Aumenta 85% detención de migrantes con intervención de policías
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Aumenta 85% detención de migrantes con intervención de policías

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la policía municipal es la corporación que más migrantes remitió en 2021 al INM: 2 mil 374 casos, el 58% del total.
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26 de diciembre, 2021
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En 2021, no solo las fuerzas castrenses intervinieron activamente en labores de contención migratoria. También cuerpos de policías estatales y locales, así como las diferentes fiscalías y procuradurías estatales participaron en la detención de personas que transitaban sin documentos por México. 

Animal Político preguntó por transparencia pública al Instituto Nacional de Migración (INM) cuántas personas sin documentos fueron “puestas a disposición” del Instituto por corporaciones de seguridad en los últimos tres años. En su respuesta, la dependencia federal informó que, hasta el corte de septiembre de este 2021, sumaban 4 mil 076 migrantes sin documentos entregados por policías locales y estatales, y por las procuradurías. 

Leer más | Gobierno de AMLO también militariza la detención de migrantes: en 82% participaron soldados y policías

Esta cifra refleja un aumento de hasta un 85% en comparación con 2018, el último año del gobierno de Peña Nieto y el punto de partida de la actual administración obradorista, cuando estas corporaciones de seguridad remitieron al INM a un total de 2 mil 199 migrantes. 

La cifra de 2021 también es superior en un 18% a la de 2019, y un 65% superior a la de 2020, aunque hay que matizar que ese año fue el inicio de la pandemia sanitaria por COVID-19 y tanto los flujos migratorios como las detenciones cayeron de manera notable. 

Sobre el papel, la Ley de Migración establece que solo los agentes del INM están facultados para realizar labores de verificación y revisión migratoria, y para hacer una detención de una persona sin documentos. Sin embargo, esa misma ley, en el artículo 96, deja una puerta abierta para que las corporaciones de seguridad puedan “colaborar” en la detención de personas indocumentadas cuando el Instituto así lo solicite. Por ejemplo, si el INM considera que la vida de sus agentes corre peligro en un operativo, y puesto que estos no están autorizados para llevar armas de fuego, puede pedir ayuda a las corporaciones de seguridad. 

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la policía municipal es la corporación que más migrantes remitió en 2021 al INM: 2 mil 374 casos, el 58% del total.

La evolución de las remisiones de personas sin documentos que hacen los policías municipales en el país ha sido notoria: en 2018, detuvieron a 440 migrantes; en 2019 a 701, un 59% al alza; en 2020 a 857, un 94% al alza; mientras que en 2021 van 2 mil 374 casos, un aumento del 439%.

En segundo lugar, las diferentes fiscalías y procuradurías son las que más migrantes indocumentados ponen a disposición del INM, con 1 mil 026 casos, el 25% del total.

En 2018, 2019 y 2020, era la institución que más remisiones hacía al INM, hasta que este año fue desbancada por las policías locales. 

Por su parte, las policías estatales y los reductos de la Policía Federal, hoy reconvertida en Guardia Nacional, remitieron a 614 migrantes sin documentos al INM. 

Hay que precisar que el uso de las diferentes policías para detener a personas migrantes no es exclusivo ni comenzó en el actual gobierno de López Obrador. 

Ya en 2017, en el marco de la decisión del entonces gobierno de Donald Trump de movilizar 100 mil militares para detener migrantes en su frontera con México, Animal Político publicó que diferentes gobiernos mexicanos llevaban al menos diez años utilizando no solo al Ejército para tareas de contención migratoria, sino también a múltiples corporaciones policiacas. 

En aquel entonces, el INM informó mediante transparencia pública que entre 2006 y 2016, un total de 77 mil 310 migrantes indocumentados habían sido puestos a disposición del INM tras ser detenidos por elementos de hasta seis corporaciones de seguridad. 

Reprimir y detener

Adeline Neau, investigadora en la oficina regional de Amnistía Internacional, dice en entrevista con Animal Político que estas cifras, aunado a que en 8 de cada 10 detenciones de migrantes por parte del INM también “coadyuvaron” soldados del Ejército, la Guardia Nacional, y de la Marina, muestran “una evidente militarización” del aparato de contención migratoria mexicano. 

“Vemos con mucha preocupación que las autoridades mexicanas se están centrando más en reprimir y detener a las personas migrantes y solicitantes de asilo, que de proteger sus derechos”, señala la activista, que denuncia que en una reciente visita a la frontera sur en octubre de este año fue testigo de múltiples violaciones a derechos humanos. 

“Por ejemplo, en la frontera de Talismán, vi con mis propios ojos cómo dos combis del INM devolvieron de manera sumaria a dos personas haitianas que acababan de agarrar en Tapachula. Nadie les informó de su derecho de solicitar asilo. Solo los subieron a la combi y de ahí directos a Guatemala, donde tampoco había ninguna autoridad para recibirlos”, expone Neau, que también denuncia “condiciones de hacinamiento y sin higiene” en las estaciones y centros provisionales de detención migratoria en la frontera sur mexicana.

“Si sumamos las violaciones a derechos en las que participa el INM a la creciente militarización en las detenciones, lo que obtenemos es que se incrementan los riesgos y empeora la vida de los migrantes y solicitantes de asilo, que son objeto de abusos y agresiones, ya que ni la Guardia Nacional, ni los soldados, ni los policías, están preparados para atender las necesidades de los migrantes y garantizar sus derechos”, apunta la activista de Amnistía Internacional. 

Como parte de ese “empeoramiento” de la situación de los migrantes, la defensora de derechos humanos recuerda que las policías de los tres niveles de gobierno, así como la Guardia Nacional, han participado en agresiones a migrantes. 

Por ejemplo, el pasado 28 de agosto elementos policiacos y del INM golpearon a migrantes haitianos que viajaban en caravana. Meses después, el 1 de noviembre, la Guardia Nacional mató a balazos a un migrante cubano que viajaba en una camioneta que quiso saltarse un retén. Poco antes, agentes del mismo cuerpo dispararon contra otra camioneta en la que trasladaban a personas sin documentos. 

Para la activista Adeline Neau estas agresiones tienen como efecto inmediato que los migrantes transiten en condiciones de clandestinidad y que no quieran recurrir a las autoridades para denunciar esas agresiones, puesto que muchas son cometidas precisamente por las mismas autoridades que deben protegerlos.

“Si veo a la policía yo me salgo corriendo. Me comentaron que tienen permiso para dispararte”, dice Nelson, un migrante nicaragüense que se refugia en el albergue La 72 de Tenosique, en Tabasco, que se hace eco de uno de los muchos rumores que se generan entre los migrantes en tránsito a raíz de la muerte a tiros de Cristóbal Cobreiro Ramírez, el cubano abatido por la Guardia Nacional.

Además, tal y como publicó Animal Político en febrero de este año, decenas de migrantes denunciaron a visitadores de la CNDH la participación de policías municipales y estatales en casos de secuestro y de extorsión. 

“Íbamos caminando cerca de un retén por San Cristóbal de las Casas y nos detuvieron unos agentes uniformados y armados. Nos subieron a una patrulla y nos llevaron a una estación de policía muy cerca del retén. Uno de los agentes llegó y nos dijo: si quieren salir libres tienen que pagar 60 mil pesos o los entregamos a Migración”, relató uno de esos migrantes en este reportaje.

Alberto Xicoténcatl, director de la casa del migrante de Saltillo, en Coahuila, recuerda que durante el sexenio del presidente Peña Nieto también se desató una ‘cacería’ de migrantes por parte del INM y de distintos corporativos de seguridad. Sin embargo, a raíz de los testimonios que recaban a diario en el albergue, considera que en la actualidad “la situación es peor”. 

“Antes, al menos los migrantes podían acercarse al Ejército a pedirles ayuda. Era la única instancia con la que había un cierto nivel de respuesta y de protección. O al menos, eso sentían los migrantes que veían en el Ejército su única esperanza”, plantea el activista. 

“Pero, ahora, cuando se crea una Guardia Nacional con tintes militares a la que se le pide que, junto al Ejército, apoye al INM para la contención de los flujos migratorios, esa esperanza se desvaneció. No hay ni una institución en la que los migrantes tengan la confianza de acercarse a pedir auxilio”. 

“Dame dinero o te llevo con Migración”

Pedro también es un migrante nicaragüense que se encuentra en La 72 de Tenosique. En entrevista telefónica, el centroamericano narra que llegó a la frontera sur mexicana tras dejar prácticamente todos sus ahorros en sobornar a las diferentes corporaciones de policía que se ha ido encontrando en el camino. 

“En todos los retenes me decían: deme dinero, o me lo llevo con migración”, asegura Pedro, que busca llegar a Estados Unidos para pedir asilo político. “Ahora mismo, yo en mi país soy un traidor porque decidí salir por la situación política”, dice. 

A la entrada a Tenosique, el nicaragüense cuenta que tuvo que correr “por los potreros” para evadir a los agentes de migración que lo “corretearon” para detenerlo. 

Asegura que contó con suerte: en esa ocasión, el INM no iba acompañado de los soldados de la Guardia Nacional. De haber sido así, el migrante asegura que se hubiera entregado luego de escuchar que los elementos mexicanos habían disparado contra un vehículo que llevaba migrantes y que no quiso detenerse en un retén. 

“Eso es algo que nos preocupa mucho a todos los que estamos aquí (La 72 de Tenosique). Yo lo tengo muy claro: si me toca la policía, me detengo. Porque no voy a arriesgar mi vida así. Antes de que me maten, prefiero que me manden para prisión, aunque no soy un delincuente”, dice Pedro. 

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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