Desprotección de inquilinos persiste a casi dos años de pandemia: estudio
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Desprotección de inquilinos persiste a casi dos años de pandemia, señala estudio

Las personas que se vieron obligadas a dejar sus casas sufrieron afectaciones en su calidad de vida, al haber tenido que irse a vivir más lejos o a viviendas con menor acceso a servicios, según los resultados del estudio.
Cuartoscuro
30 de enero, 2022
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Celia había cumplido 45 años rentando la misma casa cuando, a raíz de la pandemia, en 2020, se quedó sin trabajo y no pudo seguir pagando el alquiler. En esa casa vivió Celia desde que tenía 10 años; ahí crio a su hijo, que ya tiene 16; ahí Celia despidió a su propio padre, que ya falleció; ahí cuida a su madre viuda, que tiene 84 años y una salud deteriorada.

Ante la falta de pago, la respuesta de su casero, a quien Celia conocía de toda la vida, fue agresiva. El dueño promovió un recurso ante el Poder Judicial de la Ciudad de México con el que unilateralmente rescindió el contrato de alquiler, y le dio a Celia un plazo de tres meses para salir de la casa, que está ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

Como ella y su familia no tenían a dónde ir, se quedaron en la vivienda. El casero volvió a embestir y esta vez tramitó un juicio de arrendamiento inmobiliario mediante el que busca desalojarla por la fuerza.

Asesorada por la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés), Celia, que tiene 57 años y es madre soltera, promovió un juicio de amparo contra el desalojo, lo que ha impedido, al menos temporalmente, que ella y su familia vayan a parar a la calle. Pero Celia sabe que tiene la soga al cuello.

Lee: Inquilinos desprotegidos: COVID deja sin casa a quienes no pudieron pagar un alquiler

“Es un estrés espantoso de luego no poder ni dormir, porque lo peor que puede pasarle a un ser humano es no saber cuál va a ser su futuro inmediato; sabiendo que no pinta nada bien el panorama, la situación del estrés ha afectado a todos aquí en la casa”, cuenta en entrevista. “No tengo a dónde ir, ése es el estrés en el que estoy, porque es inminente que esta situación va a concluir, y lo que me pone de nervios es que no sé a dónde irme. Desafortunadamente no sé qué va a ser de nosotros, honestamente”.

Celia estudió administración de empresas y tiene una maestría en finanzas corporativas; ha trabajado 20 años como consultora financiera y habla inglés, pero, desde hace año y medio, no encuentra trabajo. Pidió préstamos en el banco, pero ya se fue al buró de crédito. Ha recurrido al apoyo económico de sus familiares y ha cocinado mazapanes para vender. La pensión para adultos mayores que recibe su mamá les ha permitido, no vivir, sino sobrevivir, en sus propias palabras.

Celia lamenta que ni el gobierno federal ni el de la Ciudad de México hayan implementado medidas específicas para apoyar a las personas en riesgo de perder su vivienda a causa de la pandemia.

“Es frustrante. ¿Cómo es posible que en México, que, entre comillas, ‘estamos mejor’, no se haya dado ayuda, y otros países como España o Canadá sí ayudaron a poder solventar esto? Es frustrante que supuestamente este gobierno está a favor de los más pobres, pero eso es una mentira, porque ahorita una que está en situación de vulnerabilidad y de pobreza, hay que decirlo, la realidad es ésa, no tenemos ninguna ayuda”, reclama Celia.

La Oficina para América Latina de la HIC y el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM elaboraron un estudio sobre las condiciones de vivienda en la CDMX y la zona metropolitana en el contexto de la pandemia.

La HIC y la UNAM levantaron una encuesta entre marzo y mayo de 2021 –un año después del inicio de la pandemia– para conocer qué dificultades tuvieron los hogares para cubrir el pago de arrendamiento, si fueron objeto de desalojos o si tuvieron que mudarse a viviendas lejanas o con menores cualidades.

Este nuevo estudio, llamado “Sondeo sobre la situación de las personas que residían en viviendas rentadas, hipotecadas o prestadas en la CDMX antes y durante la pandemia”, es una ampliación de un informe previo que la HIC había elaborado en 2020. Esta vez, se aplicaron 409 cuestionarios en línea a personas mayores de 18 años, de las que el 68% fueron mujeres y el 32% hombres.

Los hallazgos indican que el 55% de las personas entrevistadas experimentó dificultades para el pago de la renta o la hipoteca de su vivienda debido a pérdida del empleo, reducción de sus ingresos, decesos de familiares y problemas propios de salud.

El estudio también registró qué actitud tuvieron los arrendadores ante los aprietos de sus inquilinos. En el 31% de los casos, el propietario solicitó el pago puntual y total de la renta; en el 15% exigió la desocupación de la vivienda si no se cubría el pago, y en el 11% amenazó con acudir a tribunales para desalojar la vivienda. En la mayoría de los casos no se otorgó algún plazo para pagar la renta, y mucho menos se redujo o condonó temporalmente el monto a cubrir.

Frente a las dificultades para mantener su vivienda, 130 personas (una tercera parte del total encuestado) tuvieron que dejar la casa que habitaban y cambiar de residencia; de ese total, el 57% se mudó dentro de la misma CDMX, pero el resto migró a otras entidades federativas, especialmente al Estado de México.

Las personas que se vieron obligadas a dejar sus casas sufrieron afectaciones en su calidad de vida, al haber tenido que irse a vivir más lejos o a viviendas con menor acceso a servicios como internet, agua potable, recolección de basura o alumbrado público, o que contaban con menos habitaciones o espacios separados, según los resultados del estudio.

Durante la pandemia también aumentó la cantidad de personas que alquilan un inmueble sin contrato (de 34% antes de marzo de 2020 se pasó a 54% en la actualidad), lo que sugiere que la crisis forzó a los arrendatarios a aceptar condiciones desventajosas de vivienda.

Relación inquilinaria debe regularse, dicen expertos

El estudio de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) y la UNAM concluye que la pandemia creó nuevas formas de vulnerabilidad, y reforzó vulnerabilidades preexistentes en un gran sector de la población que depende de alquilar.

A pesar de la centralidad que el problema de la vivienda ocupa en la vida de miles de ciudadanos, el Estado no ha asumido un rol activo para regular la relación entre arrendadores y arrendatarios, y tampoco implementó un plan de medidas específicas para ayudar a ambas partes –principalmente a quienes rentan— durante la emergencia sanitaria, sostiene María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la HIC y coautora de la investigación.

“Yo creo que no hemos vivido la recuperación económica tan deseada; hay avances y retrocesos, porque la propia pandemia nos obliga a volvernos a encerrar. Frente a esto, los datos del empleo creo que no han mejorado de manera importante. La recuperación es lenta, y no hay medidas específicas; hay más de 12 países y varias ciudades en el mundo que sí han implementado estrategias puntuales en materia de vivienda, de diferente tipo, pero que (en general se reducen a) establecer una moratoria de desalojos; pero, al no haber habido esto en México, pues la gente encuentra las soluciones más baratas, más lejos, fuera del centro urbano, de los espacios con mejores servicios”, afirma en entrevista.

En contraste con México, otros países implementaron medidas proactivas desde el inicio de la pandemia. En España se aprobó un programa de créditos para inquilinos a fin de que pudieran pagar íntegramente la renta a los pequeños arrendadores, mientras que a los grandes propietarios se les obligó a aceptar pagos aplazados durante tres meses o reducir el monto de renta en 50%. En Canadá, el gobierno aprobó una línea de créditos “perdonables” para los propietarios de locales comerciales que accedieran a reducir el 75% de alquiler a arrendadores de pequeños negocios. En Francia, el gobierno declaró un “estado de emergencia de salud” y suspendió el pago de rentas –así como de luz, agua y gas–, prohibió los desalojos y concedió a los arrendadores la posibilidad de deducir de impuestos las deudas de sus inquilinos.

Emanuelli, que también es abogada y maestra en Estudios Latinoamericanos, critica que la política del gobierno mexicano para atender la emergencia sanitaria se haya limitado al reparto de programas sociales, pues estos no representan soluciones específicas para la crisis de la vivienda.

“Creemos que el Estado sí debía haber establecido algunas políticas más específicas. Si miramos quién renta más en la CDMX, son personas que no son beneficiarias de los programas sociales clásicos del gobierno federal ni de la Ciudad; son familias jóvenes, frecuentemente monoparentales, con gran presencia de mujeres que rentan, o de personas solas, y estas personas no están recibiendo los apoyos del gobierno”, detalla la especialista.

Antonio Azuela de la Cueva, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, coautor del estudio, afirma que el hecho de que el gobierno renuncie a regular la relación inquilinaria es un rasgo neoliberal, lo que contradice el discurso de la actual administración.

“Tenemos que romper la herencia del periodo neoliberal, que este gobierno todavía no lo está haciendo; este gobierno todavía está atrapado en la idea de que ése es un asunto privado y que el gobierno puede hacer poco para regular la relación inquilinaria. Yo creo que, todos estos nuevos indicios que hay, a lo que nos invita es a una reacción más fina, más eficiente, que no tiene que ser populista o ciega. No. Tiene que reconocer la relación inquilinaria en su dimensión económica, reconocer al inquilino como titular de un derecho a la vivienda, eso es el punto de partida, y tiene que recorrer desde los temas sustantivos, de cuáles son los derechos de un inquilino, hasta los temas procedimentales, porque yo creo que los jueces no se están haciendo cargo de la sustancia del asunto, hay que mirar cómo se da el proceso jurisdiccional”, sostiene el también sociólogo y abogado.

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Una mexicana en Ucrania narra cómo vivió el ataque de Rusia

Silvia Mercado y su familia viven en una ciudad al este de Ucrania y ahora se encuentran en medio del conflicto
24 de febrero, 2022
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Si no puedes ver el video haz clic aquí.

Para la mexicana Silvia Mercado, residente desde hace siete años en Ucrania, el sonido de una explosión este jueves a las 5:00 de la madrugada lo cambió todo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una “operación militar especial” en la región del Donbás, en el este de Ucrania, aunque con el paso de las horas se reportaron ataques y enfrentamientos en varios lugares del país.

Ella y su familia viven en Járkov desde hace siete años y ahora están en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia. Desde allí, contó cómo vivió esas primeras horas del avance ruso sobre Ucrania.

● Investigación y entrevista: José Carlos Cueto

● Edición de video: Laura García

● Mapas: Mariana Castiñeiras


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