
La investigación señala que, durante el sexenio de Duarte, entre 2010 y 2016, mes con mes, se extraían cheques de entre 15 y 20 millones de pesos de las partidas de la Secretaría de Hacienda destinadas al gasto operativo y al pago de la nómina de los empleados estatales, recursos que eran depositados a una empresa de traslado de valores que, a su vez, hacía llegar el dinero líquido a las oficinas de la Tesorería estatal, donde era resguardado y administrado para el pago de los sobornos.
El dinero público desviado de esta manera ascendería a mil millones de pesos. Además de los exlíderes del PAN en el Congreso, otros personajes acusados de estar en la “nómina secreta” de Duarte son Cruz Pérez Cuéllar, exsenador de Morena; Armando Cabada, exalcalde de Ciudad Juárez; Hortensia Aragón, exdiputada local y exdirigente del PRD, y Fernando Reyes Ramírez, exdiputado local de MC.
También Javier Contreras Orozco, exdirector del Heraldo de Chihuahua; María Ávila Serna, exdiputada local del PVEM; Rodrigo de la Rosa, excoordinador del PRI en el Congreso local —vinculado a proceso junto con Maru Campos—; Cristopher James Barousse, exlíder nacional de Jóvenes del PRI, y Teokali Hidalgo, exdirigente municipal del tricolor en la ciudad de Chihuahua.
Cinco de dichos personajes admitieron haber sido beneficiarios de los pagos de Duarte y se acogieron al criterio de oportunidad para colaborar con el Ministerio Público; como parte del acuerdo de reparación del daño, devolvieron en conjunto 19.2 millones de pesos al erario estatal.
Ni Maru Campos ni César Jáuregui reconocieron, nunca, haber participado de este esquema de corrupción.
Le perdonan otra acusación de “moches”
El pasado 27 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua solicitó al Tribunal Superior de Justicia dejar sin efecto la solicitud de audiencia inicial de vinculación a proceso en contra de Campos Galván judicializada en la causa penal 3022/2020, en un caso aparte en el que la gobernadora electa fue acusada de los delitos de uso ilegal de atribuciones y cohecho, por presuntamente haber cobrado sobornos a empresarios cuando Campos Galván era alcaldesa de la capital.
Esa audiencia, que fue solicitada desde el 16 de diciembre de 2020, nunca se llevó a cabo, debido a que la gobernadora electa promovió varias suspensiones judiciales para aplazar su realización.
El desistimiento de la Fiscalía Anticorrupción fue declarado procedente por la jueza Hortensia García.
La Fiscalía explicó que hizo dicha solicitud luego de que tres exfuncionarios que habrían colaborado con Maru Campos en los presuntos actos de corrupción, y quienes fungieron como testigos de la autoridad ministerial acogiéndose a un criterio de oportunidad, se desdijeron de sus declaraciones en contra de la panista.
Además, la Fiscalía señaló haber conocido un nuevo testimonio de un “testigo crucial” que pone en duda presumir que la gobernadora electa participó en los actos que se le imputaban.
En marzo, Animal Político dio a conocer detalles de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción en contra de la gobernadora electa como parte de la causa penal 3022/2020.
De acuerdo con la Fiscalía, Maru Campos habría recibido de empresas contratistas del Ayuntamiento de Chihuahua pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018.
Además, en ese mismo periodo, habría utilizado una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar, mes con mes, gastos personales. La tarjeta fue usada en varias ciudades de México y de Estados Unidos, Italia y Francia; la suma de cargos atribuidos a la panista ronda 1 millón de pesos.
Campos Galván presuntamente ordenó la adjudicación de contratos para limpia y mantenimiento de camellones, parques y jardines municipales a cinco empresas que estaban vinculadas entre sí y simularon competencia en los procesos de licitación.
En 2018, tres de esas empresas obtuvieron del municipio contratos por 5 millones 308 mil 815 pesos sin IVA. El año anterior, en el ejercicio 2017, las otras compañías del grupo ganaron adjudicaciones por 7 millones 884 mil 331 pesos.
