Ayotzinapa: Sedena interceptó mensajes de presuntos delincuentes y policías
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Sedena interceptó mensajes de presuntos delincuentes y policías en caso Ayotzinapa

La Sedena interceptó en 2014 conversaciones entre presuntos delincuentes y policías municipales implicados, pero las dio a conocer 6 años después por "instrucción del presidente" López Obrador.
Cuartoscuro
1 de octubre, 2021
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La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa publicó dos conversaciones entre presuntos delincuentes y policías municipales implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

El organismo dijo que “por instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador” publicaba las conversaciones entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que están fechadas entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, año de la desaparición de los jóvenes.

Leer más | Los hallazgos, fallas y negligencias en la búsqueda e identificación de los restos del caso Ayotzinapa

Se trata de partes de dos conversaciones por mensajes de texto, una de ellas entre el comandante municipal de Iguala, Guerrero, Francisco Salgado Valladares (personal de confianza del exdirector de seguridad pública local Felipe Flores Vázquez), y Gildardo López Astudillo, el Gil, identificado como un mando medio del grupo delictivo Guerreros Unidos y presunto responsables de haber ordenado la desaparición de los estudiantes.

En la conversación de una cuartilla, dada a conocer por la comisión, el policía presuntamente reporta al Gil la captura de los jóvenes y sigue instrucciones para evitar que se den a conocer las detenciones. 

“Según son Ayotzinapos pero anda encapuchados y armados. Ya tenemos varios detenidos”, dice una parte de la conversación. 

El comandante policial dice en la conversación, del 26 de septiembre de 2014, tener a 17 detenidos en una “cueva” y que 21 más vienen en un camión que va en camino “para que los revienten ustedes”. 

“Sí, entrégame todos los detenidos”, responde presuntamente el Gil, quien salió de prisión en septiembre de 2019 luego de que el juez desestimara más de la mitad de las pruebas en su contra. 

En tanto, la segunda conversación, del 4 de octubre de 2014, muestra un párrafo de mensajes de texto entre el presunto delincuente Alejandro “Cholo” Palacios y un “posible” policía municipal de Tepecoacuilco, Guerrero, donde hablan del hallazgo de una fosa clandestina que presuntamente era utilizada por el Gil.

El policía dice que al Gil le piden que entregue “aunque sea 10 como estuvieran para calmar un poco”. El mensaje da entender que el mismo elemento municipal le llevará al presunto delincuente, el Gil, para esconderlo. 

En noviembre de 2020, Animal Político publicó que un coronel del Ejército mexicano estaba en la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, según un testigo protegido cuya declaración forma parte de la causa penal 5/2020 que investiga los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

En el momento en el que tuvieron lugar las desapariciones de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el coronel José Rodríguez Pérez estaba al mando del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala y fue él quien coordinó las acciones militares de aquella jornada. Posteriormente, fue ascendido a general brigadier durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El señalamiento contra el coronel Rodríguez está incluido dentro del auto de formal prisión dictado contra el capitán José Martínez Crespo.

El capitán Crespo se entregó a las autoridades el pasado 11 de noviembre y está en prisión acusado de “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud”, delito que siempre ha negado.

Aunque la carpeta investigación la dirige la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, hasta el momento no se han formulado imputaciones directas sobre su participación en las desapariciones.

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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