Oaxaca debe reabrir caso de migrante de Camerún muerto en naufragio
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Archivo Cuartoscuro

Fiscalía de Oaxaca deberá reabrir caso de migrante de Camerún muerto en naufragio en 2019

Emmanuel Cheo Ngu, de 39 años, murió junto a otros dos compatriotas tratando de eludir los retenes del INM.
Archivo Cuartoscuro
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Un juez de control revocó la decisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca de abstenerse de investigar la muerte del migrante camerunés Emmanuel Cheo Ngu, de 39 años, quien falleció en un naufragio el 11 de octubre de 2019.

En el siniestro también perdieron la vida Romanus Atem Ebesor y Michael Atembe, mientras que otros ocho migrantes lograron sobrevivir. Todos ellos se encuentran ya en EU. Por aquellos hechos existían dos carpetas de investigación: una en Oaxaca, donde fue encontrado el cuerpo de Cheo Ngu, y otra en Chiapas, donde aparecieron los restos de las otras dos víctimas. Este último caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) al considerar que es un caso de tráfico de personas. 

Después del naufragio, la Fiscalía de Oaxaca abrió una investigación por un presunto delito de homicidio por la muerte de Cheo Ngu. Sin embargo, menos de un año después, en septiembre de 2020, el Ministerio Público decidió abstenerse de seguir investigando por considerar que no se trataba de una muerte violenta. Ahora un juez ha rechazado los argumentos del fiscal y le insta a reabrir las pesquisas. En opinión del juez, podría tratarse de un delito de omisión de socorro y debería investigarse las circunstancias del viaje, ya que el barco era manejado por un pollero. 

El caso de Emmanuel Cheo Ngu y el naufragio de 2019 simbolizó el abandono sufrido por la comunidad africana en su camino hacia Estados Unidos. Aquel año más de 7 mil personas de países como la República Democrática del Congo, Angola o Camerún atravesaron México con destino al norte.

La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de impedir el tránsito de los migrantes les obligó a permanecer atrapados en Tapachula, Chiapas, durante varios meses. Muchos de ellos dormían en tiendas de campaña instaladas en el exterior de la estación migratoria Siglo XXI.

Desesperados, sin trabajo ni recursos económicos, algunos migrantes recurrieron a los servicios de polleros para lograr evadir los retenes instalados en Chiapas y Oaxaca. Cheo Ngu fue uno de ellos. La madrugada del 11 de octubre tomó un pequeño barco junto a otros diez compatriotas. La falta de visibilidad y la escasa pericia del pollero, según declararon sobrevivientes, provocaron el naufragio, en el que perdieron la vida tres migrantes.

Los ocho que lograron salvar la vida fueron encerrados en una antigua bodega reconvertida en estación migratoria en Tuxtla-Gutiérrez. Tras ser liberados, todos ellos dieron el salto a EU. Ese era el destino de Cheo Ngu, que dejó Camerún obligado por la violencia del conflicto interno que vive su país y que viajó por toda América Latina con una carta en la que solicitaba asilo pero que nunca logró entregar. 

Cheo Ngu fue el único cuyo cuerpo fue repatriado a Camerún. Los otros dos fueron incinerados pero sus familias rechazaron recibir las cenizas, ya que las tradiciones de su país no aceptan la cremación de los fallecidos.

En el caso de Cheo Ngu, su familia tuvo que desembolsar 112 mil pesos para enviar los restos desde México hasta Bamenda, en Camerún. Hasta ahora México ha rechazado reembolsar el dinero a los allegados del migrante fallecido, ya que no lo considera víctima de delito. La extitular de la CEAV, Mara Gómez, llegó a decir a los representantes de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompañan a la familia de la víctima, que ante la escasez de recursos se priorizan a las víctimas mexicanas. 

“La gente empujaba y gritaba. Yo luché, pero estaba cansado. Estábamos confundidos. Logramos salir. Miré a mi alrededor y vi un cuerpo. Era el de Atabong. Nos movimos dentro de la jungla, llorando, sin saber qué hacer”, explicó Maxcellus Asong, uno de los sobrevivientes, a Animal Político, un mes después del naufragio.

Más de dos años después del naufragio apenas hay avances en la investigación, no han sido identificados los presuntos traficantes de personas y las familias de las víctimas tampoco han recibido compensación alguna.  

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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