Registros solo cuentan 43 migrantes desaparecidos en México
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Alberto Pradilla

¿Cuántos migrantes desaparecieron en México? Los registros oficiales dicen que solo 43

Familiares de personas en tránsito a EU desaparecidas o víctimas de masacres en México se reúnen con comité de la ONU. Confían en que la Mesa de Trabajo de Búsqueda se ponga en marcha.
Alberto Pradilla
22 de noviembre, 2021
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Bertina Parada, de 62 años, vio por última vez a su hijo, Carlos Alberto Osorio Parada, hace una década. El joven, de 27 años, partió de Sonsonate, El Salvador, con destino a Estados Unidos. Nunca logró su objetivo. Tomó un autobús de Monterrey a la frontera y en algún punto del trayecto alguien lo interceptó y le obligó a bajarse.

Su cuerpo se encontró en las fosas clandestinas descubiertas en abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas. Dos años después, la mujer recibió la noticia: su hijo era uno de los 196 cuerpos encontrados en aquel lugar convertido en símbolo del horror sufrido por los migrantes en su trayecto a través de México.

“Yo ahora lo que pido es justicia y saber la verdad”, dice Parada, que el 19 de noviembre participó en una ofrenda floral en el antimonumento dedicado a los 72 asesinados en San Fernando en 2010 y al resto de migrantes muertos en la ruta. Junto a ella, familiares de centroamericanos que desaparecieron en su camino hacia Estados Unidos. Algunos, como el hondureño Javier Soto, llevan casi 20 años sin ser localizados. De otros, como la salvadoreña Glenda Medrano Solórzano, muerta en la masacre de los 72, sólo pudieron identificarse los restos. 

Parada pudo enterrar a su hija. Lamenta que, a día de hoy, no hay una sola condena por aquellos hechos. “Las autoridades, la fiscalía, deben poner personal para que investiguen”, se queja. 

Leer más | México cambió trato a migrantes por presiones de EU, dicen Eurodiputados

Los migrantes desaparecidos en su camino hacia Estados Unidos son otra de las asignaturas pendientes dentro de la crisis que sufre el país. Una delegación con familiares procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala visitó México esta semana, donde mantuvo encuentros con el comité de la ONU contra la desaparición forzada y con diversas autoridades. Un tema fundamental: la puesta en marcha de la Mesa para la Búsqueda de Personas Migrantes, cuya creación fue anunciada el 10 de noviembre. 

La Mesa de Trabajo es una iniciativa de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que ha sido aplaudida tanto por colectivos como por instancias internacionales. En principio, facilitará la coordinación entre CNB con comisiones de búsqueda estatales, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Fiscalía General de la República (FGR), Instituto Nacional de Migración (INM) y otras instituciones. Además, deberá agilizar trámites como el inicio de la búsqueda en vida o las visas humanitarias para los familiares de víctimas de delito.

En 2015 se aprobó el Mecanismo de Apoyo Exterior, un protocolo destinado a apoyar la búsqueda de migrantes desaparecidos. Sin embargo, siempre se quedó corto por la poca participación institucional. 

Mejorar este sistema es uno de los retos a corto plazo para la Mesa de Trabajo. 

También hay otros asuntos pendientes. 

El primero de todos: disponer de una estimación clara sobre cuántas personas migrantes han desaparecido en México. 

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que existen más de 94 mil 700 personas a quienes se busca. De ellas, 2 mil 621 son extranjeras y otras 20 mil 876 están registradas como “sin nacionalidad de referencia”.

Como “migrantes” están registradas únicamente 43 personas, entre desaparecidas y no localizadas. La cifra es aún más baja si hablamos solo de migrantes en condición irregular. Según el registro de la CNB, solo hay 6 migrantes indocumentados que desaparecieron en México desde 1965.

Esta base de datos se realiza con las aportaciones de las fiscalías, tanto federal como de los estados, así como de las comisiones de búsqueda y las familias. Solo en las fosas en las que se encontró el cuerpo de Carlos Alberto Osorio Parada se hallaron 66 cuerpos que todavía están por identificar. Así que parece evidente que existe un subregistro importante. 

“Debemos tener un número de personas migrantes desaparecidas”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización que acompaña a familias de víctimas de masacres como las de San Fernando o Cadereyta. 

Delgadillo enumeró también otras tareas urgentes: la primera, que la Mesa de Búsqueda sea eficaz en su funcionamiento y se coordine con las autoridades de los países expulsores, como Guatemala, Honduras o El Salvador.

La segunda, que se ponga en marcha un mecanismo especial con apoyo de la ONU para investigar las masacres contra migrantes. “No se está investigando al Estado mexicano como responsable, se puede hacer en la FGR con apoyo de la ONU”, dijo.

La tercera, apoyo forense para la identificación de restos. Y por último: “No podemos permitir que una madre más se muera sin saber dónde está su hijo”.

Es lo que le ocurrió a Leonor Colindres, madre de Javier Soto, migrante hondureño desaparecido en tránsito en 2003 y quien todavía no ha sido localizado. Jessica, su hermana, pidió a las autoridades mexicanas que “hagan que se respeten sus derechos”. 

La visita del comité de la ONU contra las desapariciones forzosas es vista como una oportunidad por las familias tras años de abandono institucional.

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La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
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La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

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Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


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