No pedimos aumento del 100%, sino certeza: investigadores a Conacyt
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Investigadores desmienten a Conacyt: no pidieron aumento salarial de 100% sino certeza laboral

Los jóvenes científicos fueron contratados por el Conacyt y luego los comisionaba a centros e institutos para desarrollar proyectos, pero los consideraba como trabajadores de temporales, pese a que sus contratos abarcan hasta 10 años de vigencia.
Cuartoscuro
1 de octubre, 2021
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó que una de las razones en rechazar la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo para investigadores de Cátedras-Conacyt era que habían demandado un aumento salarial de 100%. Sin embargo, los científicos negaron que fuese así. Sus peticiones, aseguran, buscan certidumbre laboral, no ganar más. 

Los investigadores de Cátedras Conacyt reciben un sueldo de dos fuentes: la mitad a través del salario oficialmente reconocido y la otra mitad con un “estímulo” que funciona como compensación ante la falta de aumentos salariales, lo cual implica que únicamente la mitad de sus ingresos esté siendo considerado para su jubilación. 

“Es mentira que busquemos aumento de 100%, solo queremos estabilidad laboral”, asegura Carolina Robledo, vocera del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt  (SIINTRACATEDRAS), en entrevista con Animal Político

“Solo pedimos que el estímulo se garantice dentro del salario base, pero no es algo adicional a lo que estamos recibiendo. Ese estímulo ya está garantizado en Hacienda cada año, pero el problema a largo plazo es que no son tomados en cuenta al momento de jubilarse. Se trata de nuestro futuro laboral”, explica Robledo. 

El SIINTRACATEDRAS, que consiguió el reconocimiento oficial tres años después de solicitarlo, propuso al Conacty la negociación de un Contrato Colectivo de Trabajo para darles certeza laboral desde abril, pero el Consejo no solo ha ignorado el llamado, sino que respondió con nuevos lineamientos que precarizan aún más su situación. 

Además, para justificar la negativa a negociar, el Conacyt emitió una nota informativa este 29 de septiembre en la que advierte que los investigadores habían exigido “el reconocimiento de prerrogativas y beneficios como son el aumento del 100% en los ingresos mensuales, al considerar un estímulo por proyecto como parte integral del salario; prestaciones superiores a la ley y de privilegio en el sector”. 

Sin embargo, los investigadores advierten que no quieren privilegios, sino condiciones de estabilidad laboral como las que tienen sus pares en otras instituciones dedicadas también a la investigación científica. Cátedras Conacyt, un programa de política “sí de corte neoliberal”, afirma Robledo, pero que este gobierno está empeorando. 

Aunque nació en 2014 como paliativo ante el ‘problema’ de tener personal altamente calificado con maestría y doctorado en el extranjero, pero que no podía encontrar empleo ante la carencia de plazas para la investigación, los colocó en desventaja desde un inicio.

Los jóvenes científicos fueron contratados por el Conacyt y luego los comisionaba a centros e institutos de investigación para desarrollar proyectos, pero los consideraba como trabajadores de confianza, es decir, temporales, pese a que sus contratos abarcan hasta 10 años de vigencia, dado que la investigación científica, generalmente, es de largo plazo. 

Sin embargo, esto significaba incertidumbre laboral, pues prácticamente era un outsourcing. Mientras el ‘patrón’ era Conacyt, su centro de trabajo eran las instituciones que se dedican a hacer investigación en todo el país, y que tampoco tenían plazas disponibles ni presupuesto para sumarlos a su plantilla laboral. 

A partir de 2017, un grupo de investigadores comenzó a organizarse para conformar un sindicato en busca de mejores condiciones de empleo. El año siguiente concretaron la propuesta de estatutos y solicitaron el registro del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt  (SIINTRACATEDRAS), pero la Secretaría del Trabajo les otorgó la toma de nota, es decir, el reconocimiento oficial hasta febrero de 2021. 

El siguiente paso fue la propuesta del Contrato Colectivo de Trabajo, cuya propuesta fue enviada al Conacyt en mayo pasado para comenzar la negociación, pero el Consejo los ignoró. Por eso, los investigadores utilizaron el recurso previsto en la ley para forzar a su patrón a la negociación, que es el emplazamiento a huelga, y la Junta de Conciliación y Arbitraje no les reconoció el derecho. 

De acuerdo con el SIIINCATEDRAS, con el Contrato Colectivo de Trabajo buscan la “continuidad del Programa de Cátedras más allá de la administración actual, como una política pública que favorezca el desarrollo científico del país y amplíe las oportunidades dignas de empleo para las nuevas generaciones de jóvenes investigadores”. 

Sin embargo, el Conacyt respondió con nuevos lineamientos para los investigadores adscritos al programa de Cátedras el 9 de junio en voz de la directora, Elena Álvarez Buylla, pero contrario al discurso oficial de mejorar sus condiciones, en realidad significan mayores retrocesos, afirma Carolina Robledo. 

Uno de ellos fue condicionar su permanencia al programa a “procurar su inserción laboral en la Institución Receptora o en cualquier otra”, es decir, conseguir trabajo, pese a qué las Cátedras es un programa laboral nacido justamente por la falta de plazas en las instituciones de investigación científica.

Esto provocó una manifestación en redes sociales con la etiqueta #BuscoTrabajo, en la que exponían la contradicción de esta petición, además de sus perfiles profesionales, pues la mayoría, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, el mecanismo de reconocimiento a los investigadores más prolíficos y con altos estándares de evaluación. 

Además, tras la negativa del Conacyt para negociar el Contrato Colectivo de Trabajo, los integrantes del sindicato se manifestaron este jueves afuera de las instalaciones del Conacyt en la Ciudad de México, Yucatán, Chihuahua, Michoacán, Sonora, Jalisco, Aguascalientes y Veracruz, en demanda de sus derechos laborales.

Entre consignas como “Sin ciencia no hay futuro” y “Somos pueblo haciendo ciencia”, los investigadores, criticaron que la titular de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, se haya negado a reunirse, a pesar de que ellos mostraron disposición y apertura y lamentaron que el gobierno no quiera invertir en asegurar que los trabajadores de la ciencia tengan las condiciones mínimas para realizar su trabajo. 

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

Getty Images

1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

Getty Images
Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

Getty Images
Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

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106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

Getty Images

Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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