Plataforma México en riesgo de colapso por fallas y malos manejos
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Cuartoscuro

Plataforma México en riesgo de colapsar: equipos obsoletos, falta de mantenimiento y problemas de seguridad

Una auditoría especializada revela graves deficiencias y descuidos del centro donde opera este sistema, desde falta de actualizaciones, hasta instalaciones deterioradas.
Cuartoscuro
2 de noviembre, 2021
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Plataforma México, la base de datos contra el crimen más importante del país, fundamental para la coordinación e intercambio de información delictiva entre más de 2 mil 400 corporaciones policiales de todos los niveles está al borde del colapso.

Equipos obsoletos que datan de más de una década y no han sido renovados, trabajos de supervisión y mantenimiento insuficientes, controles de los accesos y contraseñas inadecuados, falta de almacenamiento para guardar los nuevos datos y alarmas inservibles son algunos de varios factores que ponen en serio riesgo la seguridad y operatividad de este sistema de información anticrimen.

Incluso sistemas tan elementales como los detectores de humo para prevenir posibles incendios en el sitio donde están instalados los servidores o los dispositivos para extinguir fuego no funcionan desde hace años. Son equipos obsoletos que no se han renovado.

“Existe el riesgo de interrupción de la infraestructura que podría afectar la continuidad operativa de la Plataforma México, para prestar sus servicios a los tres niveles de gobierno en las actividades de seguridad pública del país”, concluye una auditoría especializada practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de su análisis de la cuenta pública 2020.

A esto se suman, además, irregularidades en la contratación y pagos de servicios relacionados con estos equipos tecnológicos que representan un posible desvío superior a los 42 millones de pesos.

Leer más | Seis años de desvíos quebraron a Policía Federal; fraude supera los 2 mil 650 millones de pesos

La responsabilidad de todo esto, señala la ASF, recae en la actual administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) encabezada por Rosa Icela Rodríguez y previamente por el hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Su gestiones, señalan los informes, “no ha cumplido con las disposiciones legales y normativas aplicables”.

En el informe de resultados de la auditoría número 89-B los especialistas identificaron como uno de los mayores riesgos las condiciones en las que opera el sistema encargado de capturar y procesar decenas de miles de registros biométricos que son ingresados dentro de Plataforma México. Se trata del llamado “Servicio Administrado del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS)”.

Dicho sistema, cuyo funcionamiento es crítico y vital, opera —de acuerdo con la revisión— con equipos cuya tecnología data de 2010 y que para este punto ya se consideran obsoletos, una situación que de inicio “podría afectar la integridad y disponibilidad de la información relacionada con la captura y consulta biométrica del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares”.

Para operar y supuestamente actualizar este sistema la SSP firmó un contrato con una empresa denominada Idemia Identity & Security France S.A.S a través de una adjudicación directa. La contratación, señalaron los auditores, es irregular porque según la dependencia esta era la única compañía que podía cumplir con ese servicio lo cual es falso. Sin embargo, se identificaron al menos tres proveedores más que podrían haber brindado dicho servicio, pero ni siquiera hubo un estudio real de ese mercado.

Se trató de una adquisición desventajosa ya que, pese a tratarse de los mismos servicios que se habían dado antes, la SSPC pagó mas por menos. El contrato se fijó en una tarifa de 799 mil pesos mensuales por el mantenimiento de solo 43 estaciones de servicio, mientras que el contrato del sexenio pasado (firmado por la Secretaría de Gobernación) era de 361 mil pesos para el mantenimiento de 121 estaciones.

Pero mas allá de eso, los auditores confirmaron que la nueva empresa siguió trabajando sobre los mismos equipos y tecnología de hace mas de una década sin que hubiera sustitución o actualización de estos. Son equipos que, como se pudo verificar en la revisión, evidencian riesgos de fallas o interrupciones en toda la plataforma.

Uno de los componentes del sistema, denominado Sistema de Información Criminal, ni siquiera pudo ser verificado debido a que no estaba en funcionamiento por “fallas en el sistema eléctrico”.

Sumado a todo lo anterior la ASF identificó que la empresa contratada presentaba irregularidades en su situación fiscal por lo que procedió a denunciarla ante el SAT debido al posible riesgo de que se estén cometiendo delitos de evasión o defraudación.

Servicios incompletos o fantasma

Al continuar con la revisión los auditores revisaron otro contrato relacionado con el mantenimiento y servicio de los equipos informáticos el cual fue firmado en 2020 y cuya vigencia se fue extendiendo hasta julio de este año. El monto de dicho contrato alcanza los 130 millones de pesos.

Entre los hallazgos destaca que no hay pruebas de que realmente se hayan llevado a cabo diversos servicios relacionados con las bases de datos ni tampoco se encuentran las memorias técnicas, por lo que los auditores presumen que dichos servicios no se llevaron a cabo realmente

Y la contratación fue irregular ya que se identificaron aumentos de precios injustificables por más de 43 millones de pesos respecto a exactamente los mismos servicios que se habían pactado con Gobernación, cuando Plataforma México estaba a cargo de su administración.

La ASF también identificó serias anomalías en torno al supuesto desarrollo de una versión actualizada de los sistemas de procesamiento biométrico de Plataforma México que son indispensables para el análisis y cruce de más de 9.5 millones de registros de huellas dactilares, 2.8 millones de datos biométricos faciales, y 780 mil registros de voz.

Predominan las irregularidades: No hay evidencias de servicios realizados o estos están incompletos, las licencias que tendrían que haberse trabajado están por debajo de las prometidas, los motores de procesamiento de información no se han acabado de desarrollar y, por lo tanto, tampoco funcionan. Faltan hasta las licencias de uso de varias de las soluciones tecnológicas implementadas.

Se trata de un conjunto de fallas que, de nueva cuenta, representan un riesgo para la estabilidad operativa de Plataforma México.

“Se identificaron deficiencias en el análisis costo-beneficio, planeación, construcción, implementación y operación del desarrollo del motor biométrico, las cuales se deben solventar para evitar la degradación de la plataforma que presta servicios a la seguridad pública nacional de los tres niveles de gobierno”, señala el informe de la ASF.

Una plataforma insegura: fallas en todos los niveles

Además de las deficiencias en temas de actualización de equipos y servicios de mantenimiento, la ASF identificó anomalías en temas relacionados con la seguridad con la que trabaja el Centro Nacional de Información Plataforma México, tanto en aspectos informáticos como en lo relacionado con la integridad física de los equipos, situación que también contribuye a que haya riesgo en la continuidad de sus operaciones

Por ejemplo, el informe los auditores destaca que la Red Nacional de Telecomunicaciones y de Radio difusión sobre las que opera la plataforma no están soportadas en ningún sitio alterno, situación que genera un riesgo para la continuidad del servicio en caso de que se presente alguna contingencia.

En 2019 el centro de datos alterno de Plataforma México presentó una falla importante en el sistema de almacenamiento de información y en sus servidores virtuales. Como consecuencia es necesario instalar actualizaciones y nuevos programas en dicha plataforma alterna para garantizar su operación segura, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Los auditores también advirtieron que la Secretaría de Seguridad no proporcionó planes de prueba y de restauración de respaldos que son vitales para garantiza la continuidad de operaciones del Centro Nacional de Información Plataforma México, sobretodo ante el riesgo de alguna contingencia.

En cuanto al resguardo físico del complejo donde se ubica la plataforma, la ASF señaló que tanto al SSPC como la Guardia Nacional son corresponsables de la seguridad del complejo, de su administración, de los accesos a las instalaciones y de sus equipos. No obstante, no se cuenta con ninguna certificación nacional o internacional que avale que la seguridad implementada es la adecuada.

Pero además se detectaron múltiples anomalías: equipos magnéticos almacenados en sitios inadecuados, pisos y pasillos con notable deterioro que evidencian un descuido en el mantenimiento, alarmas visuales y audibles en las puertas que no están operando, sistema de videovigilancia que no ha recibido mantenimiento en más de un año.

Y se pone peor: “Los sistemas de detección de humo por aspiración de alta sensibilidad, así como los detectores de humo y calor se encuentran fuera de operación desde el ejercicio de 2016; el sistema para la detección automática de extinción de incendios se encuentra fuera de operación desde el año de 2016, por obsolescencia de sus componentes y falta de mantenimiento”.

Tampoco funcionan los sensores para la detección de líquidos, mientras que los sistemas de enfriamiento no cuentan con contratos de soporte ni de mantenimiento vigentes. De manera similar, no se han realizado las revisiones ni mantenimiento preventivo a los sistemas eléctricos de los cuales depende el funcionamiento de todo el centro.

Finalmente, en cuanto a los soportes de almacenamiento para la preservación y respaldo de los millones de datos los auditores encontraron que se trata de soluciones que datan del 2012 pero que no han recibido el mantenimiento adecuado. Dicha situación ya ha ocasionado “intermitencia en la operación de los servidores virtualizados, inestabilidad en los registros nacionales y aplicativos auxiliares, y falta de espacio para soportar el crecimiento de los datos”.

Limbo de resultados

Mas allá de lo relacionado con la integridad de sus operaciones, la ASF también practicó una auditoría de desempeño respecto a la utilización de Plataforma México por todas las corporaciones y dependencias que tienen acceso a ella. La conclusión es que si bien se utiliza, no está claro cuales son los resultados obtenidos en el combate al crimen.

De acuerdo con el informe de resultados de esta auditoria hacen falta indicadores que permitan evaluar objetivamente la forma en como el uso Plataforma México contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en distintos territorios del país. No hay un programa anual de trabajo que permita dar seguimiento s dichos resultados.

Los auditores también destacaron la necesidad de que haya una mayor coordinación de la SSPC con las autoridades locales para garantizar que haya un uso adecuado de los datos de la plataforma, y que estas cuenten con la tecnología y las capacidades necesarias para dar un buen aprovechamiento de ello. Esto ya que se han detectado errores o subutilización de las herramientas.

“La SSPC debe mejorar la coordinación con las 2,448 instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres ámbitos de gobierno, a fin de fortalecer su contribución a la mejora de las capacidades tecnológicas en las instituciones de seguridad pública para la generación de inteligencia estratégica, mediante el uso de la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública”, concluye la ASF.

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¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres que cualquier otro país?

La BBC habló con activistas de derechos humanos dentro y fuera de Irán sobre las razones que explican esta situación.
10 de agosto, 2022
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Advertencia: este artículo contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras.

Los grupos de derechos humanos dicen que Irán vive una ola de ejecuciones. Solo en la última semana de julio, 32 personas fueron ejecutadas, incluidas tres mujeres que fueron ahorcadas por asesinar a sus maridos.

“No hay pena de prisión por asesinato . O perdonas o ejecutas“, dice Roya Boroumand, directora ejecutiva de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos.

Mientras que otros países ejecutan a más personas que Irán, ningún otro ejecuta a más mujeres, según las cifras anuales de Amnistía Internacional.

¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres?

Pena de muerte

Además de las tres mujeres ejecutadas afines de julio, otras seis murieron en los primeros seis meses del año, según el Centro Abdorrahman Boroumand.

Agentes preparan una soga de ahorcamiento en Irán.

Getty Images
Los activistas acusan a las autoridades iraníes de ocultar el número real de ejecuciones.

Es cierto que la gran mayoría de ejecuciones en el país son de hombres, pero estas 9 mujeres se suman a un total creciente.

“Entre 2000 y 2022, hemos registrado las ejecuciones de al menos 233 mujeres”, dijo Boroumand a la BBC.

106 mujeres fueron ejecutadas por asesinato y 96 por presuntos delitos de drogas”, agregó.

Se cree que un número menor fue condenado a muerte por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Boroumand dijo que solo alrededor del 15% de estos casos se anunciaron oficialmente. Se conocen otros de presos políticos o de funcionarios que se filtran sin la aprobación de las autoridades.

El alto número de ejecuciones se debe en parte a la falta de flexibilidad, aseguró Boroumand. Según el sistema legal del país, el Estado no puede conmutar una sentencia de muerte por asesinato. La decisión de perdonar recae en la familia de la víctima.

Sin ayuda

La activista iraní Atena Daemi trató de obtener un indulto de última hora para Sanubar Jalali, una mujer afgana de 40 años que finalmente fue ejecutada la semana pasada por matar a su esposo.

La madre de Abdolah Hosseinzadeh, quien fue asesinado en 2007, remueve la soga del cuello de Balal, quien mató a su hijo.

Getty Images
En un extraño acto de compasión, los padres de un joven asesinado perdonaron al asesino después de que fuera llevado a la horca.

Daemi esperaba negociar el perdón con la familia del esposo de Jalali.

“Tratamos de encontrar a la familia de la víctima para suplicarles, pero las autoridades penitenciarias no ayudaron. Nos dieron el número de teléfono de su abogado asignado por el Estado, pero ignoró nuestras solicitudes”, dijo Daemi a la BBC.

“Las autoridades penitenciarias a veces ayudan a que la familia acepte dinero y perdone, pero no siempre”.

Sin embargo, Boroumand puede contar algunos éxitos: trabajando con otros activistas, aseguró haber salvado a dos personas de la ejecución y a otras ocho de la amputación de una parte del cuerpo.

De las otras dos mujeres que fueron ahorcadas el mismo día que Jalali, una era una niña casada a la edad de 15 años. La otra había sido arrestada por matar a su esposo hace más de cinco años.

Defensa débil

Daemi ha pasado siete años en prisión por su activismo. Ella dijo que las prisiones para mujeres carecen de instalaciones básicas y que a veces las reclusas son golpeadas.

Atena Daemi

Atena Daemi
Atena Daemi dice que el sesgo de género en el sistema judicial dificulta la absolución de una mujer acusada de asesinato.

Los procedimientos judiciales a menudo se inclinan contra las mujeres, ya que solo los hombres pueden ser jueces y la mayoría de los abogados también son hombres, señaló.

Los tribunales iraníes deben proporcionar un abogado defensor, pero Daemi aseguró que no brindan suficiente apoyo legal ya que “muchos de estos abogados asignados son exjueces o fiscales”.

“Probar la inocencia no es fácil en los casos de asesinato. En esos casos, las palabras de los familiares de la víctima tienen más peso que las del acusado”, indicó Daemi.

Sistema sexista

La periodista iraní Asieh Amini, que ahora vive en Noruega, ha seguido de cerca los casos en que las mujeres son condenadas a muerte. Ella considera que la raíz del problema es el propio sistema legal.

Una mujer iraní detenida en prisión.

Getty Images
Muchas familias cortan vínculos con las mujeres que son acusadas judicialmente, explican los activistas.

“Según la ley, el padre y el abuelo paterno son el cabeza de familia y pueden decidir el destino de las hijas, incluido el matrimonio”, explicó Amini a la BBC.

Esto significa que las niñas que se ven obligadas a casarse pueden enfrentar graves problemas, incluida la violencia doméstica, y les resultará casi imposible divorciarse en los tribunales iraníes, añade.

Las mujeres condenadas a muerte a menudo pierden incluso el apoyo de sus padres, quienes pueden desear defender lo que consideran el “honor de la familia“.

“En esta condición, algunas mujeres siguen siendo víctimas de la violencia para siempre”, dice Amini.

Otras consideran matar a sus maridos.

“Algunas de estas mujeres confesaron que ellas mismas cometieron el asesinato o alguien las ayudó. Casi todas enfatizaron en que si hubiera habido una manera de apoyarlas contra la violencia que estaban soportando, no habrían cometido el crimen”, afirmó.

Asieh Amini

Javad Montazeri
Asieh Amini atribuye la ejecución de mujeres en Irán a las leyes religiosas y a la sociedad patriarcal.

Ejecuciones de menores

Amini citó como ejemplo de cómo los tribunales tratan a algunas mujeres el caso de una niña de 16 años, Atefeh Sahaleh, quien fue abusada sexualmente por varios hombres.

En lugar de buscar justicia para la adolescente, los jueces dictaminaron en 2004 que había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

“Fue condenada a muerte por confesar haber tenido relaciones sexuales con unos hombres, cuando en realidad fue violada”, explicó Amini.

Aseguró que, según el Código Penal Islámico de Irán, si una persona soltera confiesa haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, será sentenciada a 100 latigazos. Y si este acto se repite tres veces, pueden ser condenadas a muerte.

“Pero en el caso de Atefeh, ni siquiera se aplicó esta ley inhumana, porque descubrí que le dieron 100 latigazos solo dos veces antes de que el juez dictaminara que tenía que ser ejecutada”, dijo Amini.

“Por cuarta vez, este mismo juez, cuyo nombre era Haji Rezaei, puso la cuerda alrededor del cuello de Atefeh“.

El entusiasmo por la retribución no termina ahí. La activista contra la pena de muerte Narges Mohammadi publicó un video donde describe una ejecución en la que el hijo de una mujer condenada por asesinar a su esposo pateó el taburete de debajo de los pies de su madre en la horca.

Reclusas iraníes sentadas en su celda en la cárcel de Evin.

Getty Images
Atena Daemi dice que las cárceles de mujeres a menudo carecen incluso de las necesidades básicas

Mohammadi cree que la familia del marido asesinado ejerció mucha presión sobre el hijo y sus parientes para restaurar el “honor familiar”.

Herramienta de intimidación

Amini lamenta que la discriminación en la ley, los tribunales y las tradiciones “jueguen un papel en llevar a estas mujeres a un callejón sin salida, convirtiéndolas en criminales o en víctimas”. Sin embargo, no está segura de qué hacer con esta serie de ejecuciones.

“Realmente nunca entendí durante los años que seguí estos casos de prisión en prisión, cómo el gobierno de Irán se beneficia de un castigo tan brutal“, dijo.

No obstante, Boroumand tiene una teoría.

Una mujer parada en la horca en Irán.

Getty Images
En el exterior ha habido muchas protestas contra el uso de la pena capital por parte de Irán.

Las prisiones de Irán ahora están abarrotadas de presos políticos y consumidores de drogas, y para aliviar la presión sobre las cárceles, cree que los funcionarios obligan a los familiares de las personas asesinadas a acelerar su decisión: clemencia o muerte.

Boroumand teme que esto lleve a que muchos más sean enviados a la horca.

Ella también sospecha que las autoridades tienen un motivo oculto para el castigo extremo.

“Recientemente le amputaron la mano a un hombre en Teherán. Están trayendo prisioneros de otras ciudades para realizar las amputaciones”, aseguró.

“No lo están anunciando, pero lo hacen de tal manera que la información sobre el castigo se filtrará en la sociedad en general y creará miedo entre los activistas”.

El gobierno iraní no responde a las solicitudes de comentarios de la BBC, pero el poder judicial ha dicho previamente que las ejecuciones son legales y no violan las obligaciones internacionales (tratados firmados por Irán). El gobierno iraní ha negado repetidamente los informes de tortura y confesiones forzadas.


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