ASF halla irregularidades en becas para personas con discapacidad y madres
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ASF encuentra irregularidades en entrega de becas para personas con discapacidad y madres trabajadoras

Entre ambos programas, a cargo de la Secretaría de Bienestar, acumulan observaciones por algo más de 100 millones de pesos.
Cuartoscuro
29 de octubre, 2021
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Becas para cientos de personas ya fallecidas, apoyos millonarios para miles de personas con la CURP inactiva, inválida o inexistente, pagos duplicados a cientos de beneficiarios, o becas para beneficiarios que excedían la edad máxima establecida en las reglas de operación. 

Estas son algunas de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020 a dos programas sociales ‘estrella’ del Gobierno de López Obrador: las becas para personas con discapacidad, y las becas para niñas, niños, hijos de madres trabajadoras. Entre ambos programas a cargo de la Secretaría de Bienestar acumulan observaciones por algo más de 100 millones de pesos. 

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La beca para personas con discapacidad consiste en la entrega de 2 mil 700 pesos bimestrales para mejorar la situación económica de ese sector de la población. Está enfocado en niños, niñas y adolescentes, personas indígenas, y personas pobres que vivan en municipios de alta marginalidad. 

En total, como parte del segundo informe de la cuenta 2020 que se presentó este jueves 28 de octubre, la Auditoría detectó solo en este programa social irregularidades por 96 millones 797 mil pesos que la Secretaría de Bienestar debe aclarar. 

Entre esas irregularidades, la ASF señaló que la dependencia repartió 77 millones 3747 mil pesos a 5 mil 3939 personas que no tenían vigente la CURP, o que era inválida, a pesar de ser uno de los requisitos establecidos en las reglas de operación.  Además, entregó otros 13 millones 393 mil pesos a más de mil personas que no tenían CURP, o que al menos no constaban en el padrón de beneficiarios. 

Por otra parte, se repartieron 2 millones 246 mil pesos a 324 personas que habían fallecido antes de 2020, entre febrero y diciembre de 2019. Y se dieron otros 2 millones 572 mil pesos a 662 personas que recibieron la beca después de la fecha de su defunción, ocurrida entre enero y agosto del ejercicio fiscal 2020. 

 La ASF también señaló que se apoyó a 21 personas con 176 mil pesos, a pesar de que tenían más de 67 años, la edad máxima establecida para ser beneficiario del programa. Y detectó que al menos 140 expedientes de beneficiarios carecen de uno o más documentos establecidos en las reglas de operación, lo cual limitó validar si esas personas recibieron las becas habiendo cumplido todos los criterios de elegibilidad y los requisitos de acceso. 

Esta es ya la segunda vez que la Auditoría hace señalamientos a este programa que está a cargo de la Secretaría de Bienestar. 

En un informe previo, la ASF señaló que durante 2019, el primer año de operación de la beca para personas con discapacidad, el programa presentó “deficiencias en su diseño e implementación” que provocaron que no se acreditara el cumplimiento de los objetivos para los que fue creado, que es contribuir a la igualdad y la disminución de pobreza de este sector. 

Además, también detectó irregularidades, como que se entregaron becas a más de 4 mil personas que rebasaban la edad máxima de 67 años para recibir la ayuda, o que en el padrón no se registró qué tipo de discapacidad tiene la persona que obtuvo la beca, ni las coordenadas geográficas de su ubicación, o que en más de mil casos no se incluyeron sus dos apellidos. 

El pasado 23 de septiembre, Animal Político publicó un reportaje sobre estas becas para personas con discapacidad. En la nota se dio a conocer que el Gobierno gastó tan solo en el primer semestre de este 2021 más de 10 mil millones de pesos. Sin embargo, el alcance del programa es realmente corto: dejó afuera a más de 4 millones 250 mil personas con discapacidad, y su rango de cobertura fue de apenas el 43% de la población objetivo. Es decir, que 1 de cada 2 personas que cumplían con los requisitos establecidos en las reglas de operación no la obtuvieron. 

Además, se trata de un programa opaco. Animal Político solicitó por transparencia las bases del padrón de beneficiarios de 2019, su primer año de operación, y comprobó que la mayoría de los conceptos, como la edad, localidad, o el tipo de discapacidad, están testados; es decir, vienen tachados y no se pueden analizar. 

Lee más: Becas por discapacidad: la mitad no logra obtenerla; servidores de la nación deciden

Más beneficiarios fallecidos 

La Auditoría también revisó el programa de apoyos para niñas, niños, e hijos de madres trabajadoras, otro de los considerados programas sociales ‘estrella’ de esta administración. 

En este caso, el órgano fiscalizador realizó en total observaciones por 7 millones 068 mil pesos que la Secretaría de Bienestar debe aclarar cómo se gastaron en este programa en 2020.

Entre esas observaciones, destaca que se beneficiaron a 114 madres, padres o tutores de 1 mil 293 niños con 7 millones de pesos sin que contaran con la CURP, que también es requisito señalado por las reglas de operación para acceder al programa. Tampoco se acreditó su identidad con la identificación oficial, con el acta de nacimiento de las niñas y niños, o bien con el comprobante de pago de los apoyos. 

Además, la ASF señala que se otorgaron apoyos por 470 mil pesos a 278 niñas y niños que habían rebasado la edad límite establecida en las reglas de operación, y se otorgaron otros 66 mil 800 pesos a 19 beneficiarios después de su fecha de fallecimiento. También faltan comprobantes y recibos de 64 pagos a 30 beneficiarios. 

Esta también es la segunda vez que la Auditoría hace señalamientos a este programa social. En un informe previo apuntó que durante 2019, también en el primer año de operación de la beca, la Secretaría de Bienestar no acreditó que los beneficiarios cumplieran con todos los requisitos de incorporación al programa, ni que se hubiera atendido de manera prioritaria a quienes habitaban en los municipios de alto rezago social, o en pobreza extrema.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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