Familias se quejan en CNDH por regreso a clases sin vacunas para niños
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“Mi hija no volverá a clases sin estar vacunada, es violatorio de sus derechos”: familias se quejan ante CNDH

En Baja California Sur, las clases presenciales ya serán obligatorias. Padres inconformes demandan que, a la par de volver a las aulas, se mantengan las clases en línea con un docente.
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11 de octubre, 2021
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La hija de la señora Carmen Martínez tiene nueve años y cursa cuarto de primaria en una escuela pública de la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. 

Desde que arreció en México la pandemia a mediados de 2020, la niña ha estado recibiendo educación en línea, como muchos otros millones de menores. No era tal vez lo ideal, reconoce Carmen, que advierte cierto “rezago” en el aprendizaje de su hija en comparación a los días normales de escuela. Pero al menos, contrapone de inmediato, las clases en línea con el acompañamiento de una maestra permitían que su hija continuara avanzando con su educación y que no se desenganchara por completo de las clases.  

Pero eso cambió desde finales del pasado mes de septiembre, cuando a Carmen y al resto de padres y madres de esa escuela les llegó un comunicado en el que ésta anunciaba que, por órdenes de la Secretaría de Educación federal, se suspendían las clases en línea para dar paso a partir del 20 de septiembre únicamente a clases presenciales. 

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“Los docentes acatamos indicaciones de la autoridad federal, y aunque en un inicio respondimos a las necesidades del contexto de nuestra escuela, a partir de la fecha indicada ya no podremos hacerlo más”, apuntaba el escrito, del que este medio guarda copia. 

“Quienes se queden en casa, se les enviará actividades por ‘classroom’. Y en su momento, se evaluarán como corresponde”, agregó el centro educativo en el anuncio, aunque a Carmen, más que un anuncio, aquello le sonó a una advertencia para presionarlos; a un mensaje que, de manera sutil, les estaba diciendo que los alumnos que se queden en casa, como su hija, tendrán que buscarse la vida sin clases en línea ni maestra, y luego pasar los mismos exámenes que el resto que sí asista a las aulas.

“A los padres y madres nos están dejando solos con la educación de nuestros hijos”, denuncia Carmen, que explica que tomó la decisión de no enviar a su hija a clases presenciales hasta que no reciba una dosis de la vacuna anti-Covid, porque considera que, de hacerlo, estaría poniendo en serio riesgo su salud. 

“Regresar a los niños sin que antes estén vacunados es un infanticidio”, insiste la mujer, tajante. 

Incluso, hay madres como María, mamá de dos niñas de 6 y 9 años, que apuntan en entrevista que, aunque existiera una vacuna aprobada en menores de 11, también se lo pensaría mucho antes de vacunarlas y regresarlas a clase.

“Ahora mismo, todo es muy experimental”, opina. “Creo que todavía esperaría un poco para ver si no tienen efectos secundarios fuertes en los niños”. 

Sin embargo, la vuelta a las aulas ya parece un proceso inmediato e irreversible. 

El pasado miércoles 6 de octubre, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dijo que a partir del próximo noviembre el regreso para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, también será presencial. Y argumentó que esta decisión se sustenta en que no se han identificado rebrotes importantes de Covid en las aulas en lo que va de ciclo escolar. 

Por el momento, la funcionaria de Educación no ha especificado si ese regreso presencial será obligatorio y si habrá posibilidad de mantener el sistema ‘híbrido’ con maestros apoyando la educación en línea. Pero los mensajes que se están lanzando desde el Gobierno Federal, e incluso desde Presidencia, hacen suponer a Carmen y a María que la única opción será volver a las clases. 

“No nos podemos acostumbrar a que no va a haber clases presenciales y que van a estar las escuelas cerradas”, advirtió el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del 7 de octubre, preguntado por el regreso a las aulas.

Ese mismo día, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, también hizo énfasis en que no hay evidencia de que el regreso a las clases presenciales “haya repercutido en un incremento de casos” provocados por el virus. E insistió en que los contagios entre niños, niñas y adolescentes en la pandemia ha sido pequeño, con un porcentaje menor al 10%, y en edades menores es del 2%. 

De ahí que las autoridades federales consideren que sí hay las condiciones para el regreso total a las aulas de manera presencial, y que, incluso, haya estados como Baja California Sur donde ya se anunció que el regreso a clases será obligatorio tanto para los alumnos, como para todo el personal educativo.

“En cuanto aprueben la vacuna para niños, meto un amparo”

Sin embargo, la señora Carmen insiste en que la decisión del regreso presencial deja en una situación de vulnerabilidad a los menores. 

“El gobierno está presionando para que los niños vuelvan a las clases presenciales, pero lo hace sin que les haya puesto una vacuna. Y yo creo que el gobierno, antes de obligarlos a volver a las aulas, lo que debería de hacer es vacunarlos para protegerlos. Y si no, que mantenga el modelo híbrido en línea para quienes no queramos mandarlos a clases sin vacuna”, plantea la mujer. 

Pero, en este punto tampoco parece que el Gobierno vaya a dar una respuesta inmediata. Hasta ahora, el límite mínimo de edad que Salud está considerando vacunar es de 12 años y hasta los 17, pero con un importante matiz: solo se vacunará a 1 millón de menores aproximadamente, que son aquellos que las autoridades calculan que tienen padecimientos que elevan el riesgo de mortalidad ante la Covid 19, como distintos tipos de cáncer, insuficiencia renal o hepática, VIH/sida, enfermedades congénitas y otras que disminuyan el sistema inmunológico. 

El resto de los menores, por ahora, quedarían fuera, aunque farmacéuticas como Pfizer y BioNTech ya presentaron una solicitud a los reguladores estadounidenses para que autoricen la administración de su vacuna anti-Covid a niños y niñas de 5 a 11 años, lo que ampliaría las vacunas a ese sector de la población en edad escolar. 

Ante la exclusión de aquellos menores de entre 12 y 17 años que no tengan comorbilidades, en México múltiples padres y madres han comenzado a solicitar amparos ante la justicia para conseguir la vacuna para sus hijos. 

Hasta el pasado 25 de septiembre sumaban 250 demandas de amparo en 19 entidades del país, anunció el propio presidente López Obrador, que en otra conferencia mañanera acusó que detrás de estas acciones legales de los padres hay “una campaña” orquestada e intereses de las grandes farmacéuticas por hacer negocio. 

Carmen Martínez asegura que, en cuanto se autorice la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años, el rango de edad de su hija de 9, ella también tiene pensado interponer de inmediato otra demanda de amparo para conseguirla, aunque el subsecretario Hugo López Gatell criticó que los padres que se amparan tienen “una visión extremadamente individualista”, pues eso, según el funcionario, le quitaría la vacuna a otra persona con mayor riesgo ante el virus. 

Queja ante la CNDH

Por el momento, a falta de la aprobación a Pfizer, Carmen, María, y otras 15 madres y padres de familia de su escuela en la Álvaro Obregón, se organizaron para exigir que se mantengan las clases en línea con un docente, a la par del regreso presencial, e interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

En el escrito, del que guarda copia este medio, las familias plantearon que, al no existir aun una vacuna autorizada para los menores de 11 años, éstos son población “vulnerable ante el contagio en pandemia”, e incluyeron links a múltiples notas de medios de comunicación que refieren que, durante el regreso a clases, se produjeron brotes en diferentes puntos del país, como en Chihuahua, Nayarit y Baja California, donde diversos planteles tuvieron que suspender temporalmente la vuelta a las aulas. No obstante, sobre esto también cabe señalar que el pasado 7 de octubre la SEP informó que, de las 135 mil escuelas abiertas en el país, solo en 88 detectaron casos Covid, el 0.06%, de las que 39 cerraron de manera temporal por contagios

“Siendo realistas, a los niños les cuesta mucho trabajo lavarse bien las manos, usar el cubrebocas, no tocarse la cara… Y las autoridades están dejando todos los filtros sanitarios a los maestros, cuando ellos no son doctores, ni personal médico”, apunta Carmen Martínez. 

“Además -interviene María-, hay muchos papás que no son constantes en cuanto a verificar, por ejemplo, que el niño no tenga tos ni fiebre cuando regresa de la escuela. Incluso, hay papás que ni ellos mismos usan el cubrebocas cuando van a por sus hijos. Hay mucha irresponsabilidad”. 

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En la queja ante la CNDH, las familias inconformes denunciaron que la Secretaría de Educación Pública federal se está centrando únicamente en los niños que sí asistan a las clases presenciales, “dejando en estado de indefensión y vulnerando los derechos de los niños mexicanos que prefieran quedarse en casa por la pandemia”. 

En este punto en concreto, denunciaron que hay dos violaciones a derechos humanos de los niños: el derecho a la educación, y el derecho a la salud y a la vida, al exponerlos a un posible contagio. 

“Hasta que el gobierno no vacune a mi hija, yo no la voy a mandar a clases presenciales -zanja Carmen Martínez-. La voy a seguir enseñando en mi casa. Y por eso yo, y otros padres de familia, estamos exigiendo que siga el modelo híbrido en línea y con un maestro”. 

“Las autoridades sanitarias dicen que el riesgo en los niños es menor, pero sí existe -recalca María-. Y yo, como madre, no estoy dispuesta a que mis hijas corran ese riesgo a contagiarse”.

Por el momento, la queja de estos padres está en estudio en la CNDH, que tendrá que determinar si procede o no alguna recomendación a la SEP al respecto.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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