La lluvia que cayó sobre Tula entre el 6 y 7 de septiembre no fue atípica como para provocar el desbordamiento del río y la inundación de la ciudad, como han insistido funcionarios de todos niveles, como el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hubo otros factores que detonaron la inundación en Tula: primero, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), que operan el sistema de drenaje del Valle de México, decidieron expulsar aguas pluviales y aguas negras hacia el río Tula para evitar la inundación de la capital y municipios conurbados, como confirma información oficial consultada por Animal Político.
Pero además, las presas del sistema hidrológico de Tula estaban llenas más allá de su capacidad, lo que contraviene protocolos oficiales; y el actual gobierno federal no efectuó las medidas de ampliación y corrección del río Tula recomendadas por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) desde 2017 para que su cauce soporte las aguas enviadas por la CDMX mediante sus túneles emisores.
Bitácoras a las que tuvo acceso este medio sobre la aplicación del Protocolo de Operación Hidráulica del Valle de México demuestran que, entre las 9:05 de la noche del lunes 6 de septiembre y hasta las 2:00 de la madrugada del martes 7 de septiembre, el sistema de drenaje operado por Conagua, Sacmex y CAEM bombeó aguas pluviales y residuales hacia el río Tula.
El periodo en el que estuvo activo el Protocolo coincide con el momento de la inundación en la ciudad de Hidalgo. Las familias que viven en los bordes del río señalan que el desbordamiento ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche del lunes, mientras que en el Hospital General de Zona Número 5 del IMSS, ubicado a 100 metros de la orilla, la inundación comenzó aproximadamente a las 0:30 horas de la madrugada del martes.
Al sistema de drenaje del Valle de México lo gestiona la Comisión Metropolitana de Drenaje, constituida por representantes de la Federación, a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Conagua; la CDMX, a través Sacmex, y el Estado de México, a través de la CAEM, según su Manual de Diseño Estructural y Funcional.
La Comisión Metropolitana está facultada como máxima autoridad en materia de operación del sistema de drenaje y control de inundaciones ante fenómenos extremos, y, según el manual, toma decisiones por consenso de las partes con voz y voto, las cuales adquieren el carácter de obligatorias cuando son unánimes.
Aun cuando Hidalgo recibe las descargas de aguas negras y pluviales acumuladas en la CDMX y el área metropolitana, su gobierno estatal no está representado en la Comisión, confirmaron a este medio autoridades de la entidad.
En la mesa tienen un asiento sin voto representantes de la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, ninguno de los cuales estuvo presente el 6 de septiembre, según se desprende del acta obtenida por Animal Político.
La Comisión se rige por un “Protocolo de Operación Conjunta del Sistema Hidrológico del Valle de México”, que se elabora para la temporada de lluvias de cada año y que es suscrito por todas las autoridades participantes.
En fuentes públicas está disponible el convenio de operación elaborado para 2019, en el que ya estaba considerada la entrada en operación del TEO a finales de ese año.
El Protocolo establece cómo deben administrarse las 28 estructuras del sistema de drenaje (compuertas de captación y desfogue, emisores profundos, plantas de bombeo, colectores, lagunas de regulación) bajo estrictas condiciones con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, inundaciones en el Valle de México.
El documento instruye que, ante pronósticos de lluvias severas —que deben ser emitidos por el Sistema Meteorológico Nacional de la Conagua con tres horas de anticipación—, se debe garantizar que los sistemas de regulación del drenaje metropolitano estén vacíos o en proceso de vaciado para que, al momento de la lluvia, se encuentren en condiciones de capacidad de regulación.
José Luis Luege Tamargo, quien fue titular de la Conagua en la administración de Felipe Calderón, explica que la consigna de la Comisión Metropolitana de Drenaje es “aguantar” al máximo el llenado de los sistemas de la CDMX durante una tormenta antes de expulsar las aguas pluviales y residuales hacia Tula.
El lunes 6 de septiembre, ante la magnitud de las lluvias en el Valle de México, de 15 mm en promedio, el Protocolo de Operación Hidráulica se activó, de acuerdo con la documentación consultada.
En una entrevista con Milenio, el director de la Conagua en Hidalgo, Eleazar Saucedo, dijo que, ese lunes, el Túnel Emisor Oriente y el Túnel Emisor Central operaron a su máxima capacidad, y desalojaron entre 220 y 270 metros cúbicos por segundo al río Tula.
En el caso específico del Túnel Emisor Oriente, inaugurado por el gobierno de López Obrador en diciembre de 2019, se puso en acción aún cuando autoridades sabían que las obras recomendadas por Semarnat para evitar el desbordamiento del río Tula no se han realizado.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Obras y acciones de protección contra inundaciones sobre el río Tula ante la descarga del Túnel Emisor Oriente”, promovida por la Conagua en 2016 y de la que este medio posee copia, establece que, previo a la entrada en operación de dicha instalación, se debían revestir de concreto 12 kilómetros del río y rectificar otros 7 kilómetros.
Para llevar a cabo las obras, era necesario el cambio de uso de suelo en 9 hectáreas de vegetación del Bosque de Galería, se talarían 3 mil 631 árboles ahuehuetes de 27 metros de altura y se impactaría la fauna local.
La Semarnat autorizó la obra en enero de 2017, ordenando a la Conagua implementar medidas de mitigación de daños ambientales, que incluían reforestar, instalar viveros y reubicar especies de flora y fauna.
La MIA señala que las obras debían ejecutarse “previo a la entrada en operación de la descarga del TEO, con la finalidad de evitar inundaciones a lo largo de su cauce y a su cruce con las ciudades de Cruz Azul (Jasso) y Tula”.
Las obras nunca se llevaron a cabo; lo mismo ocurrió con la recomendación de reubicar a decenas de familias que construyeron irregularmente sus casas en los bordes del río con la anuencia de diversas administraciones municipales, algo prohibido por la Ley de Aguas Nacionales, que establece que esas franjas, que pueden ir de los 10 a los 100 metros, son de propiedad federal y no de la competencia de los ayuntamientos.
Las presas de Hidalgo estaban a reventar
En la conferencia matutina del 9 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que un factor que provocó la inundación del centro de Tula era que las presas aledañas estaban llenas, debido a que hubo “mucha lluvia”.
“En efecto, se rebasaron las presas más allá de su capacidad, esto fue lo que provocó la inundación y el que se salieran de cauce los ríos en el caso de Tula, ahí el río pasa en el centro de la ciudad. (…) El desbordamiento del río Tula se debió a eso, a que estaban totalmente llenas las presas, hubo mucha lluvia, muchísima lluvia, y ahí donde está el hospital el cauce es bastante angosto, es más angosto y ahí no resistió, y ahí se produjo mayor inundación, es el centro de la ciudad”.
Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestran que las lluvias de la primera semana de septiembre no fueron atípicas, sino precipitaciones previstas en el pico de la temporada de ciclones tropicales e inundaciones. Pero, además, las presas del Valle de México e Hidalgo no debían estar llenas, según los protocolos que rigen la operación del sistema de desagüe de la CDMX y, concretamente, del TEO.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Emisor Oriente, autorizada en 2017 por la Secretaría de Medio Ambiente, estableció que la Conagua debe garantizar que la presa Requena esté suficientemente vacía para que el afluente pueda ser arrojado por el TEO.
El documento indica que, “ante la presencia de algún fenómeno meteorológico extremo”, de acuerdo con el pronóstico del SMN, emitido con dos o tres días de anticipación, se debe mantener en la presa un espacio libre o una “reserva” para almacenar entre 2.5 y 5 millones de metros cúbicos de agua durante la tormenta, lo que permitiría a la Requena aguantar hasta 48 horas sin ser desfogada, a fin de que su flujo no se sume a las emisiones enviadas por la CDMX. Esa misma recomendación está incluida en el documento Acciones de infraestructura de drenaje y abastecimiento de agua en el Valle de México, elaborado por la Conagua en 2012.
El actual director general de la Conagua, Germán Martínez, sostuvo que desde el 5 de septiembre se había estado controlando el volumen de almacenamiento de la Requena, pero el desfogue no fue suficiente, conforme datos oficiales.
Según el monitor de presas de la propia Conagua, la Requena no sólo no tenía la reserva de almacenamiento fijada por la Semarnat, sino que, incluso, estaba arriba de su capacidad NAMO (Nivel de Aguas Máximas Ordinarias).
El NAMO de la presa es de 41 millones de metros cúbicos. Para el 4 de septiembre —dos días antes de la inundación de Tula—, estaba 102% arriba de su capacidad; el 5 de septiembre, a 104%; el lunes 6 de septiembre —el día de la inundación—, a 113%. Entre el martes 7 y el miércoles 8, la presa llegó hasta 131% sobre su NAMO.
La situación de Tula se agravó el 6 y 7 de septiembre debido a que no sólo la Requena estaba llena más allá de su límite, sino también las presas Endhó y Taxhimay, que forman parte del mismo sistema de regulación. Entre el 2 y el 6 de septiembre, la primera tuvo niveles de llenado de entre 103 y 104% arriba de su NAMO, mientras que la segunda, en el mismo periodo, pasó del 92 al 100%.
Tal fue el nivel de llenado que la misma madrugada del 7 de septiembre fueron desfogadas las presas Requena y Endhó porque ya no pudieron contener más agua, lo que representó una carga adicional al afluente del río Tula.
Los datos oficiales disponibles sugieren que el gobierno federal no desfogó con suficiente anticipación, ni a un nivel adecuado, las presas de Hidalgo ante las lluvias que se avecinaban, como instruye la MIA de la Semarnat, a pesar de la advertencia del SMN.
Dean Chahim, ingeniero civil y antropólogo experto en el funcionamiento del sistema hidrológico del Valle de México, corroboró con datos de la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) que entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre hubo lluvias ligeras a medianas en la subcuenca Requena (el 4 de septiembre prácticamente no llovió), lo que le hubiera permitido a la Conagua desfogar los niveles de la presa; sin embargo, sus niveles no bajaron (al contrario, subieron), lo que, a juicio del especialista, indica que la autoridad no tomó las medidas de precaución necesarias ante la fuerte lluvia que vendría el 6 de septiembre.
“Parece que Conagua decidió no desfogar la presa Requena a pesar de que no presentaba lluvias en la cuenca del Valle del Mezquital; es decir, hubiera sido buen momento para aprovechar y disminuir los niveles en la presa. (Hubo) una serie de decisiones a lo largo de ocho días antes del desastre de dejar que siguieran subiendo los niveles en las presas en el Valle del Mezquital”, indica en entrevista.
Ni alertamiento ni evacuación oportunos
Dos días después del desbordamiento del río Tula, el 9 de septiembre, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, aseguró, delante del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la población del municipio había sido alertada del riesgo de inundación al que estaba expuesta, y que incluso hubo evacuaciones desde el lunes 6 de septiembre que permitieron reducir el impacto de la tragedia.
Los damnificados, en cambio, afirman que no vieron ni escucharon por ningún medio un aviso de que el río fuera a desbordarse, y tampoco conocen o saben de alguien que hubiera sido evacuado.
“Nos agarró durmiendo a todos, eran como las 10:30 (de la noche) cuando empezó a salir el agua. (…) No tardó ni una hora para inundarse, como en unos 30 minutos ya había tapado todo, no dio tiempo ni para sacar documentos, sacar ropa, nada, lo único que me dio tiempo es de sacar a mi hija, a mi hermana, y nos subimos al cuartito de la azotea”, recuerda América Ramírez.
La información oficial lo confirma. Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Marina, por ejemplo, dijeron a Animal Político que el 6 de septiembre no recibieron ninguna solicitud de auxilio a la población desde la CNPC ni de alguna otra autoridad.
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De los boletines y avisos que fueron emitidos por parte de Conagua y la CNPC, y que fueron obtenidos con solicitudes de información pública, también se advierte que no se alertó directamente sobre la gravedad del riesgo que enfrentaba la población el 6 de septiembre. En las cuentas de redes sociales de las autoridades tampoco reportaron claramente el peligro.
Fue hasta la madrugada del martes 7, cuando el río ya se había desbordado y cientos de viviendas e inmuebles en Tula se habían inundado, incluyendo el hospital del IMSS, que instituciones de los tres niveles de gobierno respondieron a la emergencia: sus canales de comunicación se activaron y decenas de funcionarios y elementos de rescate se movilizaron al lugar de los hechos.
Según Conagua, se alertó “puntualmente” al gobierno de Hidalgo de “lluvias extraordinarias” mediante el oficio B00.8.216 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El documento reportó que en el estado habría lluvias fuertes –que no extraordinarias— (de 50 a 75mm) y posible caída de granizo. El oficio también señaló posibles deslaves e inundaciones en zonas de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Nada particular sobre Tula.
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Esa circular se mandó a los gobernadores de todas las entidades –incluido Omar Fayad mandatario de Hidalgo—, así como a directivos de Conagua.
No hay constancia de que ese alertamiento fuera enviado a la Dirección de Protección Civil de Tula o al IMSS, en cuyo Hospital General de Zona Número 5 murieron 14 personas a causa de la inundación.
“Desafortunadamente, ni el personal directivo del hospital, ni la jefatura de Prestaciones Médicas ni la Delegación de Hidalgo fueron advertidos, ni oficial ni informalmente, del fenómeno y de su potencial”, denunció el director general del IMSS, Zoé Robledo, en una entrevista televisada.
Las comunidades que viven cerca del río Tula y las autoridades locales debieron ser alertados, pero no de un simple pronóstico de lluvias fuertes o de que podría subir el nivel del afluente, sino, concretamente, de que se iba a activar el Protocolo de desagüe de la CDMX, con el añadido de que las presas de regulación estaban más allá de su capacidad, lo que representaba un riesgo inminente de inundación, de acuerdo con especialistas y exfuncionarios de PC. Pero eso no sucedió.
A las 18:43 horas del lunes 6 de septiembre, el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil (Cenacom) de la CNPC envió a los correos de titulares de Protección Civil estatales —entre ellos el de Hidalgo, Enrique Padilla Hernández— la “Nota Informativa No. 80 Sobre Posibles Zonas de Inundación”.
En el caso de Hidalgo —y otras 12 entidades—, la CNPC informó a la unidad estatal de Protección Civil que en la entidad se esperaban lluvias fuertes de 50 a 75mm, “generando el posible desbordamiento de arroyos o ríos e inundaciones”. Esa fue la única referencia a un riesgo de inundación.
En otro apartado, la CNPC señaló que, debido a lluvias de días pasados y conforme al pronóstico de ese 6 de septiembre, se debía mantener vigilancia en la cuenca de varios ríos, sin mencionar al de Tula.
Cuando mucho, la CNPC incluyó un mapa en el que marcó como “puntos críticos” algunas zonas de Hidalgo aledañas al río Tula, sin precisar nombres de comunidades en riesgo. El boletín añadió esta recomendación: “Mantener estrecha vigilancia y, de ser necesario, implementar medidas de prevención, como avisos a la población, y considerar la posible evacuación de personas cuyas viviendas se ubican en las márgenes de ríos, barrancas o cuerpos de agua”.
El boletín recomendaba también vigilar los cruces y caminos en ríos, la infraestructura hidráulica y “las zonas metropolitanas y principales ciudades” de varios estados, incluido Hidalgo, sin mayor detalle. El aviso cerró con la siguiente advertencia: “En caso de que el pronóstico de precipitación se cumpla y se rebasen los umbrales de lluvia de los municipios identificados, puede ocurrir desbordamiento de ríos y arroyos, así como inundaciones importantes, principalmente en los puntos críticos identificados”.
Ninguno de los ríos que señaló el boletín de la CNPC se desbordó ese lunes 6 de septiembre. En cambio, la precipitación pluvial en Hidalgo estuvo en el rango previsto (de 70mm) y el río Tula sí se desbordó.
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La CNPC mandó a los titulares de PC de los estados, también, el oficio SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGPC/01019/2021, mediante el cual les pidió activar “los protocolos correspondientes para alertar a la población en su entidad federativa y salvaguardar su integridad, manteniendo una estrecha comunicación con las dependencias integrantes de su Consejo Estatal de Protección Civil y los Sistemas Municipales de Protección Civil, permaneciendo al pendiente de los alertamientos que continúe emitiendo la CNPC en coordinación con el SMN de la Conagua”.
Aunque de manera general, es un hecho que el titular de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo, Enrique Padilla Hernández, recibió oficios de la CNPC donde se le alertó de lluvias fuertes en la entidad y se le recomendó implementar medidas de prevención y avisos a la población. La institución a su cargo no hizo nada.
Las cuentas de redes sociales tanto del funcionario como de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, de la que depende la Unidad de PC, estuvieron inactivas antes y durante el 6 de septiembre y no emitieron alertas a la ciudadanía de Tula. Tampoco hubo perifoneos oportunos en las colonias afectadas, de acuerdo con testimonios de damnificados.
Fue hasta la madrugada del 7 de septiembre, alrededor de las 3:00 horas, cuando la inundación en Tula ya estaba en curso, que la Secretaría de Gobierno informó que se había instalado el Comité Estatal de Emergencias con la presencia de representantes de los tres órdenes de gobierno.
Este medio solicitó posicionamiento a la dirección de Comunicación Social de Hidalgo y al secretario de Gobierno, Simón Vargas, pero las peticiones no fueron atendidas.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tula informó el viernes 3 de septiembre, en su página de Facebook, que ese día podía haber un desbordamiento del río Tula, con base en información de la Conagua. El 6 de septiembre no hizo ninguna publicación del tema, y fue hasta las 23:14 horas que publicó un listado de los albergues a los que podría acudir la población afectada.
