Aeropuertos y carreteras serán vigilados por policía militar en 2022
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Cuartoscuro

Policía militar controlará seguridad de aeropuertos y carreteras del país para junio de 2022

El plan prevé la movilización de ocho mil efectivos en 202 estaciones y 55 terminales aéreas. La estrategia ya inició en Guanajuato y Jalisco. El objetivo, según la Guardia Nacional, es reforzar la seguridad en dichas instalaciones estratégicas.
Cuartoscuro
27 de septiembre, 2021
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Más de 8 mil elementos de la Policía Militar pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional y asignados temporalmente a la Guardia Nacional (GN) asumirán antes del 6 de junio del 2022 el control de la seguridad y vigilancia de los principales aeropuertos y estaciones carreteras de todo el país.

De acuerdo con un plan elaborado desde la propia Sedena (dependencia que controla operativamente a la GN) los militares relevarán a los expolicías federales civiles que se mantenían a cargo de estas funciones en 202 estaciones carreteras y 55 aeropuertos nacionales e internacionales.

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En un breve posicionamiento entregado a este medio, la Guardia Nacional confirmó la fase inicial de esta estrategia con el relevo de los civiles que estaban a cargo de la seguridad en carreteras de Guanajuato y Jalisco.

El pasado 17 de agosto Animal Político adelantó que este plan se pondría en marcha en septiembre en esos dos estados, y que para ello se utilizarían a 800 elementos de la policía militar que fueron capacitados con cursos exprés en asuntos relacionados con temas de conducción de vehículos, combate al robo de autotransporte, entre otros.

Nueva información a la que ahora se tuvo acceso indica que esta es la primera fase de un total de cuatro que se estarán llevando a cabo en los siguientes diez meses hasta cubrir la totalidad de las estaciones carreteras y terminales aéreas de las 32 entidades federativas del país.

Si bien será la misma Guardia Nacional la que mantendrá la vigilancia de las carreteras y terminales aéreas, la diferencia radica en que los elementos que estaban a cargo de ello eran los expolicías federales civiles transferidos a esta corporación que ya tenían experiencia en ello pues pertenecían a la desaparecida Dirección de Seguridad Regional de la Policía Federal.

Con el relevo que ahora se ha puesto en marcha, dichas tareas serán asumidas por los policías militares asignados a la GN y que, en suma, conforman la mayor parte de dicha corporación. No obstante, son elementos que en realidad pertenecen y están adscritos de origen a la Sedena.

Y aunque la GN administrativamente sigue adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana civil, el presidente ya ha anunciado que propondrá una reforma constitucional para que esta corporación de seguridad pase a formar parte de la Sedena como un brazo armado más en conjunto con el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

Las tres fases restantes del relevo

El plan para consumar el control castrense de las carreteras y aeropuertos del país consta de tres fases más o “escalones”, como lo denomina la Sedena, y que se suman al escalón inicial que ya se puso en marcha en Jalisco y Guanajuato. Se requerirá, para ello, a un total de 8 mil 196 policías militares asignados a la Guardia Nacional.

La segunda fase consiste en el adiestramiento de un total de 2 mil 945 elementos a través de cursos que iniciaron el pasado 6 de septiembre y culminarán el 12 de noviembre. Esto con miras a efectuar el relevo de los agentes desplegados actualmente el próximo 22 de noviembre.

El despliegue se realizará de la siguiente manera: un total de 1 mil 727 militares de la GN ocuparán 75 estaciones de vigilancia carretera localizadas en el Estado de México, Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo y Chihuahua.

A su vez 1 mil 218 efectivos serán desplegados en 29 aeropuertos ubicados en los referidos estados, así como en Hidalgo, Campeche, Colima, Puebla, Tabasco, Querétaro, Morelos y Veracruz.

La tercera fase comprende el adiestramiento de otros 3 mil 300 policías militares entre el 10 de enero y el 18 de marzo del próximo año, con el objetivo de que releven a agentes en funciones el 28 de marzo. En este caso se destinarán 2 mil 454 efectivos para tomar el control de 63 estaciones carreteras en Ciudad de México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Puebla, Tabasco, Querétaro, Zacatecas, Yucatán y Coahuila.

Mientras que los 846 militares restantes serán movilizados a 14 aeropuertos en las referidas entidades.

La cuarta y última fase del relevo se llevará a cabo con 1 mil 951 policías militares más que serán adiestrados entre el 21 de marzo y el 27 de mayo del 2022, con miras a entrar en funciones el 6 de junio.

En este caso se destinarán 468 efectivos para asumir la seguridad en aeropuertos ubicados en Sonora, San Luis Potosí, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Veracruz, Campeche y Michoacán. Mientras que 1 mil 483 militares serán movilizados a 64 estaciones de vigilancia carretera en estos estados, además de Morelos e Hidalgo.

Una vez completado el relevo con el personal militar el documento establece que la Guardia Nacional asumirá pleno control operativo, logístico y administrativo de las coordinaciones de seguridad en carreteras y aeropuertos del país.

Protestas, incertidumbre y dudas en capacitación

En el referido documento la Secretaría de la Defensa Nacional advierte que existe la posibilidad de que el personal que será relevado de su cargo (y que se trata mayoritariamente de civiles) lleven a cabo “manifestaciones” motivadas por “publicaciones tendenciosas” en los medios de comunicación.

Desde agosto Animal Político buscó a la Guardia Nacional para requerir una postura oficial sobre estos relevos y conocer cuál era el objetivo y qué pasará con los exagentes de la policía federal que serán relevados de sus funciones. La solicitud fue reiterada esta semana dado que no se había recibido respuesta.

Ayer la corporación refirió brevemente en un mensaje que el personal que fue relevado en los estados de Jalisco y Guanajuato fue “reasignado a otros estados con el fin de fortalecer el despliegue en toda la República Mexicana”. Esto sin dar mayores comentarios acerca de los próximos movimientos.

Exagentes federales asignados a la GN han comentado a este medio, bajo condición de anonimato, que en el caso de Guanajuato los policías militares ya han comenzado a asumir las funciones que tenían encomendadas luego de haber cumplido con sus cursos de capacitación. De hecho, el pasado 4 de septiembre se hizo un relevo al frente de la coordinación del batallón de seguridad en carreteras e instalaciones de la entidad.

Sobre su futuro confirmaron que algunos han sido reasignados a otras estaciones, pero que no se les ha dicho que pasará con ellos después. “Los relevos ya se dieron pero no sabemos qué va a pasar. También ha trascendido que se ofrecerán indemnizaciones para los elementos que no deseen continuar en la institución o algún programa, pero sigue sin quedar claro nada”.

Los agentes consultados confirmaron además que en las instalaciones de San Luis Potosí sí se dieron cursos de instrucción a los policías militares que han asumido las tareas de vigilancia en carreteras, sin embargo, consideraron que se trata de una preparación insuficiente para enfrentar la complejidad de situaciones que se presentan.

“El problema es que muchos de estos elementos son tropa y algunos solo tienen la secundaria terminada o ni eso y no saben manejar vehículos. No solo eso. De un grupo de 36 elementos se les preguntó cuántos sabían manejar una computadora y solo seis de ellos dijeron que sí. Los demás nunca habían tocado una computadora. Entonces se requiere una formación de policía que lleva mucho más tiempo”, dijo uno de los agentes.

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Una guardia para todo

La Guardia Nacional, que de acuerdo con los reportes oficiales cuenta con poco más de cien mil elementos de los cuales más del 70 por ciento provienen de las fuerzas armadas, ya concentra múltiples funciones de seguridad pública, investigación del delito, y hasta control migratorio. Todo ello al amparo de su ley que le concede cerca de medio centenar de atribuciones distintas.

Además de las labores rutinarias de patrullajes de disuasión y prevención, el gobierno de López Obrador ha echado mano de la GN para acciones como la detención de migrantes en la frontera sur, la repartición de vacunas en diversos estados, el apoyo en tareas de protección civil, la contención de diversas manifestaciones, entre otros.

Y a esto se suman tareas de cumplimiento de órdenes de aprehensión, intervención de comunicaciones privadas, trabajos de inteligencia, cumplimiento de órdenes de cateo, entre otras tareas en auxilio al Ministerio Público. La Guardia Nacional participó en el desfile militar del pasado 16 de septiembre.

Para 2022 el gobierno de López Obrador ha propuesto incrementar hasta en un 60 por ciento el presupuesto de esta corporación, que equivale a un alza de más de 25 mil millones de pesos. En contraste, se prevé mantener los recortes a los subsidios destinados a policías locales.

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Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
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Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


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