Cuando Clara Tapia conoció a Jorge Iniestra, él solo era Jorge. Un hombre amable, comprensivo, cariñoso, y atento. No imaginaba ni en sus peores pesadillas que, años después, ese mismo hombre que la llamaba con dulzura ‘ñoña’ se convertiría en el ‘Monstruo de Iztapalapa’.
Clara no imaginaba que Jorge, condenado a 241 años de cárcel, se convertiría en su agresor y carcelero; que le cobraría ‘cuotas’ a cambio de darle información de sus hijas; unas jóvenes de 12 y 15 años a las que secuestró, alienó, y encerró en una casa donde las violó y agredió, hasta que en una de las golpizas asesinó a una de ellas y a una de las cinco bebés que tuvo con las hermanas.
Tampoco imaginaba que ella misma sería presentada y exhibida ante los medios como la cómplice del ‘monstruo’. Y que pasaría tres años en la cárcel, debido en buena medida a que Virginia Cruz Domínguez, una perita en psicología de la entonces Procuraduría de la Ciudad de México, decretó en un dictamen que Clara, en esencia, era una mala madre; una mujer que “debía mejorar su rol materno” de cuidadora, pues no habría hecho lo suficiente para proteger a sus hijas y a su hijo adolescente, que también sufrió las golpizas, vejaciones y explotación laboral a manos de Jorge, ignorando que Clara fue otra víctima sometida a maltrato físico y psicológico extremo por años.
Y menos aun imaginaba que luego de demostrar su inocencia y de ser absuelta tras un largo y tortuoso proceso judicial, en el que otras dos peritas en psicología desecharon el dictamen de la funcionaria de la Procuraduría, volvería a sentirse agraviada cuando se enteró de que esa misma perita por la que estuvo años encarcelada injustamente, no solo no fue sancionada, sino que en agosto de este año fue contratada precisamente por el máximo organismo defensor de derechos en el país: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según consta en el portal de transparencia de la CNDH, Virginia Cruz Domínguez es la “coordinadora general” de peritos. Cargo al que llegó a pesar de que su actuar fue señalado por la Comisión capitalina de derechos humanos, que en 2016 emitió una recomendación a la Procuraduría de la ciudad por violaciones a derechos humanos de Clara Tapia, que la institución aceptó en su totalidad estando obligada a ofrecerle una disculpa pública y a investigar a los funcionarios que violentaron sus derechos.
“Es absurdo que esa perito haya sido premiada con un puesto en la CNDH. Ella lo único que hizo fue aplicar sus prejuicios personales para realizar el dictamen de mi hermana, que fue encarcelada injustamente y exhibida ante los medios. Por eso, nos parece sumamente riesgoso que lo siga haciendo desde una institución a nivel nacional como la CNDH. ¿Cuántas personas se pueden ver afectadas por ella?”, cuestiona en entrevista Cruz Tapia, la hermana de Clara.
Animal Político buscó a la CNDH para solicitarle una postura o entrevista con la señora Virginia Cruz Domínguez. Pero, al momento de la publicación de este reportaje, no había ofrecido respuesta.
“Tienes que ganar puntos para poder ver a tus hijas”
La historia de Clara y Jorge comenzó en 2004. Después de dos relaciones fallidas en las que había procreado tres hijos, Clara sentía que Jorge era lo que necesitaba en ese momento para encauzar su vida sentimental.
“En ocasiones, era muy amable, muy comprensivo. Hasta me daba consejos. Me decía: “Usted dígame, ñoña, y yo le doy buenos consejos”, cuenta Clara, que relató por escrito el testimonio de las agresiones que padeció durante años.
Pero muy pronto las cosas comenzaron a torcerse.
“¿Que andas echando novio?”, solía inquirirle Jorge cuando, celoso, la veía platicar con los padres de familia de la escuela, los maestros, o con algunos de sus compañeros. Como resultado, Clara se fue alejando de la gente; de su familia, sus amigos, sus compañeros. De todos. “Puedo matar a cualquiera”, le decía amenazante Jorge. Al mismo tiempo, en la mente de Clara se fue forjando la idea de que su pareja era “una persona superior”, “una persona que tenía la razón en todo, un líder mucho más inteligente que yo, al que le creía todo”.
Pronto, Jorge comenzó a exigirle también que no se arreglara, que para qué. “Solo las personas blancas pueden tener buena apariencia”, le repetía a Clara, que usaba gorras para ocultar su rostro de tez morena.
“Empecé a sentirme como una niña más, como mis hijos. Jorge estaba al frente de todo y yo… yo era simplemente Clara”, expone la mujer, que comenzó a ser objeto de “castigos” como no recibir comida -en una ocasión, José Luis ‘N’, un testigo que trabajaba en la escuela primaria donde laboraba Clara, declaró a las autoridades que investigaron este caso haberla visto sacando “desperdicios de comida” de los botes de basura “para alimentarse”-.
Clara también fue obligada por su pareja a hacer trabajos extra recolectando cartón por las calles para entregarle una ‘cuota’. Y lo mismo hacía con su hijo Ricardo, de 11 años, al que obligó a dejar los estudios para explotarlo vendiendo dulces y a entregarle una cantidad fija de dinero todos los días.
Tiempo después, ya con la autoestima de Clara destrozada, y totalmente dependiente de él, Jorge se llevó a la casa de su madre en la alcaldía Iztapalapa a las dos hijas de su pareja, Rebeca y Gabriela, de tan solo 12 y 15 años.
Ahí, Jorge repitió el mismo proceso que con Clara: alternaba un trato cariñoso y seductor, con actos de violencia, golpes, prohibiciones, amenazas, y con incluso limitaciones para asearse e ir al baño. Al mismo tiempo, les decía que su madre las había abandonado, que no las quería ni mostraba interés por ellas, mientras que a Clara le decía que para darle información de sus hijas tenía que trabajar más y “ganar puntos”. “El título de madre se gana -le decía–. Y tienes que reunir puntos para ganarte ese derecho”.
Las adolescentes estuvieron secuestradas por años. Jorge las violó en reiteradas ocasiones. Con las dos tuvo cinco hijos durante el tiempo que las tuvo en cautiverio. Y las dos recibían agresiones constantes. Un día, la golpiza fue tan fuerte que Jorge asesinó a Rebeca, que ya tenía 17 años. También mató asfixiando a la bebé de tres meses de su hermana, de Gabriela. Según confesaría Jorge cuando fue detenido en septiembre de 2011, a las dos las colocó en bolsas y las abandonó en la autopista México-Puebla, donde fueron localizadas por autoridades que las identificaron con posteriores pruebas de ADN.
Finalmente, Clara, apoyada por su hermana Cruz Tapia, acudió con las autoridades de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para denunciar a Jorge por el secuestro de sus hijas, corrupción de menores, explotación laboral, violación y violencia familiar. En ese momento, desconocía que su hija Rebeca había sido asesinada dos años antes, en 2009.
Clara denunció el 27 de junio de 2011. Pero es la propia Clara y su hermana Cruz las que comienzan a seguir a escondidas a Jorge para ubicarlo en su domicilio. Y es hasta el 5 de septiembre, más de dos meses después, que los agentes ministeriales catean el inmueble de Jorge donde encontraron a la hermana sobreviviente, a Gabriela, y a los cuatro menores. Debido al lamentable estado en el que se encontraban, los medios publicaron ese día historias que hablaban de “la casa de los horrores” de Iztapalapa.
De víctima a imputada por un dictamen psicológico
Pero, poco antes del cateo, el 31 de agosto de 2011, la perita en Psicología Virginia Cruz, adscrita a la Subdirección de Servicios Médicos y Asistenciales de la Procuraduría capitalina, le practicó una valoración psicológica a Clara Tapia.
En su dictamen, la perita concluyó que Clara provenía de un núcleo familiar “con patrones de violencia, abandono y descuido, carencias afectivas significativas”, por lo que presentaba “un patrón de comportamiento permisivo, tolerante, que dejó expuesto en riesgo constante a sus menores hijos”. De ahí que solicitó que Clara recibiese “tratamiento psicológico, con el objetivo de mejorar su rol materno”, puesto que ella, a diferencia de sus hijas, sí habría tenido alternativas para ponerle fin a los maltratos, según la psicóloga.
A la postre, este dictamen, que de acuerdo con la familia carecía de perspectiva de género, sería clave para el encarcelamiento de Clara, tal y como expone la Comisión capitalina en su recomendación 6/2016.
Tras el cateo al inmueble de Jorge, la joven rescatada, Gabriela, después de años de abusos y alienación parental, declara lo que tantas veces le había repetido su padrastro: que su madre las había abandonado hace años. Mientras que el propio Jorge, tras su detención, acusó a Clara como su cómplice.
De acuerdo con lo documentado por la Comisión capitalina, a partir del dictamen de la perita Virginia Cruz, la declaración de Jorge, y la declaración de Gabriela, la Procuraduría también denunció a Clara por corrupción de menores.
Es decir, Clara pasó de víctima a imputada. Y al día siguiente del cateo, el 6 de septiembre, cuando se presentó en el Ministerio Público en calidad de víctima denunciante para reconocer a Jorge y al resto de detenidos -dos hermanos y la madre-, también fue detenida como probable responsable.
Ese mismo día, su rostro fue exhibido ante los medios de comunicación. Incluso, en octubre, el entonces procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera -a la postre jefe de gobierno de la ciudad- apareció en un programa televisivo en el que acusó a Clara Tapia de haber permitido los abusos contra sus hijas.
El 6 de octubre de 2011, Carlos Morales García, juez sexagésimo cuarto penal, dictó formal prisión a Clara Tapia. En su argumentación, tomó como válida el peritaje de la funcionaria Virginia Cruz, al considerar que Clara “no hizo nada para evitar o interrumpir, o frenar, las agresiones”.
Nuevos peritajes absuelven a Clara… 3 años después
Luego de mover cielo y tierra, Cruz, la hermana de Clara, consiguió con el apoyo de abogados pro bono y de organizaciones civiles, que en enero de 2012 el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVI) realizara otros estudios psicológicos a Clara Tapia y a su hijos Ricardo y Gabriela.
Sobre Clara, el nuevo dictamen psicológico establecía que el agresor, Jorge, había generado “un proceso de indefensión y de sumisión en Clara, vulnerando su sentido de identidad, dejándola sin voluntad, ni vida propia”.
De hecho, el dictamen establecía que la mujer había desarrollado el Síndrome de la Mujer Maltratada, generando en ella una “visión completamente distorsionada de la realidad” que la llevaba afrontar la violencia de su expareja como algo “normal”. Mientras que, en el caso de Gabriela, la joven había desarrollado el ‘Síndrome del Estocolmo’, motivo por el que declaró en contra de su madre; declaración que terminó retirando.
Pero Clara aun pasó años en prisión. El 23 de octubre de 2013, dos años más tarde, se llevó a cabo una ‘audiencia de peritos’, en donde dos peritas en Psicología de la Dirección de Servicios Legales y de la Defensoría de Oficio expusieron su inconformidad con las conclusiones de la perita de la Procuraduría, Virginia Cruz. Las dos peritas expusieron que Virginia Cruz no tuvo en cuenta que el comportamiento de Clara estaba fundamentado “en un síndrome de maltrato” producto de años de agresiones físicas y psicológicas.
El 3 de octubre de 2014, el mismo juez Carlos Morales García, a partir de estas nuevas conclusiones periciales, dictó absolver a Clara Tapia, que salió libre después de tres años presa. En su argumentación, el juez dijo que era “notorio” que Clara “carecía de voluntad y de autonomía”.
“Exigimos a la CNDH su inmediata destitución”
Han pasado siete años de que Clara despertó de la pesadilla. Pero doña Cruz Tapia, su hermana, dice que la reparación del daño no está ni lejos de cumplirse.
En la recomendación 6/2016, la Comisión de derechos humanos capitalina instruyó a la Procuraduría de la ciudad para que “realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad”. Y la instruyó también para que realizara un análisis de la indagatoria que llevaron a cabo sus funcionarios en el caso de Clara Tapia, “y en caso de encontrar irregularidades” inicie las investigaciones administrativas o penales correspondientes.
Sin embargo, Cruz Tapia lamenta que “hasta ahora no hemos tenido la reparación integral del daño”. “La recomendación ya fue aceptada por la Procuraduría, y si fue aceptada es porque admiten que violentaron los derechos de mi hermana”, expone. Por ello, Cruz no entiende por qué la CNDH contrató a la perita Virginia Cruz.
“Ella forma parte de esa recomendación. Por ello, lo que esperamos es que sea destituida de la CNDH inmediatamente, y que, como establece la recomendación, sea investigada y sancionada”, añade la señora Cruz, que hace hincapié en que “la contratación de Virginia por la CNDH vulnera nuestro derecho a la justicia, a la reparación del daño, y revictimiza a toda la familia”. El 22 de octubre, Cruz Tapia envió un escrito a la CNDH denunciando este caso y exigiendo la destitución de la perita, mismo que aun no obtuvo respuesta.
Por su parte, Héctor Pérez Rivera, abogado defensor de Clara y coordinador de la Clínica de Litigio Penal contra Violaciones Graves de Derechos Humanos del ITAM, también hizo énfasis en que Clara Tapia pasó tres años presa “a partir de un peritaje estereotipado y carente de perspectiva de género”.
“La técnica de la Perita fue pésima. Y su ética también está cuestionada. Y eso es algo por lo que la CNDH debería de pronunciarse”, señala el abogado.
El pasado 24 de septiembre, la Clínica de Litigio Penal del ITAM envió otro escrito a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, en el que le muestra su “preocupación” por la contratación de la perita. “Esperemos se tome en consideración este antecedente y se procure contar con personas especializadas y sensibles ante los hechos victimizantes”, solicita la Clínica del ITAM.
