Guardia Nacional se niega a dar datos de uso de la fuerza y armamento
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Cuartoscuro

Guardia Nacional se niega a dar datos de uso de la fuerza y el armamento para contener protestas

La Guardia Nacional reservó por un período de cinco años el inventario de armamento no letal y el material para la contención de manifestaciones.
Cuartoscuro
Por Arturo Ángel y Alberto Pradilla
14 de octubre, 2021
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La Guardia Nacional desobedeció abiertamente una orden del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para revelar, en versión pública, los informes pormenorizados de los operativos y enfrentamientos en que sus elementos han hecho uso de la fuerza letal, y que han dejado como saldo la muerte de 94 civiles, la mayoría de ellos supuestas personas armadas.

Además, dicha corporación de seguridad —bajo control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional —clasificó por cinco años todos esos informes argumentando que revelarlos podría poner en riesgo la vida de sus elementos y el éxito de las operaciones contra la delincuencia en general. Se trata de argumentos que el propio pleno del INAI ya había desestimado antes como improcedentes.

La apertura de estos informes había sido requerida a través de una solicitud de transparencia por la organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) la cual, en un artículo publicado en Animal Político el pasado 29 de septiembre había celebrado que el INAI modificara la clasificación total de la información hecha por la referida corporación de seguridad.

“Es un revés a la opacidad de la GN… en un contexto de empoderamiento castrense —que incluye la militarización de la Guardia Nacional— prácticamente sin controles externos, esta noticia es, sin duda, positiva”, había señalado la organización.

Sin embargo, en el oficio de supuesto “cumplimiento” a dicha resolución del INAI fechado el pasado 30 de septiembre, la Guardia Nacional omitió dar cualquier detalle de los hechos donde ha usado la fuerza letal y, por el contrario, insistió en mantener cerrada en su totalidad dicha información negando incluso la elaboración de versiones públicas.

“Este sujeto obligado ratifica la clasificación de reserva de la información realizada por el Comité de Transparencia de la Guardia Nacional de fecha 29 de abril (…) por un periodo de cinco años”, indica el oficio al que este medio tuvo acceso.

De acuerdo con autoridades del INAI, cuando un sujeto obligado no atiende una disposición del pleno y, por ende, desobedece la norma vigente en términos de transparencia (como ocurre ahora con la Guardia Nacional) puede hacerse acreedores a sanciones de tipo administrativas e incluso podría dar pie a una denuncia de tipo penal. Pero primero deberá llevarse a cabo un proceso de verificación.

“Lo que sí estamos viendo es un claro ejemplo de ya no hay una subordinación del poder militar al poder civil y eso es muy grave”, advirtió sobre esto la abogada, antropóloga e investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa.

Los argumentos copy-paste

Para negarse a transparentar los informes pormenorizados sobre el uso de la fuerza como se lo ordenó el INAI, la Guardia Nacional utilizó argumentos idénticos que los que había utilizado originalmente para no dar a conocer la información requerida, y que ya habían sido desestimados.

Sustancialmente, en el oficio firmado por Gustavo Romero Rosas, titular de la Unidad de transparencia de dicha fuerza de seguridad, se argumentó que el dar a conocer estos datos puede poner en riesgo la seguridad de sus elementos ya que se trata de información que puede aprovechar la delincuencia común u organizada para conocer las capacidades de esta corporación.

La corporación además sostiene, con enunciados literalmente copiados de la primera negativa, que el reporte pormenorizado de uso de la fuerza forma parte del Informe Policial Homologado (IPH) que a su vez forma parte de una carpeta de investigación iniciada en una fiscalía el cual es un documento reservado. Y, por tanto, deduce que es una información clasificada.

Este tipo de argumentos habían sido desestimados por completo por el INAI al resolver el recurso de revisión RRA 6671/21 en el que anuló la confidencialidad total impuesta por la Guardia Nacional y le pidió que elaborara versiones públicas de los informes, cubriendo solamente datos sensibles como el calibre de las armas de fuego utilizadas o la identidad de los efectivos implicados.

Los comisionados le recordaron a la Guardia Nacional que la Ley Nacional de Uso de la Fuerza contempla en su artículo 32 que deben realizarse los informes pormenorizados los cuales son un mecanismo de control y fiscalización para identificar aquellos casos donde pudiera existir un ejercicio abusivo de la misma. Se trata de un documento independiente, que no puede recibir el mismo tratamiento de un IPH o una carpeta de investigación.

Por ello, más allá de tomar las precauciones en cuanto a la protección de datos sensibles o personales, el pleno concluyó que la GN estaba obligada a entregar versiones públicas de los informes pormenorizados. Sin embargo, la corporación rechazó de nueva cuenta llevarlo a cabo.

Los 89 muertos y las dudas

De acuerdo con los pocos datos que se han podido conocer a partir de los dos informes que la Guardia Nacional ha enviado al Senado, desde su puesta en marcha los elementos de esta corporación se han visto implicados en 161 eventos en los que sus elementos tuvieron que hacer uso de la fuerza letal.

El saldo de dichos enfrentamientos, según lo reportado por el Centro Prodh, fue de 89 supuestos agresores fallecidos, además de cinco civiles que no participaron en los incidentes y estaban desarmados. También se reportó la muerte de 14 elementos de la propia Guardia Nacional.

La organización destaca que la forma en que se han reportado estos datos no es acorde con los estándares internacionales particularmente en la forma en que se justifica la mayoría de muertes de civiles, señalándolos como “agresores presuntamente armados”. Por ello, recalca la organización, es imprescindible que se conozcan los detalles de cada evento para que dicha actuación pueda ser fiscalizada, y en su caso detectar si ha habido abusos y corregirlos.

Animal Político ha publicado que, al menos en sus primeros seis meses de creación, la Guardia Nacional se vio involucrada en al menos cinco casos de abuso de la fuerza que dejaron como saldo dos personas muertas y varias gravemente heridas. La atención a las víctimas de estos casos, así como el pago de indemnizaciones, se realizó a través de la firma de convenios secretos entre los afectados y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Insubordinación militar

El abierto rechazo de la Guardia Nacional a una instrucción de un órgano constitucionalmente autónomo como el INAI resulta preocupante en al menos dos niveles: el jurídico y el político, señala la abogada, antropóloga e investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa.

Por un lado, la experta recuerda que constitucionalmente la Guardia Nacional es una institución de seguridad civil subordinada a las disposiciones de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y, por lo tanto, tienen la obligación de entregar dicha información. “Estamos ante un artero incumplimiento al marco legal”.

Pero además, Pérez Correa dice que este hecho también tiene una dimensión política la cual resulta preocupante: la artera desobediencia del poder militar a la jurisdicción civil vigente.

Explica que, si bien la Guardia Nacional es por definición una fuerza de seguridad de carácter civil, en los hechos es una corporación controlada en su totalidad por la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia a la que pertenecen todos sus mandos operativos y más del 70% de sus elementos. Por ello, todas sus acciones tienen de origen un sesgo castrense.

En ese contexto, considera que la desobediencia de la GN respecto a lo que le instruyó el INAI equivale a una insubordinación por parte del Ejército.

“Hay una franca desobediencia de las autoridades militares a las autoridades civiles. Hay un poder constitucional que es el INAI que es autónomo y que le está ordenando a la GN que es manejada por la Sedena que entregue información y si se está negando es una franca desobediencia a otro poder constitucional. Es una situación muy grave. Ya no hay una subordinación del poder militar al poder civil”, dijo Pérez Correa.

La falta de información sobre la actuación de una autoridad, como ocurre en este caso, significa que no hay una rendición de cuentas y, por el contrario, eso incentiva el uso y abuso del uso de la fuerza letal. “Necesita haber transparencia para que haya fiscalización, Si no conocemos eso no se pueden implementar mecanismos para corregir el camino”.

También niegan información sobre armamento

La Guardia Nacional reservó por un período de cinco años el inventario de armamento no letal y el material para la contención de manifestaciones. En una solicitud de transparencia realizada por Animal Político, el cuerpo militar se negó a transparentar elementos que utilizan sus agentes como toletes o escudos. 

“Al proporcionar información respecto al armamento no letal disponible podrían vulnerarse las capacidades operativas y logísticas que tiene la institución para garantizar la seguridad pública, lo que disminuiría su capacidad de preservar y resguardar la vida o salud de las personas, las estrategias para combatir acciones delictivas de la delincuencia organizada y la capacidad para evitar la comisión de delito, lo que afectaría directamente a la paz y el orden público”, argumenta la Guardia Nacional en su respuesta. 

Uno de los cometidos que tiene la Guardia Nacional es el control de manifestaciones. Por eso, en su resolución señala que, haciendo público su arsenal, “vulnera las acciones de la Guardia Nacional, toda vez que, el tipo de movimientos realizados por esta institución para la disuasión de grandes masas en disturbios, incrementa la posibilidad de transgredir los mecanismos de reacción para su control, lo que evita situaciones que afectan a la ciudadanía”.

A pesar de que lleva poco más de dos años en funcionamiento, la Guardia Nacional ha sido señalada por su responsabilidad en la represión de manifestantes. El caso más grave fue la muerte a tiros de Jessica Silva, quien se encontraba con su esposo Jaime Torres en las inmediaciones de una protesta en Delicias, Chihuahua, cuando fue atacada por agentes el 8 de septiembre de 2020. Un sargento fue vinculado a proceso mientras que otros cinco uniformados resultaron exonerados de los cargos. 

“Dar acceso a la información solicitada puede vulnerar la realización de los objetivos de esta institución, en virtud de que revela los movimientos operativos y de equipamiento, lo que pone en grave riesgo la seguridad pública e integridad de las personas que en ella laboran, puesto que son quienes ejecutan las acciones encaminadas al cumplimiento de los deberes conferidos por la ley”, dice la respuesta.

Por último, la Guardia Nacional considera que hacer público el arsenal no letal “pone en riesgo la seguridad pública, la vida de los integrantes y la operatividad de la institución, ya que existen posibilidades de que cualquier persona, con fines diversos, realice un análisis de vulnerabilidad de esta institución, lo que permitiría, bajo determinadas circunstancias, perpetrar diversos ataques”. 

La pregunta estaba dirigida al control de las manifestaciones y la seguridad pública. Sin embargo, la Guardia Nacional se escudó en la criminalidad para considerar que ante las complejidades que presentan los fenómenos delictivos del país, resulta crucial contar con la secrecía del material con el que cuenta la institución. 

Entre los riesgos que la Guardia Nacional observa en caso de hacerse público su material antimotines: riesgo a la estabilidad de la infraestructura estratégica implementada para la prestación del servicio de seguridad pública, mayor número de ataques contra los bienes de la Guardia Nacional por parte de la delincuencia organizada, riesgo para la vida e integridad del personal de la institución y reducción de la capacidad de fuerza del cuerpo.

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Los muertos vivientes de India: ‘Me miraron como si fuera un fantasma’

Una persona muerta lógicamente no puede poseer tierras. En India, podrías perderlo todo si te sacan un certificado de defunción.
2 de septiembre, 2021
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Si estás muerto, no es posible que puedas poseer tierras.

Esta es una simple lógica que ha generado innumerables casos de personas registradas como muertas y despojadas de sus propiedades en India. Y muchos han descubierto que es muy poco lo que pueden hacer al respecto, según escribe Chloe Hadjimatheou de la BBC.

Padesar Yadav está vivo y en forma, por eso fue una gran sorpresa para él descubrir que, según un papel, está muerto.

A finales de los años 1970, después de la muerte de su hija y de su yerno, inesperadamente tuvo que criar a sus dos nietos.

Para pagar su crianza y educación, vendió unas tierras que había heredado de su padre en el pueblo donde nació.

Pero unos meses después recibió una extraña llamada telefónica.

“El hombre al que le había vendido la tierra me llamó para decirme que había un caso legal en mi contra”, recuerda.

“Dijo que mi sobrino les había dicho a todos que yo había muerto y que un impostor había vendido la tierra”.

Yadav viajó inmediatamente desde Calcuta, donde vive ahora, a la aldea en el distrito de Azamgarh en Uttar Pradesh, en el centronorte de India. Cuando llegó, la gente se mostró sorprendida al verlo.

“Me miraron como si estuvieran viendo un fantasma y dijeron: ‘¡Tú estás muerto! ¡Ya te hemos hecho rituales de duelo!'”

Yadav dice que él y su sobrino tenían una relación cercana y que el joven solía ir a visitarlo cuando viajaba a la ciudad.

Pero las visitas cesaron cuando Yadav le informó que planeaba vender la tierra familiar.

Luego se enteró de que su sobrino estaba reclamando la tierra como su herencia y Yadav se enfrentó a él.

“Dijo: ‘Nunca he visto a este tipo en mi vida. Mi tío está muerto’. Yo estaba en shock'”, cuenta Yadav.

“Le dije: ‘Estoy parado aquí, vivo, justo frente a ti, ¿cómo no puedes reconocerme?‘”.

La Asociación de Muertos Vivientes

Yadav dice que lloró durante días, pero luego se recompuso y llamó a la Asociación de Muertos Vivientes de India.

Lal Bihari Mritak envuelto en una pancarta de la Asociación de Muertos Vivientes

BBC
Lal Bihari Mritak envuelto en una pancarta de la Asociación de Muertos Vivientes.

La organización es dirigida por Lal Bihari Mritak, un hombre de unos 60 años que algo sabe acerca de ser declarado muerto: vivió un tercio de su vida como alguien que supuestamente había fallecido.

Bihari proviene de una familia extremadamente pobre.

Nunca aprendió a leer ni a escribir porque lo enviaron a trabajara los 7 años a una fábrica de vestidos saris. Cuando tenía 20 abrió su propio taller textil en una ciudad vecina, pero necesitaba un préstamo para poner en marcha el negocio y el banco le pedía una garantía.

Fue a la oficina del gobierno local en su aldea, Khalilabad, también en el distrito de Azamgarh, con la esperanza de obtener las escrituras de la tierra que había heredado de su padre.

El contador del pueblo buscó su nombre y encontró los documentos, pero también halló un certificado de defunción que decía que Lal Bihari estaba muerto.

De nada sirvió el reclamo de Bihari, quien alegaba que no podía estar muerto porque estaba parado allí.

“Aquí en estos documentos, en blanco y negro, dice que estás muerto“, le dijeron.

Cuando se registró la muerte de Bihari ante la autoridad local, la tierra y las propiedades que había heredado de su padre habían pasado de él a la familia de su tío.

Hasta el día de hoy, Bihari asegura que no tiene claro si fue un error administrativo o si su tío lo estafó.

En cualquier caso, Bihari estaba arruinado. Tuvo que cerrar su taller y su familia quedó desamparada.

Pobres, analfabetos y de castas bajas

Pero Bihari no estaba dispuesto a rendirse y aceptar su supuesta muerte sin luchar, y pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Personas en todo el país estaban siendo estafadas por familiares que las declaraban muertas para apoderarse de sus tierras.

Fue así que Bihari creó la Asociación de Muertos Vivientes para unir a todas estas personas y comenzó una campaña para llamar la atención sobre su difícil situación.

Según una estimación, hay 40.000 muertos vivientes solo en el estado de Uttar Pradesh, la mayoría de ellos pobres, analfabetos y de castas bajas.

Bihari le agregó el sufijo mritak a su nombre, que significa “el difunto”, y pasó a llamarse “el difunto Lal Bihari”.

Junto a otros en su situación, organizó protestas para llamar la atención de los medios. Pero nada de esto fue suficiente para hacer que su estatus cambiara.

Lal Bihari Mritak (derecha) en 2015, con un granjero declarado muerto por su hermano.

Getty Images
Lal Bihari Mritak (derecha) en 2015, con un granjero declarado muerto por su hermano.

Luego decidió presentarse a las elecciones nacionales y logró que el nombre de un muerto apareciera en la boleta electoral.

Cuando eso no fue suficiente para convencer a las autoridades de que estaba vivo, casi se suicida tras hacer tres huelgas de hambre.

Finalmente, desesperado, decidió violar la ley secuestrando al hijo de su tío. Esperaba que la policía lo arrestara y, al hacerlo, se viera obligado a aceptar que estaba vivo; después de todo, no se puede arrestar a un hombre muerto.

Pero la policía se dio cuenta de lo que estaba intentando hacer y se negó a involucrarse.

Al final, Bihari encontró justicia no como resultado de sus propios esfuerzos, sino gracias al mismo sistema que le había cambiado la vida.

Un nuevo magistrado de distrito en Azamgarh examinó su caso nuevamente y decidió que, 18 años después de que lo declararan muerto, Lal Bihari estaba vivo.

Ver su propiedad a través de una cerca

Bihari señala que a través de su Asociación de Muertos Vivientes ha apoyado a miles de personas en toda India que han enfrentado situaciones similares.

Muchos de ellos, cuenta, no han tenido tanta suerte como él. Algunos se han suicidado después de perder la esperanza y pasar años luchando por su caso, mientras que otros murieron de verdad antes de que lograran probar que no estaban muertos.

Tilak Chand Dhakad está apenas empezando su lucha. Actualmente, el hombre tiene 70 años y cuando visita la tierra de cultivo en Madhya Pradesh donde creció, tiene que mirarla a través de una cerca.

El anciano tiene muchos problemas de salud y sabe que es posible que no viva lo suficiente como para volver a caminar por esos campos.

Más joven, Dhakad se mudó a la ciudad con la esperanza de obtener una mejor vida para sus hijos y mayores ingresos. Mientras estaba fuera, le alquiló sus tierras a una pareja.

Tilak Chand Dhakad

BBC
Tilak Chand Dhakad.

Fue cuando regresó al pueblo para firmar unos documentos que descubrió que ya no era el dueño de las tierras porque supuestamente había fallecido.

“El funcionario de la oficina de la autoridad local me dijo que estaba muerto. Pensé: ‘¿Cómo pudo pasar eso?’. Estaba muy asustado”, recuerda.

Dhakad afirma que pronto descubrió que la pareja casada a la que le había estado alquilando la tierra lo había registrado como muerto. La esposa había ido a la corte haciéndose pasar por su viuda y asegurando que estaba feliz de ceder la tierra.

Cuando la BBC se puso en contacto con la pareja a la que Dhakad acusa de adueñarse de su propiedad, la respuesta fue que no deseaban responder a ninguna pregunta.

Anil Kumar, un abogado que ha peleado varios casos de muertos vivientes, estima que en Azamgarh, la provincia donde vive Lal Bihari, debe haber al menos 100 personas que han sido declaradas muertas prematuramente.

Cada caso es complejo, afirma. A veces hay errores administrativos, otras veces se soborna a los funcionarios públicos para que redacten certificados de defunción falsos.

Shaina NC, portavoz del gobernante Partido Popular Indio (BJP), le dijo a la BBC que el gobierno actual ha sido muy diligente en hacer cumplir la legislación para combatir la corrupción.

“En un país tan grande y diverso como India, podría haber algunos casos sueltos que surgen una y otra vez, pero la mayoría (de la gente) está protegida por el buen gobierno del primer ministro, Narendra Modi”, agregó.

“Si hay un caso de corrupción, hay suficientes disposiciones en el Parlamento para asegurarse de que los perpetradores sean puestos a prueba”.

Pero Anil Kumar dice que cuando estos casos son el resultado de una estafa, la justicia puede ser difícil de lograr.

En un caso que defendió, le tomó seis años probar que su cliente estaba vivo, y más de 25 años después, todavía está esperando un veredicto contra el hombre que supuestamente había declarado muerto a su cliente.

“Si este tipo de casos se aceleraran para que el criminal sea castigado, infundiría miedo en la gente y evitaría este tipo de delitos”, señala Kumar.

El pastel de cumpleaños falso

Han pasado más de 45 años desde que Lal Bihari Mritak fue declarado muerto y más de dos décadas desde que logró demostrar que estaba vivo.

Pero todavía organiza, todos los años, una fiesta de cumpleaños, con invitados sentados alrededor de un gran pastel. A medida que el cuchillo corta el glaseado, a sus invitados les queda claro que es solo una caja de cartón decorada, un truco.

Lal Bihari Mritak y su pastel de cumpleaños.

BBC
Lal Bihari Mritak y su pastel de cumpleaños.

“Por dentro está totalmente vacío. Así también son algunos funcionarios del gobierno: vacíos e injustos“, denuncia.

“No corté este pastel para celebrarlo. Es un resumen de la sociedad en la que vivimos”.

Bihari indica que todavía recibe llamadas de personas de todo el país que quieren su consejo y su ayuda para demostrar que están vivos, pero con 66 años está perdiendo fuerzas y ​​ahora está contemplando retirarse de la lucha.

“Ya no tengo el dinero ni la energía para dirigir la Asociación de Muertos Vivientes”, agrega, “y no hay nadie que se haga cargo de ella”.

Él siempre ha esperado que los medios nacionales defiendan a los desposeídos y que el gobierno tome medidas drásticas contra los que aceptaban sobornos, pero esto no ha sucedido.

El hombre que pasó 18 años de su vida tratando de demostrar que está vivo algún día realmente estará muerto, sin haber logrado los cambios por los que luchó por mucho tiempo.

Piyush Nagpal, Ajit Sarathi y Praveen Mudholkar reportaron desde el terreno.


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