Fallas y contradicciones en caso contra mujeres denunciadas por Gertz
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Hay omisiones, fallas y contradicciones en proceso contra mujeres denunciadas por Gertz: jueza

Dos sentencias de amparo, que ya se encuentran bajo análisis de los ministros de la Suprema Corte, concluyen que hay anomalías graves que vuelven inconstitucionales los procesos iniciados en contra de Laura Moran y Alejandra Cuevas.
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17 de diciembre, 2021
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El proceso penal iniciado en contra de dos mujeres de 94 y 67 años de edad denunciadas por el fiscal Alejandro Gertz Manero de haber causado la muerte de su hermano es inconstitucional y violatorio de derechos humanos, pues se construyó a partir de pruebas y argumentos incompletos y contradictorios, que además dejaron de lado evidencia que exculpaba a las dos acusadas.

Así lo determinó una jueza federal en dos sentencias de amparo de más de 250 páginas cada una, en las que analizó punto por punto el medio centenar de pruebas con las que jueces capitalinos y la Fiscalía de la Ciudad de México acusaron Laura Moran y a su hija Alejandra Cuevas (esta última encarcelada en el penal de Santa Martha) del delito de homicidio doloso.

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Dichos amparos son los que ahora se encuentran bajo revisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si son confirmados o revocados. Lo que las sentencias concluyen es que los procesos iniciados deben ser anulados pues abiertamente violan los artículos 16 y 20 de la Constitución.

En dichas resoluciones, de las que Animal Político tiene copia, la jueza federal Patricia Marcela Díaz Serda advierte que el proceso que el juez capitalino aceptó iniciar en contra de las dos mujeres tiene múltiples errores de forma que, incluso, hacen imposible analizar de fondo el caso.

Esto ya que si bien se acusa a Laura y Alejandra de haber sido omisas intencionalmente para propiciar la muerte de Federico Gertz Manero (hermano del fiscal General), las pruebas en las que se sustenta no explican cómo es que se llega a tal conclusión y, en algunos casos, la contradice.

Por ejemplo, en el caso de la señora Laura Moran Servín, quien era concubina de Federico, la Fiscalía capitalina sostiene que la señora se opuso reiteradamente a que este recibiera medicamentos y lo trataba como si estuviera “desahuciado”. La acusación agrega que Laura se negó a llevarlo a un hospital cuando había oportunidad de ello, lo que contribuyó a su deceso.

Para sostener lo anterior la Fiscalía se apoya en 46 pruebas, siendo la primera de ellas la declaración del abogado Javier Coello Trejo, quien en 2015 –cuando ocurrieron– los hechos, fungía como abogado de hoy fiscal general en ese caso. La segunda es la denuncia del propio Alejandro Gertz en contra de Laura Morán. A ellos se suman otros testimonios, pruebas documentales, peritajes e informes policiales.

Sin embargo, tras analizar todas esas evidencias la jueza Díaz Serda advierte que ninguna de ellas confirma ni explica realmente cómo es que la señora de más de 90 años dejó de cuidar a Federico y con ello le propició la muerte. Es decir, al caso “no está debidamente motivado”

“De ahí, lo deficiente de la motivación contenida en la orden de aprehensión reclamada, pues no basta con enunciar las pruebas, sino que es necesario precisar los efectos o consecuencias que de ellas se desprendan, en relación con la conducta delictiva que se atribuye a la imputada”, indica la resolución.

Esta motivación y fundamentación, continua la jueza, se vuelve aún más relevante pues dentro de los testimonios ofrecidos como pruebas por la propia Fiscalía hay contradicciones. Concretamente, hay seis testimonios que evidencian que Laura Morán sí llevaba al fallecido a consultas médicas, que era la responsable de sus cuidados, que le compraba medicamentos, que pagaba a sus cuidadores, entre otras cosas.

Concretamente se trata de las declaraciones de los testigos José Héctor Tejeida Oropeza, María De Las Mercedes Gertz Loizaga, Julián Antuñano Olvera, Hugo Ernesto Mancilla Nava, quien junto con la propia Laura y Alejandra describen en distintos momentos los cuidados, medicamentos, servicios y otros elementos que sí recibió Federico Gertz Manero.

El juez que concedió la orden de aprehensión, explica la jueza, validó la presentación de estas pruebas para demostrar que Morán sí era la responsable de cuidar a Federico, pero no valoró al mismo tiempo que ello evidenciaba que sí tomó acciones al respecto y no que fue totalmente omisa. Es una contradicción que no fue resuelta.

Sumado a todo lo anterior, la jueza federal destacó que deliberadamente no se valoraron las pruebas aportadas por Alejandra Cuevas, principalmente múltiples recibos, facturas y recetas médicas, con los que se trataba de evidenciar que Federico Gertz recibió atenciones y medicamentos.

“En ese sentido, es de mencionarse que la responsable debió señalar pormenorizadamente las omisiones que realizó la aquí inconforme (Laura) en el ilícito y el fundamento legal en el que se basó para así establecerlo, además de advertirlo de una adecuada valoración de pruebas, especialmente al ser contradictorias entre sí”, agrega la resolución.

Son un cúmulo de fallos que, en suma, puntualiza la jueza, dejan en indefensión a Laura Morán Servín al no permitirle preparar una defensa adecuada pues no está claro a partir de que la están procesando. Por ello el amparo concluye que la orden de aprehensión en su contra tiene que ser desestimada.

Incongruente, la acusación contra Alejandra

Desde septiembre del año pasado Alejandra Cuevas Moran, hija de Luisa Morán, se encuentra presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. Esto luego de que se le dictó un auto de formal prisión por el mismo caso por el que también se acusa a su madre: la muerte de Federico Gertz Manero.

La Fiscalía capitalina la señala de ser corresponsable de la muerte del hermano del fiscal General, bajo el argumento de que ella también participaba en los cuidados de Gertz (era una “garante accesoria” en términos técnicos) y junto con su madre fue cómplice del descuido que derivó en la muerte.

Sin embargo, la jueza federal Díaz Serda al revisar la acusación que derivó en el proceso, determinó que esta es “incongruente”. Por principio de cuentas, identificó que hay errores técnicos como el hecho de considerar cómplice de un delito a Cuevas cuando, en todo caso, sería coautora según la descripción hecha en la investigación del caso.

Pero además de eso, y como sucede en el caso de su madre, la acusación se sustenta primordialmente en testimonios (como el de Coello Trejo y Alejandro Gertz Manero) sin que haya argumentos a partir de los cuales se explique como se probó que realmente ocurrió el supuesto abandono por parte de Cuevas.

Y lo más significativo: existen diversos testimonios en los que sí se señala que Federico Gertz recibía distintos tipos de cuidados, que tenía medicamentos al alcance y que fue llevado a un hospital. La propia Cuevas quiso entregar pruebas documentales de esto que no fueron admitidas.

“Lo cual tornaría, de igual manera, incongruente la participación de la procesada (Alejandra Cuevas), de omisión impropia, si se desprenden diversos hechos en los que se refieren actos de cuidado y atención hacia el occiso. La Sala responsable fue omisa en pronunciarse sobre las pruebas aportadas por la quejosa Alejandra… al momento de comparecer ante la representación social”, advierte la resolución.

En ese sentido, y al haber versiones contradictorias de los hechos, es que cobra de mayor relevancia probar con la evidencia suficiente cuál hipótesis es la correcta. Una situación que no ocurre en este caso, o al menos no en la argumentación que se proporcionó por parte de los jueces locales que dictaron la formal prisión.

Por ello, la jueza federal también emitió sentencia de amparo en favor de Cuevas con la finalidad de que se deje sin efecto el proceso en su contra y el caso vuelva a ser analizado.

Un fiscal cuestionado

En junio de 2019, un reportaje publicado por Animal Político y Quinto Elemento Lab evidenció, por primera vez, la participación del abogado Coello Trejo y de su hijo Coello Zuarth en el caso de Federico Gertz. Ambos actuando como apoderados y testigos de Alejandro Gertz.

El caso, como señalaron expertos entrevistados, mostraba un potencial conflicto de interés debido a que esta situación no fue declarada por Alejandro al asumir el cargo de Fiscal General, y porque Coello siguió siendo su apoderado legal al mismo tiempo que laboraba como abogado defensor de Emilio Lozoya, quien a su vez era investigado por la FGR liderada por Gertz.

En 2020 los hijos de Alejandra Cuevas denunciaron el caso públicamente y desde ahí han acusado reiteradamente al fiscal General de haber utilizado su posición para presionar a la Fiscalía capitalina y reabrir el caso, incluso violando amparos con los que ya contaban previamente. Lo señalaron además de chantajearlos y de haber obligado a su abuela a renunciar a su pensión y a firmarle al fiscal un cheque por más de tres millones y medio de pesos.

Luego, en septiembre pasado, denunciaron a Alejandro Gertz Manero de haber usado a su hermano Federico para encubrir importantes sumas de dinero en paraísos fiscales, y entregaron a la Unidad de Inteligencia Financiera estados de cuenta sobre una empresa denominada Julius Bar LTD en la que se habrían ocultado casi ocho millones de dólares.

Animal Político reveló que como parte de este mismo caso dos fiscales capitalinos que inicialmente cerraron la indagatoria iniciada por la denuncia de Alejandro Gertz al considerar que Federico murió de causas naturales fueron despedidos y denunciados, lo que derivó en una orden de aprehensión en su contra, Sin embargo, un juez federal que revisó el caso determinó que eran injustificadas las acusaciones en su contra.

La semana pasada, en medio de una creciente campaña en redes sociales para que Alejandra Cuevas sea liberada, sus hijos presentaron una solicitud en el Congreso para que se lleve a “juicio político” al fiscal General , por presuntamente haber utilizado su cargo para presionar las acciones legales en contra de Laura Moran y Alejandra Cuevas.

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Nayib Bukele anuncia que aspirará a la reelección en El Salvador (aunque expertos dicen que lo prohíbe la Constitución)

El mandatario, que ganó las elecciones en 2019, hizo el anuncio en medio de señalamientos de que no cumpliría con la norma constitucional. Bukele se apoya en una resolución de la Corte Suprema de Justicia del año pasado para hacerlo.
16 de septiembre, 2022
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que será candidato a la presidencia en las elecciones de 2024, a pesar de que varios analistas del país señalan que la reelección inmediata está prohibida por la Constitución.

“Después de discutirlo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la presidencia de la República”, dijo Bukele durante una alocución con motivo de la conmemoración de la independencia de El Salvador.

Bukele, de 40 años, se convirtió en presidente de El Salvador en 2019.

Según señalan varios especialistas, la Constitución salvadoreña tiene al menos seis artículos que prohíben la reelección inmediata del presidente.

Sin embargo, en mayo de 2021, con la colaboración del Congreso -donde el partido de Bukele tiene la mayoría- el mandatario expulsó a cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la mayor autoridad judicial del país.

Unos meses después, dicha Sala, con mayoría de jueces aliados al mandatario, emitió una resolución que autorizaba la reelección inmediata.

En aquel fallo, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral permitir “que una persona que ejerza la Presidencia de El Salvador y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.

“Si se registra como candidato, se consumará un burdo fraude electoral”, señaló a través de Twitter el constitucionalista salvadoreño José Marinero.

“Sin frenos al poder político, el anuncio de la reelección es realmente una declaración: ‘Voy a permanecer en el poder porque quiero y porque puedo'”, agregó el analista.

Bukele, quien antes fue alcalde de la capital, San Salvador, ha sido duramente criticado por sus posturas que muchos consideran radicales, aunque él señala que goza del apoyo del pueblo basándose en encuestas como la de Cid Gallup, donde registra un 91% de popularidad.

Sin embargo, distintos gobiernos, entre ellos el de EE.UU., han criticado las medidas que ha tomado Bukele para obtener más poder dentro del país.

El año anterior, cuando intervino en la estructura judicial de El Salvador, el asesor de la Casa Blanca para asuntos occidentales, Juan González, comparó al presidente salvadoreño con el desaparecido líder venezolano Hugo Chávez.

“Al observar muchas de las acciones de Nayib Bukele, yo creo que están llevando a ese país en una dirección mucho más autoritaria que la que vimos a los inicios de los años de Hugo Chávez, y eso es preocupante”.

Qué dicen la Constitución y la nueva Corte Suprema

De acuerdo con Marinero, la constitución de El Salvador tiene al menos seis artículos donde queda explícita la prohibición de la reelección inmediata.

El más claro es el 154, que dice: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Los expertos también citan artículos como el 248, donde expresamente se prohíben enmiendas que obstaculicen la alternancia en el poder.

Marcha con afiche sobre Nayib Bukele

Getty Images
Bukele es acusado de tomar medidas radicales que afectan los derechos fundamentales de los habitantes de El Salvador.

“No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”, se puede leer en este apartado.

“Estas normas son una protección que busca evitar que los presidentes permanezcan en el poder más de un período o que esto derive en una dictadura”, le dijo Marinero al diario El Salvador.

Sin embargo, a pesar de la advertencia de expertos, los cinco nuevos magistrados ubicados en la sala constitucional emitieron en septiembre de 2021 una orden en la que permitían la reelección inmediata.

“Atar la voluntad del pueblo a un texto que respondía a necesidades, contextos o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años ya no es una interpretación de derechos, sino una restricción excesiva disfrazada de seguridad jurídica”, señaló la Corte en su resolución.

Este cuerpo judicial también permitió, en marzo pasado, la imposición de un estado de excepción que suspendió algunos derechos constitucionales y resultó en miles de arrestos en respuesta a un aumento en los asesinatos de pandillas.

“Estas decisiones también fueron fuertemente criticadas por una parte de la comunidad internacional, pero son precisamente esas decisiones las que finalmente nos han permitido seguridad; son esas decisiones que finalmente nos permitieron la paz”, dijo Bukele durante su alocución de este jueves para explicar las razones detrás de su nueva candidatura.


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