Vacunan contra COVID a 12 menores en Veracruz gracias a amparos
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Foto Ilustrativa Cuartoscuro

Vacunan contra COVID a 12 menores de edad en Veracruz tras ganar amparos

Más de diez menores de edad, provenientes de Poza Rica, el Puerto de Veracruz y Xalapa, fueron vacunados tras ser amparados para recibir la vacuna contra la COVID-19.
Foto Ilustrativa Cuartoscuro
15 de septiembre, 2021
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Alrededor de 12 menores de edad fueron vacunados contra la COVID-19 en el municipio de Banderilla, Veracruz, este 14 de septiembre. Esto, tras ganar los amparos interpuestos por sus familias para que pudieran ser inmunizados.

Una de ellas fue Zulma González, niña de 12 años que padece diabetes tipo 1 y se hizo viral al haber participado en la conferencia vespertina de salud con motivo del Día del Niño el año pasado, con el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Luego, en otro video transmitido en redes sociales, le reclamó al subsecretario sobre su respuesta en aquella videoconferencia, en la que aseguró que una persona con diabetes tipo 1 debía tener las mismas precauciones que un adulto con condiciones de vulnerabilidad.

En entrevista con Imagen Radio su papá, Alejandro González, explicó que 12 menores de edad, provenientes de Poza Rica, el Puerto de Veracruz y Xalapa, fueron vacunados con el biológico Pfizer-BioNTech este martes.

Explicó que los amparos surgieron a partir de un grupo nacional de niños con diabetes tipo 1, en donde los padres de familia estaban interesados en lo mismo: conseguir que sus hijos e hijas fueran vacunados contra el virus.

Además de los menores que ya fueron inoculados – notificación que se les proporcionó en la noche del 13 de septiembre –, aún faltan cuatro menores en Veracruz por recibir la vacuna, explicó Alejandro González en Imagen Radio.

Mientras tanto, en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, se inició con la vacunación de niños, niñas y jóvenes de 12 a 17 años, hijos de trabajadores de maquiladoras en la frontera.

Alrededor de mil menores fueron vacunados con el biológico de Pfizer-BioNTech, gracias a la coordinación del gobierno estatal y el Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación ante autoridades del Condado de Maverick, Texas, explicó el mismo gobierno en redes sociales.

Hasta el 3 de septiembre, el gobierno federal tenía registrados 250 amparos en 19 entidades, de los cuales 25 se interpusieron en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 Edomex, y 43 en la Ciudad de México.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el incremento del número de amparos se debe a “que hay una campaña detrás”.

Vacunación a un millón de menores

Hace unas semanas, el subsecretario López-Gatell dijo que vacunar a los menores que lograban un amparo le quitaba la vacuna a otra persona con mayor riesgo, lo que provocó críticas al funcionario.

Y aunque en una reciente entrevista con La Jornada aseguró sostener su dicho, afirmó que un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años que tienen padecimientos que elevan el riesgo ante la COVID-19 serán vacunados.

Entre los padecimientos que presentan este millón de menores, identificados por la Secretaría de Salud, están distintos tipos de cáncer, insuficiencia renal o hepática, VIH/sida, quienes se sometieron a un trasplante de órganos, enfermedades congénitas y otras que disminuyen el sistema inmunológico.

Acotó que se seguirá vacunando a los menores que obtengan un amparo que obligue a Salud a aplicarles la inmunización.

López-Gatell dijo que el gobierno Méxicano compró vacunas para toda la población de un año en adelante, pero que a los menores se les aplicarán hasta que haya consenso científico internacional.

Con información de Imagen Radio y La Jornada.

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Elecciones de mitad de período en Estados Unidos: ¿por qué la esclavitud está en las boletas de 5 estados?

La abolición de la esclavitud en Estados Unidos se estableció en 1865. Pero hay excepciones en algunos lugares. Los votantes decidirán en las elecciones del próximo 8 de noviembre si las mantienen.
6 de noviembre, 2022
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Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

Curtis Ray Davis

Curtis Ray Davis
Davis escribió un libro sobre su experiencia en la cárcel de Luisiana.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Presos en una cárcel de Washington DC.

Getty Images

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

Getty Images
Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Presos combatiendo el fuego.

Getty Images
Los presos son reclutados para combatir incendios forestales cada verano en algunos lugares del país.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

Penitenciaría en Washington DC.

Getty Images

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.


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